Antes de la primera vuelta presidencial, el hoy electo mandatario, al igual que sus rivales de campaña, se comprometió a incluir en su plan de gobierno un énfasis especial para proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. La iniciativa fue promovida por la ONU a raíz de los altos niveles de violencia contra líderes sociales. Este es el panorama que debe enfrentar.
El pasado 13 de marzo, el Presidente electo de los colombianos estampó su firma en el Pacto Social por los Derechos Humanos, en el que también dio su palabra de impulsar “en todo el país, y, en particular, en las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia, la inclusión política, económica y social de las personas que habitan en estas zonas, haciendo efectivos de una forma real el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales”. (Consulte aquí el documento)
Este llamado fue realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), luego de documentar en su informe anual de 2017, el crítico estado del país en materia de agresiones contra líderes sociales e implementación del acuerdo de paz que logró el presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc.
Esa oficina de Naciones Unidas señaló que, a pesar de los esfuerzos del Estado, “registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. Estos últimos incluyen a 84 defensores de los derechos humanos que ejercían liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales”. Asimismo, documentó “41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad (entre ellas la toma no solicitada de fotografías y el robo de información); cuatro desapariciones forzadas; y la violación sexual de una mujer activista”.
Dicho panorama llevó a que los entonces cinco candidatos presidenciales firmaran el denominado Pacto Social por los Derechos Humanos sin vacilar. Sin embargo, al revisar las propuestas de Iván Duque durante la campaña electoral, no aparece ninguna mención al respecto.
Tan sólo hay dos propuestas sobre derechos humanos, consignadas en el documento que alberga sus 203 iniciativas de gobierno, las cuales están relacionadas con restaurar el honor y la moral militar (“Capacitación universal y de calidad en Derechos Humanos, con base en las mejores prácticas internacionales, para una relación armoniosa con la sociedad); y la equidad para la mujer (“Protección a los derechos humanos de la mujer, educación sobre DDHH, participación equitativa en la crianza, títulos de propiedad, etc.”).
Además, también se refiere a ellos de manera indirecta en su punto 17: “Reforzaremos la Acción de Tutela, para que haga más de lo que le corresponde (proteger derechos vulnerados o en riesgo) y menos de lo que debe hacer el resto de la justicia (resolver aquello para lo que existen mecanismos idóneos)”. (Consulte las 203 propuestas de Iván Duque)
Como bien señala el documento, esas “propuestas son el comienzo de una agenda para la construcción de esa nación que soñamos y espero seguirla enriqueciendo con la visión de ustedes”. Por esa razón, VerdadAbierta.com consultó a tres organizaciones no gubernamentales que le han hecho seguimiento al tema de violación de derechos humanos y agresiones a líderes sociales en los últimos años.
Crudo panorama
Cuando se posesione el próximo 7 de agosto, el nuevo Presidente de la República recibirá una fatal ‘herencia’ de Juan Manuel Santos, quien estuvo durante dos mandatos al frente de los destinos de la Nación: de acuerdo con las cifras de la organización no gubernamental Somos Defensores, entre 2010 y principios de este mes, 488 líderes sociales fueron asesinados.
Esa ‘decapitación’ de procesos comunitarios ocurre en medio de una situación paradójica, en la que aumenta conforme disminuye la violencia producida por el conflicto armado. Como bien lo indican informes de diferentes organizaciones a lo largo de los últimos años, las agresiones contra los líderes sociales empezaron a aumentar conforme se lograron avances en los diálogos de paz que desarrollaron el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc durante cuatro años en Cuba.
Y a pesar de que la administración Santos ha tomado diferentes medidas para hacerle frente a esa situación, como lo reconocen diferentes organizaciones no gubernamentales y la misma OACNUDH, la violencia contra ese sector no menguó, sino que se recrudeció. El panorama es tan complejo, que el pasado 1 de marzo, la Defensoría del Pueblo, amparada en un decreto relacionado con la implementación del Acuerdo Final, emitió una alerta temprana para que se tomen medidas para evitar más asesinatos, pues en los 26 meses previos fueron asesinados casi 300. (Leer más en: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)
Asimismo, la Procuraduría General de la Nación emitió un informe en el que señala que la violencia contra líderes, lideresas y autoridades étnicas defensores de derechos territoriales es sistemática y generalizada. La situación ha escalado tanto, que llegó a instancias internacionales de protección de derechos humanos, pues el pasado mes de mayo diferentes organizaciones denunciaron este drama ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Siuza, y la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda. (Leer más en: Tragedia de líderes sociales en Colombia toca las puertas en Europa)
Buena parte de la violencia se ha enfocado contra quienes promueven la implementación del Acuerdo Final, en especial la sustitución de cultivos denominados de uso ilícito; y también la padecen los habitantes de los antiguos territorios de las Farc, que hoy se disputan grupos surgidos tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, las disidencias que han surgido de las Farc y demás grupos armados, como ocurre actualmente en Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Arauca y Norte de Santander.
Cristian Delgado, coordinador del Equipo Nacional de Garantías y Derechos Humanos del movimiento Marcha Patriótica, que ha padecido el asesinato de más de 130 integrantes desde su fundación en 2010, señala que el nuevo mandatario se encontrará con una importante disminución de la violencia general en Colombia, pero con un alarmante incremento en la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos: “Esta violencia no es sólo en materia de homicidios, que tiene un incremento sostenido en los últimos cuatro años, sino también amenazas, atentados y desplazamientos forzados”.
Y agrega que “generalmente estas acciones se dan en zonas donde confluyen factores de riesgo como la presencia de actores armados ilegales como el Eln, el Epl, estructuras herederas del paramilitarismo y grupos armados residuales posreincorporación de las Farc, que se suman a una serie de organizaciones más pequeñas en los territorios, que giran entorno de economías ilícitas y causan violencia”.
Al respecto, Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, plantea que la mayor cantidad de vulneraciones de derechos humanos “está ocurriendo en ciertos territorios, sobre todo donde estuvieron las Farc y no llegó el Estado”, por lo que “el nuevo gobierno tendrá el reto de llegar no sólo con Ejército sino también con inversión social y programas reales que puedan ayudar a que los derechos humanos se cumplan y no se quede en seguridad física, que no existe. Va a ser muy difícil sólo con un plan militar para cubrir esa parte”.
A ese panorama también se suma otro factor que debe ser tenido en cuenta por Iván Duque: la violencia contra los miembros de las Farc que dejaron las armas y sus familiares. Según cifras compiladas por Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios Sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), hasta la fecha han sido asesinados 68 excombatientes y seis están desaparecidos, a lo que se suma el asesinato de 18 de sus parientes. (Leer más en: Farc en Arauca: entre amenazas de disidencias y compromiso con la reintegración)
¿Qué hacer?
Para Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas y miembro de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, espacio creado por el Acuerdo Final en el que tienen asiento el Presidente de la República, tres ministros, los comandantes de la Fuerza Pública, los tres entes de control de la Nación y cinco representantes de la sociedad civil, las primeras decisiones del mandatario de la República deberían combinar una serie de acciones coercitivas, judiciales, económicas, sociales y políticas para enfrentar este fenómeno de violencia.
“Es necesario que se incrementen las acciones de inteligencia y de fuerza para contener la actividad de estos grupos y desmantelarlos en los sitios donde están actuando; es necesario identificar los poderes locales que apoyan estos grupos, pues en algunas regiones hay funcionarios estatales que están con ellos; y también es necesario desarrollar actividades de fomento económico, desarrollo educativo y de fuente de trabajo en las regiones, porque estos grupos se están nutriendo de la actividad de jóvenes sin futuro”, planeta, e insiste en que se debe habilitar un mecanismo que permita el sometimiento a la justicia de los denominados Grupos Armados Organizados. (Leer más en: La Directiva N. 15: estrategia tardía que abre varios interrogantes)
Para Delgado, de Marcha Patriótica, es prioritario que se adelante un pacto político nacional para sacar a la violencia de política y después adelantar medidas de prevención, como dejar la estigmatización que emplean algunos funcionarios públicos y mandos de la Fuerza Pública contra quienes asumen la defensa de los derechos humanos, pues, a su juicio, así se legitima la violencia sociopolítica contra los líderes sociales.
Pero insiste con ahínco que lo principal es implementar el Acuerdo Final de Paz, especialmente el programa de protección colectivo de comunidades, amparado en el Decreto 660: “Es una norma muy importante a juicio nuestro y a día de hoy no está claro de dónde saldrá la financiación. Más que adelantar medidas de protección individuales, se debe trabajar en el marco de medidas de protección colectiva, de garantías de derechos en los territorios”.
Además, agrega que “desde el movimiento social venimos haciendo la reivindicación de los derechos del campesinado como sujeto político, y el fortalecimiento de las guardias Campesina, Indígena y Cimarrona, como formas alternativas de control de los territorios”. (Leer más en: Indígenas y afros, excluidos del nuevo programa de protección para comunidades)
Para Guevara, de Somos Defensores, además de garantizar la financiación de los programas pactados en el Acuerdo Final, en especial las medidas de seguridad establecidas en el Decreto 660, es clave que el plan de gobierno de Duque fortalezca la labor investigativa de la Fiscalía para que arroje más resultados en materia de judicializaciones y de paso haya una acción interinstitucional más fuerte entre el Grupo Élite de la Policía y el ente investigador.
“El primer pilar de su programa de gobierno en esta materia debe ser cumplir lo que ya se pactó en materia de paz, implementar el Plan General de Derechos Humanos y, asimismo, los mecanismos de prevención de violaciones masivas a derechos humanos, que ya están pactadas con el gobierno Santos. Si no les pone recursos, serán un saludo a la bandera. Debe respetarlos y cumplirlos”, sugiere.
Por otro lado, Gallón sustenta que los problemas de derechos en Colombia giran en torno a tres problemas de alto nivel: “Violencia sociopolítica, impunidad y desigualdad social”. Y señala que “las actividades que realice el nuevo gobierno deben orientarse en esas tres dimensiones, pero se necesita un programa ambicioso de satisfacción de derechos básicos de la población en salud, educación, empleo, tierras y continuar con la restitución. La violencia sociopolítica, la impunidad y la desigualdad son los tres ejes que constituyen la crisis de derechos humanos, que se vienen arrastrando desde hace tiempo y el nuevo gobierno para honrar ese compromiso de adelantar una política de derechos humanos”.
Ese planteamiento es compartido por la OACNUDH, que en su último informe consignó lo siguiente: “La débil presencia estatal en estas zonas genera la falta de acceso de las comunidades a derechos y oportunidades para vincularse a esquemas económicos legales. Por lo tanto, aumenta la pobreza y contribuye al desarrollo o persistencia de economías ilícitas, lo cual facilita la formación o entrada de organizaciones delictivas y de grupos armados ilegales que compiten por el control de éstas, generando corrupción y niveles endémicos de violencia. En el último trimestre de 2017, la OACNUDH registró cuatro masacres en el contexto de disputas por el control de economías ilícitas en antiguas zonas de influencia de las FARC-EP (en Nariño y Cauca)”,
En su primer discurso como mandatario electo, Iván Duque anunció que no hará trizas el Acuerdo Final pero que sí le realizará modificaciones. Y al mismo tiempo le ofreció garantías a los desmovilizados de base de las Farc para que continúen su proceso de reincorporación a la vida civil, anunció inversión social en las regiones más afectadas por el conflicto armado e indicó que respetará la protesta y las movilizaciones sociales. En últimas, expresó que gobernará sin odios ni rencores.
Mientras tanto, sólo el tiempo dirá si al final de su estancia al frente de la Casa Nariño logró detener esta tormentosa ola de violencia contra líderes sociales, o sí, por el contrario, como vaticinan sus detractores, el drama de los defensores de derechos humanos se agudizará mucho más.
