El ventilador de Rafael García

Rafael García, el ex jefe de informática del DAS, testificó ante la Corte Suprema de Justicia, sobre la penetración del paramilitarismo en el Estado que tiene temblando a media clase política. En cuestión de dos semanas han capturado a cuatro congresistas y cuatro disputados, han librado una orden de captura contra un ex gobernador de Sucre, han llamado a indagatoria a un ex director del DAS y han salido a flote los nombres de decenas de congresistas, alcaldes, gobernadores, policías y militares que figuraban en los archivos de las autodefensas o que han sido mencionados por paramilitares confesos.

En medio del nerviosismo de mucho congresista, del paroxismo de los medios y del entusiasmo de la opinión, García se presentó ante los magistrados de la Corte. Necesitó tres días y contó de todo. Dio nombres, ventiló contratos, denunció fraudes electorales y reveló alianzas macabras. Puso en blanco y negro el ajedrez político de ‘Jorge 40’y sus lugartenientes en cuatro departamentos de la Costa. A pesar de lo explosivas, muchas de estas denuncias no son nuevas. En abril de este año, García, un año y medio después de haber sido capturado por borrarles antecedentes judiciales a los narcotraficantes, rompió su silencio y denunció cómo el DAS -y específicamente su antiguo jefe, Jorge Noguera- tenía relaciones con los paramilitares.

Esa fue sólo una de las cuatro ‘bombas’ que, en su momento, lanzó García. Las otras tres no fueron menos graves. Primero, que en las elecciones al Congreso y a la Presidencia de 2002 había habido fraude en algunos departamentos de la Costa. Esta denuncia, que se produjo en el fragor de la campaña presidencial a la reelección, enfureció al presidente Uribe. La segunda, que el DAS filtraba información a los paramilitares para asesinar sindicalistas. Y tercero, que desde el DAS se estaba fraguando un plan de desestabilización contra el gobierno venezolano. Salvo el plan contra Venezuela -que para algunos resultó algo fantasioso-, todo lo que ha dicho García se ha venido confirmando. Y él no sólo lo volvió a ratificar en la Corte sino que dio más nombres y más detalles. Aunque la mayor parte de la declaración ante la Corte reitera lo que había dicho a la Fiscalía y a los medios, el hecho de que ahora lo haga ante el máximo tribunal de la Justicia le da una nueva dimensión. Y, a su vez, la Corte adquiere ante el país la responsabilidad de desmenuzar este testimonio y contrastarlo con otra pruebas y otras versiones, para determinar el grado de veracidad.

Para muchos, el espeluznante testimonio de García es sólo la punta del iceberg de un fenómeno donde el Estado sucumbió ante el terror paramilitar en varias regiones del país. En departamentos como Magdalena, Cesar, La Guajira y Bolívar, los tentáculos de este grupo armado se colaron por todos los resquicios del Estado y asfixiaron cualquier intento de legitimidad. Los hospitales públicos se convirtieron en la caja menor (como en Atlántico), los subsidios de la salud eran para financiar las armas (como en La Guajira), los notarios eran para legalizar tierras robadas (como en Córdoba), los contratos públicos eran para financiar la guerra, los registradores regionales eran para robarse las elecciones, los alcaldes y gobernadores, para consolidar su poder regional, y los congresistas para defenderse del poder nacional.

Esta semana, por ejemplo, el senador Amílkar Acosta también fue a la Corte, pero para contar cómo tuvo que retirar su candidatura al Senado en La Guajira por las amenazas de los paramilitares. Otro que declaró fue ‘Antonio’, uno de los lugartenientes de ‘Jorge 40’, y se espera que pronto pase por el tribunal alias ‘Gonzalo’, uno de sus asesores políticos y cuya cabeza ya tiene precio por los preciosos kilates de su información.

Este escándalo político-paramilitar se ha concentrado hasta ahora en la Costa Atlántica. Y es natural. Primero, porque el testimonio de García se concentra en la Costa. Segundo, porque fue incautado el ‘computador de Jorge 40’, jefe del Bloque Norte de las Autodefensas. Y tercero, porque la Fiscalía venía investigando el caso de los políticos de Sucre hacía cinco años. Sin embargo, ya asoman la cabeza escándalos de la misma envergadura en el resto del país. En los Llanos y los Santanderes ya hay varios alcaldes y ex gobernadores salpicados. Lo mismo que en territorios que estuvieron bajo la égida militar de ‘Macaco’ o ‘Don Berna’, como el Eje Cafetero y Antioquia.

Mientras los más apocalípticos comparan esta crisis política con el 9 de abril, los más cínicos creen que esto es un divertimento de la prensa que no tendrá mayores consecuencias penales ni políticas. Pero más que un momento de ruptura histórico o un capricho de los medios, la penetración del paramilitarismo en el Estado es un preocupante fenómeno que refleja la inmensa fragilidad de nuestras instituciones fuera de Bogotá. La eufemística ‘complejidad regional’, que tolera connivencias indebidas, cierra los ojos y se tapa la nariz, no es otra cosa que falta de legitimidad y de autoridad de un Estado que quedó subyugado al poder ilegal de los grupos armados. ¿Cuántos alcaldes, gobernadores, congresistas, militares y funcionarios están -o estuvieron- al servicio de estos señores de la guerra? ¿Cuántos candidatos tuvieron que marginarse de las elecciones por temor al fusil? ¿Cuánta plata se desvió en obras y salud para los más necesitados y terminó en pólvora y plomo? Son preguntas que nunca llegaremos a responder aun si todo lo que dice García es verdad y muchos otros se atreven a seguir su camino.

Publicado en Semana.com 11/25/2006