Mientras en Medellín se resuelve una demanda de restitución entre campesinos y un empresario antioqueño; en Urabá, los reclamantes acudieron a las vías de hecho, cansados de la lentitud de la justicia.
El pasado viernes 2 de agosto en horas de la madrugada, el inspector de Policía de Turbo, Faustino Soto López, acompañado de integrantes de la Personería de Turbo, agentes de la Policía, un camión y un tractor, llegaron hasta la finca La Unión, ubicada en la vereda La Eugenia de este municipio, para hacer efectiva una orden de desalojo contra Esteban Mora.
Por segunda vez en su vida, este labriego afrontaba la expulsión forzada de la que dice es su finca. La primera vez fue en 1996, cuando paramilitares comandados por Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, llegaron hasta esta vereda dispuestos a “expulsar guerrilleros”. Esa ola de violencia obligó a Esteban y su familia a abandonar la región. Luego, llegarían comisionistas quienes, usando la intimidación y el terror, obligaron a Esteban a vender su finca, según lo denunció él mismo ante la justicia.
En 2008, él y otras 30 familias campesinas desplazadas de las veredas La Eugenia y Guacamayas, de Turbo, quienes también alegan haber sido víctimas del despojo de tierras, decidieron organizarse y pedirle a la justicia que les devolviera sus predios, que hoy día hacen parte de un complejo ganadero llamado “Hacienda Guacamayas”, propiedad de ASA S.A, cuyo máximo accionista es el empresario Humberto Duque Peláez.
Sin embargo, desilusionados con la lentitud que ha tenido el proceso en los tribunales de Justicia y Paz de Medellín y cansados de pasar hambres y penurias desde que debieron abandonar su terruño, Esteban y las demás familias reclamantes decidieron, hace poco más de un año, ocupar las fincas que dicen les pertenecen.
Ante tal decisión, la reacción de los actuales propietarios no se hizo esperar. El pasado 23 de julio del presente año, el Inspector de Policía de Turbo ordenó el desalojo de 90 campesinos asentados en los predios La Unión, El Paraíso, No Hay Como Dios y Los Olivos, estas dos últimas situadas en la vereda Guacamayas.
Al único que le tocó la mala fortuna de ser desalojado fue a Esteban. Antes de que el sol saliera ese 2 de agosto, la esposa de Esteban y sus 10 hijos fueron sacados a la fuerza y con algo de violencia de su casa, según denunció Esteban; además, sus electrodomésticos y pertenencias fueron puestos en el camión. El conductor del tractor, autorizado por la orden escrita del Inspector de Policía, procedió a tumbar el rancho que la familia de labriegos había levantado un año atrás.
El mismo Inspector de Policía, atendiendo el llamado de diversas organizaciones no gubernamentales, decidió suspender la diligencia judicial que debía llevarse en los demás predios, hasta tanto “se verifique el cumplimiento de todas las condiciones y se garanticen los derechos de la población que ocupan los predios”.
Si bien la posibilidad del desalojo permanece latente, la suspensión momentánea brinda algo de tranquilidad a los reclamantes a quienes no les queda más que seguir creyendo que la justicia algún día decida favorablemente sus demandas.
Contradicciones del proceso
Y es que el litigio mediante el cual se busca la restitución de 12 predios ubicados enlas veredas La Eugenia y Guacamayas, que tiene enfrentados en tribunales judiciales a familias campesinas del Urabá antioqueño contra el empresario Humberto Duque, ha sorteado toda suerte de dificultades que han impedido que haya un veredicto más oportuno.
En noviembre de 2009, la desaparecida Comisión Regional para la Restitución de Bienes le había solicitado al Tribunal de Justicia y Paz de Medellín resolver, de manera urgente, la situación jurídica de 18 predios, entre ellos estos doce de Guacamayas. Pero en esa ocasión, la audiencia, programada para el 21 de enero de 2010, fue cancelada por decisión de un magistrado de ese Alto Tribunal debido a que alias ‘Pedro Bonito’, no fue notificado a tiempo.
Luego vinieron dos audiencias más en las que el funcionario judicial determinó que no tenía competencia para fallar en estos procesos. Pero un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia determinó que los magistrados con funciones de control de garantías de Justicia y Paz sí podían resolver casos de despojo de tierras. Pero debido a la congestión que ya se presenta en los tribunales en casos de restitución de tierras, solo fue posible programar la primera parte de esta audiencia el 5 de junio de 2012, la cual continuó en agosto y noviembre de 2012 y tuvo su continuación el pasado mes de julio.
En esta ocasión, Olimpo Castaño, Magistrado con Función de Control de Garantías del Tribunal de Justicia y Paz, tuvo la oportunidad de escuchar tanto las versiones de los campesinos reclamantes como los empresarios que fungieron como comisionistas y compradores de tierra. Y allí, bajo la gravedad del juramento, campesinos como Rosemberg Ibáñez, Vidal Durán, Alfranio Solano y Carlos Páez relataron cómo los paramilitares de Raúl Hasbún llegaron al corregimiento Macondo, imponiendo un régimen de terror.
Carlos Páez recordó, por ejemplo, que los ‘paras’ llegaron promediando el segundo semestre de 1996 y que alias ‘Pedro Bonito’ dejó como comandante de la región a Darson López Simanca,reconocido exintegrante de los comandos populares, conocido como ‘Lázaro’ o ‘Monopecoso’. Y que su segundo al mando era un paramilitar apodado ‘El Chivo’.
“Al poco tiempo que llegaron los paramilitares comenzaron los asesinatos: mataron a Juan Manuel Toscano, a Samuel Velázquez y a un señor que le decíamos Roberto ‘Cheche. Después, ‘Lázaro’ hizo una reunión como en abril de 1997, en la Escuela Guacamayas, donde reunió a todos los parceleros y nos dijo que necesitaba las tierras.”, recordó Páez, quien reclama la finca Guacamayas, un predio de 168 hectáreas que debió vender a mediados de 1997 a los comisionistas Jairo Lopera y Juan Fernando Mejía.
“Nosotros no queríamos vender, pero una vez llamó este señor (Jairo) Lopera y me dijo: ‘Yo no vengo a preguntarte si querés vender. Vengo a decirte que busqués a tu papá para que cerremos el negocio de una vez’”, añadió el hoy líder de los reclamantes y directivo de la organización Tierra y Vida, y relató pormenores de la transacción: “al día siguiente, a la finca llegaron estos señores con el Notario de Chigorodó y mi papá firmó. Ese día nos dieron 20 millones de pesos en efectivo. Teníamos 800 reses, pero se logró salvar una parte, la otra se perdió”.
En la misma diligencia, el Magistrado escuchó el relato de Alfranio Solano, quien explicó cómo tuvo que vender las fincas Santafé y Santamaría: “A mí me mataron dos cuñados. Uno de ellos era pastor evangélico, le cortaron la cabeza. Luego mataron otra hermana mía. Esas son cosas que dan mucho miedo y por eso tomamos la decisión de irnos para Turbo. Menos mi papá, que tenía 80 años y nos dijo que se quedaba cuidando la finca”.
A mediados de 1997, el padre de Alfranio recibió la visita del comisionista Jairo Lopera. “Primero llegaron donde un vecino, que también se había quedado solo en la vereda. El comisionista le dijo que si no le vendía, negociaban con la viuda. El hombre les contestó que como el viudo era él, entonces no había negocio. Resulta que a ese hombre lo desaparecieron. A los día fueron donde mi papá y él, viendo lo que le habían hecho al vecino, le vendió por cinco millones de pesos”, dijo el campesino.
¿Hubo violencia en Las Guacamayas?
En sus relatos, los campesinos describieron hasta qué punto llegó el control ejercido por los paramilitares en la región. “En Macondo, en Blanquizet, en Barranquillita, ahí los ‘paras’ tenían sus retenes y paraban a la gente, le pedían la cédula y si no sabían quién era, te podía ir mal”, manifestó Carlos Páez, versión que fue secundada por Rosemberg Ibáñez, campesino que reclama la finca No Hay Como Dios, la cual vendió luego que alias ‘Lázaro’ hiciera una reunión en la escuela Guacamayas informándole a los parceleros que debían vender.
“Los paras tenían una vara ahí en la entrada de Barranquillita y fue mucha la gente que mataron ahí. Entonces, yo digo que estos señores que entraron a la región a comprarnos las tierras tenían que tener la autorización de los ‘paras’, porque nadie entraba sino era porque ellos decían”, precisó.
Otra versión tienen los profesionales que sirvieron como comisionistas para la compra de tierras en las veredas Guacamayas y La Eugenia. “En todo el Urabá la seguridad ha sido complicada, incluso ahora. Eso no es de ocultar. Pero en esa zona en particular era tranquila. Las veces que yo entré a la zona nunca vi presencia de ningún grupo armado al margen de la Ley”, relató en estrados judiciales Juan Fernando Mejía, un profesional radicado desde temprana edad en el municipio de Chigorodó, quien aparece firmando varias compraventas de fincas en las Guacamayas.
“De hecho esas tierras estaban abandonadas –continuó Mejía- porque el Fondo Ganadero de Córdoba le había entregado un ganado a los campesinos y después lo retiró, entonces los campesinos abandonaron las tierras. Por eso me parece que son unos oportunistas, diciendo que van a reclamar, cuando se les ofreció mucho más de lo que podían valer esas tierras”.
Relato similar rindió Rubén Darío Ruiz Pérez, empresario lechero del Norte de Antioquia, quien llegó a invertir en Urabá por invitación de Jairo Lopera. “Él me propuso una inversión en el Urabá, cuando conocí las tierras me entusiasmé y decidí invertir. Jairo (Lopera) ya tenía negociadas las tierras. El negocio era interesante e invité a Humberto Duque a que invirtiéramos”, contó Ruiz, quien señaló que en sus visitas esporádicas a la región, nunca observó presencia de grupos paramilitares. “Estuve como cinco o seis veces, no me quedaba mucho, pero nunca vi grupos armados”.
De acuerdo con Ruiz, el incremento en el valor de la hectárea de tierra en Las Guacamayas, que pasó de 200 mil pesos pagados a los campesinos, a poco más de 2.5 millones de pesos, obedece a que fue el proyecto agroindustrial Sociedad Guacamayas S.A, que en el año 2005 pasaría a engrosar los activos de la empresa ASA S.A, el que llevó la energía eléctrica a la región y construyó la carretera de acceso que mejoró la conectividad con el resto de municipios del Eje Bananero.
Lo que sí dijeron desconocer tanto Ruiz como Mejía era que Jairo Lopera, quien se desempeñaba como zootecnista en la región, mantuviera nexos con jefes paramilitares, como lo señalara la Fiscalía al manifestar que Lopera fue baleado por sicarios, el 24junio de 1997, luego de salir de la oficina de Hernán Moreno, integrante del bloque Noroccidente Antioqueño de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien se desmovilizara con esta estructura paramilitar el 11 de septiembre de 2005 en zona rural de Sopetrán, Antioquia.
Entonces, ¿hubo presencia de grupos paramilitares en Las Guacamayas? Será precisamente el propio Raúl Hasbún quien aporte su verdad en este litigio jurídico los días 12, 13 y 14 de agosto, cuando deberá presentarse ante los estrados judiciales. Por ahora, es la versión de los campesinos contra la de los empresarios.
