En uno de los peores registros que se haya conocido hasta el momento, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía rescató de la impunidad 333 masacres cometidas por paramilitares al mando de ‘Jorge 40’ en cuatro departamentos de la Costa Caribe.
 En Nueva Venecia fueron asesinadas 39 personas, pero en la zona ocurrieron más masacres que fueron descubiertas por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Foto Semana |
En un informe elaborado con base en las versiones libres de los paramilitares desmovilizados, en los testimonios de las víctimas y en investigaciones judiciales, los fiscales de La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, han podido confirmar que entre los años 1996 y 2005, las Autodefensas Unidas de Colombia a través del Bloque Norte, cometieron trescientas treinta y tres masacres en los departamentos de Atlántico, César, Magdalena y Guajira, con un total de 1.573 víctimas hasta el momento.
Se trata de un informe parcial realizado por el despacho de la Fiscal Tercera de Justicia y Paz, Deicy Jaramillo, que ha tenido como fuentes principales las versiones de los postulados José Gregorio Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, exjefe paramilitar del Frente José William Rivas que operaba en los municipios de Ciénaga, Fundación, Sevilla, Aracataca y El Retén; Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, quien estuvo al frente de los grupos ‘La Trocha de Verdecia’ y el ‘Juan Andrés Álvarez’, que delinquía en el centro del Cesar y parte de Magdalena; y Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, entre otros desmovilizados.
No sólo las versiones de los desmovilizados ex-jefes paramilitares han servido para la elaboración del detallado informe de la fiscalía sobre las masacres, también han acudido a las denuncias de los familiares de las víctimas, a los archivos de prensa y a los procesos que cursan ante la justicia ordinaria.
Entre los centenares de hechos documentados hasta la fecha se destacan la masacre de Nueva Venecia o El Morro, cometida por un grupo comandado por alias ‘Esteban’ o ‘09’ el 21 de noviembre del año 2000 contra los habitantes de los pueblos palafíticos de la Ciénaga Grande del Magdalena. Alias ‘Esteban’ recibió la orden de Rodrigo Tovar Pupo y éste a su vez de Salvatore Mancuso. En esa incursión fueron asesinadas 39 personas a quienes el grupo paramilitar acusaba de ser colaboradores de la guerrilla.
Otra masacre que, por el número de muertos y la forma como el grupo paramilitar mostró ensañamiento contra la población, fue la de Playón de Orozco, en donde fueron asesinadas treinta personas y los hechos fueron encabezados por una mujer a la que llamaban ‘La Mona’. La masacre ocurrió el 9 de enero de 1999 y de acuerdo con las versiones participaron cien hombres armados que, además, vestían uniformes privativos de las Fuerzas Armadas y armas de largo alcance. A las víctimas las encerraron en una vivienda y a las asesinaron.
El municipio que registra el mayor número de masacres (asesinatos de más de tres personas), es Ciénaga, Magdalena, con 48 que dejaron 228 personas asesinadas, siendo el municipio más afectado, seguido por Zona Bananera cuya cabecera municipal es Prado – Sevilla, con un total de 21 masacres y 94 muertos. Continúan en número de masacres los municipios de Fundación con 16 y 61 personas asesinadas en crímenes colectivos y en menor proporción Sitio Nuevo, municipio a orillas del Río Magdalena, cabecera del corregimiento de Nueva Venecia, en donde ocurrió la peor de las masacres por el número, la hora en que llegaron y el modo en que fueron asesinando personas a lo largo del camino por los caños Clarín, Aguas Prietas y las ciénagas, degollaban a los pescadores que acostumbran salir a sus faenas en horas de la noche.
Muchos cuerpos no fueron encontrados y algunos los hallaron días después flotando entre mangles y en las orillas de las playas. El recorrido sangriento del grupo de 60 hombres que se movilizaba en lanchas, terminó al frente de la iglesia, el único sitio seco de la población, donde colocaron boca abajo a dieciséis personas que habían sido sacadas de sus casas en la madrugada y fueron asesinadas con ráfagas de fusil antes del amanecer.
Otra masacre tristemente célebre fue la cometida en febrero de 2000 en el corregimiento Trojas de Aracataca, otro pueblo palafítico ubicado en la desembocadura del río Aracataca. Los paramilitares llegaron en lanchas, sacaron a las personas de sus casas y las reunieron en la escuela del pueblo, al lado de la estación de policía y de la iglesia. Once personas fueron asesinadas, la mayoría de los habitantes se desplazaron y muy pocos viven hoy allí. Nueva Venecia y Trojas de Aracataca, además, están conectadas, pues la causa fue la misma, acusaban a un grupo de habitantes de presuntamente colaborar con la guerrilla.
De acuerdo con el informe el mayor número de masacres documentadas hasta ahora ocurrieron en el Magdalena con un total de 127 y 609 personas asesinadas, seguido por Cesar con 123 masacres y 605 víctimas, Guajira con 71 hechos y 311 víctimas y Atlántico donde habrían perpetrado 12 masacres y 38 víctimas. La mayoría de los hechos documentados se trata de homicidios colectivos en los que fueron asesinadas más de tres personas, pero también cometieron muchas en las que fueron asesinadas cinco y seis personas 12 y 11 casos respectivamente.
El exjefe paramilitar que más masacres ha reconocido hasta el momento es José Gregorio Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, con un total de diecisiete (17), cometidas en Ciénaga, Fundación, Aracataca, El Retén y Zona Bananera en el Magdalena.
Sólo en Ciénaga, principal municipio bananero y puerto carbonero, ubicado sobre la Ciénaga Grande del Magdalena y el Mar Caribe, a mitad de camino entre Santa Marta y Barranquilla, registró entre 1998 y 2001 cinco masacres con más de diez víctimas.
Una de ellas, ocurrió el 12 de octubre de 1998 un grupo armado llegó a las fincas Mano de Dios y El Pedregal, en las estribaciones de La Sierra Nevada y asesinaron a 14 personas; siete meses después, 300 hombres incursionaron en el corregimiento de Guacamayal y asesinaron a 13 personas; el 27 de agosto de 2000, cien hombres entraron a un sector conocido como El Polvorín y asesinaron a 10 personas; y en 2001, con lista en mano cometieron dos masacres en el corregimiento de La Gran Vía asesinando a 21 personas los días 17 de mayo y 27 de noviembre.
En el mismo año en Pueblo Viejo, el seis de octubre en el corregimiento de Tasajera, paramilitares asesinaron a siete personas y desaparecieron a siete personas de quienes sus familiares no volvieron a saber qué ocurrió con sus cuerpos. A las ya mencionadas de Playón de Orozco, corregimiento de El Piñón donde fueron asesinadas treinta, y Nueva Venecia (El Morro) con 39 víctimas, alias ‘Picachú’ reconoció otra en Sitio Nuevo el 14 de noviembre de 2002 en la que fueron asesinadas diez personas y el propio Mangones Lugo reconoció haber participado en una más en Zona Bananera el 17 de mayo de 2001 en los corregimientos de la Gran Vía y Santa Rosalía, en las que perdieron la vida otras once personas. Sólo en Magdalena hubo diez masacres que sumadas reportan 158 víctimas.
Otros municipios del Magdalena en los que hubo hechos violentos documentados en detalle por la unidad de Justicia y Paz, son Algarrobo, Chivolo, El Banco, Pivijay, Plato, Pueblo Viejo, Remolino, Salamina, San Angel y Santa Marta.
La violencia en el Cesar
Otro departamento donde también hubo masacres que estremecieron a la población y provocaron desplazamiento, fue el Cesar, que reporta según el informe 123 masacres con 605 víctimas, es decir un promedio de cinco víctimas por cada hecho.
El municipio con el mayor número de masacres fue Codazzi, con 31 y 132 víctimas. Entre otras, está documentada la desaparición y asesinato de siete investigadores del CTI, confesada por Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, cometida el 9 de marzo de 2000. También aparece la masacre de Estados Unidos, corregimiento de Becerril, donde asesinaron a ocho personas y a otras tres se las llevaron y las desaparecieron el 16 de noviembre de 1998. En Becerril, en cinco masacres hubo 41 víctimas.
En Santa Isabel, corregimiento de Curumaní, el primero de agosto de 1999, un grupo de 30 hombres incursionaron y asesinaron a once personas.
En Astrea, el 28 de enero de 2000, asesinaron a 12 personas. En Cesar, que reporta tantas masacres como Magdalena y casi el número de víctimas en los hechos documentados hasta ahora por la fiscalía, registra pocas masacres de más de diez víctimas. Sin embargo, en San Diego, el 15 de septiembre de de 1996 hubo una incursión en la que perdieron la vida 31 personas. En la capital del Cesar, Valledeupar, hubo treinta y un masacres entre 1996 y 2005 con 131 víctimas.
La mayoría de las masacres fueron cometidas como supuestas limpiezas sociales, retenes, incursiones a las poblaciones, fuego cruzado, sicariato y ‘ejecuciones’.
Los escuadrones paramilitares llegaban en la noche con listas de las víctimas, a las poblaciones y a zonas rurales, en grupos numerosos, encapuchados, vistiendo prendas militares, movilizándose en camionetas con vidrios polarizados, armados y pintaban las paredes de los pueblos con inscripciones tales como ‘muerte a rateros y guerrilleros’.
Montaban retenes hasta con 200 hombres armados, bajaban a las personas de sus vehículos, los apartaban y los desaparecían. Los vehículos se los llevaban, los utilizaban en sus desplazamientos y después de un tiempo los quemaban o entregaban como recompensa a los sicarios más sanguinarios.
Durante la década de masacres, asesinaron docentes, amas de casa, fotógrafos, vigilantes de fincas, habitantes de barrios de invasión, obreros bananeros, pescadores, alcaldes que desatendían sus pretensiones, líderes comunitarios, ganaderos que no cedían a la extorsión, campesinos, concejales y labriegos. Interrumpían las fiestas populares y religiosas, se llevaban a las personas y las desaparecían acusándolas de ser colaboradores de la guerrilla. También asesinaban familias enteras, padres e hijos.
Sacaban a las personas de sus casas, se las llevaban y las desaparecían. Los cuerpos eran arrojados a los ríos, otros descuartizados y sepultados en pequeñas fosas y hasta en pozas sépticas, o a la ribera de arroyos y quebradas para que las aguas arrastraran los restos. Otros eran torturados antes de ser asesinados, la mayoría con tiros de gracia en la cabeza. En Monterrubio reunieron en la plaza principal a los pobladores, allí preguntaron que quienes se querían ir para la guerrilla, un grupo de jóvenes levantaron la mano, los llamaron y les dieron muerte.
Los informes de Policía de Ciénaga y Fundación de la época, mencionaban que algunos de estos hechos eran cometidos por hombres armados que al parecer pertenecieron a las autodefensas que delinquieron en el municipio de San Angel y acampaban en La Pola, una finca en la que ‘Jorge 40’ estableció una base paramilitar, pero se habían apropiado de ella desplazando a pequeños propietarios que las habían adquirido a través del Incora.
