La Corte Constitucional le ordenó a la nueva Agencia Nacional de Tierras terminar el proceso de recuperación de baldíos en la antigua hacienda Bellacruz. Este es el caso de una larga batalla jurídica entre campesinos desplazados y la empresa La Gloria, en cabeza del empresario Germán Efromovich.
La Corte Constitucional les dio la razón a los campesinos que le pedían al Incoder (en liquidación) recuperar 1.200 hectáreas de predios baldíos de la antigua Hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar. Foto suministrada.“Estamos felices. Es algo que no podemos describir. Desde el año 1987 llevámos pidiéndole al Estado que nos escuchara. Nos sentíamos atropellados por todos. Pero la justicia siempre llega”. Con estas palabras Fredy Rodríguez celebra la decisión que la Sala Plena de la Corte Constitucional tomó este jueves 12 de mayo de 2016 en relación con la antigua Hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar.
El máximo tribunal de lo constitucional le dio la razón a la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol), cuyo representale legal es Rodríguez, que exigía diligencia al antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, en liquidación) para recuperar por lo menos 1.200 hectáreas de predios baldíos que hay dentro de la antigua hacienda. En su decisión, la Corte le ordena a la nueva Agencia Nacional de Tierras terminar el proceso de recuperación de baldíos que no quiso continuar el Incoder y estudiar los beneficiarios de su posible adjudicación. A la Unidad de Restitución le ordena comenzar los procesos para “microfocalizar la zona”, es decir, que ésta tenga los avales necesarios para adelantar procesos de restitución en caso de que haya reclamantes.
La disputa por la antigua Bellacruz tiene tres actores principales. El Estado, que como lo documentó VerdadAbierta.com en una investigación periodística que comenzó en 2011, no fue eficiente en administrar los predios baldíos [las tierras de la Nación] al no verificar en el territorio qué pasaba con su patrimonio. Otros son los campesinos -asociados en Asocol- que desde finales de los 80 le venían advirtiendo al Estado que la familia Marulanda se había apropiado de unos baldíos para hacer crecer la Hacienda Bellacruz, y que además fueron desplazados en 1996 por paramilitares justo cuando el antiguo Incora les iba a titular parcelas en predios que el Estado le compró a los Marulanda. Y el tercer actor es el Grupo Empresarial La Gloria, que en 2008 le compró la Bellacruz a los Marulanda para desarrollar un cultivo de palma africana en el municipio La Gloria, en el sur del Cesar.
La primera contradicción de esta historia data del año 94 cuando el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) advirtió que en la Hacienda había 1.500 hectáreas de predios baldíos -porque los Marulanda no lograron acreditar títulos de propiedad privada-, pero pese a que el Estado reconoció que tenía estas tierras disponibles para titularlas a colonos, prefirió comprarles a los Marulanda cuatro lotes de los que sí tenían títulos para parcelarlos. Es decir, el Estado teniendo tierra propia decidió comprar privada para hacer la reforma agraria. De esta manera, según el mismo estudio que previamente hizo el Incora, las 1.500 hectáreas de baldíos [predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel] quedaron dentro de la hacienda original.
En el año 96, cuando el Incora se disponía a entregar las parcelas en los cuatro lotes que le compró a los Marulanda[San Carlos, San Antonio, Santa Helena y Los Cacaos], y que desde entonces quedaron por fuera de la Hacienda, un grupo de paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado de las Auc desplazó a los parceleros. Estos crímenes fueron confesados por alias ‘Rancho’ en una versión libre en abril de 2010 y complemetada con detalles por Manuel Alfredo Rincón alias el ‘comandante Paso’, que en la justicia ordinaria aseguró que la familia Marulanda los contrató para expulsar a los campesinos de la Hacienda. (Lea: La historia sin fin de La Bellacruz)
Los campesinos expulsados de las tierras se fueron a otras regiones del país por miedo, pues según la misma versión de los dos exparamilitares interrogados por la justicia, las Auc instaló una ‘base’ en el predio San Carlos, en la parte alta de la Hacienda. En 10 años los campesinos no arrimaron por las tierras y cuando retornaron de a puchos después de la desmovilización de las Auc en 2006, se encontraron que los cuatro predios en que iban a ser titulados eran ocupados por otras familias campesinas y que la vieja Bellacruz ya no se llamaba así sino La Gloria, y que esta y los baldíos estaban sembradas con palma.
Los campesinos de Asocol sustentan la reclamación de los baldíos en que difícilmente podrían vivir en las parcelas que originalmente les iban a titular, pues estas terminaron siendo tituladas a otras familias o allí viven campesinos que también tienen la condición de víctima. Su otro argumento es que los baldíos son tierras de la Nación y según las Leyes agrarias deben ser adjudicadas precisamente a comunidades vulnerables que carecen de ella.
El Grupo Empresarial La Gloria, cuyo principal accionista es Germán Efromovich, el dueño del Grupo Sinergy, Avianca y de proyectos agroindustriales a lo largo y ancho del país, a través de empresas constituidas en Panamá –ver cuadro– , le compró a los Marulanda la hacienda en el año 2008. La antigua hacienda se componía de más de 9 mil hectáreas, pero para ese año estaba sumaba 5.500 hectáreas.
En una entrevista concedida a VerdadAbierta en 2011, Efromovich explicó que actuaron de buena fe, que no tuvieron vínculos con ningún grupo armado, que contrató a unos abogados expertos en estudios de títulos y que compró con tranquilidad porque no encontró problemas de titularidad en las tierras, además que los Marulanda eran conocidos en el mundo político [Carlos Arturo Marulanda, hijo del dueño dela hacienda fue exministro de Desarrollo y exembajador en Bélgica-Luxemburgo]. (Lea: La tierra no violó los derechos humanos)
Para entonces, Efromovich le dijo a VerdadAbierta.com que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con los campesinos, incluso proponiéndoles la idea de desarrollar una alianza productiva que permitiera ganar a las partes: a ellos como empresarios para continuar con el proyecto de palma; y a los campesinos para mejorar su condición económica. Pero en la realidad no fue así.
En 2011 el antiguo Incoder reanudó el trabajo que dejó pendiente en el año 1994 y revivió el estudio de baldíos para confirmar su existencia. Hicieron los trabajos de campo respectivo, determinando que de las 5.500 hectáreas que componen la Hacienda La Gloria, 1.200 eran predios baldíos y que comenzarían a recuperarlos.
Pero fue en este momento que el Grupo Empresarial, constituido en Panamá, optó por buscar una salida en los tribunales. Ese mismo año la empresa le solicitó al Consejo de Estado revisar la decisión del Incoder y la recuperación quedó frenada. Para el año 2014 el Incoder cambió de administración y quedó en cabeza del director Rey Ariel Borbón y el Subgerente de Tierras Carlos Ignacio Carmona que, como lo documentó VerdadAbierta, comenzaron a proferir resoluciones para dejar sin ‘piso jurídico’ las decisiones del Incora y del Incoder de los años 90 y 2011.
Este es un mapa de los años 90 de la antigua hacienda. Los predios coloreados fueron los que la familia Marulanda le vendió al antiguo Incora. Mapa suministrado.Entonces, el proceso pasó a mayores porque el Incoder y la misma Superintendencia de Notariado y Registro se negaron a inscribir la recuperación de los baldíos en el folio de matrícula, argumentando que el proceso tenía curso en el Consejo de Estado. El funcionamiento del Incoder, desde su creación en 2003, fue fuertemente criticado por un informe de la Procuraduría que sugirió su liquidación. (Leer más en: Procuraduría Agraria, a la ‘yugular’ del Incoder)
Cansados de tantas dilaciones, los campesinos interpusieron una tutela en la Corte Constitucional solicitándole diligencia al Incoder. (Leer más en: Los puntos suspensivos del caso Bellacruz)
La tensión llegó hasta la Corte. El máximo tribunal incluso tuvo que proferir medidas cautelares en julio de 2015, después de que otra asociación campesina (Asocadar) decidió ingresar a los predios de la hacienda buscando su recuperación. Asocol rechazó lasacciones de esta organización, advirtiendo que ellos no tomarían vías de hecho porque confiaban en la justicia. Pero como los campesinos de Asocadar fueron expulsados por la intervención del Esmad, la Corte ordenó medidas de protección generales para todas las comunidades reclamantes de la antigua hacienda. (Leer más en: Una victoria para los campesinos de La Bellacruz)
Mientras la Corte estudiaba la tutela, continuó la presión. El abogado Jaime Granados tuteló a la Corte Constitucional al considerar que las decisiones del alto tribunal afectan la propiedad privada del Grupo La Gloria. (Leer más en: Yo tutelo, él tutela, ellos tutelan… el caso Bellacruz)
Los campesinos sentían que perdían la esperanza, al saber que el proceso podía superar los cinco años tras tantas recursos sobre la mesa. “Saber que la Corte falló a favor de nuestra petición es una alegría inmensa. Yo tenía 26 años cuando comenzamos a reclamar las tierras; hoy tengo 52”, dice Fredy Rodríguez, recordando que su tía Elosía Corral debía estar igual de feliz. Fue Corral quien en los años 70 recibió la promesa del presidente Carlos Lleras que los campesinos de la región tendrían tierras.
En noviembre de 2015, los congresistas Iván Cepeda, Alirio Uribe y Alberto Castilla, junto a varias organizaciones sociales, presentaron una queja formal ante la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (Rspo, por sus siglas en inglés) contra la empresa Extractora La Gloria. Este es un certificado que garantiza que el sistema de manejo de las plantaciones cumple con las normas exigidas, garantizando un manejo óptimo del medio ambiente con reponsabilidad social y viabilidad económica. Este es clave y necesario para exportar. Para los congresistas y organizaciones como Asocol y Asocadar, La Gloria no debería portar con este certificado por los antecedentes de violencia de los predios que explotan y la reclamación de las víctimas. La decisión de la Corte les da la razón y fortalece su queja ante la Rspo. (Leer queja en español)
La decisión de la Corte marca un precedente las deudas históricas sobre la resolución de procesos agrarios. La nueva Agencia Nacional de Tierras no sólo tendrá por delante resolver el tema de baldíos de la antigua Bellacruz, sino de múltiples casos similares a lo largo de regiones como el Urabá, Montes de María y el Magdalena Medio. La Unidad de Tierras además tendrá que argumentar por qué razones debe o no “microfocalizar” esta región para aceptar las reclamaciones de restitución de víctimas de la violencia.
Y frente al escándalo de los “Papeles de Panamá”, le corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) investigar por qué Efromovich acude a la creación de empresas en Panamá.
