El informe de un grupo de trabajo de esta instancia interamericana que visitó el país hace un mes, en medio del Paro Nacional, ha levantado un fuerte debate y reacciones adversas de altos funcionarios del gobierno nacional. Las recomendaciones planteadas por este organismo no son de obligado cumplimiento.
La recomendación de desligar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre la visita de trabajo que realizó al país hace justamente un mes no cayó bien en el gobierno del presidente Iván Duque, que insiste en el carácter civilista y multifuncional de este cuerpo armado.
El sustento de esa recomendación es que, al separarla del Ministerio de Defensa, se garantizaría “una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”.
A ese tipo de recomendaciones le salió al paso Marta Lucía Ramírez, que cumple funciones de Canciller y Vicepresidenta, y en el primer periodo de gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2006) fungió como ministra de Defensa. “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil”, ha dicho en reiteradas ocasiones.
Esa postura fue ratificada mediante un comunicado de prensa difundido ayer por el Ministerio de Relaciones Exteriores desde New York, en el que se agregó que “la preocupación de la Comisión acerca del enfoque militar resulta ajena al contenido sustantivo y orgánico de nuestra Carta Política”.
La CIDH también fue enfática en recomendar que se tomen “medidas urgentes” en aspectos como “formación, utilización de protocolos de actuación y creación de mecanismos de rendición de cuentas, que promuevan que el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) cumpla funciones de garantía del orden público y el ejercicio del derecho a la protesta, así como limitar su actuación solamente a casos estrictamente necesarios”.
Al respecto, en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores se hizo alusión tangencialmente al tema al referirse que ese tipo de temas serán incluidos en el proceso de reforma a la Policía Nacional que se espera comience a discutirse en las actividades legislativas que comienzan el próximo 20 de julio.
Por su parte, el presidente Duque dijo a varios medios de prensa que la adscripción de la Policía Nacional al Ministerio de Defensa “no es un tema de capricho en Colombia”, y se remontó, en su explicación, al segundo gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962) para decir que “Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable, sobre todo corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado y es que en los años en los que la Policía estuvo en el Ministerio de Gobierno se politizó y esa politización llevó a grandes brotes de violencia”.
Por el contrario, la CIDH considera que ese desligue de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa garantizaría “una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”. En ese sentido, este cuerpo armado tendría sus bases en la sociedad civil y el cuidado de la misma desde una perspectiva de acompañamiento y protección, en lugar de ser reaccionaria y preparada para enfrentamientos directos.
Telón de fondo
Esta recomendación, junto con otras 39 más planteadas en un documento revelado ayer en Washington, son el resultado de la visita que hicieron representantes de la CIDH al país entre el 8 y 10 de junio pasados, justo cuando se afrontaba la quinta semana del Paro Nacional, iniciado el 28 de abril y, convocado por organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, en protesta por la presentación ante el Congreso de la República de un lesivo proyecto de reforma tributaria, así como de una cuestionada iniciativa de reforma a la salud, y en reclamo de políticas sociales más incluyentes. (Descargar documento)
El propósito de esa visita, impulsada por organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, era conocer más de cerca los motivos de las protestas callejeras, las violaciones de los derechos humanos atribuidas a la Fuerza Pública durante las manifestaciones, que arrojaban decenas de muertos y cientos de heridos, y plantear recomendaciones y soluciones para que este tipo de situaciones no se repitan.
La comisión de la CIDH visitó Bogotá, Cali, Tuluá, Popayán y Buga, epicentro de graves enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía. Durante los tres días de trabajo, se escucharon más de 300 testimonios, incluyendo los de representantes del gobierno nacional, así como de las administraciones locales y regionales.
Y no sólo el informe de esa visita generó tensiones. De hecho, antes de que se concretara, el Ejecutivo se opuso inicialmente a esa presencia en el país. En esa ocasión, la canciller Ramírez explicó que la razón de ello radicaba en que primero tenían que ser las instituciones nacionales, como Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y Contraloría, las que investigaran los casos de violación de derechos humanos, antes de recibir en el país a una organización internacional.
Durante un viaje a Washington, realizado a finales de mayo pasado, la funcionaria retomó el asunto y aclaró que no se estaba impidiendo la visita de la CIDH, sino que sólo sería necesaria en el caso en el que las instituciones mencionadas anteriormente no estuvieran realizando su trabajo. Finalmente, el gobierno nacional decidió aceptar la propuesta de la Comisión para visitar el país.
Luego de casi un mes de procesar la información recabada durante la visita de trabajo al país, la CIDH dio a conocer sus principales conclusiones, así como un conjunto de recomendaciones. La exposición estuvo liderada por Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión, quien estuvo acompañada por los comisionados Stuardo Raldón y Joel Hernández, quienes participaron en la visita al país, así como por Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión.
Una de las observaciones destacada en el informe es que las jornadas de protesta iniciadas el pasado 28 de abril “tienen reclamos similares a los de las movilizaciones” ocurridas en noviembre de 2019 y septiembre de 2020: “Entre otras cosas, estas estuvieron motivadas por el aumento de los niveles de pobreza, inequidad y violencia, aunado al creciente número de asesinatos de personas defensoras, líderes y lideresas sociales, representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como firmantes del Acuerdo de Paz”.
Uso desmedido de la fuerza
La CIDH se enfocó, con especial interés, en el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional y de su Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en por lo menos el 11 por ciento de las cerca de 12 mil jornadas de protesta que vivió el país entre el 28 de abril y el 4 de junio.
Al respecto, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, dijo que “la Comisión destaca que estos usos desmedidos de la fuerza presentaron graves afectaciones de los derechos humanos, tanto de manifestantes como personas ajenas a la protesta y servidores públicos”.
En el informe se consignó que la CIDH “recibió reiteradas denuncias señalando que, desde el inicio de las protestas sociales, una parte considerable de las actuaciones de la Fuerza Pública estuvo dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones”.
Y en esa disuasión, que también afectó a numerosas personas que no participaban en las manifestaciones, se utilizaron armas letales y no letales de manera desmedida, según las denuncias recibidas por la CIDH, que generaron lesiones graves, mutilaciones y numerosas muertes, especialmente en jóvenes. (Leer más en: Piquetes de la Policía: como perros de caza en la protesta social)
En ese sentido, la Comisión reiteró que “las armas de fuego y las respectivas municiones deben estar excluidas de los operativos de control de las protestas sociales y que los funcionarios policiales o militares que pudieran entrar en contacto con la manifestación no deben portar armas de fuego”.
Con relación a las afectaciones, uno de los aspectos que preocupa a la CIDH, y que dejó también consignado en el informe, es la inconsistencia en las cifras registradas por entidades del Estado y organizaciones no gubernamentales, especialmente en relación con “con víctimas fatales y con personas desaparecidas”.
El desglose de los datos permite observar que mientras la Fiscalía registró 51 personas fallecidas entre el 28 de abril y el 15 de junio, de las cuales 21 habrían ocurrido durante las protestas; 11 están en proceso de verificación y 19 ocurriendo durante el Paro Nacional, pero no durante las jornadas de protestas; el Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos (SNIDDHH) contabilizó, desde el inicio del Paro y hasta el 24 de junio 54 personas fallecidas.
Sobre la desaparición de manifestantes, denunciadas con insistencia por organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, tanto la Fiscalía como el SNIDDHH, reconocieron ante la CIDH que, al momento de la visita, se tenía activado el Mecanismo de Búsqueda Urgente de 84 personas. Sobre este tema, la Defensoría expuso que ese mecanismo se habría activado para 91 personas. (Leer más en: Desaparición transitoria y torturas: acciones de la Policía contra manifestantes)
Al comparar las cifras con las registradas por la organización no gubernamental Temblores, hay notables diferencias que son motivo de preocupación en la CIDH. Con respecto a las personas asesinadas, reportó 73 casos, arrojando una diferencia de 22 casos con los datos de la Fiscalía.
Otro de los hechos denunciados durante las manifestaciones callejeras fue el de la violencia basada en género perpetrada por agentes de la Fuerza Pública. Al respecto, la Defensoría del Pueblo registró 113 hechos, de los cuales 112 casos son atribuibles a agentes de la Policía Nacional y a miembros del Esmad, que afectaron a 99 mujeres y a 13 personas de la comunidad LGBTI. En un caso más se afectó a una mujer policía. (Leer más en: Mujeres alzaron la voz en la protesta social)
Sobre este tema, Urrejola expresó que “para la Comisión, la violencia de género perpetrada por agentes del Estado es un mecanismo de represión contra mujeres, niñas y personas LGBTI y la Comisión señala con especial preocupación que algunas eran jóvenes”. En ese sentido, una de las recomendaciones se basa en la necesidad de tener un mecanismo efectivo, plural y con perspectiva de género para las mujeres, niñas y personas LGBTI.
Otro de los patrones de violencia estatal contra los manifestantes es el de los traumas oculares, producidos por proyectiles lanzados por integrantes del Esmad. Sobre ellos tampoco hay unificación de cifras: mientras que la Defensoría del Pueblo registró 18 casos, Temblores contabilizó 82 casos.
Las amplias diferencias en los datos llevaron a la CIDH a reflexionar sobre el tema y a plantear que “estas inconsistencias pueden generar desconfianza de la ciudadanía en las autoridades. Por esta razón, el Estado debe mantener un registro de información consistente, actualizado y público, con participación de la sociedad civil; así como transparencia sobre los criterios utilizados en las investigaciones y sus avances respectivos”.
Adicionalmente, la Comisión señaló que “el manejo de registros e hipótesis tan dispares sobre las personas fallecidas y lesionadas en el marco de las protestas genera un obstáculo en el acceso a la justicia de las personas que alegan ser víctimas de violaciones de derechos humanos. En cualquier escenario, la dimensión de las cifras reflejadas en los distintos reportes, en términos de pérdidas de vidas humanas, resulta de extrema preocupación para la Comisión y la condena de manera enfática”.
La actuación de la Fuerza Pública durante las intensas jornadas de paro por cerca de dos meses profundizó la desconfianza entre la institucionalidad y la sociedad civil. De acuerdo con Urrejola, esto se debe a una inconsciencia y falta de seguimiento entre los actos violentos cometidos y la reparación de las víctimas, así como a los altos niveles de impunidad, que ronda el 95 por ciento en caso de homicidios. (Leer más en: En Cali está naufragando el Estado Social de Derecho)
Es por ello que, desde la CIDH, se propuso crear “mecanismos de rendición de cuentas” orientadas a la actuación del Esmad para que “cumpla funciones de garantía del orden público y el ejercicio del derecho a la protesta, así como limitar su actuación solamente a casos estrictamente necesarios”.
Para este organismo multilateral, esa rendición de cuentas debe estar acompañada de “la investigación, de forma imparcial, exhaustiva y expedita de las denuncias de violación de derechos humanos, así como juzgar y sancionar a los responsables”.
De igual manera, se recomendó reparar a las víctimas y sus familiares, a las que se les debe asegurar una atención integral, plural, que cuente con enfoque de género, atención en la salud mental y con alcance nacional.
La generación de confianza, según la CIDH, también pasa por el tema de los datos, en ese sentido propuso “sistematizar los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia de género como consecuencia de las protestas sociales de manera transparente, actualizada, clara, concisa y articulada con la información brindada por la sociedad civil”.
¿Trasladar o reformar?
La CIDH abre de nuevo el debate sobre qué hacer con la Policía Nacional. Lo ocurrido durante los dos meses de protestas en el país indican que se requieren intervenciones profundas en varios aspectos, más allá de trasladar su estructura al Ministerio del Interior, como se ha propuesto desde hace varios años.
Entre las recomendaciones de la CIDH está de la intervenir procesos de formación, entrenamiento y capacitación de los uniformados, “incluyendo un enfoque étnico-racial y de género, así como sobre los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, con la finalidad de consolidar su más amplio entendimiento y respeto sobre el derecho a la libertad de expresión, la debida y legítima actuación en el marco de las protestas, así como las excepciones y limitantes del uso de la fuerza”.
Mientras la CIDH propuso sacar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, el gobierno nacional trabaja en una reforma integral cuyos puntos fundamentales le fueron comunicados a este organismo multilateral el pasado 30 de junio.
Se trata de nueve puntos, entre los que se destacan el cambio de nombre Ministerio de Defensa Nacional al de Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana; la creación del Viceministerio de Políticas de Defensa y Seguridad Ciudadana; la expedición de un decreto de modernización de la estructura orgánica de la Policía Nacional con el fin de fortalecer la política de derechos humanos y los estándares para la prestación del servicio; y crear el Estatuto Disciplinario Policial, armonizado con pronunciamientos en materia de Derechos Humanos del Sistema Interamericano, de la ONU y de la Corte Constitucional.
Adicional a ello propone la priorización del trámite ante el Congreso de la República del proyecto de ley de Carrera y Profesionalización Policial, así como el desarrollo de normas que regulen el uso y comercio de las armas menos letales en Colombia, así como el de armas traumáticas; y la convocatoria de países amigos para recibir recomendaciones de expertos internacionales sobre los protocolos de mediación, uso de la fuerza e intervención, y otras buenas prácticas internacionales que contribuirán a la profesionalización permanente del Esmad.
En un reciente artículo de VerdadAbierta.com, diversos especialistas en el tema, nacionales e internacionales, expresaron sus cuestionamientos a esas reformas propuestas por el gobierno nacional. (Leer más en: Reformar la Policía, solicitud urgente para frenar violencia estatal en protestas)
En esa ocasión, César Santoyo, director ejecutivo del colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda, sostuvo que “es una reforma que al parecer intenta ofrecer calma, pero yo diría que es una calma transitoria. No es una opción de fondo frente a lo que está sucediendo con la Policía en el país y no implica la revisión doctrinaria que esto debe desarrollar”.
Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), sostuvo que “las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, en insistió que después del Acuerdo de Paz, “el país no puede seguir con un modelo de seguridad diseñado casi para combatir grupos armados”.
El debate de qué hacer con la Policía Nacional está abierto y, sin duda, polarizado, e intensificado con la presentación del informe y las recomendaciones del CIDH.
Foto de portada: CIDH
