Éver Veloza García podría convertirse hoy en el primer jefe importante para en recibir imputaciones por los fiscales de Justicia y Paz para que un juez las acepte, las valore y determine si dijo la verdad y si reparó a las víctimas antes de acceder a la pena alternativa de entre cinco y ocho años de prisión.
El caso de ‘HH’ pasa a manos de un juez de control de Garantías de Justicia y Paz quien deberá dictarle sentencia por los crímenes confesados. |
Antes de que termine el año y de ser extraditado a Estados Unidos, donde una corte de Nueva York lo requiere por cargos de narcotráfico, Éver Veloza García, ex jefe de los bloques Bananero y Calima, de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), deberá aclarar por qué ordenó la muerte de al menos 3.000 personas y la desaparición de una cifra que ni el mismo es capaz de calcular.
Veloza, conocido como ‘HH’ o ‘Carepollo’, uno de los más temidos jefes paras y el único, tal vez, que se ha atribuido centenares de crímenes cometidos durante su lucha “contrainsurgente”, espera que hoy los fiscales de Justicia y Paz le imputen, de forma preliminar, los primeros cargos por homicidio agravado en persona protegida, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, terrorismo.
Sería el primero de los principales jefes paramilitares que llega a esta instancia del proceso de Justicia y Paz, en parte porque sus confesiones (lo ha reconocido el propio fiscal General Mario Iguarán Arana) les ha facilitado la labor a los encargados de la aplicación de esta ley, sobre todo en el esclarecimiento de muchos delitos atribuidos a las Auc
El ex jefe para ha sorprendido a los fiscales y a las víctimas por la manera desparpajada como acepta sus crímenes en las audiencias de versión libre, en las que ha dicho que mató todos los días y en todos los pueblos en que estuvo desde su vinculación a las Auc (desde 1994) y que para ello utilizó motosierras, descuartizó y torturó a muchas personas.
Complicidad
En esas versiones también ha confesado que obtuvo colaboración de empresarios y comerciantes e hizo operaciones conjuntas con miembros activos y de alto rango de la fuerza pública en Urabá y el Valle del Cauca.
Veloza García se desmovilizó con 452 hombres bajo su mando, el 24 de noviembre de 2004, en Turbo, pero huyó después cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez ordenó, en agosto de 2006, que todos los jefes paras permanecieran recluidos en un sitio especial a la espera de que los jueces y fiscales de Justicia y Paz resolvieran su situación jurídica y determinaran su sentencia a la luz de la negociación pactada con este grupo al margen de la ley.
La fuerza pública capturó a ‘HH’ el 3 de abril de 2007 cuando, en un intento por escapar, se tiró al río Cauca una vez se vio cercado en una finca del municipio de Salgar, Suroeste antioqueño, donde se ocultó durante varios meses, protegido por varios de sus colaboradores. Aunque el Gobierno intentó excluirlo de la lista de postulados a la ley de Justicia y Paz, su colaboración con ese proceso ha permitido que se mantenga allí y pueda, en un futuro, acceder a los beneficios de la norma.
En sus 35 comparecencias ante Justicia y Paz, Veloza García ha dicho también que quiere decir toda la verdad sobre sus crímenes, pero ha pedido tiempo para lo cual el Gobierno, a petición del mismo fiscal Iguarán Arana, le concedió cuatro meses antes de extraditarlo a E.U.
Desmentido
El ex jefe para ha estado en el centro de la discusión, pues sus versiones no solo han revelado el horror del accionar paramilitar sino que han destapado los vínculos de importantes empresas bananeras, multinacionales y de empresarios nacionales con lasAuc.
‘HH’ ha dicho que mató muchos inocentes, que los hizo sólo por sospecha y de esos crímenes no sólo son responsables las autodefensas sino sus “patrones”; es decir, quienes las financiaron, como industriales, comerciantes y políticos que, en muchos casos, nunca actuaron bajo presión sino que eran ellos lo que los llamaban para que solicitar sus servicios.
Sostuvo que se reunión con senadores de Estados Unidos a los que les ha dado los detalles sobre la forma como empresas multinacionales de ese país, con asiento en Urabá, pidieron la “ayuda” de las Auc a cambio de una retribución económica, retribución que sirvió para comprar armas y reclutar a más combatientes.
El ex jefe paramilitar confesó que entre 1997 y 1998 el bloque Bananero mató entre 1.300 y 1.500 personas en el Urabá, entre Antioquia y Chocó, tiempo que –indicó- coincidió con la Operación Génesis, ordenada por el ex comandante de la XVII Brigada, general (r) Rito Alejo del Río, para erradicar a la guerrilla de sus “santuarios” de las selvas chocoanas.
En esa época el río Atrato se convirtió en el cementerio itinerante de esa operación conjunta, al punto que los cementerios de pueblos ribereños como Vigía del Fuerte (Antioquia) y Riosucio (Chochó) se llenaron de tumbas marcadas con las letras NN.
Esa operación provocó uno de los desplazamientos más numerosos de la década del 90, cuando cerca de 5.000 campesinos, la mayoría negros, buscaron refugio en un campamento improvisado que montaron en el corregimiento Pavarandó, en Mutatá, luego de atravesar parte de las selvas del Darién.
El ex jefe para dijo en una audiencia de versión libre que no entendían por qué al general Del Río lo llamaban el Pacificador de Urabá y, en cambio, a él le decían el Monstruo de Urabá, cuando ambos cumplieron la misma misión y, inclusive, la ejecutaron juntos.
El oficial (r) es procesado de nuevo por la justicia que le reabrió el proceso, luego de las imputaciones de HH, en las que aparece comprometido con crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Veloza García sostuvo que tiene cómo comprobar que con colaboración de políticos y miembros de la fuerza pública las autodefensas también mataron a unas 1.500 personas en Cauca y Valle del Cauca entre los años 2000 y 2001.
Dijo que crímenes como los del humorista Jaime Garzón, el defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle Jaramillo; el profesor de la Universidad de Antioquia, Hernán Henao, y los investigadores del Cinep, Elsa Alvarado y Mario Calderón, los ordenó Carlos Castaño, pero que en ellos participaron de forma directa e indirecta miembros de la fuerza pública.
HH también ha comprometido a muchos políticos, al punto que una versión suya puso en aprietos al ex embajador de Colombia ante República Dominicana y el gobernador de Cauca, Juan José Chaux Mosquera, quien tuvo que renunciar luego de verse comprometido en una cuestionada visita que delegados de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna” hicieran a la Casa de Nariño.
Veloza García explicó que este y otros políticos como Luis Fernando Velasco, también de Cauca y también procesado por parapolítica, pidieron la colaboración de las Auc con fines electorales.
También confesó que por orden de Vicente Castaño ordenó la muerte, en abril de 2004, de quien fuera el máximo líder de las Autodefensas, Carlos Castaño Gil y, como muestra de ese crimen, le entregó a los fiscales de Justicia y Paz las memoria USB del ex jefe para, en la que aparecen los nombres de los políticos, militares y policía que trabajaron con las Auc.
“Los que dieron muerte a Carlos eran mis trabajadores. Vicente da la orden de matarlo, yo mando la gente, ‘Monoleche’ va con ellos. Carlos estaba en una tienda en una vereda consultando internet. Allá llegó la gente, él se voló pero una avanzada nuestra lo cogió vivo. ‘Móvil 5’ (uno de los paras del grupo) lo mató y lo enterró”, dijo en una de las audiencias.
El ex comandante de los bloques Bananero y Calima ha dicho que de ser extraditado la verdad quedaría mocha, por considerar que todavía tiene muchas confesiones por revelar, aunque algunas de ellas son controvertidas por quienes se ven comprometidas en ellas.
Dijo que está dispuesto a revelar los nombres, los vínculos y la forma como operaban con militares y policía y a dar más detalles de la manera como las empresas y los políticos los financiaban y les pedían que intervinieran en asuntos de toda índole.
El esclarecimiento de estas versiones está en manos de la justicia y del Gobierno porque, además, Veloza García anunció que entregará la ubicación de unas 400 fosas con los restos de muchas víctimas de las Auc y que, para la reparación de las víctima, ofrecerá bienes por un valor cercano a 11 mil millones de pesos, ubicados en distintas regiones del país.
