La peligrosa relación entre Auc y miembros de la fuerza pública dio para todo: corrupción de oficiales, ‘falsos positivos’ y operaciones conjuntas.
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| Las filas de batallones y puestos militares en Nariño fueron permeadas por el Bloque Libertadores del Sur. Hombres de la Policía, el DAS y la Armada también se aliaron con el grupo ilegal. FOTO: Revista Semana |
El Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), mediante pactos y reuniones informales, se valió de militares, detectives y policías retirados y activos para acceder a territorios con presencia guerrillera en Nariño.
En 1999 los primeros integrantes del Bloque Libertadores del Sur (BLS), comandados por Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano, llegaron en dos grupos y se instalaron en Pasto y Tumaco. En este último municipio obtuvieron el apoyo de comerciantes y de miembros de la Armada Nacional, según lo han confesado algunos ex paramilitares ante fiscales de Justicia Paz.
Desmovilizados de este bloque aseguraron que Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’ y luego, Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’ planearon la conformación de este bloque. El pretexto era el de combatir a la guerrilla y a la delincuencia común del departamento, pero también buscaban hacerse las rentas que dejaba el lucrativo negocio del narcotráfico. (Ver más información aquí). En su ofensiva, extorsionaron comerciantes, y asesinaron, desplazaron y desaparecieron a miles de campesinos.
A lo largo del último mes, la Fiscalía 4 de Justicia y Paz ha presentado ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá la larga lista de hechos violentos de este bloque paramilitar y ha revelado que éste no se hubiera podido consolidar sin la ayuda de miembros del Ejército, la Armada, la Policía y el DAS.
Por eso, este despacho de Justicia y Paz ha enviado copias de denuncias ala Dirección Nacional de Fiscalías para que investigue a 255 funcionarios públicos y a la Procuraduría para que además investigue disciplinariamente a 40 de ellos.
Los hechos más dramáticos que revelan esta posible complicidad entre paramilitares y fuerza pública fue el asesinato de 18 personas ente 2002 y 2004 que fueron presentados como bajas en combate, o como se dice popularmente, como “positivos” contra criminales que en la realidad eran falsos. La mayoría de las víctimas no han podido ser entregadas a sus familiares porque no han sido hallados sus cuerpos o identificados.
Pactos tácitos
Sobre la relación entre autoridades y paras el jefe del Frente Brigadas Campesinas, Aníbal de Jesús Gómez Holguín, alias ‘Juan Carlos’, le dijo a la Fiscalía que “en los acuerdos entre grupos armados ilegales y el Estado a nadie se le ocurrió hacer un acta y firmarla. Siempre fueron permisivos con nosotros, porque representábamos seguridad para ellos y teníamos un enemigo en común. Eso fue con el DAS, la Policía y el Ejército, no fue algo de momento, fue todo el tiempo. Y existían unos preacuerdos, por ejemplo, los cuerpos (de paramilitares o de guerrilleros muertos en combates) no podían dejarse en el casco urbano”.
No obstante, ‘Juan Carlos’, un militar retirado, confesó que a él le constaba que sí se había sellado un pacto de palabra, el de Chapalito. Relató que en noviembre de 2002, en la base militar de Chapalito al sur de Pasto, se reunió con militares del Batallón Batalla de Boyacá para hacer un acuerdo de “no agresión, operaciones conjuntas, colaboración e intercambio de información”.
El jefe máximo del BLS, ‘Pablo Sevillano’, ha sostenido en diferentes audiencias que las relaciones con las autoridades quedaban en manos de los comandantes de cada frente y no estaban en las directrices que él impartía pero que “en una guerra así, se presentaban con frecuencia”.
Los militares que habrían podido estar involucrados en estos tratos han sido identificados por los desmovilizados como el coronel Luis Alberto Cuéllar, comandante del Batallón Batalla de Boyacá; el mayor Miguel Ángel Portilla Pinzón, miembro de la unidad de inteligencia y retirado el 4 octubre de 2004; el Capitán Camilo; un Teniente conocido con el alias de El Llanero; el Sargento Ospina y el sargento Claudio Cardoso.
Según fue revelado en la audiencia por la Fiscalía, personal de las unidades de la Sijín de la Policía, de inteligencia del Ejército y del DAS les dieron información a los paramilitares sobre presuntos milicianos para que ellos luego, los asesinaran. A través de estos funcionarios cómplices, también lograron conocer a comerciantes e informantes que apoyaron tanto a la Fuerza Pública como a las autodefensas en esas poblaciones.
Los paramilitares obtuvieron materiales de intendencia y armas para cometer homicidios como en Llorente, corregimiento de Tumaco exportador de cocaína. Allí fueron asesinadas dos personas en diciembre de 2003. Quienes participaron han confesado que el Ejército les suministró dos camiones, dinero y puso a su disposición la base militar de Gualtal como punto de reunión y alojamiento.
El militar señalado es el capitán Juan Carlos Dueñas Mejía del grupo Mecanizado Cabal No. 3 de Ipiales. Según la Fiscalía, Dueñas se encuentra prófugo de la justicia y la última información que se tiene es que trabajaba como jefe de seguridad de una oficina vinculada a Ecopetrol. En agosto de 2007, según publicó El Tiempo, la Procuraduría, elevó pliegos contra Dueñas “por haber utilizado tropas y vehículos del Ejército para abrirle el camino al grupo ‘para’ y garantizar que no encontrara resistencia”, y también contra el mayor José David Vásquez Acevedo, quienpara la época se desempeñaba como jefe de Operaciones de la misma unidad militar, quien supuestamente no reportó la actuación del capitán.
Los paramilitares postulados a Justicia y Paz también han asegurado que cada jefe de frente tenía un dinero destinado para pagar a oficiales y a otros funcionarios de la Fuerza Pública que llegaran a la zona. Guillermo León Marín Pulgarín, alias ‘El Doctor’, dijo que en su área de influencia –Pasto, Policarpa, Ipiales, Rosario, Leiva, y Túquerres– delegó a un hombre con el alias de ‘Shakira’ para que hiciera los “acuerdos” con los comandantes de las estaciones de Policía.
Marín señaló que algunos “se incluían en su nómina” después de la primera reunión o “con algunos se podía coordinar después de un mes de su llegada”. Los montos estaban entre 1 millón y 15 millones de pesos mensuales para sobornar agentes en cada estación de Policía y 10 millones de pesos mensuales para militares en cada puesto de mando del Ejército.
De todas las instituciones de la Fuerza Pública, la Fiscalía ha determinado que la Armada fue la única que logró sanear sus filas de la influencia paramilitar. En 2001 se cambió a la comandancia de la Fuerza Naval del Pacífico en Tumaco, la cual ordenó labores de contrainteligencia para identificar a los corruptos. Informó la Fiscalía que el mando militar descubrió que un suboficial de apellido Gallo era la persona que más relación tenía con el grupo ilegal. Después de su retiro este hombre se vinculó con el frente Brigadas Campesinas.
Los ‘falsos positivos’
La Fiscalía 4 de Justicia y Paz ha recogido las pruebas suficientes para documentar 18 víctimas en 9 casos de ejecuciones extraoficiales cometidas por miembros de la fuerza pública entre los años 2002 y 2003. Estos hechos han ido confesados por los postulados en las diferentes versiones libres.
Con estos crímenes, los militares involucrados buscaban aparentar que combatían al mismo tiempo al BLS y a la guerrilla, en especial el frente 29 de las Farc, mostrando que golpeaban a los dos.
En esa macabra negociación, los paramilitares les entregaron a oficiales los cuerpos de seis de sus hombres que habían muerto en combate con guerrillas o a los que habían asesinado ellos mismos, para que los presentaran oficialmente como logros de la fuerza pública. Además, los militares asesinaron seis civiles desarmados, señalados de tener algún vínculo con la guerrilla, y los presentaron como guerrilleros muertos legítimamente en combate. También los oficiales presentaron la muerte de seis guerrilleros de las Farc a manos de las autodefensas, como bajas del Ejército.
Los paramilitares del BLS, además, les entregaron armas al Ejército para que los militares cómplices las ubicaran junto a los cuerpos y pareciera que habían caído en combate. Estos fusiles o pistolas estaban dañados o habían sido obtenidos en combates con la guerrilla.
Delegados de la Fiscalía 4 dijeron en la audiencia que solicitaron al Batallón Boyacá que les entregara el registro de los combates entre los años 2000 y 2005 en esa zona, y no aparece como si se hubieran hecho operaciones militares allí en esos años. Esto ha dificultado documentar otros posibles ‘falsos positivos’.
El primer homicidio mostrado como una falsa baja en combate que ha documentado la Fiscalía se presentó en agosto de 2002 y el último en septiembre de 2004, un año antes de que el grupo paramilitar se desmovilizara en julio de 2005.
El municipio más afectado fue Policarpa con cuatro casos. El resto se registró en Tablón de Gómez, Leyva, Guachavés, Nariño y Mercaderes, Cauca, (las personas asesinadas en esta última localidad fueron trasladas al Batallón Batalla de Boyacá de Pasto y presentadas como guerrilleros).
Los NN
De todos los homicidios presentados como “positivos” del combate a los grupos armados ilegales, las autoridades han podido devolver los restos de tres víctimas a sus familiares.
Uno de los casos sucedió en septiembre de 2002, cuando los paramilitares retuvieron a Noreydi Burgos Solarte, de 17 años, en la vía que de Policarpa conduce a Pasto. Burgos era madre de un niño de dos años y era señalada de ser la compañera sentimental de un guerrillero identificado con el alias de ‘Japonés’. Hasta el 26 de septiembre estuvo retenida en un hotel y custodiada por un paramilitar y dos soldados del Batallón Boyacá.
Según la información presentada por la Fiscalía, un paramilitar desmovilizado aseguró que los soldados debieron abusar de la menor Burgos, pues días después escuchó que ellos sufrían de una enfermedad de transmisión sexual. Cuando fue detenida, la menor iba a la capital nariñense para hacerse un tratamiento contra una enfermedad venérea.
En los otros dos casos, un paramilitar identificado como ‘Cejas’ (asesinado años más tarde por las propias autodefensas), había convencido a los reservistas Wiliam Cisneros y Carlos Pantoja para que hicieran parte de las AUC mediante engaños.
El 26 de septiembre los tres, la menor Burgos, Cisneros y Pantoja, fueron llevados desde Pasto hacia El Vado (Mercaderes, Cauca) en un vehículo robado días antes en el sur del Cauca. Fueron uniformados, asesinados y presentados luego en el Batallón Boyacá como miembros de las autodefensas.
El cuerpo de William Cisneros fue identificado el mismo día, pues los militares habían olvidado quitarle de uno de sus bolsillos un documento de identidad. Pantoja fue entregado en 2010 a sus familiares, pero la identificación del cuerpo de Noreydi no se ha podido realizar, pues fue donado a la Universidad de Pasto y estuvo allí sumergida en una piscina de formol por diez años, y está muy descompuesto.
Sus huellas dactilares se perdieron y hasta el momento sólo se ha podido identificar por una foto que entregaron sus familiares y que fue comparada con los registros del levantamiento. Las autoridades están esperando las pruebas de un estudio de referencia dental que se está realizando en el laboratorio de Medicina Legal de Cali.
