Nuevamente señalan a la empresa maderera como colaboradora de la organización armada ilegal en el Urabá chocoano. En su versión, explicó cómo en el año 2000, el Bloque Elmer Cárdenas rediseñó una estrategia financiera.
“La empresa Maderas del Darién buscó a la comandancia del bloque Elmer Cárdenas para dar sus aportes”, aseveró Dairon Mendoza Caraballo, conocido con los alias de ‘Rogelio’, ‘el Águila’ o ‘Cocacolo’, exintegrante del bloque Elmer Cárdenas (Bec) de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y quien se desempeño como jefe de intendencia de ese grupo paramilitar desde 2000 hasta agosto del 2006, cuando se desmovilizó.
En su relato sostuvo que, desde 1997, esta empresa de explotación maderera, filial de la firma Pizano S.A., se comprometió a dar 20 millones de pesos mensuales para el sostenimiento del Elmer Cárdenas que, para esa época, comenzaba a operar en una vasta región del río Atrato medio chocoano, coincidencialmente donde Maderas del Darién adelantaba su tarea de extracción de madera. Para el año 2006 presuntamente pagaron 30 millones de pesos.
Los presuntos vínculos de la empresa maderera con las Accu ya habían sido referenciados por Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, excomandante del bloque. En versiones entregadas a la justicia a comienzos de este año, explicó que en la incursión a la región del Cacarica, entre el 24 y el 27 de febrero de 1997, se utilizaron las frecuencias de comunicación de Maderas del Darién y luego se habían convertido en “grandes aportantes”.
La situación no era desconocida para diversos sectores sociales nacionales e internacionales. Denuncias de organismos como el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, (WRM por sus siglas en inglés) habían advertido de tiempo atrás la coincidencia entre la llegada de las Accu al Cacarica, los bombardeos adelantados por la Brigada 17 del Ejército durante la llamada Operación Génesis y los inicios de las labores de explotación de Pizano S.A.
Asimismo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña a las comunidades afrodescendientes del Atrato Medio chocoano, ha denunciado a través de diversos pronunciamientos que Maderas del Darién intervino los consejos comunitarios del Cacarica con el ánimo de dividirlos para que a través de consejeros “obedientes” se facilitara el aprovechamiento agroforestal que hacía esta empresa en al región.
La Comisión también ha advertido que hasta el momento no se ha investigado a fondo la relación de la empresa Maderas del Darién y los grupos paramilitares, así como tampoco la posible presencia de fosas comunes en antiguos campamentos de la firma maderera, sobre todo en los sitios conocidos como La Balsa, San José de la Balsa y La Coquera.
La ONG también denunció que el 28 agosto de 2006 se produjeron amenazas y maltratos contra el consejo comunitario de Pedeguita por parte de paramilitares que afirmaron ser dueños de ese territorio colectivo y haber negociado recursos maderables con Maderas del Darién.
En su versión ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz de Medellín, Mendoza Caraballo aclaró cómo presuntamente cómo fueron los nexos de esta firma maderera con los paramilitares, y además contó la manera cómo se financió el Bloque.
Si bien este grupo venía delinquiendo como Frente Chocó desde mediados del noventa, sólo hasta el año 2000, cuando se constituye como Bloque Elmer Cárdenas, se estableció una estrategia concreta, que incluyó cobros a diversos sectores económicos de la región del Urabá antioqueño, tanto del sector legal como del ilegal; asimismo determinó mantener algunos peajes que había instalado desde 1997 en municipios como Necoclí y Dabeiba; y dejar de cobrarle a los pequeños tenderos de sus zonas de influencia.
Si bien se ha afirmado con insistencia que los pagos eran “obligados” Mendoza Caraballo aseveró que los aportes eran “voluntarios”, entre otras razones porque, según él, “las personas estaban convencidas de ese trabajo militar, social y político que el Elmer Cárdenas hacía en sus zonas de injerencia”. De paso, negó que se hubiese tomado represalias contra aquellos que no pagaran la cuota que se les imponía.
Entre los “gravados” por la tributación desde el año 2000 se encontraban los contrabandistas de electrodomésticos, cigarrillos y licores que entraban ilegalmente al país por el Golfo de Urabá provenientes de Panamá. Cada vehículo que transitara por la zona de influencia del Bec debía pagar un millón de pesos. Los cobros se hicieron incluso hasta días antes de la desmovilización de este grupo, ocurrida en agosto de 2006.
También se incluyó entre los “contribuyentes” a las empresas de transporte que por vía fluvial llevaban la madera del municipio de Riosucio, Chocó, hasta los puertos de Turbo y Cartagena. Asimismo, a las compañías de transporte de pasajeros, entre ellas Transportes Hernández, Transportes Sierra y Cootrasuroccidente, cada una de las cuales supuestamente pagaba hasta un millón de pesos mensuales.
Los paramilitares cobraban además a los propietarios de más de cien hectáreas de tierras en producción, a las que los extorsionaba con 10 mil pesos anual por hectárea; a los compradores de madera; a las empresas repartidoras de gas; a Empresas Unidas, que explotaba el negocio de apuestas permanentes o el chance; y a las bodegas de cerveza y gaseosas.
En cuanto al narcotráfico, explicó el postulado que se impuso el cobro a todos aquellos que usaran los territorios del Norte del Urabá antioqueño para esta actividad ilegal. Se tasó en 200 mil pesos por paquete de cocaína. De ellos el 25 por ciento se le enviaba a Vicente Castaño Gil y el 75 por ciento se destinaba al sostenimiento del Bloque.
Destino de los recursos
Mendoza Caraballo explicó que los recursos captados a través de todos esos mecanismos se empleaban para sostener el bloque, y precisó que los mayores rubros de gastos eran armamento, municiones y gasolina, dado que operaban en el Chocó, donde se movilizaban en lanchas, aspecto que requería de mucho combustible.
Para hacer más eficientes los recursos, la estrategia diseñada por el Bec también incluyó el montajede un taller en el que se elaboraban uniformes y material logístico destinado a casi los 1.500 hombres que tuvo ese grupo armado ilegal. En ese lugar, ubicado en el corregimiento Mello Villavicencio, de Necoclí, laboraban personas de la región, lisiados de guerra, madres cabeza de familia y ex guerrilleros. Según el versionado, se les pagaba por prenda confeccionada. Los materiales eran comprados en Medellín, en distintas peleterías de la ciudad.
En cuanto al material de comunicaciones y de guerra, los ‘paras’ tenían varios proveedores. En relación con radios de comunicación, antenas y transmisores, el postulado referenció un lugar en el centro comercial El Diamante de Medellín, en donde los compraban. También que constituyeron alianzas con vendedores de diverso origen, unos civiles y otros militares, en particular con soldados que les vendían balas y granadas.
“La orden era comprar todo el material de guerra que fuera posible siempre y cuando hubiese plata”, admitió Mendoza Caraballo. “Eso era un mercado persa, llegaba mucha gente ofreciendo material, entre ellos hombres que sólo conocí con los alias de ‘el indio’, ‘el tío’ o ‘el sobrino’. Nunca se hizo compra directa al Ejército, pero sabíamos que algunas personas eran enviadas por las brigadas”.
Este postulado indicó que buena parte de los ingresos se destinaban al apoyo de proyectos para la comunidad. “Con los fondos del bloque Elmer Cárdenas se colaboró en asuntos como construcción de puentes, arreglo de carreteras, comprade medicinas, pago de citas medicas, capacitaciones a las juntas de acción comunal, subsidios de educación y regalos navideños”.
Mendoza Caraballo reconoció que los integrantes del Bec recibían sueldo, pero sin dar cifras concretas aseveró que era “un sueldito irrisorio”, y agregó que la paga era de lo menos, pues su trabajo en la guerra “lo hacíamos con mucho entusiasmo porque considerábamos que estábamos haciendo patria, defendiendo una región que estaba golpeada por la subversión y abandonada por el Estado”.
Pese a todos los crímenes cometidos por los hombres del bloque al que perteneció, este postulado admitió ante los fiscales de Justicia y Paz que, aún hoy, sigue siendo legítimo ser autodefensa.
Le corresponderá a la Fiscalía investigar la veracidad de las sindicaciones de este paramilitar.
