Nadie da razón sobre más de 200 bienes incautados a los paramilitares. La Dirección Nacional de Estupefacientes, la Fiscalía y la Policía se tiran la pelota, mientras el Fondo de Reparación de las víctimas espera con las manos vacías.
En octubre del año pasado la Fiscalía y la Dijín informaban lo que en su momento se consideró un duro golpe contra el desmovilizado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’. Anunciaron haberle incautado ocho inmuebles avaluados en más de 5.000 millones de pesos en Tuluá, Valle del Cauca, y La Estrella, Antioquia. Cuatro meses después de la cinematográfica operación, nadie en el gobierno sabe quién tiene a su cargo estos bienes y, lo que es aún más grave, este no es de ningún modo el único caso. SEMANA encontró que de los 419 bienes incautados a los paramilitares, entre fincas, casas, apartamentos, lotes y vehículos, 226 están en la misma situación que los de ‘Don Berna’. Desaparecidos en la burocracia.
Los bienes de ‘Don Berna’ ilustran lo que ha sucedido en muchos casos. El operativo en su contra despertó gran interés, pues era el primero que involucraba a uno de los grandes jefes del paramilitarismo. Y este en particular tiene un halo de misterio en torno a su fortuna, pues se sabe que heredó el poder de Pablo Escobar, y son conocidos los excesos que ese capo tenía en sus propiedades. ‘Don Berna’ ha sido de los más astutos en ocultar su riqueza, al punto de que tuvo el descaro de decirle a la justicia que sólotenía “una finca y una casita”. Muchos interpretaron sus declaraciones como evidencia del poco deseo de algunos de estos jefes de contar la verdad y de su nulo interés en reparar a las víctimas con sus capitales. Por eso, las autoridades parecían a punto de acorralarlo.
La Dijín aseguró que la fortuna incautada al capo estaba a nombre de Rosa Amelia Bejarano de Murillo, madre de ‘Don Berna’. Algunos medios daban a entender que había varios palacetes y que la señora no pudo demostrar el origen de los fondos para hacerse a ellos. Era fácil pensar esto. Incluso cuando SEMANA indagó sobre las propiedades, la Policía envió imágenes de varias construcciones que se podían ajustar a esta idea. Sin embargo, al verificar la información, empezaron a aparecer inexactitudes y serias dudas sobre la forma como se están administrando estos bienes.
En primer lugar, los bienes presentados como de ‘Don Berna’ no existían en las direcciones entregadas a SEMANA por la Policía. El general Óscar Naranjo aclaró después que hubo una equivocación en las imágenes y las direcciones suministradas y facilitó parte de su personal para verificar en el sitio la existencia de los bienes. Efectivamente aparecieron algunos lotes vacíos, casas a medio hacer y otras en barrios populares o de clase media. Algo más cercano al bagazo de la fortuna de un capo del narcotráfico, que al gran golpe contra su capital, como había quedado en la imagen de la opinión pública.
Según Naranjo, desde que fueron incautados esos bienes quedaron a disposición de la Fiscalía y ésta a su vez asegura que los entregó a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Pero la última no tiene registro de haberlos recibidos todos.
En respuesta a un primer derecho de petición de SEMANA, la DNE informó que “no se encontraron registros por presunto propietario ni por presunto infractor a nombre de Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna'”. Ni siquiera aparecen en su dirección de informática, como para pensar que sus registros están en proceso de un trámite interno. Igual resultado se obtuvo en varias consultas sobre el resto de los bienes incautados a los paras.
¿Cómo se explican estas inconsistencias? Alejandro Vélez, secretario general de la DNE, dice que “es probable que a pesar de la incautación, todavía no nos hayan puesto a disposición esos bienes”, y añade que eso solía pasar con los expedientes viejos y que es usual que los trámites sobre los títulos para registrar la incautación tomen un tiempo. Sin embargo, los bienes de ‘Don Berna’ no caben en ninguna de esas dos explicaciones. No es un proceso viejo, ya que los allanamientos fueron de hace cuatro meses, y este es un tiempo más que suficiente para hacer los trámites que se requieren. Por su parte, la Fiscalía insiste en que sí los entregó a la DNE y que lo mismo sucedió con los otros 225 bienes que esta entidad no encuentra en sus registros.
A la duda sobre estas propiedades se suma el descuido en el que caen cuando quedan bajo el control de la DNE. Esta entidad nombra unos depositarios para que administren los bienes hasta que culmine la extinción de dominio. Pero sólo 67 bienes, de los 193 que aparecen en sus registros, tienen depositario. Los otros están en manos de personas llamados custodios que provisionalmente quedan a cargo de las propiedades y que en muchos casos son las mismas que estaban ocupándolos en el momento de la incautación, usualmente testaferros de los paras. Esto ocurre incluso en incautaciones que llevan más de un año.
De otra parte, no es claro que estos bienes terminen en el Fondo de Reparación creado en la Ley de Justicia y Paz para compensar a las víctimas de la barbarie paramilitar. “Está en estudio una propuesta para que cuando se les extinga el domino pasen al Fondo” , dice Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación. Por ahora, las propiedades que lleguen a este Fondo no deben estar involucradas en ningún proceso de extinción de dominio (como las que tiene la DNE) y deben ser entregadas voluntariamente.
Dicho Fondo va a ser administrado por la oficina de Acción Social de la Presidencia de la República. Como por ahora los jefes paras se han limitado a anunciar que entregarán bienes, los encargados del Fondo aún no han recibido nada. Y afirman que no van a repetir los mismos errores de la DNE. Aseguran que no hay improvisación, que ya tienen seleccionadas unas fiducias que administrarán los recursos en efectivo y que para el manejo de los bienes implementaran un programa similar al de Jóvenes Campesinos, de la Federación de Cafeteros. Este será el manejo hasta que los magistrados de Justicia y Paz decidan el destino final de los bienes. Hay inquietudes sobre si Jóvenes Campesinos sea el camino adecuado para administrar esta propiedades, dadas sus complejidades.
La buena utilización de los bienes de los paras es clave para el buen desarrollo de la Ley de Justicia y Paz. En momentos en que se aboga porque los testaferros de los paras no sean condenados por este delito para facilitar la entrega de bienes, y cuando se anuncia que vienen cientos de operativos más contra sus capitales, convendría prestar atención a qué es lo que se está haciendo con lo incautado, El ‘despelote’ actual -en la más generosa de las interpretaciones- no permitirá que se cumpla con las expectativas de reparación que se han alentado con las publicitadas incautaciones.
Publicado en SEMANA Fecha: 03/24/2007
