La JEP, víctimas y el regreso de la CPI al debate en Colombia  

La JEP y víctimas de las extintas Farc acuden a la CPI en medio de rumores sobre una posible salida de Colombia de esta instancia judicial internacional.

Ocurrió casi en simultáneo. Ante un anunciado recorte del presupuesto operacional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que podría debilitar severamente su posibilidad de actuar sobre crímenes graves cometidos en medio del conflicto armado, este organismo llevó sus preocupaciones a la Corte Penal Internacional (CPI).

En paralelo, un grupo de víctimas de las antiguas Farc, crítico de la JEP, solicitó a la Fiscalía de la CPI volver a estudiar la situación de Colombia argumentando que las sanciones establecidas contra los exjefes guerrilleros por la práctica sistemática del secuestro eran demasiado livianas.

Estos dos hechos ocurren en medio de rumores de que el gobierno de Abelardo de la Espriella, estaría considerando retirarse del Estatuto de Roma, el tratado que rige la CPI que, en 2021 concluyó que las autoridades nacionales tenían la capacidad y disposición de investigar y juzgar genuinamente los crímenes de guerra y de lesa humanidad que le competen. El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, ha señalado que los recursos previstos estarían por debajo de lo solicitado y que la reducción podría afectar, entre otros aspectos, la protección de víctimas, testigos y funcionarios, el funcionamiento de las sedes y la seguridad de la información de los procesos.

La discusión por el presupuesto de la JEP

La discusión sobre los recursos de la JEP comenzó el 17 de septiembre, cuando el senador Enrique Gómez propuso recortar $100.000 millones del presupuesto de la jurisdicción para 2027 y trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura. Ese mismo día, el presidente Abelardo de la Espriella respaldó públicamente la iniciativa. Posteriormente, el recorte incluido en la ponencia del Presupuesto General de la Nación ascendió a $170.000 millones y fue aprobado el 23 de septiembre por las comisiones económicas del Congreso. 

En el Congreso también cursa una propuesta de reforma constitucional que plantea una revisión judicial “automática”, a cargo de la Justicia Penal Militar, de las sentencias dictadas por la JEP contra miembros de la Fuerza Pública.

Ramelli, ha advertido que los recursos asignados para 2027 estarían por debajo de las necesidades planteadas por la jurisdicción. Según la JEP, la reducción propuesta afectaría recursos destinados, entre otras cosas, a la protección de víctimas, testigos y funcionarios, al funcionamiento de sus sedes y a la seguridad de la información de los procesos.

“El traslado de $100.000 millones, apoyado públicamente por el Gobierno, desconoce de manera directa el compromiso de asignar el presupuesto necesario para la implementación de la JEP”, explicó Ramelli.

“Además, al comprometer su infraestructura física y tecnológica y el sistema de protección de quienes intervienen ante la Jurisdicción, afecta las obligaciones de prevenir interferencias con sus funciones y garantizar la seguridad de sus operadores y participantes”, dijo. La Jurisdicción sostiene que necesita recursos suficientes para cumplir las funciones que le fueron asignadas por el Acuerdo de Paz de investigar, esclarecer y sancionar los crímenes cometidos durante el conflicto. Para las víctimas, la capacidad de la JEP para investigar, garantizar su participación y avanzar en los procesos es determinante. 

Camilo Ramírez, profesor e investigador de la Universidad El Bosque, asegura que una eventual afectación de la JEP podría tener consecuencias frente al principio de complementariedad de la CPI. “Si se debilita o se intenta cerrar la JEP y queda un escenario de impunidad, la Corte Penal Internacional va a decir: ‘Allá hay impunidad porque no hay nadie que investigue, me toca abrir otra vez la situación contra Colombia’”, afirmó.

Esta interpretación parte de una de las funciones centrales de la CPI: intervenir cuando un Estado no está dispuesto o no tiene capacidad para investigar o juzgar de manera genuina los crímenes que están bajo su competencia. 

El antecedente de la CPI en Colombia

La CPI mantuvo entre 2004 y 2021 un examen preliminar sobre la situación en Colombia. Durante ese periodo analizó información relacionada a la actuación del sistema judicial colombiano frente a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En octubre de 2021, la Fiscalía de la CPI anunció el cierre del examen preliminar tras concluir que las autoridades nacionales se habían mostrado activas y que tenían la  voluntad y capacidad para investigar y juzgar genuinamente los crímenes comprendidos en el Estatuto de Roma. 

En ese momento, la Fiscalía de la CPI señaló: “Debe encomiarse al Gobierno de Colombia, así como a los tribunales ordinarios, los tribunales de la Ley de Justicia y Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, la sociedad civil y el pueblo de Colombia, por su resiliencia y determinación a efectos de exigir justicia y rendición de cuentas en su búsqueda de paz”.

Entre los hechos analizados durante el examen estuvieron los llamados ‘falsos positivos’, relacionados con el Caso 03 de la JEP, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate. También fueron objeto de análisis los secuestros y otras graves privaciones de la libertad atribuidas a las antiguas Farc, investigados por la JEP en el Caso 01.

La solicitud de las víctimas

Y aunque para muchas víctimas los procesos ante la JEP sí han significado una medida de justicia, otras critican duramente la jurisdicción. 

En septiembre, un grupo de víctimas de las antiguas Farc, pidió a la Fiscalía de la CPI reabrir el examen sobre el país por crímenes de lesa humanidad atribuidos a exintegrantes de esa guerrilla. Específicamente , los solicitantes argumentan que las sanciones establecidas por la JEP en el caso de los secuestros  no constituyen una respuesta penal efectiva y reparadora.

“Las víctimas de las Farc no encontrarán en la JEP la satisfacción de sus derechos a la verdad, la justicia o la reparación, estos son y serán discriminados, porque las víctimas del Estado tienen garantías legales, procesales y patrimoniales para ver sus derechos reconocidos”, aseguró la Federación de Víctimas de las Farc en la solicitud a la CPI dada a conocer por El Espctador.

Hasta la fecha, la CPI no ha respondido públicamente a la solicitud. 

Pero es justamente la posibilidad de perder esa instancia lo que tiene preocupada a otras víctimas. Una eventual salida de Colombia de la CPI implicaría “dejar sin una instancia internacional de recurso a las comunidades afectadas por el conflicto armado y las violencias estructurales”, dijo el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), en un comunicado junto con otras organizaciones. 

En su pronunciamiento, las organizaciones señalaron que la permanencia de Colombia en el sistema de justicia internacional constituye “una victoria histórica de las víctimas y una garantía fundamental de protección colectiva”. También plantearon que la CPI puede representar un mecanismo frente a escenarios de impunidad cuando las instituciones nacionales no investigan de manera oportuna determinados crímenes.

Ramírez, de la Universidad de El Bosque, destacó el papel que puede tener la Fiscalía de la CPI para las víctimas. “En todo ese tránsito, las víctimas tienen un interlocutor internacional que es la Fiscalía de la CPI. Muchas veces la intervención de estos organismos hace que los funcionarios y la institucionalidad se muevan y las víctimas empiecen a ver un poco más de justicia, verdad y reparación”, aseguró. 

¿Qué se sabe sobre un eventual retiro de Colombia?

Hasta ahora, el Gobierno De la Espriella no ha anunciado oficialmente su intención de retirar a Colombia del Estatuto de Roma. El eventual mecanismo jurídico es, además, objeto de distintas interpretaciones entre expertos. 

Una eventual renuncia del Estatuto no produciría efectos inmediatos y la salida no borraría las obligaciones adquiridas por Colombia durante el tiempo en que haya sido parte. El artículo 127 del Estatuto de Roma establece que un Estado Parte puede denunciar el tratado mediante una notificación escrita dirigida al secretario general de Naciones Unidas y que surte efecto un año después. El mismo artículo establece que la denuncia no exonera al Estado de las obligaciones que hubiera adquirido mientras era parte del Estatuto y que tampoco impide la cooperación con la Corte en investigaciones y enjuiciamientos iniciados antes de que la salida surta efecto.

En Colombia existe, sin embargo, un debate sobre los pasos que deberían cumplirse internamente para tomar una decisión de ese tipo.

Fabián Cárdenas, profesor de la Universidad Javeriana, experto en derecho internacional, el procedimiento no se limitaría a que el ejecutivo denunciara el tratado. A su juicio, la decisión tendría que pasar por el Congreso mediante un acto legislativo y posteriormente por una revisión de la Corte Constitucional.

“En derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Esta aprobación se hizo por acto legislativo, por lo que sería necesario un paso por el Congreso, así como una revisión de la Corte Constitucional”, aseguró Cárdenas.

Una posición similar tiene Ramírez, quien considera que el retiro no sería una decisión discrecional del presidente y que se trataría de un trámite largo y complejo. “La Corte Constitucional ha determinado que el núcleo duro del Estatuto de Roma es parte del bloque de constitucionalidad y se considera parte de la Constitución”, afirmó.

Existe, sin embargo, otra interpretación jurídica. Mario Alberto Cajas, director del Centro de Derecho Constitucional de la Universidad Icesi, sostuvo en una columna publicada en El Tiempo que el Gobierno De la Espriella sí podría retirar a Colombia de la CPI. “Aunque incorporar un tratado exige la participación de las tres ramas del poder, la Constitución no establece un procedimiento para retirarse de uno”, afirmó Cajas.

Como antecedente, Cajas recordó el retiro del Pacto de Bogotá, tratado internacional de 1948 que establece mecanismos para la solución pacífica de controversias entre los países de América. En 2012, después del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua por la soberanía de aguas, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció el retiro de Colombia del tratado.

¿Por qué se habla de una eventual salida de Colombia? 

La versión sobre una eventual salida de Colombia del Estatuto de Roma se conoce en medio del giro que el nuevo Gobierno ha dado a sus relaciones internacionales. El presidente De la Espriella ha retomado relaciones con Israel y se ha acercado a Estados Unidos, países que han mantenido una postura crítica frente a la CPI y que no son miembros del Estatuto de Roma.

En su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto restricciones financieras y de visado contra miembros de la CPI. Al mismo tiempo, su Gobierno ha hecho un llamado a sus aliados para que renuncien a la Corte.

“Utilizando todos los recursos a disposición de nuestro gobierno, trabajando codo a codo con cada aliado con quien podamos unir fuerzas, desmantelaremos la CPI, paso a paso, si es necesario”, aseguró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en julio.

Entre esos aliados están los países miembros de la Coalición Contra Carteles de las Américas (ACCC, por sus siglas en inglés), a la que Colombia se unió durante el Gobierno de De la Espriella. Durante una visita a Panamá en agosto, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, hizo un llamado a los integrantes de la alianza para que abandonaran la CPI. “Insto encarecidamente a todos los miembros de la ACCC a abandonar la CPI y a rechazar sus intentos de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía”, declaró Hegseth.

Venezuela, que no hace parte de la ACCC, notificó en julio de 2026 su decisión de retirarse de la Corte, una salida que será efectiva en julio de 2027. Aunque no hay evidencia pública de que Estados Unidos haya condicionado directamente la decisión venezolana, la administración Trump celebró el anuncio de Caracas.

A este escenario se suma la decisión del Gobierno de retirar la candidatura de Carolina Olarte-Bácares a la CPI, donde aspiraba a una de las seis plazas que serán renovadas en diciembre de 2026. Olarte había sido postulada durante el Gobierno de Gustavo Petro. . La jurista se enteró de la decisión por medio de un funcionario de otro Estado parte del Estatuto de Roma. El gobierno no ha dado explicación sobre su decisión de retirar su candidatura. 

Por ahora no hay un anuncio oficial de retiro del Estatuto de Roma, pero las señales — el recorte a la JEP, el retiro de  de la candidatura de Olarte-Bácares y el acercamiento a Washington y Tel Aviv — parecen apuntar en una misma dirección. Y lo que está en juego no es solo un debate jurídico. Es la pregunta de qué pasa con las víctimas si esa puerta internacional se cierra justo cuando más la están tocando.