Masacres: la ofensiva paramilitar

Las masacres aparecieron a mediados de los ochenta como una forma de intimidación de los paramilitares en poblaciones bajo el control territorial de la guerrilla en zonas como Urabá, el Magdalena Medio y el Meta. A mediados de los noventa reaparecieron por todo el país como un sello de la presencia y barbarie de los paramilitares.

En todo el país se sufrió la violencia paramilitar. Foto SEMANA

El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación estableció un registro de 2.505 masacres en Colombia ocurridas entre 1982 y 2007, con un saldo de 14.660 víctimas.

Una de las primeras masacres que sacudiría el país, atribuida a paramilitares, fue la ocurrida el 6 de octubre de 1988 contra 17 comerciantes de Ocaña que transportaban mercancías de contrabando de Venezuela a Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio.

Una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado Colombiano por acción y omisión, estableció que el grupo paramilitar de las Autodefensas del Magdalena Medio tomó la decisión de matar a los comerciantes y apropiarse de sus mercancías, debido a que éstos no pagaban los “impuestos” que cobraba las autodefensas por transitar por esa región.

Los paramilitares consideraban que los comerciantes vendían armas a los grupos subversivos asentados en el Magdalena Medio, que eran traídas desde Venezuela. Los cuerpos de los 17 asesinados fueron descuartizados y lanzados a las aguas del río Magdalena. La CIDH determinó que integrantes del ejército fueron cómplices de esta masacre.

Pero sería en Urabá, bajo el mando de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, donde las masacres se convertirían en el sinónimo de la violencia paramilitar.

Allí las Autodefensas de Córdoba y Urabá iniciaron una serie de acciones violentas desde la finca Las Tangas, a donde eran llevados secuestrados sindicalistas, campesinos, militantes de la izquierda, defensores de derechos humanos y pobladores de la región, que fueron torturados y asesinados, sindicados de ser miembros o colaboradores de la guerrilla.

Carlos Castaño, en una entrevista concedida a Human Rigth Watch, justificó las masacres como arma de guerra. “Los guerrilleros pueden actuar fuera de la ley, así que la batalla es desigual, nos dimos cuenta de que podíamos utilizar las mismas estrategias de la guerrilla y adoptar sus métodos de combate”.

Bajo esta lógica, a finales de los ochenta, los Castaño y los “Tangueros” sembraron el terror en el Urabá antioqueño y cordobés, y en su expansión hicieron lo mismo en otras regiones como Santander y el Magdalena Medio.

En 1988, los paramilitares, con el apoyo de efectivos del ejército y la financiación de ganaderos, empresarios, políticos y narcotraficantes, cometieron masacres como los de Honduras y La Negra, Coquitos y Segovia, en Antioquia, en las que se registraron 95 asesinatos; o las de Caño Viejo, Llama Caliente, El Carmen y La Rochela con un saldo de 46 personas asesinadas.

A finales de esta década se registra una especie de tregua con la desmovilización del Ejército Popular de Liberación, bajo la administración de Virgilio Barco, lo que llevó al desarme de las autodefensas de los hermanos Castaño.

Esta trega duraría un par de años. Frente al avance de movimientos guerrilleros como el ELN y las FARC, que se dieron a la tarea de recuperar territorios perdidos, hace que las AUC retomen las armas en zonas como la Costa Caribe, Meta, Casanare, Putumayo, Santander y Antioquia, en donde son financiados por narcotraficantes.

En estas regiones, la entrada de los paramilitares estuvo caracterizada por grandes masacres generadoras de desplazamientos masivos de población y la complicidad de las autoridades para prevenirlas.

En 1995, los Castaño comienza otra nueva época de terror en el Urabá con la masacre de El Aracatazo, en el municipio de Chigorodó, donde fueron asesinadas 18 personas. Las FARC en retaliación asesinan 15 campesinos en la finca Los Cunas.

Urabá sería una de las zonas del país que mas padecerían este tipo de violencia. Entre 1991 y 2001, se registrarían 96 masacres que dejarían 597 personas asesinadas. Una investigación realizada por Andrés Fernando Suárez titulada “Identidades políticas y exterminio recíproco”, documenta la guerra en el Urabá y señala que esta región “es la bisagra entre un antes y después de la dinámica del conflicto armado en la segunda mitad de los años noventa. Permite la consolidación de la estructura paramilitar con el dispositivo de despliegue ofensivo de mayor cobertura territorial y con mayor liderazgo político dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia: las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá(ACCU).”

La consolidación de las Autodefensas de Castaño se dio en una zona que era considerada el símbolo del éxito político y social de la izquierda en los años ochenta, disputada por dos grupos guerrilleros como el EPL y las FARC. Además de estos dos grupos, en el Urabá convergieron sectores y fuerzas tan disímiles como los Comandos Populares, las ACCU, las Convivir, el narcotrafico, la Unión Patriótica, el Partido Comunista, el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, sindicatos como Sintrainagro y agremiaciones de empresarios bananeros como Augura.

Para Suàrez este panorama fue un detonador de masacres cometidas por todos los grupos armados con presencia en la zona, como las cometidas en los municipios de San José de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Belén de Bajirá, Pavarandó, Mutatá y Bojayá, entre otras.

La expansión paramilitar y las masacres

Pero sería el período comprendido entre 1997 y 2003 en el que se registraría la explosión de esta práctica de violencia extrema. En esta época se presentan masacres en forma persistente en regiones donde desde 1997 realizaron incursión las autodefensas, como Antioquia en el oriente y sudoeste, sur de la Guajira, Cesar, sur de Bolívar y Putumayo. En el sur de Bolívar los grupos de autodefensas lograron una presencia muy importante en San Pablo y Cantagallo, municipios que el ELN había pedido fueran rodeados de las garantías de seguridad necesarias para la realización de la Convención Nacional.

Las masacres de Urabá y Chocó fueron una extensión de los sucesos de 1995. Estás dinámicas demuestran la dificultad de consolidar el dominio territorial del Urabá y del sur de Bolívar por parte de los grupos armados. A partir de 1999, las masacres y muertes sucedidas en Norte de Santander, Valle del Cauca y Barrancabermeja señalan nuevos escenarios de confrontación.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República explica que esta ofensiva se dio con el fin de imponer sus reglas y homogeneizar el territorio según sus intereses, en una dinámica amigo-enemigo al conflicto. “Esta lógica es aplicada en las zonas de gran disputa entre autodefensas y guerrillas, como la Sierra Nevada de Santa Marta, Norte de Santander, Arauca, Urabá, Córdoba, Magdalena Medio o Putumayo, donde los grupos armados golpean civiles inermes por medio de asesinatos selectivos y de masacres que eleva los índices de homicidios en esas zonas.”

En la Sierra Nevada, por ejemplo, mientras las autodefensas pugnan por subir para golpear las guerrillas en su retaguardia estratégica, las guerrillas organizan una resistencia férrea, buscan mantener las condiciones para extraer sus finanzas y conservan de esta manera una enorme capacidad para operar en las zonas más productivas y para mantener un corredor de comunicación con la serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela. Entre estas dos fuerzas estaban inermes, comunidades de campesinos, colonos e indígenas que han sido víctimas de asesinatos selectivos, masacres, torturas y desapariciones.

Los grupos de autodefensa realizaron una ofensiva en las partes planas de los departamentos de Cesar y Magdalena en donde se presentaron masacres y desplazamientos. En Norte de Santander la expansión de los paramilitares a partir de 1999 se expresó en la acción sistemática en tres frentes, Tibú y el Tarra en Catatumbo, Cúcuta, Villa del Rosario y El Zulia en el centro del departamento, y Labateca y Toledo en el Sarar.

Unas masacres de 1988 a 2008: