Después de 16 años, y de haber sufrido asesinatos, desplazamientos y miseria, 55 familias esperan recuperar sus parcelas en San Diego, Cesar, donde paramilitares y funcionarios del Incora se aliaron para despojarlos.
Desde enero de 2013, líderes y personas reclamantes de tierras han denunciando ante las autoridades amenazas. Foto archivo Semana.
Mario* se entusiasmó. El jueves 5 de septiembre de 2013 se alistó temprano con la promesa de que volvería a su finca de 26 hectáreas en la parcelación El Toco, en San Diego, Cesar, que abandonó en 1997 por la violencia paramilitar. En mayo pasado un juez especializado en tierras le había restituido la finca y la Unidad de Restitución se comprometió a acompañarlo. Pero no hubo retorno. Ese día la entrega se canceló porque no había acompañamiento de la policía y la comunidad se rehusaba a que Mario fuera solo y quizá se repitiera la historia de Pedro*.
Pedro es otro de los cuatro parceleros hasta ahora restituidos de las 55 familias que reclaman una parcela en el Toco como parte del proceso de restitución que se adelanta desde febrero de 2013 ante el Juzgado Especializado de Tierras de Valledupar. El 12 de agosto de 2013, feliz de retornar a su terruño tramitó un crédito de un millón de pesos y con ese dinero compró herramientas y contrató a dos amigos para que lo ayudaran a quitar la maleza y a levantar la deteriorada parcela. Pero la ilusión le duró poco. Diez días después un hombre que se había presentado el juicio como opositor al proceso de restitución lo amenazó (Lea la denuncia aquí).
“Todo lo perdí otra vez. La alegría que tenía de volver a mi parcela se me acabó el 23 de agosto cuando salí un momento al pueblo a comprar más comida. Justo ahí llegó el señor que se había quedado con mi parcela y de forma amenazante le dijo a mis dos trabajadores que se fueran de ahí porque “esa m… era suya”, le contó Pedro a VerdadAbierta.com.
Estos hechos llevaron a la Asociación Comunitaria de Parceleros del Toco, Asocomparto, a pedirle al gobierno que realice un proceso de restitución colectiva que garantice el retorno. “Esto está muy lento. Apenas en un año van tres fallos, vamos de una en una y así no hay garantías. Queremos saber si esos fallos van a seguir saliendo a cuenta gotas, así no nos conviene. Si nos entregan a todos es mejor porque así podemos protegernos y ayudarnos entre todos”, dijo un integrante de la asociación de campesinos reclamantes de tierras.
Ivonne Moreno, subdirectora de la Unidad de Restitución, explicó que están enterados de la situación y que en el caso de Pedro interpusieron una denuncia penal contra el hombre que amenazó al parcelero. “La competencia de los despachos judiciales no terminan con la orden de fallo; tienen la responsabilidad de verificar hasta que el predio quede restituido. Ya le oficiamos al juez para que en virtud de sus competencias pueda dictar órdenes”, indicó la funcionaria.
Respecto al caso de Mario, dijo que ese día la policía del Cesar tenía copada su capacidad pero que programarán una nueva fecha para acompañar al campesino en su retorno. Sobre la solicitud de Asocomparto, Moreno aseguró que la Unidad de Restitución recibió los 55 casos del Programa de Protección de Tierras que antes era administrado por Acción Social y que decidieron presentar en demanda ante el juez los casos que iban más avanzados en documentación. “Desde el momento en que comenzamos por una zona, es porque hay un previo estudio de que la región es segura para restituir”, dijo Moreno.
La historia trágica de El Toco
La violencia en El Toco comenzó en 1997 cuando paramilitares a cargo de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ llegaron el 22 de abril y con lista en mano asesinaron a Daniel Antonio Cogollo Badillo, líder de la junta de acción comunal, y a Darío Enrique Parada Ortega, hijo del secretario de la misma junta. Los señalaron de ser presuntos colaboradores de la guerrilla. Los pobladores salieron despavoridos pero retornaron al poco tiempo porque estaban esperando los tan anhelados títulos de propiedad de sus fincas que les había prometido el Incora (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, hoy Incoder).
Un mes antes el instituto de tierras le había comprado las 1.593 hectáreas dela hacienda El Toco a Alfonso Murgas, un hacendado que cultivaba palma africana con su empresa Palmeras del Cesar, para distribuirlas entre los campesinos. Estas familias, que eran por lo menos 80, habían invadido la hacienda en los años 90 y habían desarrollado allí cultivos de algodón, sorgo, maíz, ajonjolí, patilla, melón; y criado ganado, cerdos, chivos y aves de corral. Murgas prefirió venderle al Incora.
Según los informes de la época, el Incora había hecho un ‘censo’ de las familias, las calificó y determinó que El Toco solo podía dividirse en 55 partes para titularlas a igual número de campesinos, con extensiones entre 26 y 32 hectáreas, y que se comprometía a buscar un nuevo terreno para ubicar a las 25 familias pendientes. En varias actas consignó los nombres de los seleccionados, siendo definitiva la última, la número 23, del 13 de agosto de 1996 (Lea el acta).
Pero ese 22 de abril de 1997, justo veinte días después de que el Incora comprara El Toco y comenzara a preparar las titulaciones, los paramilitares desplazaron a los parceleros. “Eso fue en la tarde”, relató un campesino en una denuncia presentada a la Fiscalía. “Estaba en la finca cuando las Auc nos amenazaron, nos dijeron que desocupáramos que si no nos mataban. A dos compañeros los asesinaron. Nos desplazamos y dejamos todo, la casa, 30 gallinas, 12 pavos, tres burros, ganado, una hectárea y media de algodón y una hectárea con cultivos de yuca, maíz y plátano”, relató un campesino en su denuncia.
Los parceleros retornaron pronto porque no tenían dónde vivir. En mayo de 1997, un mes después del primer desplazamiento, los paramilitares volvieron y asesinaron a Joaquín Gaviria Pardo, Víctor Daniel Plata Belloso y Víctor Plata (padre e hijo), Hernán Pinedo Calderón y José Augusto Yance Garrido. Se robaron los animales y las cosechas que tenían los campesinos en las parcelas (Lea: Los Brasiles, un pueblo al que pocos regresaron). Estos asesinatos, robos y desplazamientos fueron confesados en versión libre ante Justicia y Paz por Francisco Gaviria alias ‘Mario’ y Jhon Jairo Esquivel alias ‘El Tigre’ en marzo de 2011 y abril de 2012.
Mientras los campesinos vivían desplazados en otros pueblos del Cesar o en la Costa Caribe, el Incora emitió por fin los títulos prometidos. Sólo lo hizo entre el 18 de noviembre de 1999 y el 31 de enero de 2000, cuando el entonces gerente del Incora en Cesar, Omar Elías Obando Dáez, firmó 46 de los 55 títulos anunciados en 1997. Sin embargo, los campesinos recuerdan que solo 19 familias recibieron en físico las resoluciones. “Los títulos los hicieron, pero nunca los entregaron. Me enteré hace cuatro años que existían esos títulos”, dice hoy uno de los parceleros que espera la restitución de su tierra.
La violencia paramilitar siguió durante los siguientes años. En una denuncia ante la Fiscalía, el entonces presidente de la junta de acción comunal de El Toco contó que el 16 de marzo de 1999, un paramilitar le dijo que estaban buscándolo para matarlo: “Me dijo: viejo… usted conoce el tema a fondo y a todos los parceleros iniciales. Unos funcionarios del Incora y unos amigos de esos funcionarios nos pagaron una fuerte suma de dinero para asesinar y desaparecerlo a usted porque usted se la pasa reclamando esos predios… váyase bien lejos donde nadie sepa nada de usted para no tener que matarlo”.
El despojo de ‘Barbie’
Tras el desplazamiento de los campesinos vino el despojo. Pese al miedo, muchos intentaron volver pero se encontraron con que en sus parcelas pastaba ganado custodiado por paramilitares. “Me preguntaron que a qué me dedicaba. Les dije que a la pesca. Me pidieron la cédula, buscaron el nombre en una lista y me dijeron que no podía frecuentar la zona”, relató un campesino que intentó volver en 2000 pero que tras la amenaza decidió refugiarse en el municipio de Codazzi.
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, determinó en un estudio que Hugues Manuel Rodríguez Fuentes explotó entre 2000 y 2006 por lo menos 27 de las 55 parcelas que eran de campesinos, utilizando una supuesta figura de arrendamiento de tierras. Durante el juicio de restitución, varios campesinos confirmaron esta versión. Algunos le explicaron al juez que Rodríguez les prometió comprarles las tierras; otros dijeron que les prometió comprarles entre cinco y siete millones de pesos y luego los hizo firmar unos papeles.
“A mí me llamaban, me decían que si no vendía que me trajera el ataúd. Pregunté que quién quería comprar y me dijeron que Hugues Rodríguez. Le vendí pero nunca me pagó”, relató un campesino al juez. “Me acuerdo que un vecino me llamó y me dijo que él había vendido por presión, que qué iba a hacer yo, que nos iban a matar… Dije, bueno, también vendo porque no me iba a hacer matar y los cinco millones de pesos me servían de algo… Firmamos unos papeles, como cinco, me acuerdo que uno parecía una letra de cambio…”, precisó el mismo parcelero.
Los campesinos cuentan que Hugues Rodríguez utilizó un bulldozer con el que arrasó las cercas de las parcelas y puso a pastar ganado de su empresa Inversiones Rodríguez Fuentes. Según documentó la justicia colombiana, Rodríguez Fuentes con la fachada de hacendado se había aliado con ‘Jorge 40’ para manejar negocios de narcotráfico y bajo el alias del ‘Comandante Barbie’ se encargó de las ‘finanzas’ del Frente de Guerra Mártires del Cesar de las Auc (Lea: El comandante ‘Barbie’ y Conversaciones peligrosas).
‘Barbie’ explotó entonces las parcelas hasta marzo 2006, justo la fecha en que los paramilitares del Bloque Norte que hacían presencia en Cesar se desmovilizaron. El 5 de marzo ‘Barbie’ sacó el ganado de éstas y no volvieron a saber de él. Cuando las autoridades en Estados Unidos lo solicitaron en extradición en 2007, Rodríguez se escondió en Venezuela y negoció su entrega. En ese país estuvo preso por narcotráfico y luego de colaborar con la justicia quedó con libertad condicional. En Cesar, algunas personas que entrevistó VerdadAbierta.com que fueron cercanas a él y a su familia aseguraron que vive en Centroamérica bajo vigilancia del gobierno de Estados Unidos (Lea: Ex paramilitar ‘Comandante Barbie’ aparece en EE.UU. y pacta un juicio rápido).
El despojo del Incora
La ocupación que hizo Hugues Rodríguez de las parcelas bajo presión no fue la única modalidad de despojo en El Toco. En varios otros casos, el antiguo Incora no tituló a los campesinos seleccionados desde 1997 sino a otras personas que no cumplían con los requisitos de la reforma agraria, entre ellos, a familiares de funcionarios públicos.
En los juicios de restitución, una sentencia probó que Marcos* había sido seleccionado como beneficiario de la parcela 51 en 1995 pero, como lo han relatado varios campesinos, la abandonó por la violencia paramilitar. Para su sorpresa, el 23 de abril de 2000, Omar Elías Obando, el mismo director del Incora que no había emitido y entregado los 55 títulos completos a los campesinos originarios, le tituló el predio 51 no a Marcos sinoa Jacqueline Arzuaga, quien se presentó al juicio como opositora al proceso de restitución.
Arzuaga dijo en los estrados que ella era la propietaria de la parcela porque el Incora se la había titulado. Arzuaga es hermana del entonces inspector de Policía del corregimiento Los Brasiles, que queda muy cerca a El Toco, Magglioni Enrique Arzuaga, quien bajo gravedad de juramento, negó ante el juez que en la zona hubieran ocurrido desplazamientos. Su afirmación es por lo menos dudosa, cuando son varios los campesinos que aseguran que él estuvo al tanto de la tragedia del 7 de agosto de 2000.
Según los relatos de los campesinos, ese día el Incora los convocó a una reunión a las nueve de la mañana para hablar sobre la situación de los títulos de El Toco. La razón les fue enviada con el inspector de policía de Los Brasiles, el propio señor Arzuaga. Los parceleros fueron, pero ningún funcionario apareció. Cansados de esperar, en la tarde regresaron al corregimiento. En el camino un grupo paramilitar asesinó a Natividad Liñán, Carlos Miranda y Fabiola Molina. Los tres habían sido titulados en 1999 con las parcelas 37, 38 y 45 pero no habían podido vivir allí por la violencia y precisamente habían acudido a la cita esperando una solución del Incora.
En la noche asesinaron en Los Brasiles a Dominga y Enrique Martínez (madre e hijo), y a un señor de apellido Bolaño.
Meses después las Auc secuestraron a Rubén Enrique Brito Ortega, a quien le habían titulado en 1999 la parcela 47 y está desaparecido desde esa tercera matanza que hicieron los paramilitares. Su predio, según un estudio del Incoder, fue ocupado durante varios años por Álex Becerra, un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf. La masacre de Los Brasiles de ese 7 de agosto de 2000 produjo el tercer desplazamiento masivo de los parceleros.
Ahora, cuando se supo que la parcela 51 le fue titulada a su hermana y que, más tarde, un estudio de 2011 del Incoder, encontró que el Incora había incluso postulado al inspector como beneficiario de la parcela 34, dejan aún más en entredicho su testimonio ante el juez.
Pero las titulaciones a terceros no solo ocurrieron durante la administración del Incora de Omar Elías Obando. En las siguientes administraciones ocurrió lo mismo. En un informe que realizó el Incoder en 2011, encontró que el 11 de diciembre de 2006 el Incora les tituló las nueve parcelas que aún no había adjudicado desde 1997 (los predios 9, 17, 18, 31, 41, 49 y 54), a nueve personas, de las cuales, ocho no habían explotado la tierra ni estaban registradas como víctimas.
Quien firmó las resoluciones fue Eduardo Carlos Gutiérrez Noguera, entonces jefe de la Oficina de Enlace Territorial 1 del Incoder, en diciembre de 2006 tras convocar a un Comité de Selección en el que participaron como presidente Carlos Reyes y como secretario Manuel Cabas. Los parceleros aseguran que le enviaron múltiples cartas a Reyes preguntándole qué había pasado con sus títulos pero que nunca recibieron respuesta.
En abril de 2007 el Incoder revocó las resoluciones de adjudicación de estas nueve parcelas, pues encontró que los seleccionados por el Comité y titulados por Gutiérrez Noguera no cumplían con los requisitos. Devolvió las parcelas a la Nación para que fueran adjudicadas a los campesinos originarios.
En 2008, los campesinos enviaron un derecho de petición pidiéndole claridad en los procesos de titulación al Ministerio de Agricultura, pero el entonces ministro, Andrés Felipe Arias, les respondió un mes más tarde que trasladaría la petición al gerente nacional del Incoder, Rodolfo Campo Soto. Ni el Ministerio ni el Incoder resolvieron la petición de los parceleros.
Despojo por compras
Otra modalidad de despojo en El Toco fueron las compras de las parcelas a precios muy bajos. Estos casos quedaron en evidencia en el proceso de restitución en el que el juez determinó que quienes compraron los predios a los campesinos no actuaron de buena fe porque se aprovecharon de la violencia que había ocurrido durante años en la región. Durante el juicio, los campesinos reiteraron que el Incoder favoreció a estos compradores titulándolos de forma rápida.
Así ocurrió con la parcela 53 que según el Comité de Selección de 1995 convocado por el antiguo Incora era para Pedro. Pero en 1997, él, al igual que otros parceleros, se desplazó y en vista de que los paramilitares seguían en la zona por miedo le vendieron las mejoras a Ubeth Murgas Leal e Iris María Soto Martínez en agosto de 1999. A los cuatro meses y sin reparos, el gerente del Incora Cesar, Omar Elías Obando Dáez, le tituló la parcela a estos compradores.
Varios campesinos le contaron a VerdadAbierta.com que en plena época de violencia paramilitar Obando Dáez les decía que vendieran. “Eso parecía una subasta. Yo vendí mi parcela a un señor por tres millones de pesos y así hicieron otros parceleros. Imagínese qué iba a hacer uno, sí el mismo director del Incora nos decía eso, no había esperanza de nada”, dijo un parcelero que vive desplazado en un pueblo cercano a la espera de la restitución para poder trabajar.
Lo mismo sucedió con la parcela 43. En 1999, el Incora le había titulado este predio a Carlos*, quien intentó retornar en 2000. Pero tras la masacre de agosto de ese año y las amenazas, decidió seguir desplazado y volver cuando la situación mejorara. Sin embargo, le dijo al juez de restitución que desesperado un día vendió.
“Las Auc se habían desmovilizado pero por motivos de salud y necesidad, estaba pasando hambre con mis hijos, me obligué a esta venta injusta porque no tenía albergue”, contó Carlos* en el juicio. En junio de 2006 en la Notaría Única de Codazzi vendió su parcela de 26 hectáreas a los hermanos Carlos y Javier Mendoza Murgas por 17 millones de pesos. Según lo documentó la Unidad de Restitución, en 2009 los Mendoza Murgas, a su vez, firmaron una promesa de compraventa por 113 millones de pesos con Carlos Alberto Cabrera a quien prometían entregarle la tierra en noviembre de 2012.
En el juicio, Carlos Mendoza Murgas le dijo al juez que él y su hermano le compraron la parcela a Carlos* porque estaban buscando tierras para arrendar pastos donde pudieran alimentar al ganado y que llegaron donde el campesino por referencia del antiguo inspector de policía Magglioni Enrique Arzuaga y de Carlos Marshall Plata, este último también parcelero.
Tanto Ubeth Murgas Leal e Iris María Soto Martínez como los hermanos Mendoza Murgas y el último comprador, Carlos Alberto Cabrera, se presentaron como opositores a los procesos de restitución de las parcelas 53 y 43, pero el juez decidió devolvérselas a los campesinos originarios.
A la espera de la restitución
El Toco fue seleccionado por el gobierno como un caso emblemático de restitución cuando fue aprobada en 2011 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Eso significa que las instituciones se concentrarían en documentar el caso y llevarlo ante jueces para que los campesinos recibieran los títulos y pudieran volver a sus parcelas. Hasta el 31 de mayo de 2013 la Unidad de Restitución había atendido en el municipio de San Diego, en el corregimiento de Los Brasiles, 47 solicitudes de víctimas que reclaman 38 parcelas que suman 1.477 hectáreas de El Toco. Sin embargo, la Unidad presentó los casos de forma individual y solo han sido restituidas cuatro familias.
“Lo que le pasó a Pedro* (campesino que fue restituido pero volvió a desplazarse porque fue amenazado) es una alerta de que algo está pasando y es preocupante cómo se vienen entregando las parcelas; no hay garantías y nos gustaría saber hasta dónde es posible que la Unidad de Restitución haga una entrega masiva y no una por una”, dijo un integrante de la organización de reclamantes de El Toco, Asocomparto.
Ivonne Moreno, subdirectora de la Unidad, aseguró que antes de finalizar este año la institución se compromete a presentar las otras 51 demandas ante el juez especializado de tierras y que decidieron hacerlo individualmente porque cada caso es particular. Frente a las denuncias de los campesinos, dijo que la Unidad estará al tanto de que se garanticen los retornos y que en la región sí habrárestitución porque la zona fue previamente analizada.
La Defensoría del Pueblo del Cesar ha estado al tanto de la situación. El defensor Omar Contreras les envió cartas al director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, y al director de la Unidad de Restitución, Ricardo Sabogal, contando las denuncias de los campesinos y solicitando medidas urgentes para garantizar la seguridad de los parceleros y sus familias. La Defensoría también ha alertado sobre los riesgos de otro grupo de reclamantes de tierras pero en el sur del Cesar, que esperan la restitución de predios en la antigua hacienda Bellacruz.
Los parceleros de El Toco esperan que las promesas de tantos años se cumplan. Porque resistieron a la violencia paramilitar, a la ocupación por parte de sus tierras por un poderoso para-empresario condenado por narcotráfico, a la forma irregular como el instituto de tierras tituló sus parcelas y a la negligencia del gobierno de no atender a tiempo sus denuncias. “Estoy cansado. Aburrido. A veces no quisiera saber nada de esto. No tengo tierras pero sí deudas”, dijo Pedro, el campesino que fue restituido y a los pocos días desplazado de su parcela.
*Nombres cambiados por razones de seguridad
