Los campesinos de Asocab denuncian que la empresa Aportes San Isidro sigue intentando ‘fracturar’ a la comunidad en su reclamación de tierras, y que persisten las amenazas en su contra. La empresa niega las acusaciones.
Según la comunidad de Asocab, esta imagen tomada en febrero de 2013 corresponde a un trabajador de la empresa de seguridad contratada por la empresa Aportes San Isidro. Foto suministrada.Los campesinos de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab) están desesperados. Llevan una década esperando que el Estado resuelva su reclamación de de 3 mil hectáreas en la antigua Hacienda Las Pavas, del municipio de El Peñón, en el sur de Bolívar, y su drama parece no tener fin. En el pasado tuvieron que padecer la violencia paramilitar y en el presente se enfrentan a la lentitud estatal y a las acciones en su contra de la empresa Aportes San Isidro.
Recientes denuncias de los labriegos indican que Aportes San Isidro, cultivadora de palma de aceite en la región, persiste en ‘fracturar’ la unión de la comunidad ofreciéndoles dádivas a algunos parceleros y proponiéndoles cambiar su postura e irse en contra de Asocab. A esto le suman su preocupación por amenazas perpetradas por extraños y exhibición de armas por parte de trabajadores de esa firma agroindustrial.
En este proceso agrario, que lleva ya varios años sin solución alguna, intervienen tres actores: El Estado, que debe luchar por su patrimonio, pues el Incoder (en liquidación) encontró baldíos en la antigua hacienda; Aportes San Isidro S.A., la empresa que en 2007 compró la mitad de las tierras y en 2011 adquirió la totalidad de las 3 mil hectáreas para desarrollar cultivos de palma de aceite; y los campesinos, que cultivan las tierras desde los años 90, fueron desplazados por los paramilitares en 2003 y han tenido que enfrentarse a múltiples amenazas y atropellos.
Las Pavas, el termómetro de la paz territorial
En todo este lío los campesinos han padecido el acoso y las amenazas. El hecho más reciente ocurrió la semana pasada cuando, según un campesino, tres jóvenes desconocidos para la comunidad llegaron en motocicletas hasta su parcela y lo intimidaron: “Deje de cultivar aquí, váyase”, le repitieron. Sorprendido, el parcelero les preguntó de parte de quién venían y rápidamente le confesaron que “de la empresa, pero que ellos venían de otro lado”. Los jóvenes, de aproximadamente 20 años, se fueron por la vía que de Playitas conduce hacia Mejía.
Para la comunidad de Asocab ese hecho es preocupante por los antecedentes y la situación actual de violencia del vecino pueblo de Mejía. Ante fiscales y jueces de Justicia y Paz, Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, exjefe del Bloque Central Bolívar (Bcb), aseguró que este corregimiento en Barranco de Loba tuvo una alta presencia del grupo armado ilegal.
Estos son los cultivos de yuca y plátano que han intentado levantar los campesinos en la antigua hacienda Las Pavas, pese a que desde su retorno en 2006, han tenido que soportar desalojos, quema de sus cultivos, amenazas, señalamientos y esperar a los pronunciamientos de Altos Tribunales. Foto suministrada.Desde 2011, la prensa local ha advertido sobre el rearme y el merodeo de las bandas criminales, en especial de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidas también ‘Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’, que controlan las rutas del narcotráfico y la minería ilegal en el sur de Bolívar. Un informe reciente de la revista Semana advirtió sobre la fuerte presencia que tiene el Clan en varias regiones del país, incluyendo el Magdalena Medio.
En relación con las ‘fracturas’ entre la comunidad, éstas también datan desde 2011, pero se reactivaron a comienzos de este año. Los campesinos denuncian que la empresa San Isidro ha intentado en varias oportunidades “poner a pelear” a la Asociación y “deslegitimar” su reclamación, situación consignada en una reciente denuncia interpuesta ante la Unidad de la Fiscalía de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Según Asocab, en 2011 un integrante de la comunidad se retractó de su reclamación de tierras, afirmando que sus compañeros “no eran víctimas del conflicto armado”. Esta situación condujo a que varios medios de comunicación replicaran la información, poniendo en riesgo a los parceleros que terminaron siendo protegidos en 2013 por la Unidad de Víctimas. Esta dependencia estatal confirmó la condición de los campesinos tras incorporarlos en el Registro Único de Víctimas, la gran base de datos oficial que documenta las víctimas de múltiples delitos desde 1985 a la fecha actual.
A criterio de los campesinos, esta “estrategia” fue de nuevo implementada por la empresa Aportes San Isidro. En la denuncia radicada ante un Fiscal de Derechos Humanos, los parceleros relatan que entre octubre y noviembre de 2015, dos trabajadores de la empresa que cultiva palma de aceite le ofrecieron a otro campesino firmar un contrato de arrendamiento de su tierra “para dejarlo tranquilo”.
Cansado de tanta insistencia, el campesino cedió y el 24 de noviembre aceptó viajar junto a un trabajador de la compañía hasta El Banco, Magdalena, donde supuestamente se encontraría con José Ernesto Macías, representante legal de Aportes San Isidro. Pero no fue así, el trabajador lo amenazó: “de aquí tiene que coger para Barranquilla, de usted depende la seguridad de su familia”. Asustado, el campesino viajó hasta la capital del Atlántico, fue hospedado durante dos noches en una residencia y luego conducido hasta las instalaciones de la empresa, donde otro hombre le repitió “qué debía decir en contra de Asocab”.
Mayo de 2015. Así quedaron los cultivos de los parceleros después de que, según la comunidad, trabajadores de Aportes San Isidro los destruyeron. Foto suministrada.Fue así como el 27 de noviembre al campesino lo sentaron frente a José Ernesto Macías, acompañado por un abogado, el señor que le dio las instrucciones y un periodista que grabó toda la ‘conversación’. Tal cual como le indicaron, el campesino dijo que hablaba de forma ‘voluntaria’, que en Las Pavas no hubo ningún desplazamiento producto del conflicto armado y que todo el tiempo las tierras habían sido explotadas por vivientes de Jesús Emilio Escobar Fernández. También aseguró que Escobar Fernández les permitió a los campesinos trabajar en sus tierras pero que ellos no aprovecharon esa oportunidad. Además, que los parceleros organizaron una vez una reunión para robarse las tierras.
Hoy, ese campesino, teme por su vida, pues el lunes 7 de marzo de este añosu rancho fue quemado. En la denuncia radicada ante la Fiscalía los parceleros también relataron que el pasado 13 de febrero dos trabajadores de la empresa San Isidro estaban manipulando un arma con mira telescópica en la casa principal de la Hacienda, muy cerca del asentamiento de los parceleros. Un día después tres campesinos de Asocab fueron agredidos por otras tres personas, dos de ellos desmovilizados de las Auc. Uno de los ex paramilitares exhibió un arma de fuego amenazando a la comunidad que ya estaba consternada con lo que ocurría.
En su denuncia, la comunidad de Asocab les pide a las autorides que investigue a los trabajores de la empresa Aportes San Isidro involucrados en los hechos relatados, así como a su representante José Ernesto Macías.
Jhonny Mercado González, abogado de Macías y de Aportes San Isidro, rechazó las afirmaciones de la comunidad campesina, aclarando que “todo es completamente falso, pues Aportes San Isidrio solo ha recurrido a las herramientas legales y constitucionales”. Y arremetió contra los labriegos. Según él, fueron varios campesinos los que, en diciembre de 2015, “secuestraron a dos trabajadores de la emrpesa, los torturaron y les infringieron maltratos físicos y verbales que también ya denunciamos ante la Fiscalía General de la Nación”. El abogado retieró que “la empresa en ningún momento ha empleado la fuerza o armas de ningún tipo contra los campesinos, ya que siempre han apelado al diálogo y a las instancias judiciales”.
Sobre los hechos denunciados por Asocab, el abogado Mercado asegura que la comunidad campesina está molesta porque desde 2011 un ex integrante de la Asociación, que desde ya varios años trabaja para la empresa, declaró en contra de la comunidad y a raíz de eso una Fiscal de Cartagena negó que existira desplazamiento. “Si existe algún tipo de inconformar de la comunidad con este trabajador, deben comprender que el señor se presentó de forma voluntaria ante las autoridades y que dar trabajo hace parte del sentido social y laboral que tiene la empresa con el empleo y el desarrollo de la zona”, agregó el abogado.
En relación con los procesos agrarios que cursan en el Consejo de Estado, Mercado aseguró que las actuaciones del Incoder “están plagadas de muchas irregularidades” y que esperan que el máximo tribunal les dé la razón. El abogado suministró un documento en el que laempresa presenta su versión y postura frente a las denuncias de la comunidad, y a los procesos agrarios.
A la expectativa
Septiembre de 2015. Así quedó la casa de un parceler después de que, según la comunidad, trabajarores de Aportes San Isidrio la derribaron. Foto suministrada.Asocab está a la expectativa de varias decisiones jurídicas, entre ellas, un próximo pronunciamiento del Consejo de Estado, el máximo tribunal que resuelve pleitos entre el Estado y particulares. Esta vez se trata de una solicitud de medidas cautelares presentada por Aportes San Isidro, con la que busca que la inscripción de declaratoria de baldíos sobre 1.700 hectáreas de la hacienda sea suspendida.
Lo anterior porque durante una audiencia en febrero pasado, el Consejo de Estado recordó que la sentencia C-623 de 2015 de la Corte Constitucional está vigente. Esta sentencia ordena al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, en liquidación) que cuando encuentre predios baldíos y determine extinciones de dominio, de inmediato solicite su registro en los folios de matrícula sin tener que esperar a la decisión final del Consejo de Estado, que puede tardar entre cinco y diez años. El de Las Pavas ya suma tres años sin que se haya realizado la audiencia inicial.
Con la sentencia C-623, el opositor a los actos de extinción o de recuperación de baldíos del Incoder, en este caso San Ididrio, puede solicitar una medida cautelar para suspender los efectos de dichos actos. En este momento la comunidad está a la expectativa de si el Consejo de Estado acepta o no otorgar tales medidas, por lo que también presentó un documento exponiendo sus argumentos. Sobre la génesis de la hacienda y la reclamación de tierras, las familias insisten en que son víctimas del conflicto armado y que el Estado debería darles las razón porque el ‘dueño’ original, Jesús Emilio Escobar, abandonó la hacienda en 1997 y no pudo acreditar propiedad privada sobre todas las tierras.
En la audiencia sobre medidas cautelares realizada el lunes 14 de marzo, el Ministerio Público le solicitó al magistrado que no suspendiera los actos de inscripción de baldíos de las 1.700 hectáreas, pero que ordenara que ni la empresa ni los campesinos siguieran avanzando con los cultivos de palma y de pancoger, que cada uno desarrolla de forma respectiva. Para Asocab, dicha propuesta del Ministerio significa “continuar con el desplazamiento forzado hasta tanto no falle el Consejo de Estado”, recordando que de las 120 familias sólo 30 han podidio retornar por “los constantes hostigamientos por parte de la empresa”. La decisión final sobre estas medidas cautelares se sará este viernes 18 de marzo.
Es por eso que la comunidad de Las Pavas espera que los procesos agrarios que hay sobre la antigua hacienda sean resueltos pronto por el Consejo de Estado. Allí hay en revisión dos procesos: uno de extinción de dominio por inexplotación económica de 1.300 hectáreas, que los campesinos solicitaron al Incoder en el año 2006 y que como fue solicitado en revisión por la empresa sigue en veremos. La primera audiencia fue celebrada en abril de 2015, se suspendió y aún no ha sido reanudada.
El segundo proceso es uno de clarificación de baldíos solicitado en 2010 ante el Incoder por otras 1.700 hectáreas. Como la empresa no logró acreditar títulos completos de propiedad privada sobre estas tierras, el Instituto encontró que los terrenos en efecto eran de la Nación y debían ser recuperados como patrimonio del Estado. Sin embargo, el Incoder no registró esta decisión en folios de matrícula. La primera audiencia fue en febrero de 2016, pero fue suspendida una vez el Alto Tribunal recordó que debía cumplirse la sentencia C-623 de la Corte Constitucional.
A pocos días o meses de que posiblemente el gobierno nacional y las Farc lleguen a un acuerdo de paz, casos como el de Las Pavas dejan la duda sobre si la prometida política de desarrollo agrario integral será viable. El caso “piloto” del país en procesos agrarios históricos, que además podría ser modelo de soluciones en la golpeada región del Magdalena Medio, sigue sin resolverse.
Las 123 familias de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab) son víctimas del conflicto armado. Fueron desplazados en 2003 por paramilitares. Pese a su retorno en 2006, han tenido que soportar desalojos, quema de sus cultivos, amenazas, señalamientos y esperar a los pronunciamientos de Altos Tribunales.
