Magistrada con funciones de Control de Garantías del Tribunal de Barranquilla autorizó la libertad de este exjefe político del Bloque Héroes de los Montes de María, Edwar Cobo Téllez; no obstante, hay varias dudas en torno a la legalidad de varios inmuebles del exparamilitar.
Edward Cobo Téllez, alias ‘Diego Vecino’, durante la lecutra de fallo del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá en 2010, que lo condenó por la masacre de Las Brisas y el desplazamiento masivo de Mampuján, entre otros crímenes. Foto: archivo Semana.
Pese a que una magistrada de la Sala de Justicia y Paz en Barranquilla autorizó la libertad de Edward Cobo Téllez, alias ‘Diego Vecino’, por cumplimiento de la pena de ocho años de cárcel, tal como lo estipulan las normas transicionales, la Fiscalía está investigando varios bienes del exjefe político del Bloque Héroes de los Montes de María, responsable de las masacres de El Salado, Mampuján y Chengue, para determinar si le cumplió o no a las víctimas.
Así lo anunció la magistrada con funciones de Control de Garantías, Zoraida Chalela Romano, durante la audiencia en la que se definió la solicitud del exparamiltiar de obtener la sustitución de la medida de aseguramiento en una cárcel por detención domiciliaria.
Según registros de la Fiscalía General de la Nación, alias ‘Diego Vecino’ entregó cuatro vehículos el 14 de julio de 2005, fecha en la que desmovilizó el Boque Héroes de los Montes de María, pero no ingresaron al Fondo para la Reparación de las víctimas porque unos fueron hurtados y otros devueltos a sus propietarios. El excomandante de esta facción de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) entregó además, 14 inmuebles entre 2012 y 2014, y 30 fincas ganaderas están en extinción de dominio con fines de reparación.
Sin embargo, el Ente acusador está investigando 14 bienes que fueron denunciados por las víctimas y que al parecer no fueron entregados para la reparación. De acuerdo con los denunciantes, siete de esos predios continúan en manos de postulado y cinco más fueron adquiridos, al parecer, por testaferros al servicio de ‘Diego Vecino’.
La magistrada con funciones de Control de Garantías anunció, además, que la finca La Beraca (antes La Pradera), de 3,8 hectáreas y a dos kilómetros de Sincelejo, “fue cautelada por solicitud de la Fiscalía el 31 de octubre de 2014 porque, según confesó el postulado en una de sus versiones, se adquirió con dineros provenientes de la actividad ilícita de las autodefensas, y estuvo en cabeza de una asociación juvenil conocida como Asojuventud”.
El problema con este predio es que al parecer fue vendido a una tercera persona, razón por la cual la magistrada Chalela solicitó que se aclarara que ocurrió con esa transacción. Al respecto, ‘Diego Vecino’ aseguró -durante la audiencia- que ante fiscales de la Justicia y Paz había mencionado esa la finca.
“Es un predio que a través de quien fungió como su dueño, habló de Asojuventud, está estrechamente relacionado con un dirigente político, excongresista y candidato a la Gobernación de Sucre, Yahir Acuña, que he nombrado en las versiones que he rendido no solo en Justicia y Paz, sino también ante la honorable Corte de Suprema de Justicia. Pero solo a partir de 2013, la Fiscalía se dedica exclusivamente a investigar el predio”, explicó el postulado.
No es la primera vez que ‘Diego Vecino’ señala al Acuña. En diversas oportunidades ha señalado que el excongresista fue el puente para que las Auc infiltraran la Universidad de Sucre, sin embargo, la justicia aún no ha corroborado esas afirmaciones.
Este postulado fue beneficiado con una decisión de la Corte Suprema de Justicia de no autorizar su extradición a Estados Unidos para que respondiera ante las autoridades de ese país por delitos asociados al tráfico de drogas. La medida se tomó en febrero de 2010 y en ella se argumentó que debía “primar el deber de velar por la protección y la asistencia a las víctimas”. (Ver: Corte Suprema niega extradición de ‘Diego Vecino’)
‘Diego Vecino’ estuvo detrás de tres de las masacres más cruentas que se perpetraron en el Caribe colombiano, se trata de las incursiones en El Salado, Mampuján y Chengue. “Ese daño no tiene explicación”, le dijo a VerdadAbierta.com en diciembre del 2009. (Ver: “No puedo explicar tanta sevicia”: ‘Diego Vecino’)
Hacia la libertad
Pese a estas investigaciones, la magistrada con funciones de Control de Garantías le concedió la sustitución de medida de aseguramiento a Cobo Téllez, no obstante aclaró que si se llega a comprobar que ha habido irregulares, será expulsado del proceso de justicia transicional y perderá todos los beneficios, entre ellos la pena alternativa.
Chalela recordó que alias ‘Diego Vecino’ fue postulado a Justicia y Paz el 15 de agosto de 2006. Inicialmente estuvo recluido en el La Ceja, Antioquia; luego pasó a la cárcel de máxima y mediana seguridad en Itagüí; después a La Picota, de Bogotá; y, finalmente, a La Modelo, de Barranquilla, donde completó los 8 años de reclusión. De acuerdo con los certificados carcelarios y de las autoridades judiciales, no hay evidencia que demuestre que en esos años participó de actividades ilegales.
El excomandante de las Auc estuvo en 24 diligencias de versión libre en las que ha contestado las preguntas de las víctimas y aclarado asuntos como fuentes de financiamiento del bloque al que perteneció, las actividades de narcotráfico y el reclutamiento de menores.
Alias ‘Diego Vecino’ firmó un acta de compromiso al final de la audiencia en la que se comprometió a asistir cada tres meses a un tribunal con funciones de Control de Garantías, a entregar un reporte completo de sus actividades, también deberá asistir a nuevas diligencias de versión libre, no acercarse a las víctimas ni salir del país. Son, en total, 13 recomendaciones.
Para obtener la libertad a prueba, el exjefe político del Bloque Héroes de los Montes de María deberá presentar una solicitud a la juez de Ejecución de Penas de Justicia y Paz, Luz Marina Zamora, para que cinco condenas vigentes que tiene en la justicia ordinaria sean acumuladas con los 8 años impuestos por Justicia y Paz.
Entre esas condenas está la del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena de Indias, que lo condenó el 9 de mayo de 2013 a 40 años de prisión por la masacre de El Salado, y la un juzgado de Sincelejo que profirió cuatro condenas en su contra: en la primera fue sentenciado el 29 de diciembre de 2009 a 14 años de cárcel por el delito de homicidio a persona protegida; en la segunda a 16 años por el asesinato de la fiscal segunda especializada de la capital de Sucre, Yolanda Paternina; en la tercera, a 21 años, por la muerte del exalcalde de San Onofre, Luis Salaiman Fayad; y en la cuarta fue sentenciado a 20 años por la desaparición de dos agentes del CTI, y dos mujeres.
