La congresista del Centro Democrático citó a un debate en el que no solo relacionó a los reclamantes de tierras con la guerrilla sino que pidió cambiar la Ley de Víctimas.
La congresista María Fernanda Cabal dijo que la Ley de Víctimas debió contemplar los despojos ocurridos antes del año 1991. Foto: archivo Semana.
“El programa de restitución de tierras es una aplanadora. Viola el debido proceso y el principio de buena fe”. Frases como esta –pronunciadas por la representante, María Fernanda Cabal- hicieron parte del debate de control político al que citó el miércoles 29 de julio en la Comisión Primera. En su exposición, la congresista, quien pertenece al Centro Democrático, dijo que algunas víctimas reclamantes tienen vínculos con las guerrillas.
Cabal ha sido una de las congresistas del uribismo más mediáticas por sus posturas extremas lanzadas en las redes sociales o en los programas de opinión. Es esposa de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) y fundadora de la Fundación Colombia Ganadera (Fundagan), que acompaña a las familias ganaderas víctimas del conflicto armado, que se estima son, por lo menos, 10 mil. Tras el debate al que fueron citados además los funcionarios de las instituciones creadas por la Ley de Víctimas, VerdadAbierta.com presenta “los grises” frente a tres de las tesis centrales que expuso Cabal:
1-. Indignación porque las parcelas son prioridad
La Congresista cuestionó a la Unidad de Tierras por darle prioridad a documentar los casos de despojo en parcelas que fueron tituladas por el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), llamado desde 2003 Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder). Para Cabal, estas tierras fueron compradas o extinguidas por el Estado, y luego tituladas a campesinos; el problema, según ella, es que estos campesinos eran avivados por las guerrillas o por sacerdotes católicos afines a la subversión. En ese orden de ideas, para la Congresista las víctimas no son los campesinos sino los antiguos propietarios de las haciendas.
La afirmación de la Representante es solo una versión de la historia del conflicto en Colombia. El libro Guerreros y campesinos, del académico Alejandro Reyes, documenta que en la década de 1960 el gobierno de Carlos Lleras prometió desarrollar una reforma agraria que permitiera una mejor distribución de la propiedad rural, reconociendo que la inequidad y la concentración de tierras es parte de los orígenes del conflicto. En efecto, durante las siguientes tres décadas, las guerrillas aprovecharon esa necesidad de los campesinos como una ‘oportunidad’ para promover marchas y tomas de tierras a varios hatos y latifundos, principalmente del Urabá y la Costa Caribe.
El Incora compró las tierras invadidas, así como otras reclamadas, y también extinguió la propiedad del dominio a quienes tenían vastas tierras que no explotaban. Las parceló y las tituló a campesinos que no tenían tierra. Lo que no contó Cabal y lo que confirmaron varios académicos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, es que en estas tierras hubo una “contrarreforma agraria” violenta (Lea: Desacuerdos sobre la guerra y Doce miradas sobre el conflicto).
Los grupos paramilitares despojaron a los campesinos parcelados a punta de amenazas, torturas, asesinatos, desapariciones y desplazamientos, y luego transaron las fincas en notarías y oficinas de instrumentos públicos con la complicidad de varios funcionarios del antiguo Incora, del Incoder y de alcaldes de los municipios. Este es el drama que han documentado los investigadores de la Unidad de Tierras y que han validado los jueces de restitución en sus sentencias en casos como el de Chibolo, en Magdalena; en Ovejas, Sucre; en El Toco y La Bellacruz, en el Cesar; y en las subregiones de las Montes de María y el Urabá (Lea especiales de tierras en VerdadAbierta.com).
La Ley de Víctimas señala que la Unidad de Tierras priorizará los casos bajo dos criterios: uno, que haya una cantidad considerable de reclamaciones en una misma zona, y dos, que haya condiciones de seguridad para poder realizar este proceso. En los casos de las parcelas, se cumplen los dos requisitos.
Los “grises” de esta afirmación están en que, en efecto, muchos propietarios de grandes fincas se vieron presionados a venderle al Incora o al Incoder frente a las tomas de tierras; pero esto no es un argumento para que vincule a los reclamantes con grupos armados ilegales, sobre todo, cuando estas comunidades han tenido que sobrevivir en medio de una guerra alimentada por el narcotráfico y disputada por guerrillas, paramilitares y de forma más reciente, por bandas criminales.
2-. La guerrilla tiene que ver con las “invasiones de tierras”.
María Fernanda Cabal señala que en la región del Urabá, principalmente en el municipio de Turbo, los campesinos han “invadido tierras” con el apoyo de oenegés como Tierra y Vida y Forjando Futuros, tal como lo hacían, en otra época las guerrillas. La Congresista aseguró que “el territorio y la población son instrumentos de los grupos ilegales”, pues las Farc, el Epl y el Eln “crearon movimientos de recuperación de tierras y realizaron cientos de invasiones en todo el territorio nacional, bajo unapolítica de usurpación de tierras y poblamiento artificial”.
La región del Urabá fue un laboratorio del Gobierno para implementar la prometida reforma agraria que fue reversada en los 90 por los paramilitares. Foto: archivo Semana.
Según Cabal, estas “incursiones armadas” afectan la propiedad privada de dueños, empresarios y ganaderos que a su consideración explotan tierras bien habidas. Aunque en casos como en la vereda Las Guacamayas de Turbo, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín le negó la reclamación de tierras a varios campesinos despojados de sus parcelas por paramilitares. La Corte Suprema le dio la razón a un grupo de campesinos con una historia similar en la region de Tulapas (Lea: En Tulapas, Urabá antioqueño, sí hubo despojo: Corte Suprema de Justicia).
Hay que tener en cuenta que antes de la Ley de Víctimas (2011), el tema de tierras no era estudiado ni comprendido por los jueces que tenían que ver con los crímenes cometidos por paramilitares.
Desde el año 2013 varios campesinos que fueron despojados de esas regiones decidieron retornar a sus predios, según ellos, se cansaron de esperar tantos años sin un fallo judicial. En el caso de Guacayamas y la Larga-Tumaradó, estos campesinos fueron tildados de “invasores” y expulsados de las tierras mediante la figura de desalojos policivos (Lea: Los desplazamientos, despojos y desalojos que rodean a Guacamayas y Con búfalos ocupan tierras reclamadas por labriegos de la Larga-Tumaradó).
Aunque una parte de las comunidades reclamantes está protegida con medidas cautelares, los campesinos siguen a la espera del desarrollo de los juicios de tierras para que sea una sentencia que estudie sus razones y les brinde garantías para poder retornar y quedarse en sus parcelas.
3-. El proceso viola la buena fe del opositor
La Representante a la Cámara también dijo que las personas que no están de acuerdo con la reclamación que hace una persona de un predio, están en desventajada en el proceso de restitución. Según Cabal, porque el Estado no las representa y porque es a los reclamantes a quienes les concede el beneficio de que actuaron de “buena fe excenta de culpa”.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras le da el beneficio de “buena fe exenta de culpa” al reclamante, reconocimiento que es víctima del conflicto armado y saldando una deuda histórica con quienes resistieron casi dos décadas de desplazamiento. Foto: archivo Semana.
La Congresista olvidó reconocer que el espíritu de la Ley es reconocer a las víctimas del conflicto armado y que por ello asume su “buena fe exenta de culpa” pues se trata de por lo menos 2 millones de personas que tuvieron que abandonar o que les fueron usurpadas sus tierras durante el conflicto armado.
En su exposición no tuvo en cuenta que el proceso les brinda garantías a los opositores para que se defiendan durante el juicio, y que durante este año el Gobierno reconoció que la realidad no se reducía a “víctimas y victimarios”, por lo que implementa un programa de segundos ocupantes o terceros intervinientes. Estos últimos son personas que no fueron cómplices de actores armados ilegales ni compraron aprovechándose de la violencia o de la vulnerabilidad del reclamante, pero que con dificultad pueden probar “la buena fe exenta de culpa” (Lea: Segundos ocupantes, la otra cara de la restitución).
Al terminar el debate, Cabal concluyó que la Ley de Víctimas y Restitución debe reformarse, pues el Gobierno no debió implementar un proceso “que le quita tierra a quienes están en sus fincas para entregárselas a quienes se declaran víctimas”. Para ella, a estas últimas debieron sólo compensarlas económicamente.
