Hace un año 170 desmovilizados cumplieron ocho años en prisión, pero solo 22 están libres. A la hora de pedir su excarcelación se han tropezado con problemas de papeleo, desarticulación al interior de la Fiscalía y exigencias poco claras. Los escasos resultados ponen en duda la existencia de una verdadera justicia transicional.
En 2015, más de 500 excombatientes cumplen ocho años en prisión desde que fueron postulados a la ley de Justicia y paz, por lo que se espera que soliciten su libertad. Foto: Revista Semana.
En junio de 2005, hace casi diez años, se profirió la Leyde Justicia y Paz, la norma que propuso penas de no más de ocho años a los paramilitares a cambio de que contaran la verdad y entregaran bienes para reparar a las víctimas. De antemano se sabía que en 2013 los primeros desmovilizados culminarían su pena y que si cumplían los compromisos saldrían libres. Sin embargo, el sistema judicial parece no estar aún preparado para cumplir los acuerdos que hicieron con los excombatientes. Un mal precedente para un futuro proceso de desmovilización de las Farc.
Durante este año, 530 de los más de 2.600 desmovilizados en prisión cumplen ocho años tras las rejas, en esa cifra están incluidos todos los jefes paramilitares que estuvieron detenidos en el centro de reclusión de La Ceja en 2006 que no fueron extraditados. Tras largos procesos judiciales solo 116 del total, algo más del 20 por ciento, han sido condenados por la justicia transicional.
Aunque era previsible, los cientos de procesos en la justicia ordinaria que corren a la par de las investigaciones de Justicia y Paz son hoy un impedimento para la salida de desmovilizados. A esto se suma que aún no hay criterios claros sobre cómo medir si un exparamilitar contó toda la verdad, reparó a las víctimas o si se resocializó.
“Esto sucede porque en un comienzo se pensó que el modelo de Justicia y Paz iba a ser más rápido, entonces discusiones sobre el cumplimento no se iban a dar al final”, opina Camilo Sánchez, coordinador de investigaciones sobre Justicia Transicional en Dejusticia. Agrega que los enredos en la libertad de los postulados son efecto de una visión cortoplacista.
A raíz de esta lentitud en los procesos judiciales, en 2012 cuando se reformó la ley de Justicia y Paz, y viendo que se avecinaba la libertad de los ‘paras’, el Congreso creó la figura de la sustitución de medida de aseguramiento. Bajo esta modalidad el 80 por ciento de los desmovilizados que no han sido condenados por la justicia transicional y que han cumplido los requisitos pueden pedir la libertad. 122 desmovilizados la han solicitado, pero solo 46 han salido favorecidos.
Quienes sí han sido condenados, que es el caso de la mayoría de los exjefes paramilitares, deben recurrir a la llamada libertad a prueba que exige además que el desmovilizado haya cumplido con lo que la sentencia le ordena. A pesar de estar efectivamente fuera de la cárcel, los desmovilizados deben seguir colaborando con la justicia durante cuatro años más. Por esta medida solo hay un excombatiente en libertad. (Reintegración de exparamilitares que salgan libres durará cuatro años)
Cuando existe una condena, los exparamilitares deben acudir a las dos instancias para quedar efectivamente libres, en algunos casos, como le ocurrió a Édgar Ignacio Fierro Florez, conocido con el alias de ‘Don Antonio’, se le ha otorgado la sustitución de medida de aseguramiento, pero le han negado la libertad a prueba. Por lo tanto, tiene que seguir en la cárcel.. (Ver: El enredo en la libertad de ‘Don Antonio’ )
Los complejos proceso judiciales y la oposición que ha hecho la Fiscalía contra la libertad de varios exjefes paramilitares, lleva a los defensores y los propios exparamilitares a pensar que hay una estrategia deliberada para no dejarlos salir de la cárcel. Acusación que el ente investigador niega.
La justicia ordinaria manda la parada
Durante las primeras versiones libres de Justicia y Paz, los fiscales compulsaron copias a la justicia ordinaria para que se investigaran a los terceros, peroel ente investigador terminó duplicando procesos en contra de los excombatientes por los mismos hechos. Foto: Revista Semana.
Aunque en teoría son 47 los desmovilizados a quienes ya les aceptaron la libertad, solo 22 están efectivamente en la calle. Los demás han tenido que permanecer en la cárcel mientras se suspenden o avanzan los procesos en la justicia permanente. Lo paradójico, según dijeron varios defensores de los excombatientes, es que estos procesos se abrieron por las confesiones que ellos mismos hicieron en versiones libres.
Un ejemplo, es el caso del Bloque Centauros de las Autodefensas, un grupo paramilitar que delinquió en los Llanos Orientales. En las primeras versiones libres, hace ocho años, los desmovilizados contaron cómo entregaron civiles muertos para hacerlos pasar por guerrilleros heridos en combate. Los fiscales de la justicia transicional enviaron estas confesiones a fiscales de la Unidad de Derechos Humanos para que investigaran a los demás involucrados, en este caso, a los miembros de la fuerza púbica. Sin embargo, estos abrieron nuevos procesos contra los paramilitares por los mismos hechos, incluso libraron ordenes de captura contra personas que ya estaban en la cárcel.
“Cuando los postulados versionaban, compulsábamos copias a la justicia ordinaria. La lógica era que se iniciaran investigaciones frente a los terceros, eso no se entendió y se imputaron y formularon cargos a los postulados. Alias ‘HH’ terminó con 70 sentencia en menos de tres meses, igual que ‘el Alemán’”, dijo una fuente de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía.
Como se trata de jefes de grupos que cometieron todo tipo de atrocidades, cientos de investigaciones se esparcieron por todas las direcciones de la Fiscalía, en la mayoría de los casos duplicando el trabajo que ya se estaba haciendo, y aún hoy no hay claridad de cuántas procesos siguen en curso. Los abogados que defienden a los exparamilitares del Bloque Córdoba hicieron un primer sondeo en Montería y encontraron más de 300 investigaciones en despachos de la Fiscalía, la mayoría inactivas.
“Yo creo que el proceso de justicia transicional que tenemos en Colombia es único, donde los procesos siguen activos a lado y lado en Justicia y Paz y en la ordinaria”, dijo la defensora de un exparamilitar que pidió la reserva de su nombre.
Cuando se reformó la ley de Justicia y Paz en diciembre de 2012, se crearon las figuras para suspender investigaciones y acumular sentencias. El problema fue que la ley especificó que solo se podían suspender las investigaciones una vez estuviera en firme la medida de aseguramiento en la justicia ordinaria -un procedimiento que se inicia ante los jueces cuando el ente investigador ya tiene las pruebas-. Este confuso problema de trámite ha impedido a decenas de postulados salir de la cárcel.
“Las compulsas están matando la idea de justica transicional, los que tienen preparación son los fiscales y magistrados de Justicia y Paz. No tiene sentido que después de tantos esfuerzos sociales y económicos todo lo terminé decidiendo un fiscal de la justicia ordinaria que no sabe nada de esta ley”, aseguró Camilo Sánchez.
La Corte Suprema ha dicho que este problema debe coordinarse al interior de la Fiscalía, y aunque ha habido algunos esfuerzos de los fiscales de Justicia y Paz para hacerle entender a sus pares que están duplicado el trabajo y congestionando la entidad con procesos innecesarios, no ha sido posible un cambio. Tampoco han sido muchos los logros de la Dirección de Articulación de Fiscalías Nacionales, una dependencia del ente investigador encargada, entre otras cosas, de evitar este tipo de desconexiones entre la justicia ordinaria y la transicional.
En la práctica este desorden del ente investigador ha repercutido en procesos como el de Úber Banquez, alias ‘Juancho Dique’, quien fue uno de los jefes del Bloque Montes de María de las Auc. El mismodía que se le dieron la libertad a prueba, una fiscal de derechos humanos desempolvó una investigación por la masacre de cuatro trabajadoras sexuales en el Centro Histórico de Cartagena en 2003. ‘Juancho Dique’ había aceptado el crimen y ya está siendo procesado por los mismos en el justicia transicional, quienes no han respondido por estos hechos son los empresarios que pagaron para que este crimen se cometiera.
Algo peor ocurrió en el caso de José de Jesús Pérez, alias ‘Sancocho’, ex jefe un frente Farallones del Bloque Calima que delinquió en el Cauca, a quien los medios lo anunciaron como el primer paramilitar de alto rango en quedar libre por orden de la Corte Suprema. Pero lo cierto es que casi un año después de expedida la sentencia, Pérez no ha podido salir del centro de reclusión, porque las investigaciones que cursan contra él en la justicia ordinaria no han sido suspendidas, aunque se trata de delitos ya investigados en la justicia transicional.
Las confusas decisiones de los jueces
En Colombia hay 10 magistrados de conocimiento de Justicia y Paz. Ellos son quienes han condenado a los excombatientes y han seguido el proceso judicial de cada uno de ellos, sin embargo, no son quienes toman la decisión de su libertad en primera instancia. Foto: Revista Semana.
El panorama en los tribunales de Justicia y Paz tampoco es muy claro. A finales del año pasado, cuando ya comenzaba la oleada de peticiones de sustituciones de medida de aseguramiento, se reunieron los cinco magistrados de control de garantías de Justicia y Paz que existen en el país. La idea era crear unos parámetros generales para tomar las decisiones, pero no se logró. La conclusión fue que cada magistrado conservaba la independencia.
Esto se ha visto reflejado en sus pronunciamientos. Algunos magistrados son mucho más exigentes en sus requisitos que otros, de forma que la suerte del desmovilizado depende en parte de las manos en las que caiga su proceso.
A los primeros exparamilitares que pidieron su libertad, se las negaron por razones de papeleo o faltas menores. Por ejemplo, como parte de los requisitos se exige un certificado de buena conducta que es expedido por el Inpec, pero cuando los desmovilizados tuvieron que trasladarse a cárceles de otras ciudades para asistir a audiencias o ir a diligencias de exhumación hay lapsos de tiempo que el centro penitenciario no certificó. Los magistrados no concedieron la libertad por esa razón.
Les negaron su excarcelación también por faltas menores reportadas por los centros carcelarios como tener licor o celulares no permitidos es sus celdas y haber entrado a sus redes sociales sin permiso. Conductas por las cuales ya habían recibido sanciones por parte del Inpec. La Corte Suprema ha sido tajante en pedir mayor flexibilidad en estas decisiones y poco a poco se han sentado unos parámetros que han permitido que los primeros desmovilizados puedan salir a las calles.
La situación se complica para una minoría de exparamilitares cuya sentencia está en firme, pues la ley exige que la decisión la tome un juez de ejecución de penas, para eso fue designada la juez Luz Marina Zamora. Dos de sus primeras decisiones fueron controversiales: a ‘Don Antonio’ no solo le negó la libertad por no haber asistido a un acto para pedir perdón (a pesar de que el exjefe paramilitar aseguró que fue la Unidad de Víctimas quien aplazó el evento), sino que pidió su exclusión del proceso de Justicia y Paz; a Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quien lleva más de ocho años en prisión, le negó la solicitud porque dijo que no llevaba un solo día en la cárcel por cuenta de justicia y paz y libró contra el preso unaorden de captura. Esto a pesar de que la Corte Suprema ya había aclarado que el tiempo de pena cuenta a partir del momento que el gobierno postuló a los excombatientes a Justicia y Paz. (Ver: Por qué se enredó la libertad de ‘El Alemán’)
“Es un problema que se presenta cada vez que se incorpora una nuevo actor a la justicia transicional. Ya al final del proceso entra la figura del juez de ejecución de penas que viene de un esquema totalmente diferente y no conoce los procesos y con quien hablar de conceptos macro-delincuencia es complicado”, aseguró una fuente de la Dirección de Justicia Transicional que pidió la reserva de su nombre.
Por encima de esta juez están los diez magistrados de conocimiento, que son los que en realidad han estado presentes en todo el proceso. A partir de fuertes pronunciamientos han revocado algunas de las decisiones de la juez de control de garantías, como la de ‘El Alemán’. Los últimos autos de libertad a prueba como el de Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, revelan una posición más flexible por parte de Zamora. (Ver: ‘Julián Bolívar’ a punto de salir en libertad)
Expertos en el tema coinciden en que el problema obedece a que la ley está mal planteada y que lo ideal es que sean estos últimos, los magistrados de conocimiento, quienes tomen las decisiones de cierre de justicia transicional, porque tienen más elementos de juicio para saber quién cumplió y quién no.
¿Cómo medir que cumplieron?
Los conceptos de los magistrados de control de garantías sobre el cumplimiento de los deberes por parte de los desmovilizados no son unánimes, pero poco a poco la Corte Suprema ha sentado una posición más clara. Foto: Revista Semana.
Más allá de los líos de papeleo, uno de los problemas más espinosos es bajo qué parámetros se va a medir que los postulados cumplieron con los compromisos de fondo, es decir, que dijeron la verdad, que entregaron bienes para reparar a las víctimas y que mientras estuvieron en la cárcel hicieron un esfuerzo por resocializarse.
“Nunca hubo un debate de qué significa la contribución sustantiva al proceso. Siempre les dijeron que si no cumplían perdían los beneficios. Pero no se trazó una línea razonable con criterios claros. En algunos casos parece que esperamos que estos desmovilizados sean un informe de la verdad del conflicto andante”, dijo Camilo Sánchez.
La ley deja claro que para certificar el cumplimiento en verdad es suficiente un certificado de la Fiscalía o del magistrado de conocimiento, según la etapa en la que se encuentre el proceso. La Corte subrayó este requisito en el caso del exjefe paramilitar Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, pues en primera instancia se le negó la libertad argumentando que la verdad no se trataba de “una sumatoria de diligencias judiciales”. Vale aclarar que este es uno de los casos que más genera controversia, porque las víctimas han dicho una y otra vez que el exparamilitar ocultó verdades que de antemano conocía. (Ver: Los olvidos de ‘Juancho Prada’)
La Corte Suprema ha dicho en varias oportunidades que en Justicia y Paz es necesario flexibilizar el concepto de verdad, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que ha trascurrido y la cantidad de delitos que cometieron estos grupos armados. “el hecho de que el postulado no hubiese relatado pormenorizadamente cada uno de los hechos en los que admitió tener responsabilidad, no puede asumirse como el incumplimiento de la exigencia”, dicta el alto tribunal.
A esto se suma que contra varios exjefes paramilitares se abrieron investigaciones por falso testimonio, en la mayoría de los casos por versiones que entregaron contra parapolíticos. A ‘Juancho Dique’ lo demandaron por negar ante la Corte el hurto de ganado, a alias ‘Don Antonio’ por supuestamente no decir la verdad en el caso de Silvia Gette, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe y a Iván Ernesto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, de mentir en contra del parapolítico Hugo Aguilar.
La Fiscalía dice que de demostrarse que mintieron serían excluidos de la justicia transicional, pero para ellos se requiere un fallo de la justicia ordinaria. El problema es que las investigaciones se han tardado hasta tres años sin mostrar avances significativos. No obstante, la sola existencia de un proceso ha sido argumento suficiente para que delegados de la Procuraduría y defensores de víctimas se opongan a la libertad.
En términos de entrega de bienes los desafíos son mayúsculos, pues la ley plantea si estando en libertad, la Fiscalía encuentra que los desmovilizados ocultaron bienes, pierden automáticamente los beneficios de Justicia y Paz y regresarían a la cárcel a cumplir una pena de 40 años. Ese compromiso se mantiene durante esos mismos 40 años, eso quiere decir que si por ejemplo un postulado lleva 29 años libres y encuentran un bien que no entregó a las autoridades, pues le tocaría regresar a la cárcel.
En procesos como el de Edward Tobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, y ‘Juancho Prada’ la Fiscalía, aunque no se ha opuesto a su libertad, ha dicho que sigue investigando algunos bienes que ocultaron o que al parecer serían ilegales. La Corte Suprema ha dicho que el ente investigador ya tuvo ocho años para perseguir los bienes de los exparamilitares y que en caso de tener pruebas de alguna ilegalidad debe pedir inmediatamente la exclusión de estas personas del proceso de Justicia y Paz.
“Nosotros simplemente planteamos que algunos postulados no han hecho actos genuinos de reparación. A veceshablamos de comandantes de grupos que se financiaron del narcotráfico y solo entregaron diez millones de pesos, ese no es el sentido natural de las cosas. Pero si no tenemos elementos de juicio para pedir la exclusión, no lo vamos a hacer”, dijo la fuente de la Dirección de Justicia Transicional.
Otro ‘cuello de botella’ ha resultado el tema de la resocialización, una condición para otorgar la libertad. A ‘Ernesto Báez y a Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, un magistrado de control de garantías les negó su excarcelación argumentando que durante los primeros años se muestra que no participaron en actividades de resocialización dentro del centro carcelario.
Una queja constante de los postulados ha sido la ausencia de actividades de resocialización creadas por el Inpec. De hecho ante la falta de programas y previendo la pronta salida de los exparamilitares, cuando el Congreso de la República modificó la ley de Justicia y Paz, pidió al Inpec crear programas de resocialización que brindara también acompañamiento psicosocial a los desmovilizados. En algunas cárceles desde el año pasado el Ministerio de Justicia se ha hecho responsable del asunto.
Los propios magistrados de conocimiento han criticado en varias oportunidades esta carencia. “He cuestionado seriamente la labor del Inpec y por esta misma razón, la del Ministerio de Justicia. Esto por cuanto la operatividad de aquel instituto adolece, por no haber sido creado para ellos, de políticas que de manera eficaz administren las exigencias de resocialización de la población carcelaria de Justicia y Paz”, dijo la magistrada Alexandra Valencia en un salvamento de voto.
Los que ya están libres
La mayoría de los exjefe paramilitares que en 2006 estuvieron en el centro de reclusión La Ceja y no fueron extraditados a la Estados Unidos cumplieron ya los ocho años de prisión, pena alternativa de Justicia y Paz. Foto: Revista Semana
Una vez afuera, los desmovilizados están obligados a comenzar una ruta de reinserción de la Agencia Colombia para la Reintegración (ACR) que dura cuatro años, tiempo que corresponde a la mitad del tiempo de condena. Una vez salgan de la cárcel tienen 30 días para presentarse ante la ACR y firmar un acuerdo de ingreso al programa. Hasta ahora hay 22 personas ubicadas en las principales ciudades del país que ya comenzaron su ruta. Con esta pequeña prueba piloto se han podido evidenciar los retos a los que enfrentará el país en los próximos años.
Dicha ruta de reintegración varía sustancialmente de la que recorren los desmovilizados que no pasaron por la cárcel. Para los postulados a ley de Justicia y Paz se designaron a los más experimentados funcionarios de la Agencia y cada uno tendrá a su cargo el proceso de diez desmovilizados.
Una de las principales preocupaciones es la reintegración laboral, pues los excombatientes tienen que seguir asistiendo a las audiencias y versiones libres que los citen, lo que dificulta conseguir un trabajo fijo. Además, a diferencia de los otros reinsertados, por ley quienes salgan de las cárceles no tendrán derecho a acceder a un capital semilla para comenzar sus propios proyectos productivos.
A esto se suma que sus prontuarios criminales son públicos y sus condenas por crímenes de lesa humanidad no solo espanta a las empresas privadas, sino que les impide contratar con el Estado. A pesar de esas dificultades, según la ACR, ya once de ellos tienen trabajos en talleres mecánicos, construcciones, plazas de mercado, entre otras. Cinco son bachilleres y tres están actualmente estudiando.
Los postulados de la Ley de Justicia y Paz han reiterado el temor por su seguridad. De acuerdo con la versión de uno de los abogados que defienden a los exparamilitares del Bloque Catatumbo, uno de los desmovilizados salió libre y regreso a Córdoba, pero tuvo que cambiar de lugar de residencia porque a su casa llegaron panfletos amenazantes. La situación fue denunciada ante el magistrado de control de garantías de Medellín.
El panorama aún no es claro y los excombatientes están atentos a un decreto que se espera salga en un mes, en que quedé claro qué entidad será la responsable de protegerlos una vez estén fuera de la cárcel. Peligro que será más latente en el caso de los jefes paramilitares que aún no han quedado en libertad.
Pero la Agencia es consciente de que tal vez el principal reto será que la comunidad en general los acepté y dejé de percibirlos como los asesinos que fueron, “Esto ya no puede ser visto desde la perspectiva del pánico, sino tiene que verse desde la realidad para plantear qué vamos a hacer. No podemos crear un ghetto donde tengamos a más de dos mil postulados de Justicia y Paz porque nadie los quiere ver”, aseguró Esneyder Cortés, director programático de la ACR.
Así van las libertades
VerdadAbierta.com hace un recuento de qué ha pasado con las solicitudes de libertad de los principales jefes paramilitares que no fueron extraditados y que ya cumplieron su condena.
Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’
El exjefe del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las Auc hizo un primer intento por solicitar la libertad a prueba, pues ya está condenado, pero la juez de ejecución de penas aseguró que aún no había cumplido la pena contada desde el momento en que fue postulado. Agregó que los bienes que ofreció aún no habían entrado oficialmente al Fondo para Reparar a las Víctimas, procedimiento que no depende del postulado. La defensa del exjefe paramilitar no apeló y espera solicitar la libertad nuevamente.
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- Tampoco logró que le otorgaran la sustitución de medida de aseguramiento, pues según un magistrado de control del garantías desde 2007 a 2009 no cumplió con los requisitos de resocialización. Los abogados aseguran que para ese entonces el desmovilizado fue citado continuamente a diligencias de versión libre y no pudo asistir a dichas actividades.
Tres desmovilizados, que fueron subalternos de ‘El Iguano’, no han podido salir por investigaciones de falso testimonio en contra de coronel (r) de la Policía William Alberto Montezuma, quien fue director de la Sijin de Cúcuta para la época que delinquió el Bloque Catatumbo. “No es posible que por un lado la Fiscalía les impute falso testimonio y por el otro use sus versiones para inculpar al Coronel. El problema es que esos procesos de la justicia ordinaria son demorados y hasta que no se resuelvan no van a poder salir o en su defecto pueden ser devueltos a la cárcel en cualquier momento”, dijo Jaime Paeres, defensor de los postulados.
Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’
Este exjefe paramilitar que delinquió en Atlántico y fue mano derecha de Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, fue el primero en solicitar que lo dejaran salir de la cárcel, pero el proceso judicial se enredó tanto que aún no hay certeza de cuánto tiempo le queden tras las rejas. En junio de 2012, la Corte Suprema de Justicia le concedió a alias ‘Don Antonio’ la sustitución de medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad, es decir que consideró que el postulado cumplió con sus compromisos y que, por lo tanto, podía quedar en libertad condicional.
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- Sin embargo, en la misma semana, en una decisión sin precedentes, la juez de ejecución de penas, Luz Marina Zamora, no solo le negó la libertad por pena cumplida a alias ‘Don Antonio’, sino que le revocó la rebaja de pena, lo que significa que Fierro Flores pasaría de estar recluido 8 años a 40 años en la cárcel. Esto porque consideró que el exparamilitar no les pidió perdón públicamente a sus víctimas, como se lo exigió una condena de la Corte Suprema en junio de 2012.
En dicho fallo le exigieron que en un plazo de seis meses debía publicar unas disculpas públicas en un diario de alta difusión nacional y hacer un evento en público en los municipios de Atlántico, Cesar y Magdalena donde delinquió. El exparamilitar dijo que no había podido organizar el evento para pedir perdón por problemas logísticos de la Unidad de Víctimas, agregó que remitió un borrador de las disculpas públicas a dicha entidad el 28 de enero de 2013 con el fin de que le ayudara a la socializarlo con las víctimas, pero que un año y cinco meses después la entidad le respondió diciendo eso era responsabilidad del victimario.
Lo cierto es que cinco meses después de este fallo las entidades encargadas y el mismo ‘Don Antonio’ por fin se pusieron de acuerdo y organizaron un evento en Barranquilla. La defensa de ‘Don Antonio’ apeló la decisión de la juez Zamora y se espera la respuesta de los magistrados de conocimiento de Justicia y Paz.
Aunque las dos decisiones resultan contradictorias, la Corte Suprema aclaró que las dos figuras – la sustitución de medida y la libertad a prueba – son independiente y en el caso de Fierro Flórez las dos son necesarias para quedar en libertad.
Al mismo tiempo, la Fiscalía inició un proceso contra Fierro Flores por falso testimonio en contra de Silvia Guette, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe a la que se le sindica de haberse aliado con las Auc.
Úber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’
Este es uno de los procesos judiciales más enredados y que impone retos a la justicia transicional. Luego de una pelea en los tribunales de Justicia y Paz, ‘Juancho Dique’, uno de los exjefes paramilitares del Bloque Montes de María y quien fue el primer condenado en Justicia y Paz, obtuvo la libertad prueba y la sustitución de medida de aseguramiento al demostrarse que cumplió con todos los requisitos.
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- En su momento la Fiscalía se opuso argumentando que el postulado siguió delinquiendo desde la cárcel, pues en la justicia ordinaria lo investigan por falso testimonio y fraude procesal, por haber negado el hurto de ganado en el proceso que se seguía contra Álvaro ‘el Gordo’ García, autor intelectual de la masacre de Macayepo. La Corte Suprema le dio la razón a ‘Juancho Dique’ y ordenó su excarcelación. (Ver: Por qué ‘Juancho Dique’ no va a quedar aún en libertad)
Una vez pensó que iba a ser el primer exjefe paramilitar en salir de la cárcel, los problemas aparecieron en la justicia ordinaria. Los magistrados de Justicia y Paz ordenaron la suspensión y acumulación de la penas, tarea que queda en manos de jueces de ejecución de penas de la justicia ordinaria. Los días pasaron y los jueces no han cumplido, razón por la cual el defensor de ‘Juancho Dique’, el abogado Jorge Noguera, invocó un Hábeas Corpus, una figura que se utiliza cuando se prolonga ilegalmente la privación de libertad de un ciudadano, pero la Corte Suprema lo negó.
A esto se suma que aunque se había pedido la suspensión de todas las investigaciones y sentencias notificadas por la Fiscalía, una vez decretada la libertad apareció una juez de Turbaco con una sentencia que, según cuenta Noguera, no fue notificada a Bánquez porque no conocían su lugar de residencia.
Este fallo condena a ‘Juancho Dique’ por sedición, un delito político. El problema es que en 2006 la Corte suprema dijo que ningún exparamilitar podía ser condenado por ese delito en Justicia y Paz, pues consideraba que su actuar criminal no tuvo una razón política y el delito base debía ser el concierto para delinquir. Con este pronunciamiento del Alto Tribunal ha sido imposible hasta ahora acumular esta sentencia al proceso de Justicia y Paz, apesar de que se trata de hechos que cometió cuando fue jefe del bloque paramilitar.
También, una fiscal de la Dirección de Derechos Humanos que estaba investigando una masacre contra cuatro trabajadoras sexuales ocurrida en la Torre del Reloj de Cartagena, hechos que ya fueron confesados por ‘Juancho Dique’ en la justicia transicional. Fiscales de Justicia y Paz intentaron conciliar con esta funcionaria, pues hasta que ella no dicte medida de aseguramiento no es posible suspender el proceso y el exjefe paramilitar no puede salir en libertad, pero no fue posible llegar a un acuerdo.
Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’
Cuando el exjefe del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia pidió la libertad a prueba, el Juzgado de Ejecución de Sentencias rechazó la solicitud porque no había cumplido con la pena alternativa contemplada en la Ley de Justicia y Paz, de ocho años de prisión; y que contra Rendón Herrera había siete procesos en la justicia ordinaria pendientes que debían sumarse al expediente que le abrió la justicia transicional. Ese juzgado dijo no tener competencia para acumular esos procesos. (Ver: ¿Por qué se enredó la libertad de ‘El Alemán’?)
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- Sin embargo, la Sala de Justicia y Paz de Bogotá determinó que sí tiene esta facultad cuando se trata de condenas proferidas por la justicia ordinaria. Además, revocó la decisión la de juez de ejecución de penas y le otorgó la libertad. (Ver: Ahora sí, libertad para ‘El Alemán)
Hace falta en su caso una audiencia de sustitución de medida de aseguramiento y que se acumulen los procesos que siguen en curso en la justicia ordinaria como parte de su proceso en Justicia y Paz.
Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’
El exjefe paramilitar del Bloque Montes de María fue, junto a ‘Juancho Dique’, el primer paramilitar en ser condenado en junio de 2010 en Justicia y Paz por su responsabilidad en la masacre de Mampuján, entonces debe solicitar su libertad por los dos caminos – sustitución de medida de aseguramiento y la libertad a prueba.
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- Hasta ahora la magistrada de control de garantías de Justicia y Paz de Barranquilla le concedió la sustitución de medida. La Fiscalía, aunque no se opuso a la decisión, ni mostró pruebas contundentes para pedir una exclusión, puso en duda la legalidad de los bienes que ‘Diego Vecino’. (Fiscalía tiene dudas sobre reparación a víctimas de ‘Diego Vecino’).
Para quedar libre efectivamente, hace falta aún que solicité la libertad a prueba antes la juez de ejecución de penas de Bogotá.
Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’
El comandante político del Bloque Central Bolívar ya cumplió ocho años recluido en la cárcel de Itagüí. Fue elegido como uno de los postulados a priorizar, es decir, que su proceso judicial se agilizó para que las personas que estuvieron bajo su mando se puedan acoger a una sentencia anticipada. Sin embargo, no ha sido aún condenado, porque lo que solicitó únicamente la sustitución de medida de aseguramiento.
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- Un magistrado de control de garantías de Bogotá le negó su petición porque consideró que ‘Ernesto Báez’ no había hecho un esfuerzo por resocializarse. Según las actas del Inpec el exjefe paramilitar no asistió durante los primeros años de reclusión, entre 2006 y 2009, a ningún tipo de capacitación. La decisión se tomó sin tener en cuenta si para ese entonces existía una oferta de cursos en la cárcel.
Agregó que a pesar de entregar los certificados de la Fiscalía en los que consta que confesó más de 1.700 delitos, eso no demuestra que afectivamente contribuyó a la verdad. Esto a pesar de que la Corte Suprema ha dicho que dicho certificado es el requisito necesario para probar que dijeron la verdad.
Aunque el Inpec calificó la conducta de ‘Ernesto Báez’ como buena, el magistrado puntualizó en dos actividades que encuentra reprochables: haber recibido diez millones de pesos a cambio de cocinar los alimentos para sus compañeros en la prisión y la venta de zapatos dentro de la cárcel en 2006, actividad conocida de antemano por la Fiscalía y los magistrados, pues de ahí Duque sacó cien millones de pesos que entregó como parte de reparación a las víctimas. Sobre este aspecto la Corte también ha aclarado que las faltas menores dentro de la cárcel no son elemento suficiente para negar la libertad.
El magistrado se refirió también a cinco procesos que se adelantan contra el exjefe paramilitar por falso testimonio. La mayoría están relacionados con versiones que dio en contra de parapolíticos ya condenados como el exrepresentante a la Cámara Juan Pablo Sánchez y el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar. Estos procesos llevan tres años sin ningún tipo de resultados.
Fredy Gallo Bedoya, alias ‘El Pájaro’
Fue el primer exjefe paramilitar en quedar libre. Hizo parte de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, comandadas por el paramilitar Ramón Isaza. Gallo Bedoya fue el jefe del frente Celestino Mantilla un pequeño grupos paramilitar que delinquió en el municipio de Guaduas entre 2002 y 2006, antes, en la década de los 80 alias ‘El Pájaro’ delinquió en el Autodefensas de Puerto Boyacá.
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- La magistrada de control de garantías le concedió la sustitución de medida de aseguramiento, pero la Fiscalía, a pesar de haber presentado el certificado de contribución a la verdad, se opuso. El fiscal que lleva el caso aseguró que Gallo Bedoya no tuvo voluntad de contar los crímenes que cometió cuando hizo parte de las Autodefensas de Puerto Boyacá, agregó que en Justicia y Paz el encargado de dar a conocer los crímenes es el postulado.
La Corte Suprema le dio la razón a la magistrada y recordó a al ente investigador que la justicia transicional no consiste en solo versiones libres donde los postulados cuentan sus crímenes, sino que la Fiscalía debe investigar. Agregó que desde mediados de 2008 ‘El Pájaro’ confesó haber pertenecido a los dos grupos, pero solo en abril de 2012 fue llamado a versionar hechos ocurridos en Puerto Boyacá. El Alto Tribunal recordó una vez más que si la Fiscalía tiene pruebas de que los exparamilitares están mintiendo o se niegan a contar la verdad deben pedir su exclusión del proceso.
‘El Pájaro’ está libre y ya hace parte del programa especial de la Agencia Colombiana para la Reintegración.
Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’
Este exjefe paramilitar ya fue sentenciado por el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, pero como el fallo fue apelado y la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado, no requería pedir la libertad a prueba.
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- Le negaron la sustitución de medida de aseguramiento en primera instancia. El magistrado argumentaba que el exparamilitar no había contado toda la verdad sobre los delitos que cometió, a pesar de que la Fiscalía expidió el certificado de contribución, pues aseguró que la verdad no se trataba de “una sumatoria de procesos judiciales”. Agregó que había investigaciones en curso por bienes que el paramilitar pudo haber ocultado a nombre de familiares.
En febrero de 2015, la Corte Constitucional revocó esta decisión y le concedió la medida. En esta decisión el Alto Tribunal aclaró que en Justicia y Paz la verdad era un concepto flexibley que no era necesario que el postulado contara el detalle de cada uno de los hechos que cometió sus grupos, siempre y cuando aceptara los cargos por línea de mando. Sobre los bienes argumento que hasta que no se demuestre que el exparamilitar ocultó bienes no se puede negar su libertad.
Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’
Para expertos en el tema, la sentencia contra este jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar muestra que el Juzgado de Ejecución de penas ha entendido los mensajes enviados por los magistrados de control de garantías y ha flexibilizado sus posturas. La juez de ejecución de penas de Justicia y Paz, Luz Marina Zamora, aceptó su petición y le concedió la libertad a prueba, pues aseguró que cumplió con los deberes de verdad, justicia y reparación que exige esta ley de la justicia transicional. (Ver: ‘Julián Bolívar’, a punto de salir en libertad)
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- El gobierno nacional negó la extradición Rodrigo Pérez a Estados Unidos para responder por delitos asociados al tráfico de estupefacientes el pasado 6 de marzo. La juez aseguró que en caso de que el exparamilitar incumpla alguno de los compromisos de la ley, deberá darse aviso al Ministerio de Justicia para que revoque la resolución y sea enviado a comparecer ante la justicia norteamericana.
Por tal razón, para quedar en libertad efectivamente a ‘Julián Bolívar’ le hace falta una última audiencia ante los magistrados de control de garantías para que le sustituyan la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad. El exjefe paramilitar aseguró que una vez quede libre se radicará en Medellín junto a su familia y no regresaría a los lugares donde delinquió como el sur de Bolívar, el Magdalena Medio, Santander, Boyacá y Cundinamarca.
