Son pocos los sectores que hoy en día desconocen que la política de erradicación de cultivos ilícitos a partir de las fumigaciones en Colombia ha fracasado y por eso en el papel, el tema que discuten ahora las Farc y el gobierno en el 19 ciclo de conversaciones, pareciera ser en el que más coincidencia tienen. Las propuestas de académicos de la talla de Francisco Thoumi, Rodrigo Uprimny y Alfredo Molano que han llegado a la mesa, también van en esa línea y sin embargo el gran meollo del asunto es que es un negocio tan rentable y de dimensiones tan globales, que no solo compete solucionarlo a los sentados en La Habana.
Las Farc en principio, niegan que su participación en el fenómeno se extienda más allá de un simple impuesto al gramaje en las zonas donde operan y rechazan categoricamente que se les llame narcotraficantes. Dicen que no son dueños de cultivos, que no tienen cocinas y que no han hecho alianzas con Bacrim en zonas como el Catatumbo o Antioquia.
“Los campesinos plantan coca, amapola, marihuana y en ese tipo de áreas por supuesto que hay guerrilla porque estamos a nivel nacional, pero no somos policía ni podemos reprimirlos por estas actividades porque es la única alternativa que tienen. Los laboratorios no se encuentran en las zonas nuestras sino control del mismo Ejército”,asegura Victoria Sandino, miembro plenipotenciaria de la mesa.
“Ahí mismo donde cobramos impuestos también hay policías y soldados, jueces y políticos del establecimiento, ellos cobran lo suyo. Es producto de la guerra del narcotráfico y los altos precios y que se desarrolle en condiciones ilegales. La salida es la legalización”, dice por su parte Andrés París quien en el último ciclo ha sido el encargado de presentar las “Diez propuestas mínimas en política antidrogas” de su organización, entre las que se destacan la supervisión internacional en sustitución de cultivos y el estimulo de usos lícitos de cultivos de coca con control estatal.
“Rechazamos la pretensión de utilizar a la guerrilla como fuerza de erradicación de hoja de coca, nosotros no llegamos aquí como erradicadores sino como transformadores de una realidad, que incluye pensar en el campesino beneficiado por una sustitucion de cultivos, y en el consumidor tratado como un problema de salud y no un problema militar”, dice Marcos Calarcá.
Aunque en esta postura no distan mucho del gobierno, sí son varias las versiones sobre su participación en el negocio. Organizaciones como la corporación Nuevo Arco Iris y la Fundación Ideas para la Paz han documentado cómo después de la Octava Conferencia de 1993, la guerrilla comenzó a expandirse en el negocio pasando del impuesto al gramaje, a regular precios en zonas cocaleras, cobrar por las rutas que abrían y cuidaban e incluso, en algunas zonas, participar en la exportación de cargamentos.
Un estudio del portal InsightCrime advirtió en 2013 que las Farc “pueden estar ganando anualmente entre 500 y 1.000 millones de dólares producto del narcotráfico”, por lo cual hay un alto riesgo de criminalización y disidencia de algunos frentes en caso de que se firme un acuerdo de paz en La Habana. Además la Policía Antinarcóticos reveló a comienzos de este año que hay 20 frentes de las Farc dedicados al negocio, los cuales operan en Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Meta y Caquetá.
“Es importante que este tema también lo trate una Comisión de la Verdad que revele el papel jugado por todos, entre eso el de los más poderosos en el lavado de activos. Si en eso cae alguno de los nuestros que ha estado vinculado o que se ha salido de las líneas de la guerrilla, todo eso es posible, la organización tendrá una respuesta a eso”, “agrega Sandino.
El planteamiento de las Farc para acabar con los cultivos ilícitos va de la mano de la reforma agraria que fue el primer acuerdo alcanzado en mayo de 2013, y que incluye reclamos de vieja data, como la delimitación de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva campesina. Aunque la discusión del tema coincidió con los paros del sector agrario, los delegados dicen que no todas las demandas fueron atendidas en ese punto.
“Temas como la extranjerización de la tierra, el impacto socioambiental de las locomotoras mineras y la entrega de tierras acaparadas violentamente por sujetos como Victor Carranza (el zar de las esmeraldas), siguen pendientes”, anota Rubén Zamora, jefe del frente 33, quien sostiene que en la zona del Catatumbo donde opera, “los narcos están financiando maquinarias militares, paramilitares y politicos corruptos y por tanto los consideramos enemigos políticos de las Farc”.
Se espera que antes de las elecciones parlamentarias de marzo se anuncie un acuerdo en el tema de drogas aunque, cautelosos todos en la mesa, recuerdan que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
