VerdadAbierta.com tuvo acceso a la providencia de la Dirección Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía que declara como crímenes de lesa humanidad los homidicios de los defensores de derechos humanos Héctor Abad Gómez, Luis Felipe Vélez y Leonardo Betancur Taborda. Testimonios apuntan a sectores de la Fuerza Pública como posible cómplices.
De izquierda a derecha: Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur y Luis Felipe Vélez.Los testimonios que tuvo en cuenta la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía para declarar como crímen de lesa humanidad los asesinatos de los activistas en derechos humanos Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur Taborda y Luis Felipe Vélez abren serios interrogantes sobre la posible participación de sectores del Ejército en esos homicidios.
Las declaraciones de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’; John Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, exsicario del Cartel de Medellín; y de Juan Rodrigo García,asesor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y hermano del paramilitar ya fallecido Carlos Mauricio García, alias ‘Doblecero’, dejan en evidencia que muy probablemente miembros del Ejército, así como del DAS, alentaron la persecución de los activistas en derechos humanos en Medellín.
Si bien hace hace más de una década, la Fiscalía decidió cerrar el caso pues no contaba con elementos probatorios suficientes para iniciar una investigación seria que condujera a los responsables materiales e intelectuales del triple homicidio, el mismo Ente Investigador decidió reabrir el expediente en 2012, tras las declaraciones entregadas el 13 de febrero de ese año por alias ‘Don Berna’, a fiscales de Justicia y Paz. (Ver: DAS e inteligencia militar fueron cómplices de los Castaño: ‘Don Berna’)
Desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, donde purga una condena de 35 años por narcotráfico, alias ‘Don Berna’ declaró que “Carlos y Fidel (Castaño) consideraban que el doctor Héctor Abad hacía parte de la estructuras de la guerrilla del Epl en la ciudad de Medellín, ya que por su labor defensa de los derechos humanos hacia algún tipo de denuncia en la cual sectores de las Fuerzas Armadas, se consideraban afectados: “Carlos Y Fidel consideraban que a través de estas denuncias le estaba haciendo el juego al Epl. Carlos toma la decisión de ejecutarlo y él personalmente va con un trabajador al que le dicen Argiro”.
A los testimonios de alias ‘Don Berna’ se suman otros más que indicarían que detrás de los crímenes de los activistas de derechos humanos estarían sectores de la Fuerza Pública destacados en Medellín
El exjefe de sicarios de Pablo Escobar, John Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, también dijo que Carlos Castaño pudo ser quien ordenó los asesinatos con el apoyo financiero del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el ‘Mejicano’. “Para esa época ambos sentían odio por las personas de grupo de izquierda, además no cualquier persona podía realizar este tipo de homicidios en Medellín”, declaró.
Alias ‘Popeye’ agregó que Castaño tenía una identificación del Ejército y que para este tipo de asesinatos no era usual que lo ayudaran los sicarios del Cartel de Medellín, sino miembros del DAS y del Departamento de Inteligencia del Ejército B-2.
Por su parte, Juan Rodrigo García, asesor de las Auc y hermano de Carlos Mauricio García, alias ‘Doblecero’, dijo a la Fiscalía que a comienzos de 1988 su hermano le comentó que Carlos Castaño había declarado como objetivo militar al Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia a raíz de una investigación académica que publicaron sobre el Urabá. Aseguró que para la época el grupo no contaba con urbanos y por eso se apoyaban de bandas como La Terraza.
García agregó que en ocasiones algunos de estos crímenes se cometían como un intercambio de favores entre militares y paramilitares: “Mi hermano manifestaba que las personas que se acercaban a las autodefensas desde las Fuerzas militares inicialmente buscaban la eliminación de personas que consideraban peligrosas para el Estado o sus instituciones en la lógica de la doctrina de la seguridad nacional,que habían adquirido principalmente en la Escuela de las Américas”.
Personas allegadas a las víctimas aseguraron que antes de morir, Abad Gómez y Betancur temían que miembros de la Fuerza Pública ordenaran su asesinato, en especial por aparecer una lista que se dio a conocer en los medios de comunicación donde al parecer miembros de las fuerzas militares lo acusaban de supuestos nexos con las Farc. “Si a mí me matan no te quepa la menor duda de que hay complicidad del ejército o de la policía”, le dijo Abad antes de morir a uno de sus familiares.
De acuerdo a testimonios de personas cercanas a Betancur, en 1979 miembros del DAS hicieron un allanamiento en la casa del médico y lo indagaron por supuestos nexos con el Eln, al parecer porque había atendido a un guerrillero. A mediados de los ochenta ocurrió un hecho parecido, pero esta vez fueron miembros del Ejército los que allanaron e hicieron una requisa en toda su casa.
De lesa humanidad
Según análisis realizados por investigadores de la Dirección Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía, estos asesinatos, cometidos el 25 de agosto de 1987, hicieron parte de un ataque sistemático, generalizado y reiterado contra un grupo especial de la población, requisito que exige el Estatuto de Roma, que da vida a la Corte Penal Internacional, para considerar un hecho delictivo como crimen de lesa humanidad.
Para reforzar su argumento, el ente acusador también tuvo en cuenta otros aspectos, entre ellos “la calidad de las víctimas y su representatividad en el contexto local y nacional en el ejercicio activo de defensa de los derechos y de las libertades fundamentales de las personas y colectividades”.
Asimismo, apeló al contexto de conflicto armado interno “de carácter irregular y prolongado en el que actores, tales como la guerrilla, las autodefensas, los carteles del narcotráfico, las redes narcosicariales, así como los de orden legal, representados en la fuerza pública, quienes dirigieron sus ataques de forma indiscriminada contra la población civil, sin considerar su estatus de protección frente al derecho internacional de los derechos humanos”.
La Fiscalía también sustentó su decisión en la dinámica del conflicto irregular que vivía por aquella época Medellin, “caracterizado por la indistinción de los grupos armados organizados con los civiles, en el que la población civil tendió a ser vista como enemiga”.
Este ataque sistemático y generalizado se refleja en el número de profesores y sindicalistas que fueron asesinados en la capital antioqueña. La Fiscalía documentó que fueron 24 las víctimas de la comunidad académica de la Universidad de Antioquia. Sus casos fueron denunciados, en su momento, por el Comité Permanente para la Defensa de los Humanos de Antioquia (CPDH) dirigido en ese entonces por Abad Gómez.
De la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), sindicato dirigido por Luis Felipe Vélez, al que también estaban agremiados Abad y Betancur, fueron víctimas 35 personas y del CPDH asesinaron a 22.
El carácter sistemático y generalizado de los crímenes, así como la valoración del contexto de conflicto armado, dejan probado, según la Fiscalía, que “estos homicidios se sustraen del ámbito del delito individualmente concebido como sucesos aislados o meramente coincidentes, a otros que, revelan evidentemente, un trasfondo ideológico por su connotación masiva, reiterada, discriminatoria y afinadamente organizada en sus prácticas”.
Lo anterior permite reabrir las diligencias judiciales y darles el carácter de imprescriptibles, es decir, continuarán abiertas hasta tanto el ente investigador no esclarezca este crimen cuyo nivel de impunidad es considerado por los activistas antioqueños y del resto del país como uno de los lastres de la justicia más vergonzosos en la historia reciente del país.
El pasado 29 de agosto, este portal se preguntó si el crimen de Abad Gómez y sus colegas podría ser considerado de lesa humanidad. En aquella ocasión y tras consultar a varios politólogos, abogados, defensores de derechos humanos y al escritor Héctor Abad Faciolince, hijo del médico humanista, se abrió un debate sobre si esa declaratoria realmente servirá para esclarecer un crimen rodeado de cerca de tres décadas de impunidad.
¿Servirá para algo?
El escritor Héctor Abad Faciolince, hijo del médico humanista, ve con buenos ojos que se declare el crimen de su padre como delito de lesa humanidad. “Eso sería muy bueno, ese crimen ya prescribió y lo habían abandonado”. Pese a ello, el escritor y periodista guarda sus reservas frente a lo que puedan hacer los investigadores judiciales. “Ese crimen no se investigaba, hace algún tiempo recibimos la visita de una fiscal que nos dijo que no quería dejar morir el proceso, pero perdimos la esperanza”.
Postura similar asume el expresidente del Polo Democrático Alternativo y exmagistrado de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria Díaz, quien señala que si bien la medida es acertada, en último término puede terminar convertida en un “canto a la bandera”: “Si se declara, pues bueno, es una medida importante, por la calidad de las personas y el papel que desempeñaban en la sociedad. Pero, ¿sabe? No me hago muchas ilusiones. Ha corrido mucho tiempo y no se ha visto mayor diligencia por parte de los investigadores de la Fiscalía para esclarecer este caso”.
William Fredy Pérez, investigador social del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, advierte que en el corto plazo la declaratoria como crimen de lesa humanidad es importante, incluso por su impacto simbólico en la construcción de memoria histórica. No obstante, para la administración de justicia esto podría convertirse en una especia de soga al cuello: “Lo preocupante es que por esta vía la justicia se va llenar de crímenes de lesa humanidad. Y eso genera un lío porque se tienen que ampliar cada vez más las unidades especializadas en la persecución de ese tipo de crímenes”.
De acuerdo con el investigador social, lo anterior puede terminar siendo contraproducente en el largo plazo, “pues entre más días pasen con crímenes en la impunidad más señalamientos de ineficacia para la administración de justicia”. Para Pérez, la pregunta que realmente constituye el quid del tema es: “si después de 27 años la justicia no ha logrado recaudar pruebas suficientes, incluso teniendo a importantes paramilitares en Justicia y Paz ¿de dónde sacará ahora material probatorio?”.
El integrante de la Corporación Región, Max Yuri Gil, va incluso más allá al aseverar que “eso es un placebo para tranquilizar a la sociedad. Si eso no significa un cambio de rumbo en la estrategia de investigación, documentación y esclarecimiento de la Fiscalía, me parece que eso no sirve para nada”. De acuerdo con Gil, lo que subyace en todo este tema es la incapacidad de la justicia para esclarecer crímenes de alto impacto como el de Héctor Abad Gómez.
“Hace 27 años lo mataron y ¿en qué avanzó la investigación? Ahora se tendrá que recurrir a la estrategia de declarar como delito de lesa humanidad para que no prescriba”. De momento, lo que esperan amigos y familiares, como lo señala el propio Héctor Abad Faciolince, es que se conozca la verdad, por las vías jurídicas que sean necesarias. “Lo que nos interesa es que se establezca la verdad, por qué lo mataron, en alianza con quién, quiénes estuvieron detrás de eso”, sentencia.
Crimen doloroso
El 25 de agosto de 1987, cuando apenas despuntaban las primeras horas de ese día, sicarios dieron muerte a Luis Felipe Vélez, entonces presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida.
Su cuerpo era velado en la sede gremial, ubicada en pleno centro de Medellín, y hacia allá se dirigieron el entonces presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Humanos de Antioquia, el médico Héctor Abad Gómez, y su fiel escudero, el también médico Leonardo Betancur Taborda. Pero al llegar, hombres armados dispararon indiscriminadamente contra Abad Gómez y Betancur Taborda. La tragedia fue peor de lo ya que era.
Sus muertes fueron el inicio de una arremetida violenta contra los defensores de derechos humanos de Antioquia. Tras la muerte de Abad Gómez, Luis Fernando Vélez, docente de la Universidad de Antioquia, asumió la presidencia del Comité Permanente para la Defensa de los Humanos de Antioquia en octubre de 1987. Su cuerpo fue encontrado baleado a las afueras de Medellín en diciembre de ese mismo año. Tras su muerte, la dirección del Comité la asumió Carlos Gónima, dirigente de la Unión Patriótica, pero sería asesinado el 22 de febrero de 1988.
Quienes compartieron espacios, momentos e ideales con estos activistas coinciden en recordarlos como hombres sin tacha, elocuentes, entregados a la causa de defender a las víctimas de una violencia que por aquellos años arremetía con toda su furia contra dirigentes políticos de oposición, estudiantes universitarios, intelectuales de izquierda, miembros de organizaciones no gubernamentales y campesinos.
Quizás por ello fue que sus muertes dolieron más. “Fue un momento muy duro. Si decidí meterme de lleno en el cuento de derechos humanos fue por el doctor Héctor Abad. Él fue mi mentor”, recuerda Fabiola Lalinde. Su relación con el médico y docente de la Alma Mater comenzó en octubre de 1984, cuando denunció la desaparición de su hijo, Luis Fernando Lalinde, en Jardín, Antioquia, a manos del Ejército. “Fue el único que realmente me ayudó. Cuando mataron al doctor Abad, sentí que quedaba sola en mi lucha”.
Fue el propio Héctor Abad Gómez quien, tras agotar las vías jurídicas nacionales sin respuesta positiva alguna, decidió llevar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. De allí pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que condenaría al Estado colombiano en septiembre de 1988, por su responsabilidad en la desaparición de Luis Fernando Lalinde. En 1993, la señora Fabiola recibiría los restos óseos de su hijo de manos del propio Ejército, quien terminó reconociendo su participación en este hecho.
Las reiteradas denuncias de Abad Gómez y Betancur Taborda sobre el aumento de casos de desapariciones forzadas en Antioquia no solo fueron llamando la atención de organismos internacionales de derechos humanos preocupados por esta situación, sino también de sectores ilegales que veían en los galenos “personas indeseables”.
“Tristemente los mataron por eso, por ser defensores de derechos humanos, por ser buenos seres humanos,”, dice por su parte Carlos Gaviria Díaz, quien recuerda especialmente a Héctor Abad Gómez como “un amigo entrañable, un hombre correcto que daba cuenta de su conducta en cada acto”.
Max Yuri Gil, integrante de la Corporación Región, quien fue alumno de Héctor Abad Gómez en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, recuerda que entre 1987 y 1988 fueron asesinadas 18 personas que como Abad Gómez, compartían el estrecho vínculo tanto con el Alma Mater como con el activismo de derechos humanos.
“Era una época muy dura. Recuerdo que días antes de su muerte, el profesor Héctor Abad lideró una marcha por el centro de Medellín en protesta por el asesinato de un estudiante de séptimo semestre de Medicina”, relata.
