El fantasma del proyecto Mandé Norte vuelve a perseguir a los pueblos ancestrales de Chocó. La presencia de una compañía minera genera divisiones entre las comunidades y algunos temen que su territorio sea explotado sin consentimiento. El caso fue expuesto ante la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La sombra de un ambicioso proyecto minero se cierne nuevamente sobre las comunidades del pueblo Embera que habitan el resguardo indígena Uradá Jiguamiandó, en jurisdicción de los municipios de Carmen del Darién y Riosucio, en el departamento de Chocó, rememorando el antiguo caso conocido como Mandé Norte.
Las entrañas de aquellas tierras ancestrales guardan un metal atractivo: el cobre. Y desde hace más de dos décadas, los intereses extractivistas extranjeros han querido extraerlos, pese a la permanencia histórica del pueblo Embera, que se resiste a la presencia de los foráneos y a sus prácticas mineras.
El 26 de febrero de 2003, el Estado colombiano, a través del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), les tituló a las siete comunidades del pueblo Embera que conforman el resguardo indígena Uradá Jiguamiandó dos globos de tierra que, en su conjunto, suman 19.744 hectáreas.
No ha sido sencillo para los Embera permanecer en su territorio, aún antes de que les fuera titulada la tierra. Los nativos han tenido que soportar la presión de grupos subversivos y paramilitares, así como de narcotraficantes, del Ejército Nacional y de las empresas mineras. La situación se ha prolongado hasta el presente, generándoles condiciones de riesgo.
De esas preocupaciones fue enterada, en días pasados, Soledad García Muñoz, relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien estuvo en Bogotá para escuchar a líderes y lideresas sobre la situación en varias regiones del país.
Los líderes sociales que se encontraron con García Muñoz también conversaron con VerdadAbierta.com y hablaron de tres preocupaciones fundamentales: las consecuencias del narcotráfico en su resguardo; la presencia de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’); y el retorno de las empresas mineras a sus territorios ancestrales.
Coca, armas y metales
“En el 2020, erradicamos toda la coca”, sostiene un vocero indígena del pueblo Embera que, por razones de seguridad, pidió la reserva de su nombre. Las comunidades arrancaron las matas de hoja de coca para uso ilícito de por lo menos 150 hectáreas dentro del resguardo, pero en los predios por fuera del lugar siguen cultivando y los desechos químicos de los laboratorios de procesamiento de coca corren por sus ríos, que poco sirven para saciar la sed: “nos da rasquiña, nos da dolor de estómago”.
Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), en 2020, Carmen del Darién ocupó el primer lugar como el municipio del Bajo Atrato con más sembradíos de hoja de coca para uso ilícito, con 192,67 hectáreas. En el departamento de Chocó ocupa el tercer puesto a nivel nacional.
“Por eso nos toca informar a la institucionalidad —continúa el líder— y por eso, dicen los cocaleros, los indígenas somos culpables de que el Ejército haya quemado dos laboratorios”.
Se tratan de señalamientos que les hacen personas foráneas que entran a la región arrendando grandes cantidades de hectáreas para la siembra de cultivos ilícitos y la instalación de entables para el procesamiento de la hoja de coca y su refinación.
El segundo factor que preocupa a los líderes indígenas es la presencia de las Agc. “Allá ponen su control: a qué hora deben moverse, a qué hora no deben moverse. Y todo lo que es comercio: corte de madera, los ganaderos; a todos ellos cobran vacuna y el que no paga tiene problemas con esa gente”, sostiene el líder consultado. (Leer más en: “Vivimos en el territorio, pero no es nuestro”: mujeres del Bajo Atrato)
Ante el avance de ese grupo de origen paramilitar, surgido a mediados de 2006 tras la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó ordenó en 2017 medidas cautelares para que el Estado garantizara la seguridad, la vida y la integridad de los miembros del resguardo. (Leer más en: Los ‘Gaitanistas’, un pulpo que creció en las narices del Estado)
Sin embargo, los líderes sostienen que se ha avanzado muy poco en lo ordenado por el juez; mientras, la coca, las Agc, los colonos y la deforestación se volvieron problemas mayores en los territorios de los Embera. (Leer más en: Juez ordena medidas de protección para resguardo Urada Jiguamiandó)
El tercer tema que inquieta a las comunidades indígenas del Bajo Atrato es la presencia de empresas mineras, un viejo fantasma que los persigue desde hace más de dos décadas y que vuelve a aparecer con la intención de explorar y explotar las entrañas de sus territorios en busca de metales, especialmente de cobre.
Retornan los fantasmas
En un contexto de economías ilícitas, actores armados ilegales y desamparo estatal, los líderes indígenas del pueblo Embera se preguntan cómo va a ingresar al territorio la empresa Minera Cobre Colombia S.A.S, que está interesada en realizar actividades mineras en una zona conocida como La Rica, la cual se traslapa con una parte del resguardo Uradá Jiguamiandó en Carmen del Darién.
Este proyecto hace parte de la intención que promovió el entonces presidente Iván Duque (2018-2022) de convertir a Colombia, en el 2030, en el tercer país de América Latina líder en explotación de cobre, y cuya pretensión también comparte el actual gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro y su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.
Atraídas por esa ambiciosa propuesta, a mediados del 2021, seis empresas transnacionales se adelantaron a manifestar sus intenciones mineras en el territorio nacional: AngloGold Ashanti, Atico Mining Corporation Colombia SAS, Rugby Mining Limited (Cobrasco Ltda), Muriel Mining Corporation, Minerales Córdoba SAS y Minera Cobre Colombia SAS.
Los líderes indígenas que se entrevistaron con la Relatora Especial de la CIDH y con este portal señalaron expresamente a la compañía Minera Cobre Colombia S.A.S. como la más interesada en operar en sus territorios ancestrales, lo que, a su juicio, podría afectar sus usos y costumbres, así como el medio ambiente.
“Esa empresa nos está dividiendo en las comunidades”, dice un vocero del pueblo Embera. “Con plata invitan a las reuniones en Apartadó, reúnen sólo a los líderes. Algunos líderes tienen intereses particulares; por la plata empiezan a acercarse más a las empresas, engañan a la comunidad, que ‘esta empresa no va a hacer nada’, que ‘solo van a adelantar las reuniones con las mujeres, con las guardias, con los jóvenes, con jaibaná (médicos tradicionales), con los líderes’. Entonces más adelante nos perjudica porque levantan un acta de socialización, y luego de consulta previa”.
Además, los Embera temen que si dan el visto bueno para que la empresa minera avance, sus fuentes hídricas sean contaminadas o padezcan nuevos desplazamientos y hechos de violencia como los padecidos desde la década de los años noventa, cuando fueron afectados por múltiples violencias perpetradas por grupos armados ilegales en medio del interés de explotar las entrañas de aquellas tierras.
“Ellas —las mineras— nunca dicen lo malo. Empiezan con el desarrollo, que si dejan hacer esa exploración van a haber carreteras como vías, energía eléctrica, construcción de vivienda, buen colegio para los estudiantes, centro de salud. Nos engañan”, reitera el líder del pueblo Embera, a quien le preocupa que nuevos proyectos mineros se fijen en el Cerro Careperro o Jaika Tuma, uno de sus sitios sagrados, como ocurrió ya en 2004.
“Al explotar ese cerro se van a liberar todos los espíritus buenos y malos que tiene dentro”, considera la cosmovisión Embera. “Ellas —las mineras— dicen que no van a tocar el cerro, sino alrededor… ¡puro cuento!”, insisten los líderes indígenas.
Y ese temor no es infundado. Según los contratos de concesión, la empresa Minera Cobre Colombia SAS pretende revivir el antiguo proyecto que se conoce como Mandé Norte y con el cual los pueblos ancestrales han tenido fuertes enfrentamientos desde comienzos de este siglo por desconocer su derecho a la consulta previa, libre e informada. Por ello, los líderes del pueblo Embera lanzaron alertas, advirtiendo que sus territorios ancestrales podrían estar de nuevo en peligro. ¿Quién está detrás de esa firma extractivista?
Controlan desde Canadá
Minera Cobre Colombia SAS hace parte de un grupo empresarial conformado por cuatro mineras colombianas que son controladas por MCC Mining Corporation, una firma canadiense. Se trata de Exploraciones Pantanos Colombia SA; Exploraciones Chocó Colombia SAS; Exploraciones La Rica SAS (antes, Minera Cobre de Colombia SAS) y Minera Cobre Colombia SAS. En estas dos últimas suele haber confusión entre las comunidades indígenas.
Minera Cobre Colombia SAS fue creada el 6 de julio de este año, pero ¿cómo es posible que desde mediados de 2021 las comunidades indígenas del Bajo Atrato estuvieran alertando sobre la presencia en su territorio de una empresa a la que llaman “Minera Cobre”?
Todo se debe a un cambio de nombre que realizaron los dueños de las empresas hace un par de meses, lo cual hace parecer que se trata de una sola compañía que lleva años funcionando en Colombia.
Exploraciones La Rica SAS, inicialmente, se llamaba Minera Cobre de Colombia SAS (el artículo “de” entre “Cobre” y “Colombia” es lo que la distingue de la reciente empresa que crearon) y tiene sus orígenes en un paraíso fiscal del Caribe.
El 30 de mayo de 2014, fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas la compañía de negocios Trafford Holding International Limited y se nombró al empresario canadiense Ian Paul Slater como su director. El 24 de noviembre de ese mismo año le cambió el nombre por el de Cobre de Colombia Limited y en agosto de 2015 llegó a Colombia y constituyó la empresa Minera Cobre de Colombia SAS.
A finales de ese año, según documentos canadienses, fue creada la empresa MCC Mining Corporation en la provincia de Columbia Británica (Canadá). Aunque no es claro cómo Minera Cobre de Colombia SAS pasa de ser controlada por la empresa del mismo nombre en las Islas Vírgenes Británicas a la empresa en Canadá, lo cierto es que el 15 de julio de 2016 la empresa MCC Mining Corporation conformó un grupo empresarial en Colombia con tres empresas mineras que para entonces ya controlaba, entre ellas, Minera Cobre de Colombia SAS.
Las otras dos mineras que comparten la misma unidad de propósito y dirección son Exploraciones Pantanos Colombia SA y Exploraciones Chocó Colombia SAS. Ambas hacen parte del grupo de empresas creadas en Colombia indirectamente por AngloGold Ashanti, la multinacional de origen sudafricano que empezó operaciones en el país desde 2003 bajo otro nombre: Sociedad Kedahda SA. (Leer más en: Oro y plomo)
Exploraciones Pantanos Colombia SA fue creada el 31 de mayo de 2007 por las empresas AngloGold Ashanti Pantanos Investments One Ltd y AngloGold Ashanti Pantanos Investments Two Ltd, ambas creadas en las Islas Vírgenes Británicas por AngloGold Ashanti.
El primer nombre que recibió la sociedad en Colombia fue AngloGold Ashanti Pantanos Investments Colombia SA, pero en 2008 cambió de nombre a su actual razón social.
Con la empresa Exploraciones Chocó Colombia SAS ocurre algo muy similar. Dos empresas creadas por AngloGold Ashanti en las Islas Vírgenes Británicas —AngloGold Ashanti Choco Investments One Limited y AngloGold Ashanti Choco Investments Two Limited— constituyeron la empresa en Colombia el 7 de diciembre de 2007, bajo el nombre de AngloGold Ashanti Choco Investments Colombia S.A. Al igual que con Pantanos, a Choco le quitan del nombre “AngloGold Ashanti” y establecen el que lleva actualmente.
Este enredo de nombres es solo un par de movimientos que AngloGold Ashanti y otras grandes multinacionales han jugado en el país. Según el informe La Colosa: Una Muerte Anunciada de la Colombia Solidarity Campaign, “en febrero de 2008, Jorge Molano, un abogado investigador, denunció la participación de empresas fachada en paraísos fiscales con la creación de la Sociedad Kedahda SA en Colombia. En junio y noviembre de 2008, las 16 empresas relacionadas con AGA —AngloGold Ashanti— y con Colombia cambiaron su nombre; 14 de ellas eliminaron las palabras “AngloGold Ashanti” que las relacionaba con su empresa matriz”.
¿Cómo ambas sociedades terminan en manos de la empresa canadiense MCC Mining Corporation? Documentos consultados por VerdadAbierta.com sugieren que el control de las empresas se da de manera indirecta.
Como si se tratara de una muñeca rusa —una empresa que contiene otra—, AngloGold Ashanti creó dos empresas holding (Pantanos Holdings Ltd y Choco Holdings Ltd) en las Islas Vírgenes Británicas para, a través de estas, controlar las empresas que para entonces seguían teniendo el 99 por ciento de las acciones de las dos empresas mineras en Colombia.
Después, la Empresa Minera Los Quenuales SA, filial peruana de Glencore, la minera suiza, compró el 51 por ciento de las acciones de las empresas holding, adquiriendo así el control de Exploraciones Chocó Colombia SAS y Exploraciones Pantanos Colombia SA.
Finalmente, en un documento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quedó registrado que a mediados de 2016, la sociedad Minera de Cobre de Colombia Holdings Limited, de Columbia Británica (Canadá), compró las acciones que Glencore tenía de Exploraciones Pantanos Colombia SA y Exploraciones Chocó Colombia SAS. Así es como llega a manos de MCC Mining Corporation.
No es preciso qué pasa con el resto de acciones y si hay más accionistas, pero en un documento del 25 de agosto de este año, en el que se aclara las condiciones del grupo empresarial conformado por MCC Mining Corporation, la empresa precisa que la transnacional desde Vancouver tiene control sobre las tres empresas.
Con la creación en julio de 2022 de su nueva empresa, Minera Cobre Colombia SAS, la adhirió al grupo empresarial que controla y completó un total de cuatro empresas mineras en Colombia.
Presencia en Chocó
Según un expediente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), de las cuatro empresas que conforman el grupo empresarial en Colombia, tres tienen títulos y solicitudes mineras que se distribuyen entre varios municipios de los departamentos de Chocó, Antioquia y Risaralda.
Exploraciones Chocó Colombia SAS es la empresa con el mayor número de solicitudes, para un histórico de 204 solicitudes. Le sigue Exploraciones La Rica SAS (antes, Minera Cobre de Colombia S.A.S) con nueve solicitudes y Exploraciones Pantanos Colombia SA con una.
Las nueve solicitudes que ahora posee Exploraciones La Rica SAS (antes, Minera Cobre de Colombia S.A.S) le pertenecieron a una empresa bastante conocida por las comunidades indígenas y negras asentadas en la cuenca del río Jiguamiandó: La Muriel Mining Corporation, la cual, tras ocho años de inactividad por una decisión judicial que suspendió los planes mineros de la empresa, el 30 de junio de 2021 le cedió sus derechos sobre la concesión minera a Exploraciones La Rica SAS (antes, Minera Cobre de Colombia SAS).
Se trata del ambicioso proyecto minero que desde 2004 se conoce como Mandé Norte, la sombra que ha perseguido a las y los Embera y a las comunidades negras de Carmen del Darién (Chocó) y Murindó (Antioquia).
Sin embargo, este portal pudo establecer que a través de las otras empresas del grupo empresarial, la firma canadiense que controla toda la operación posee otros títulos mineros continuos al proyecto Mandé Norte, abarcando amplios territorios de Chocó y Antioquia.
Antecedentes de una disputa minera
Desde 1970, varias empresas han hecho estudios geológicos en la cordillera Occidental y en jurisdicción de los municipios de Murindó, Frontino y Dabeiba (Antioquia) y Riosucio (Chocó). Antes de la llegada de Minera Cobre Colombia SAS, hay otras empresas que permanecen en la memoria de las comunidades indígenas de esa región.
Una es la empresa cubana Geominera SA que, a inicios del siglo XIX, incursionó en la región para realizar estudios mineros en una zona conocida como Batolito de Mandé. En su momento, temiendo por afectaciones en su territorio, se dieron choques con las comunidades indígenas de Urrao, Dabeiba y Murindó (Antioquia); y en Riosucio y Carmen del Darién (Chocó).
Pero la que más indignación ha despertado en las comunidades es La Muriel Mining Corporation. La sociedad estadounidense de la familia Juilland acordó el 31 de enero 1992 abrir una sucursal en Colombia y que el 28 de diciembre de 2004 suscribió con el entonces Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) un contrato de concesión por 30 años para la exploración técnica y la explotación económica de yacimientos de oro, cobre y molibdeno en una amplia área en jurisdicción de los municipios de Murindó (Antioquia) y Carmen del Darién (Chocó),
En enero de 2005, la empresa minera inició trabajos de exploración, escoltada por las Fuerzas Militares en la parte media del Cerro Careperro. La comunidad respondió por vía de hecho: centenares de indígenas se tomaron las instalaciones que la minera había establecido en medio de la selva para exigir que la empresa y la Fuerza Pública que la escoltaba se retiraran de su territorio.
Su queja fundamental es que las actividades mineras tendrían un impacto directo en las comunidades negras e indígenas de la cuenca del río Jiguamiandó, el resguardo de Uradá Jiguamiandó (Carmen del Darién) y al resguardo de Chageradó Turriquitadó (Murindó), las cuales no fueron consultadas.
Además, alegaban que el proyecto minero iba a afectar al Cerro Careperro o Jaika Tuma, un sitio sagrado que para la cosmovisión indígena guarda secretos: espíritus buenos y malos de los jaibaná. Por esa razón y ante la tensión con los proyectos mineros es declarado área de protección indígena por los pueblos ancestrales en 2009.
En defensa de sus territorios ancestrales, las comunidades afectadas deciden emprender un litigio jurídico en el que denunciaron la vulneración del derecho a la consulta previa para la ejecución del proyecto minero de La Muriel Mining. Además, aseguraron que desde el 2006 intentó sobornar a algunos miembros de las comunidades de Carmen del Darién “ofreciendo dinero y botes, para que les autoricen la exploración”, recuerdan líderes Embera.
También expresaron sus preocupaciones por la militarización de la región para proteger las actividades mineras, argumentaron en aquellos años que las tropas estatales ingresaron “de manera ilegal e inconsulta al territorio indígena manifestando a la población que están allí para brindar protección en la exploración, que realiza la empresa Muriel Mining”.
Ese litigio llegó hasta la Corte Constitucional, que se resolvió mediante la sentencia T-769, del 29 de octubre de 2009, al ordenar la protección de las comunidades indígenas y negras, y la suspensión de las actividades de exploración y explotación en desarrollo del contrato de concesión conocido como Mandé Norte “hasta que no finalicen a cabalidad los estudios sobre el impacto ambiental y se realice la consulta previa de manera adecuada”.
En la sentencia se lee que si bien se llevó un proceso de preconsulta con el Cabildo Mayor de Carmen del Darién, el Cabildo Menor de Uradá y del Cabildo Mayor Indígena del Bajo Atrato, “no se aprecia que haya sido extendida a otras comunidades, lo que indica que no se realizó en toda la cobertura debida, con cada una de las comunidades que se encuentran asentadas en el entorno que puede sufrir repercusiones con la exploración y explotación minera objeto de la concesión”.
Ahora, los Embera parecen enfrentarse a la misma disputa ante la que estuvieron años atrás; por ello, las comunidades del Bajo Atrato piden que no los dejen solos, para que puedan interpretar mejor lo que el proyecto minero de la que en territorio se presenta como Minera Cobre busca hacer en sus territorios.
“Si es una reunión de esos grandes proyectos, debe haber acompañamiento del Ministerio Público: la Personería, la Defensoría o de organizaciones y profesionales que nos puedan apoyar, porque ellos utilizan términos complejos que nosotros no alcanzamos a entender”, concluye uno de ellos.
La minera se defiende
Desde hace varios años, incluso cuando dos de estas empresas eran propiedad de AngloGold y luego de Glencore, Hamyr Eduardo González Morales ha fungido como representante legal de las cuatro mineras, quien, brevemente, hizo parte de la mesa directiva de la Asociación Colombiana de Minería como vicepresidente en el año 2021.
Consultado al respecto de los temores expresados por los líderes Embera ante la CIDH, González confirma que las empresas que representa se están preparando para dar inicio a la exploración principalmente de cobre y molibdeno en Mandé Norte.
“Nos sentimos muy motivados de hacer parte del proceso de transformación energética liderado por el gobierno del Presidente Petro a partir de un modelo de gestión enmarcado en los más altos estándares internacionales en el ámbito social, ambiental y tecnológico”, se lee en una respuesta escrita que el directivo hizo llegar a este portal.
Según González, sus gestiones de los próximos tres a cinco años se van a centrar en la relación del cobre con las energías limpias, una intención que está en vía de los intereses del nuevo gobierno y que recuerda, para sustentar su afirmación, dos exposiciones recientes, uno del presidente Gustavo Petro y otro de Irene Vélez, ministra de Minas y Energía.
La primera de ellas se dio el pasado 2 de septiembre, en el VII Congreso Nacional de Minería. Allí, el mandatario nacional afirmó en su discurso la necesidad de buscar más cobre en Colombia: “Necesitamos minerales para la transición energética. Al principio habrá que importar. Creo que tendríamos que ver si hay litio o más Cobre. Busquemos esos minerales. Nadie ha dicho que no estén… En las áreas donde se puede explorar, busquemos los minerales para las energías limpias”.
La segunda se registró 20 días después en el diario Portafolio a través de una entrevista a la ministra Vélez, quien dijo que “Colombia puede ser un actor clave del cobre en el mundo. Aceleraremos su investigación, porque la Transición Energética requiere de minerales estratégicos”. Igualmente, afirmó que se tienen reconocidos 10 distritos metalogénicos con prospección de cobre —incluyendo el Batolito de Mandé—, y que desde 2021 se han identificado 6 áreas estratégicas mineras.
En su respuesta a este portal, González es enfático en precisar que la casa matriz canadiense, MCC Mining Corporation, no adelanta ningún proyecto con AngloGold Ashanti, ni mucho menos es socia de la multinacional sudafricana. Sin embargo, no dio detalles sobre quién o quiénes son los dueños o accionistas de la empresa canadiense que controla el grupo minero en Colombia.
Asegura, además, que sus acciones se han caracterizado por ser respetuosas y buscan cumplir las normas para ingresar en territorios indígenas, por eso interpretan que la manera en que están acercándose a las comunidades indígenas les ha permitido “construir una relación transparente de colaboración mutua, que se puede evidenciar en los distintos procesos de preparación para las futuras actividades de exploración”.
Aunque la empresa lleva más de un año acercándose a las comunidades indígenas del resguardo Uradá Jiguamiandó, no ha ingresado formalmente al territorio. Además, descarta que se vayan a afectar sitios sagrados de los Embera: “La compañía no tiene interés de hacer ningún tipo de estudio ni adelantar actividades de exploración en el Cerro Sagrado Caraeperro ahora ni en el futuro”.
En el momento, el proyecto se encuentra a la espera de la convocatoria del Ministerio del Interior para el inicio de reuniones en el proceso de consulta previa. Si todos los trámites favorecen al grupo minero, González explica que para sortear los riesgos que genera la presencia de grupos armados ilegales en el área de interés minero, recurrirán al Ministerio de Defensa para que, a través del Ejército Nacional, protejan la vida, la integridad física y la salud de sus colaboradores.
“Señalamos como nuestro principal objetivo la generación de valor compartido para la sociedad colombiana. En primer lugar, en un entorno de relación de mutuo beneficio con las comunidades en el territorio; y en segundo lugar con las entidades del orden local, territorial y nacional para coordinar la gestión de la industria del cobre y su aporte clave en la transformación energética del país con los más altos principios de sostenibilidad”, concluye el directivo.
