Para muchas etnias ancestrales, la llegada del Covid-19 al país se suma a una larga lista de tragedias que ya venían padeciendo en sus territorios: epidemias pasadas sin controlar, imposibilidad de acceder a agua potable o alimentos; carencia de servicios de salud; y la persistencia de una confrontación armada que no cede.
“Ojalá no llegara por acá ese virus porque, de verdad, sería un exterminio para nuestra etnia”, exclama José Luis Flores, líder indígena del pueblo Wayúu. Su ranchería se llama Nuevo Amanecer y se encuentra ubicada en el municipio de La Albania, en la Alta Guajira. Allí habitan unas 17 familias, poco más de 80 personas, quienes en este momento no cuentan ni con alimentos ni con agua potable para enfrentar el aislamiento social obligatorio ordenado por la Presidencia de la República, como medida para frenar la propagación del Covid-19.
“En estos momentos lo que necesitamos, primero que todo, es el agua, porque es esencial y con eso las familias tienen que cocinar, tienen que lavar las manos que es una de las recomendaciones del gobierno nacional para no adquirir el Covid-19, que constantemente debemos lavarnos las manos. Pero si no tenemos para cocinar, mucho menos para lavarnos las manos”, señala José.
En tiempos normales, los nativos de esta ranchería deben caminar en promedio cinco kilómetros para obtener el preciado líquido, eso sí, si hay buenos vientos, “porque hay días que no contamos con vientos, entonces el molino que saca el agua del fondo del pozo pues no la saca y tenemos que caminar mucho más, donde hay otro pozo, que trabaja con una planta de energía solar”, afirma el líder indígena.
Pero en este momento extraordinario, debido al “Pico y Cédula” implementado por las autoridades civiles del departamento de La Guajira, los desplazamientos entre veredas, corregimientos, resguardos y rancherías quedaron restringidos, dejando en condiciones de extrema vulnerabilidad al pueblo Wayúu que ancestralmente ha habitado el extremo norte colombiano.
“Sólo se pueden movilizar los últimos números de la cédula que toque el día y supongamos que en la familia hoy no le toque el número a ninguno de los de la familia, les tocaría aguantarse el día pasando hambre porque no te dejan pasar”, explica José, quien añade que, en el caso de los habitantes de su ranchería, deben desplazarse hasta el municipio de Maicao para conseguir provisiones, “y de aquí a allá hay que recorrer alrededor de 45-50 minutos sólo para ir a hacer el mercado”.
Se trata de una situación generalizada no sólo para todo el pueblo Wayúu, sino también para campesinos y comunidades negras que habitan este departamento de la costa Caribe. Según Jenny Ortiz, coordinadora de la Línea de Interculturalidad del Centro de Educación e Investigación Popular (Cinep), en La Guajira se vive una crisis humanitaria sin precedentes por cuenta de la orden de aislamiento social obligatorio. “El pueblo Wayúu y las comunidades afrodescendientes y campesinas se encuentran actualmente sin acceso al agua, sin acceso a la canasta básica familiar, sin acceso a un sistema de salud eficaz y efectivo”, señala Ortiz.
El Cinep, junto a otras organizaciones sociales, conforman la veeduría para la implementación de la sentencia T-302 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira por la violación a los derechos al agua, a la alimentación, a la salud y a la participación de la nación Wayuú.
Desde ese espacio se ha hecho un llamado al gobierno nacional para que “dé una respuesta pronta, efectiva y eficaz que garantice la vida de las comunidades, la vida de los niños, la vida de las familias que están afrontando esta terrible situación en el departamento de La Guajira”, dice Ortiz.
Además del acceso al agua potable, los guajiros, y en especial el pueblo Wayúu, claman por mejorías en el sistema de salud departamental, máxime cuando a la fecha, dos indígenas de la etnia Yukpa que se encontraban en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), fueron diagnosticados con Covid-19. Este pueblo, de naturaleza seminómada, históricamente ha poblado las estribaciones de la Serranía del Perijá, un sistema montañoso que marca la frontera entre Colombia y Venezuela desde Norte de Santander hasta La Guajira.
En este último departamento no se registra presencia Yukpa, “ellos están más del lado venezolano”, tal como explica José, el líder indígena Wayúu, quien ruega a los dioses para que no registren más casos en esa región del país. “Todo el departamento de La Guajira cuenta con 60-70 camas para atención en cuidados intensivos. Súmele que hay muchísimas familias acá en el departamento que no saben de este virus”.
Pese al desconocimiento de las comunidades y la deficiencia del sistema de salud, ni el pueblo Wayúu ni las comunidades campesinas han recibido capacitación alguna por parte de funcionarios municipales, departamentales o nacionales sobre los cuidados mínimos a implementar en estos complejos tiempos.
“Nosotros, por lo menos en la ranchería, no hemos recibido ninguna información que sensibilice a las comunidades. El municipio de La Albania cuenta con una emisora, pero no tenemos electrificación en las comunidades para escuchar o para ver las noticias y estar enterados”, señala José. “En mi comunidad estoy trabajando de la mano de varios jóvenes haciendo la sensibilización casa por casa con los habitantes de esta ranchería. Porque nosotros mismos nos hemos capacitado, nos hemos informado, no porque nos hayan capacitado o dicho qué tenemos que hacer”.
Otra de las etnias que afronta dificultades en la zona de Palomino, frontera entre los departamentos de La Guajira y Magdalena, es el pueblo Arhuaco. Uno de sus líderes, quien pidió la reserva de su nombre y de su comunidad, expresó su preocupación por lo que viene pasando en sus resguardos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
“Estamos preocupados por lo que se está evidenciando, tal vez las personas en su desespero por el hambre han comenzado a subir por el río Palomino en cacería de los pescados, suben con atarraya, suben con chuzo, y están acabando con los peces”, expresa el líder indígena, quien afirma que se han visto grupos de cuatro, cinco y hasta diez personas subiendo por el afluente y acampando en sus riberas.
Además, cuenta con preocupación, que también los foráneos están subiendo con escopetas, en labores de cacería: “Ellos vienen en busca de animales de la zona y hay ciertos animales que están en vía de extinción y es un temor que se vayan a extinguir esos animales. Ya tenemos un reporte de que han subido hasta ocho horas hacia la montaña”.
Pero no solo es la afectación al ecosistema lo que preocupa a los Arhuacos y que se acaben especies como zainos, ponches (chigüiros), guartinajas y ñeques. “La preocupación – continúa el líder indígena – es que uno de esos cazadores traiga ese virus y contagie a algún miembro de nuestras comunidades y se propague en la Sierra”.
Todas estas afectaciones han sido dadas a conocer a las autoridades ancestrales, quienes, a su vez, las expusieron ante autoridades civiles y militares, a la espera de una solución que los blinde no solo del Covid-19, sino de los depredadores del frágil ecosistema de la Sierra Nevada de Santa Marta, el hogar no solo del pueblo Arhuaco, sino de los Wiwas, Kogis y Kankuamos.
Pandemia y guerra
“Aquí hay como dos vías: una en las que están las comunidades y gran parte de la población tratando de estar tranquilas y estar aisladas, y otra la de estos actores armados que al parecer están por otra. Entonces eso no ayuda en nada”, señala Edwin Capaz, integrante de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acín).
Y es que ni siquiera el aislamiento social obligatorio, que inició el 24 de marzo y va, inicialmente, hasta el 13 de abril, ha impedido que los grupos armados ilegales continúen atentando contra la integridad de los pueblos indígenas del norte de Cauca, quizás los más golpeados por el rebrote de violencia que vive esta región del suroccidente colombiano desde que la extinta guerrilla de las Farc dejó sus armas para convertirse en partido político. (Leer más en: La zozobra sin fin de los Nasa)
“Hemos registrado algunas amenazas contra la Guardia Indígena por los ejercicios de protección que se hacen en territorio, amenazas contra algunos coordinadores y en especial al equipo coordinador zonal de Acín de la Guardia Indígena”, denuncia Capaz. “Incluso, se dio en la noche del viernes (27 de marzo) un hostigamiento contra el coordinador de Guardia Indígena cuando cumplía su ejercicio de monitoreo en los puntos de control territorial que hoy están activos”.
Tan sólo 24 horas antes, integrantes de la disidencia de Farc denominada Dagoberto Ramos hostigaron los puestos de Policía de los municipios de Caldono, Toribío, Totoró y Corinto. Los disidentes también lanzaron artefactos explosivos a la vía Panamericana, que une al centro con el sur del país, a la altura del corregimiento Mondomo del municipio caucano de Santander de Quilichao. El hecho despertó profundas preocupaciones entre sus pobladores, quienes en su inmensa mayoría pertenecen al pueblo Nasa.
“Lo que hemos visto es que al parecer ya existe nuevamente una capacidad de coordinación y una capacidad de sostenimiento de las acciones por parte de estos grupos armados. Esto no se veía o sólo se veía en los tiempos en que (la guerrilla de las) Farc estaba armada y nos parece complicado que se esté dando en este tipo de contextos. Un contexto donde las comunidades necesitan estar tranquilas y estar disciplinadas para cumplir el aislamiento”, agrega el vocero indígena.
La Acin cuenta con una población estimada de 94 mil indígenas Nasa, distribuidos en 16 resguardos y tres cabildos de ocho municipios del norte del departamento del Cauca. Sus temores, según cuenta Capaz, no sólo son por cuenta de la propagación del Covid-19 al interior de sus territorios: “En esta situación coyuntural de este virus, nuestra mayor fortaleza es nuestra mayor amenaza: el tema de la reflexión colectiva, del agrupamiento, de la respuesta en masa. Pues esto nos ha aislado, nos ha desconectado y pues se convierte en un riesgo para las comunidades porque necesitamos estar tranquilos para abordar esto que nos está sucediendo, pero en este momento quedamos mucho más expuestos a ser víctimas de ataques contra nuestras vidas”.
Históricamente, la medida de protección por excelencia del pueblo Nasa ha sido su Guardia Indígena, que tiene como misión controlar el ingreso de personas ajenas al territorio (en muchos casos, actores armados, incluyendo al Ejército Nacional), a través de poco más de 70 puntos de control instalados a lo largo y ancho del territorio jurisdicción de la Acín.
Esos puntos fueron concebidos como medida de protección de las amenazas externas generadas por el conflicto armado, pero ante el avance de la pandemia, “están siendo adecuados para protegernos de este virus. Es decir, los puntos de control que antes estaban para protegernos del conflicto armado, hoy nos está sirviendo para limitar la circulación de personas y tratar de prevenir lo que significa esta posible entrada del virus o al menos minimizar sus impactos”.
Así, de acuerdo con el integrante de la Acin, de los 70 puntos de control existentes en todo el territorio Nasa están activos unos 51, los cuales son monitoreados y controlados por 1.200 guardias indígenas distribuidos en turnos de 10 a 15 personas, quienes fueron previamente capacitados por las autoridades sanitarias del departamento de Cauca.
“Aquí, cuando salió el decreto de la cuarentena nacional, mucha gente salió hacia zona rural, como si fueran vacaciones, generando un alto riesgo de ingreso de este virus puesto que ellos vienen de las ciudades donde hay casos ya confirmados”, relata Capaz.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), en Cauca se han identificado 11 de los 1.065 casos registrados hasta este miércoles en el país, entre los que se destaca el alcalde de Popayán, Juan Carlos López.
“Nosotros tuvimos que dejarnos orientar bastante para poder entender que eso se trataba de un tema sanitario, de un tema en el que poco podíamos controlar con nuestros mecanismos propios”, reconoce Capaz.
Y explica que “hay autoridades comunitarias con vigilancia de personal de salud nuestro. También las comunidades han abordado esta situación a través de fortalecer la medicina propia; es decir, hay algunas cosas que, si bien no combaten el virus, sí pretenden fortalecer las defensas de nuestros comuneros, el tema de las plantas, de los sahumerios, y todas estas cuestiones que, por supuesto no son de ataque al virus, pero sí ayudan en términos de dar mayor fortaleza a las defensas que podamos tener los comuneros por acá en territorio”.
Crisis humanitaria podría agravarse
Para las comunidades indígenas de Chocó, y en general para toda su población, la pandemia llega en el peor escenario posible: en medio de una cruenta guerra que desde por lo menos tres años sostienen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por el gobierno nacional ‘Clan del Golfo’ y la guerrilla del Eln, que tiene sumido al departamento en una crisis humanitaria sin precedentes. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’)
De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), entre el 1 de enero y el 16 de marzo de este año se registraron en el país 19 emergencias por cuenta de desplazamientos forzados masivos y situaciones de confinamiento masivo generados por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. De estos, un desplazamiento forzado se registró en el municipio de Nuquí (134 personas resultaron afectadas) mientras que se ocurrieron tres eventos de confinamiento en pueblos chocoanos: Litoral del San Juan (200 personas confinadas); Bojayá (570 personas confinadas) y Medio Atrato (867 personas confinadas).
“En estos momentos tenemos en algunos municipios población indígena desplazada por el tema de orden público. Ese confinamiento y ese hacinamiento pues genera mayores dificultades para el caso de las comunidades indígenas aquí en el departamento de Chocó, que tienen que aislarse, no se pueden mover pero que no tienen ninguna ayuda”, relata Plácido Bailarín, vocero de la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó (Fedeorewa) e integrante de la Mesa Indígena del Chocó, que acoge a los pueblos Emberá-Dóbida, Emberá Chamí y Emberá Katio.
Pese a lo delicada expansión global que registra actualmente el Covid-19, para Bailarín tan sólo una de sus preocupaciones: “En este momento estamos atravesando un verano muy fuerte y tenemos una epidemia fuerte de paludismo, sumado a enfermedades diarreicas que se presentan por el verano. Nos preocupa mucho porque todas hablan del virus y como que no se le está prestando atención a estas enfermedades”.
Quizás uno de los departamentos con mayor déficit en su sistema sanitario y de salud es Chocó. Allí, los hospitales públicos atraviesan por una profunda crisis económica donde no sólo son insuficientes las camas para atención en cuidados intensivos; también escasean los medicamentos y hasta los médicos. Afortunadamente, y teniendo en cuenta los registros del INS, no se registran personas infectadas con Covid-19.
“Aquí, en el Chocó, en materia de salud estamos en pésimas condiciones. Hay algunos municipios que ni hasta médicos tienen y si lo tienen, pues no tienen ningún tipo de reactivos con que atender a la población: si hay médico, no hay los medicamentos, y al revés. Eso nos preocupa mucho”, asevera Bailarín.
De ahí que no sea de extrañar que ni los pueblos indígenas (ni las comunidades afro) hayan recibido capacitaciones o acompañamiento alguno por parte de personal médico o funcionarios municipales o departamentales sobre cómo afrontar esta pandemia global, que afecta al menos a 1.065 personas en el país.
“En estos momentos no hay una atención diferencial o una articulación. Hemos estado solicitando a los alcaldes para que nos den por lo menos una guía de qué hacer; qué tipo de planes tienen en caso de que se presente un caso de estos en algún territorio, pero hasta ahora nadie nos ha dicho nada. Ni siquiera de la Gobernación”, se queja el líder indígena.
Para combatir la falta de información, asegura Bailarín, las comunidades indígenas de Chocó enviaron a las autoridades municipales y departamentales derechos de petición mediante los cuales solicitaron datos sobre los planes preventivos, de contención o de atención en caso de presentarse casos de Covid-19 en los territorios indígenas, cuya particularidad es que allí continúan haciendo presencia grupos armados al margen de la ley.
“¿Qué requerimos en este momento para los pueblos indígenas que están allá en los territorios aislados y confinados? Que el gobierno nacional envíe ayudas humanitarias; con todo el problema de confinamiento ellos no han podido desarrollar sus actividades diarias y en este momento esas comunidades indígenas están desabastecidas. Y como todavía hay presencia de los grupos armados, pues eso hace que la situación sea más complicada y más delicada todavía que para cualquiera”, explica el nativo.
Medidas urgentes
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), unas 109 mil familias indígenas que habitan zonas rurales de diversas regiones del país se encuentran en grave situación de riesgo de contagio del Covid-19 dado que habitan en departamentos donde se han detectado casos positivos del virus, particularmente en ciudades de más de 100 mil habitantes.
De acuerdo con la Onic, “los pueblos y naciones indígenas que deben reforzar y consolidar sus sistemas de control territorial para contener esta pandemia son: Pubense (Cauca), Kokonuko (Cauca), Kofán (Putumayo) y Quillacinga (Nariño), dada la cercanía a las cabeceras municipales con casos confirmados por parte del gobierno nacional”.
Situación particular viven los pueblos indígenas diseminados a lo largo de los 586 kilómetros de la frontera ecuatoriana, particularmente los departamentos de Nariño y Putumayo. Las autoridades sanitarias del vecino país diagnosticaron, hasta el pasado 29 de marzo, un total de 1.924 casos positivos para Covid-19, de los cuales, 38 se encuentran en provincias limítrofes con Colombia: Esmeralda (siete casos); Carchi (seis casos); y Sucumbíos (25 casos).
De ahí que la Onic haga un llamado especial al gobierno nacional para extremar las medidas de protección y contención, especialmente en el puente fronterizo y en las llamadas trochas y caminos veredales que siguen siendo utilizados por colombianos y ecuatorianos para transitar diariamente. Según la Onic, en el departamento de Nariño habitan unas 206 mil familias indígenas pertenecientes a los pueblos Awá, Inga, Quillacinga, Kofán, Eperara Siapidaara y Pastos.
“Entre los pueblos más amenazados por el virus se tiene a Los Pastos, pueblo de carácter binacional, que habita tanto del lado colombiano como ecuatoriano (…) en la cabecera municipal de Ipiales, caracterizada por ser un área metropolitana fronteriza, se identificó el primer caso de contagio y otro en la capital nariñense (Pasto)”, detalla la Onic en un comunicado difundido esta semana. Hasta el momento se tienen registrados seis casos en el departamento.
“A pesar que, como medida de contención, el gobierno colombiano cerró la frontera que comunica con Tulcán y todo el Ecuador, a lo cual se suman los esfuerzos de los gobiernos municipales de esta zona y que se han puesto en marcha estrategias de contención, los migrantes provenientes del vecino país, que inclusive pertenecen al pueblo de Los Pastos, no han dejado de cruzar la frontera, por trochas y caminos que se encuentran en los municipios de Ipiales y Cumbal”, expresa, con preocupación, la Onic.
A lo anterior se suman ataques e intimidaciones de grupos armados contra integrantes del pueblo Awá. El pasado 30 de marzo, sus autoridades ancestrales denunciaron el asesinato de Wilder García, joven de 18 años, quien fue ultimado por miembros de una organización criminal aún por identificar en su vivienda del resguardo Tortugaña-Telembí, zona rural del corregimiento Barbacoas, en Tumaco. Tras este homicidio, advirtieron un incremento de las amenazas contra sus máximos dirigentes.
Situación similar viven las comunidades indígenas de Putumayo, a las que la pandemia y la confrontación que sostienen grupos armados ilegales por controlar territorios dominados por la extinta guerrilla de las Farc, las acorraló, aunque según el INS no hay hasta el momento contagios identificados.
En este departamento, según la Onic, se registran 55 mil personas pertenecientes a los pueblos Kofán, Kamentsá, Pastos, Murui, Kichwa, Coreguaje, Awá, Nasa, Quillicinga, Emberá Chamí y Siona.
“Hasta el momento no hemos recibido ninguna ayuda”, declara Sandro Piaguajé, gobernador del resguardo Buenavista del pueblo Siona, ubicado en zona rural de Puerto Asís, en la frontera con Ecuador. “En este momento estamos confinados, sin poder salir a cabeceras municipales. Nuestra Guardia Indígena está monitoreando el territorio, pero no cuentan con los equipos necesarios para protegerse. Pero aquí seguimos firmes”.
Firmes también se encuentran los pueblos indígenas en territorio antioqueño, quienes, desde el mismo momento que se conoció el primer caso positivo de Covid-19 en el país, el pasado 6 de marzo, han recurrido a estrategias propias de autocuidado, como el lavado permanente de manos, así como la restricción de movilidad entre los resguardos y hacia fuera de ellos.
“La instrucción que dio la organización indígena fue que controlaran el ingreso y salida de población indígena y no indígena de los resguardos”, asegura Gustavo Gómez, consejero de Salud Propia e Interculturalidad de la Organización Indígena de Antioquia (OIA). “Sabemos que parte de esta pandemia está viniendo del exterior hacia el interior. Para este caso, hemos ido acogiéndonos a las directivas y normas que vienen de nivel nacional y del gobierno departamental y hemos podido avanzar un poco en la campaña de que las comunidades no salgan de sus territorios, reducir a los más mínimo las salidas hacia los centros poblados de donde se ubiquen los resguardos”.
Al igual que en el resto del país, los indígenas antioqueños se encuentran en situación de vulnerabilidad por cuanto habitan regiones rurales alejadas, donde el acceso a agua potable y servicios médicos es una odisea. De acuerdo con el INS, en Antioquia se registran, hasta este momento, 107 casos de personas afectadas por el Covid-19.
Entre los voceros y líderes indígenas consultados por este portal hay consenso en afirmar que, por ahora, su mejor medida de protección ha sido la medicina tradicional, así como los rituales ancestrales y ceremonias de armonización, mediante los cuales le piden a la Madre Tierra que esta pandemia llegue pronto a su fin.
