Así se refirieron funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia a la crítica situación de connivencia que vivía el país a finales de la década del noventa. A través entrevistas y otras fuentes de información, construyeron un complejo perfil de la institución castrenses. Además, cuestionaron a las Convivir y a quienes autorizaban su funcionamiento.
Corrupción, nepotismo, mal uso de recursos, baja moral, falta de aprendizaje de los errores del pasado, liderazgo deficiente, carencia de planificación estratégica e indiscutidas alianzas con grupos paramilitares son algunas de las características que el cuerpo diplomático estadounidense destacado en Colombia le atribuyó al Ejército Nacional a finales de la década de los noventa.
Buena parte de los comentarios plasmados en documentos que, en su momento, fueron clasificados como “secretos” o “confidenciales”, se conocieron luego de que The National Security Archive (NSA) publicara el pasado lunes un artículo en que aludió a las sospechas que tenían en la capital norteamericana sobre los supuestos nexos del expresidente y exsenador Álvaro Uribe con organizaciones paramilitares y del narcotráfico en las décadas de los ochenta y noventa.
El paquete de reportes que contiene información del país de por lo menos 25 años fue desclasificado por el gobierno estadounidense en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) presentada por la organización norteamericana NSA.
Pero más allá de la coyuntura para el país, en momentos en que se discute si Uribe tuvo vínculos con grupos paramilitares y se valió de ellos para potenciar su carrera política, en buena parte de los documentos en los que la NSA basa su artículo quedó plasmada una crítica radiografía del Ejército colombiano, justo en una época en la que avanzaba el paramilitarismo sin mayor contención hacia zonas donde operaban las guerrillas de las Farc y el Eln, y en las que había enclaves de producción de cocaína.
Desde 1985, el NSA ha recolectado y analizado documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos a partir de la Ley por la Libertad de la Información. Para el año 2014 la organización tenía en su poder más ocho mil archivos sobre Colombia en los que figura desde información sobre el Cartel de Medellín o la toma del Palacio de Justicia, hasta los nexos documentados de la empresa Chiquitas Brands con organizaciones paramilitares o las chuzadas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Michael Evans, uno de los analistas de la NSA que más ha trabajado en la desclasificación de documentos referidos al país, le dijo a este portal hace un par de años, durante una entrevista, que “es más fácil acceder a información sobre Colombia en Estados Unidos que en Colombia”.
Críticas fuertes
Las percepciones sobre el Ejército quedaron registradas en uno de los reportes que altos funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Colombia enviaban constantemente a sus superiores en Washington para informar sobre lo que venía ocurriendo en el país. El más crítico está fechado el 3 de marzo de 1998. (Descargar documento)
Era el último año presidencial de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) y un hombre que para la época ya era un oficial retirado del Ejército mantuvo una conversación con funcionarios de la embajada estadounidense destacados en Bogotá, en la cual acusaba al Ejército de ser una institución con serios problemas de control, corrupción y alianzas con organizaciones paramilitares.
La fuente de la embajada describió los problemas que tuvo el Ejército entre 1986 y 1996. En su relato a los funcionarios diplomáticos, resaltó que a partir de la toma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, las Fuerzas Militares sufrieron un cambio significativo, pero las razones no son claras porque el documento está intervenido para proteger apartados de información, entre estos la identidad del oficial retirado; sin embargo, fue enfático en señalar que el Ejército tenía un serio problema para aprender de los errores del pasado y carecía de estrategia y liderazgo.
El reporte consignó que los soldados, citando a la fuente entrevistada, “no quieren combatir, sienten que no es su guerra, sino la guerra de los políticos y los generales”. Además, la fuente de la embajada culpó de la baja moral de las tropas a la división entre la clase política gobernante y los militares, y entre los altos oficiales.
En el campo de batalla, esas debilidades estaban siendo develadas a través de varias derrotas propinadas por la extinta guerrilla de las Farc, entre ellas la emboscada al grupo de Caballería en Puerres, el 15 de abril de 1996; la toma de la base militar Las Delicias, el 30 de agosto de 1996; y el ataque al cerro Patascoy, el 21 de diciembre de 1997.
Esas acciones subversivas, que costaron vidas y en las que resultaron secuestradas decenas de integrantes de la Fuerza Pública, significó para el Ejército humillación y deshonra, que repercutió en el espíritu militar.
El crecimiento de las tropas insurgentes era una situación notable que repercutió en el impacto de sus acciones. La embajada anotó en el documento que para 1998 estimaba alrededor de “125 mil soldados del ejército colombiano y probablemente no más de 18 mil guerrilleros en total”, lo que significaba una relación de siete militares por cada guerrillero.
En su relato, el oficial retirado expresó ante los funcionarios norteamericanos su preocupación porque el Ejército estaba prestando servicios de seguridad privada a empresas públicas y privadas, entre ellas algunas empresas petroleras estatales y extranjeras, llegando a afirmar que “alrededor del treinta por ciento (de las tropas) han sido ‘privatizadas’” e indicando que las brigadas móviles estaban posicionadas “para proteger los intereses económicos de la élite”.
También explicó que las líneas entre Policía y Ejército se encontraban difusas para la época, pues con frecuencia la Policía asumía labores que le correspondían al Ejército y el Ejército desempeñaba tareas civiles como lo era la protección de la propiedad privada. Esto desembocaba en un tufo de rivalidad entre ambas fuerzas.
Según el reporte diplomático, el Ejército colombiano estaba “paralizado por la corrupción, la ineficiencia y la falta de voluntad política” y expuso como ejemplo las tramas que hicieron muchos ciudadanos con recursos suficientes para evitar, con la complicidad de los oficiales encargados de las oficinas de reclutamiento, que sus hijos prestaran el servicio militar obligatorio.
“Aquellos que no escapan por soborno, falsas exenciones médicas o estudiando en el extranjero, encuentran facilidades en la Guardia Presidencial o en la Unidad de Paz del Ejército colombiano en el Sinaí”, declaró el exoficial retirado y agregó lo que para él era una gran contradicción: “El hijo de un campesino que intenta evitar el servicio militar es enviado a la cárcel”.
La fuente entrevistada por la embajada agregó que el Ejército estaba compuesto por varias facciones: “El Ejército de los casados, el de los solteros, el de los hijos de los generales, el de los hijos de los sargentos, el de los amigos de los políticos y el de los suegros de los generales. Y así sucesivamente”.
El oficial retirado expuso, como ejemplo, el ascenso de oficiales que no han prestado servicio en combate y son escogidos selectivamente por encima de los méritos de otros. Ellos tenían poca credibilidad a la hora de dirigir tropas a la batalla. Ese “nepotismo” dentro de las políticas de la institución lo mencionaba como una constante y uno de los más grandes problemas internos.
Y agregó el reporte que varios altos oficiales “vivían en el lujo, mientras las tropas mal pagas apenas se las arreglan” y para el año de la entrevista afirmó que muchos de los mejores oficiales se estaban retirando “desilusionados con un Ejército abandonado para hacer el trabajo sucio de una élite política poco comprometida”.
Paramilitares y derroche
Esa tendencia a la “privatización” de la que habló el oficial retirado en la embajada no sólo se reflejaba en la prestación de servicios de seguridad y vigilancia a empresas del sector petrolero; también se expresaba en la articulación con grupos paramilitares en las décadas del ochenta y noventa, cuando comenzaron a surgir con el fin de enfrentar a las guerrillas de las extintas Farc y del Eln.
Buena parte de la desmotivación de las tropas narrada por la fuente de los diplomáticos se dio en momentos que el proyecto paramilitar liderado por los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil estaba tomando fuerza.
Para el oficial retirado, los paramilitares, como la guerrilla, se estaban lucrando del negocio de las drogas, razón por la cual consideraba insostenible la cooperación de miembros de las Fuerzas Militares con el paramilitarismo, aunque reconoció que era una situación que se estaba dando de manera cada vez más frecuente.
El oficial en retiro les mencionó a los funcionarios de la embajada que el entonces general Iván Ramírez Quintero, para aquellas épocas Inspector General del Ejército, y el general Rito Alejo Del Río, comandante de la Brigada 17 del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia, eran “los dos oficiales del Ejército más corruptos de Colombia”.
Sostuvo que Del Río le dijo al personal de la guarnición militar bajo su mando que cooperaran con los paramilitares siempre y cuando Del Río estuviera físicamente ausente del área. En el 2012, el alto oficial, llamado ‘el pacificador de Urabá’ por el exsenador Uribe, fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato del campesino Marino López Mena el cual fue perpetrado por paramilitares en complicidad con el Ejército en febrero de 1997. (Leer más en: Rito Alejo del Río y el asesinato de Marino López)
También acusó a Del Río de participar en el desvío de un avión cargado con armas y municiones a paramilitares en la región de Magdalena Medio en 1985, cuando estaba destacado en la región y ostentaba el grado de Teniente Coronel. El hecho habría salido a la luz pública, según la embajada, porque el avión se estrelló; sin embargo, tras hacer una revisión de prensa, este portal no encontró registros de la ocurrencia de dicho accidente aéreo.
El oficial retirado se refirió, además, a la Inteligencia Militar colombiana y según la fuente entrevistada por los funcionarios norteamericanos, era usada con frecuencia para reunir “secretos sucios en lugar de procesar información para el combate”. Lo que lograba obtenerse con esas pesquisas ilegales era empleado después por el “Gobierno para espiar a los enemigos políticos o resolver venganzas personales”.
Sostuvo que el dinero destinado a los trabajos de inteligencia “se guarda en un cajón para comprar collares para las esposas de los generales, whisky para fiestas y otros gastos no autorizados”. Para el exoficial, más allá de un presupuesto para las Fuerzas Militares, el problema era el manejo y fiscalización de esos fondos. También, de manera superficial, aseguró que miembros del Ejército estaban involucrados con actores del narcotráfico y sus actividades económicas.
Los miembros de la embajada le preguntaron quién era “el padrino” de la “mafia” detrás de la Inteligencia Militar. El reporte detalla que, después de una pausa, el oficial en retiro respondió que el general Iván Ramírez Quintero “por más de veinte años”. Y agregó que se “rodeaba de personas que lo encubrían” y que se había “enriquecido con los fondos públicos” a partir de su poder. Y aseveró que otros militares se estaban enriqueciendo con el tráfico de armas, vehículos, uniformes y arsenal bélico.
El general Manuel José Bonnet, quien para la fecha de la entrevista era el comandante general de las Fuerzas Militares, se había puesto en contacto con el oficial en retiro, y tal y como lo sostuvo en la conversación con los miembros de la embajada, si le pedía una entrevista para dialogar sobre lo que andaba mal en el Ejército, “planeaba hablar francamente y dar más detalles sobre la corrupción y la ineficiencia de lo que estaba dispuesto a hacer con el personal de la embajada. Y era consciente de lo que hacía pues dijo: ‘Espero críticas, pero el público tiene derecho a saber si su dinero se está gastando en helicópteros o en Mercedes’”, haciendo alusión a la prestigiosa marca de vehículos alemana.
Al final de este reporte, los funcionarios de la embajada que escucharon la versión del exoficial del Ejército escribieron una nota en la que expresaron que tal vez exageró algunos puntos del declive de las Fuerzas Armadas, pero agregaron: “No tenemos motivos para dudar de su credibilidad. Su diagnóstico nos pareció exacto”.
Tanto Del Río como Ramírez se acogieron a la Juridiscción Especial para la Paz (JEP), instancia creada tras el Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. Ambos oficiales en retiro son procesados por acciones cometidas en razón de sus labores en el Ejército y que son consideradas violatorias de los derechos humanos.
En otros documentos desclasificados por la NSA se hacen varias referencias a los generales en retiro Del Río y Ramírez extraídas de varios medios de prensa colombianos y estadounidenses que a través de diversas fuentes de ambos países los señalan de favorecer a grupos paramilitares con la entrega de armas y pertrechos supuestamente para combatir a la insurgencia.
Uno de esos reportes, fechado el 13 de agosto de 1998, registra un presunto vínculo del primero de ellos con el suministro de 150 ametralladoras para grupos paramilitares del Magdalena Medio, vínculos que fueron denunciados por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y la organización Justicia y Paz. (Descargar documento)
En ese mismo documento se registró la molestia del general Ramírez por un reportaje del diario Washington Post, publicado dos días atrás, en el que se le señaló de violaciones de derechos humanos y de favorecer a grupos paramilitares. Si bien replicó el artículo periodístico, cuestionando al Departamento de Estado como generador de la información en su contra, las consecuencias fueron adversas para este oficial en retiro experto en inteligencia militar.
“El Departamento (de Estado) encontró que la evidencia de su complicidad en repetidas y graves violaciones a los derechos humanos era suficiente para revocar su visa”, se lee en el documento. Para esa fecha, Ramírez estaba con un pie afuera del Ejército, aspecto que celebraron en la embajada por cuanto su salida “contribuirá a la profesionalización” de las tropas.
Al final del reporte, los funcionarios de la embajada consignaron que los animaba “la aparente diligencia” de la Fiscalía “en la investigación de los vínculos entre altos oficiales del Ejército y los paramilitares”. A juicio de quienes prepararon este documento, “esas investigaciones servirán como un indicador para aquellos oficiales del Ejército que continúan ayudando ilegalmente o trabajando con grupos paramilitares”.
Dos años atrás, en otro reporte de la embajada a sus superiores en Washington hicieron referencia a los presuntos nexos del Ejército con grupos paramilitares. En uno de los documentos, fechado el 28 de septiembre de 1996, se precisó que “no se conoce ninguna conexión oficial entre el Ejército colombiano y las diversas organizaciones que operan en todo el país”. (Descargar documento)
Sin embargo, agregaron los funcionarios que prepararon el informe, que “a nivel local, comandantes del Ejército entran en discretos matrimonios de conveniencia” con el fin de obtener información sobre grupos guerrilleros en sus zonas de operación y aseveraron que “los comandantes locales (del Ejército) encuentra imprudente no mantener diálogos con estos grupos”.
Al final del reporte, se precisó que lo dicho allí era “una evaluación honesta e informada de una cuestión amorfa, igualmente perturbadora y difícil de aclarar”. Se sugirió que la doctrina militar podría mantener a las tropas a distancia de los paramilitares, “pero la realidad es abrumadora y todo el mundo, incluyendo los altos mandos, lo saben”.
Y resumieron en una frase lapidaria la actitud de las Fuerzas Militares en relación con negar sus presuntos nexos con grupos paramilitares: “La negación que se pretende alcanzar con esta farsa no vale ni una moneda de cinco centavos, y no debería dársele crédito”.
El tema volvió a ser incluido en un reporte de inteligencia fechado el 2 de diciembre de 1997 que se tituló “Colombia: Actualización de los vínculos entre las fuerzas militares y paramilitares”. En este documento se afirma que “las fuerzas de seguridad -posiblemente incluyendo unidades que reciben o pueden recibir ayuda de EE.UU.- no hicieron nada para detener dos masacres de civiles perpetradas por paramilitares y pueden haber facilitado la llegada y escape de los involucrados en los ataques”. (Descargar documento)
El reporte hace referencia a varias masacres, como la de Mapiripán, departamento del Meta, perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) entre el 15 y el 20 de julio de 1997 y que habría dejado por lo menos 30 personas asesinadas. (Leer más en: Mapiripán, telón de fondo de la condena contra el exgeneral Uscátegui)
La segunda masacre referida fue la cometida por las Auc en Miraflores, Guaviare, el 17 de octubre de ese mismo año, y en la que perdieron la vida 12 campesinos. En esa ocasión, como en la de Mapiripán, los paramilitares llegaron por vía aérea, por lo que las tropas acantonadas en esos lugares estarían enteradas de la incursión armada contra la población civil.
Una de las preocupaciones expresadas en este reporte fue el de la expansión paramilitar. Seis meses antes de la remisión del documento se habían creado las Auc como una confederación de grupos de autodefensa en todo el país y lideradas militarmente por Carlos Castaño.
“[…] los informes parecen augurar esfuerzos de los paramilitares por establecer relaciones con los comandantes locales (del Ejército) en nuevas zonas en las que los grupos tratan de ampliar sus operaciones, como en los departamentos de Meta y Caquetá”, se lee en el reporte y agrega que esa expansión incluía bastiones de las Farc y el Eln, como en efecto ocurrió, sin mayor contención de la Fuerza Pública.
El análisis expuso una visión pesimista sobre los controles que impondrían las Fuerzas Armadas para contener el paramilitarismo. “Las perspectivas de una acción concertada por parte del alto mando militar para reprimir a los paramilitares -o a los oficiales que cooperan con ellos- parecen escasas” y precisó que la prioridad de varios oficiales de alto rango sólo era “lograr resultados contra las guerrillas, en lugar de eliminar los vínculos con los paramilitares”.
Si bien destacaron que “el escrutinio de los observadores estadounidenses y otros observadores internacionales continuará jugando un papel clave para alentar al alto mando militar a concentrarse en los derechos humanos y tomar medidas contra los violadores”, reconocieron que “algunos vínculos -en particular los que implican hacer la vista gorda a las actividades paramilitares- son de larga data y no se revertirán fácilmente”.
“Esta situación complicará los esfuerzos de EE.UU. para proporcionar ayuda a las unidades militares que participan en los esfuerzos críticos contra los narcóticos en el sur de Colombia”, concluyeron los analistas que prepararon este reporte de inteligencia.
Inquietos por las Convivir
Varios de los documentos desclasificados por la NSA exponen el surgimiento de las cooperativas de seguridad y vigilancia, conocidas como Convivir como un hecho que aportó al fortalecimiento de las estructuras paramilitares en diversas regiones del país.
La creación de estos servicios especiales de vigilancia y seguridad privada se respaldó en el Decreto Ley 365 de 1994, impulsado por el entonces presidente de la República, Cesar Gaviria (1990-1994) y su ministro de Defensa, Rafael Pardo, con el fin de apoyar a la Fuerza Pública en zonas de fuerte alteración del orden público.
En uno de los reportes, fechado el 16 de abril de 1997 y calificado como “secreto”, se hace un balance de diversas situaciones de interés estadounidense en Rusia, Ucrania, Grecia, Irán, Sudán, Burundi, Zaire y Colombia. (Descargar documento)
Sobre el país suramericano se referenció “el desarrollo de las Convivir”. Al respecto, el documento hizo serios cuestionamientos contra quien tenía a cargo autorizar su creación, Herman Arias Gaviria, para aquellos años Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, sin que se dejara en claro cuál fue la fuente de ese reporte.
“Según se informa, altos funcionarios utilizaron el programa de inteligencia rural (Convivir) para ayudar a los traficantes de drogas y, posiblemente, a los paramilitares ilegales”, se lee en el documento desclasificado.
A renglón seguido, se cuestionó a Arias Gaviria porque, a juicio del reporte diplomático, “usó su posición como administrador de Convivir para emitir licencias de Convivir y de seguridad privada, así como permisos restringidos de armas pesadas a individuos con vínculos conocidos de tráfico de drogas”. El funcionario llegó a ese cargo en febrero de 1995, nombrado por el entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998).
Llama la atención de este documento que, sin citar fuente alguna, se afirme que el padre del entonces Superintendente, José Manuel Arias Carrizosa, exministro de Comunicaciones en el gobierno del presidente Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) y de Justicia en la presidencia de Virgilio Barco (1986-1990), además de presidente de la Asociación de Bananeros de Urabá entre 1989 y 1993, “estuvo involucrado en la formación de grupos paramilitares”; y de su hermano, de quien no se dice el nombre, se diga que “es propietario de una empresa de seguridad con probables vínculos con la droga”.
Para la embajada estadounidense, las posibles irregularidades que giraban alrededor de las Convivir podrían afectar su credibilidad y “confirmar los temores de las Ong de que los paramilitares ilegales coopten las Convivir”. Y detalló que Arias Gaviria fue retirado de la Superintendencia, sin precisar fecha, como una estrategia del gobierno de aquella época para evitar escándalos y “prometiendo una regulación estricta de las Convivir”.
No obstante, reportaron a Washington que “Bogotá no cumplió con una promesa de tomar medidas contra los paramilitares y por lo tanto la resolución de limpiar las Convivir”.
Dos décadas después, en los tribunales de Justicia y Paz, mecanismo de justicia transicional a través del cual se juzgó a exparamilitares desmovilizados bajo los acuerdos con el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), firmados en Santa Fe de Ralito, Córdoba, a mediados de 2003, se concluyó que, tal como lo temían en la embajada, las Convivir se articularon a los paramilitares. (Leer más en: Las Convivir, motor de la guerra paramilitar)
Toda esta documentación cobra vigencia en la actualidad por cuanto nutren, de alguna manera, los contextos que requieren construir la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para entender cuál fue el papel de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano, que información circuló por embajada de ese país en Colombia y qué medidas se pudieron haber tomado, y no se tomaron, para frenar el desangre que enlutó a miles de personas en el país y que hoy reclaman una verdad integral.
