Después de cuatro años de vigencia de la ley de Justicia y Paz, por primera vez los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta aceptan participar en el proceso.
 Los indígenas vieron por primera vez las confesiones del ex jefe paramilitar Hernán Giraldo. Foto cortesía Fiscalía. |
Una de las comunidades indígenas más afectadas por el conflicto armado, agrupadas en la organización Gonawindua, que representa a las etnias Kogui, Arhuaco y Wiwa que habitan en La Sierra Nevada de Santa Marta, aceptaron reunirse con un grupo de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación para que les explicaran en qué consistía ese proceso de justicia transicional.
No fue fácil aceptar la petición, que con tanta insistencia les venía formulando el director de la Unidad de Justicia y Paz, Luis González. Durante años, la guerrilla y los paramilitares, movieron las piedras sagradas y alteraron el orden que había en el territorio. Los grupos armados ingresaban a sus viviendas, robaban sus ganados y cultivos, y comprometieron la seguridad y sobrevivencia de las tribus que se han declarado guardianas de la Sierra Nevada.
Para lograr este acercamiento, se realizaron dos reuniones previas, en las que se acordó la forma y el lugar donde se desarrollaría la primera versión, que tenía que ser aprobada por los mamos y los cabildos gobernadores.
Después de aprobada, se estableció que el sitio y la hora elegido sería el pueblo fronterizo de Domingeka, en inmediaciones de Mingueo, el pasado sábado siete de noviembre. A la reunión asistieron la directora de la Unidad de Justicia y Paz de Barranquilla, Zenaida López Cuadrado, la fiscal que tiene a su cargo los hechos que se le imputan al Bloque Resistencia Tayrona, un funcionario de Vicepresidencia de la República, dos observadores de la GTZ, dos fiscales y los investigadores judiciales.
El ingreso de los funcionarios y observadores al sitio sagrado de reunión, se hizo previa aprobación de las autoridades indígenas. El encuentro fue presidido por José De los Santos Sauna Limaco, Cabildo Gobernador, en representación de las etnias Kogui, Wiwa y Arhuaco. Allí los indígenas manifestaron que hasta ahora habían hecho resistencia a colaborar en el proceso y hacerse parte como víctimas, porque no fueron consultados a pesar de las agresiones que recibieron durante el conflicto.
Aprobado el ingreso, la fiscal Zenaida López Cuadrado les explicó en qué consistía la ley de justicia y paz, de su origen acordado como consecuencia de la desmovilización de los grupos armados quienes obtendrían en beneficio unas penas menos drásticas; cuáles son los principios que la rigen, qué significa la reparación a las víctimas. Les explicó que se trata de una justicia de arreglo y conciliación mediante la cual los desmovilizados se comprometen a decir la verdad, para que haya justicia y se pueda reparar a las víctimas.
Verdad, justicia y reparación, les dijo la fiscal, son la piedra angular del proceso. Pero para que haya verdad hay que confrontar lo que dijeron los victimarios con lo que tienen que decir las víctimas. Por eso, les dijo la fiscal López Cuadrado, estamos aquí, para conocer la verdad de ustedes si desean ingresar al programa.
Les explicó que, de acuerdo con la ley, son víctimas no sólo los padres, madres, hermanos, tíos, hijos, esposos, primos; también la comunidad fue víctima colectiva y recibieron daño físico y moral. Que tienen derecho a aportar pruebas para poder ser reparados de manera colectiva e individualmente por los daños ocasionados a sus familiares y a sus propiedades.
Mientras la fiscal explicaba, un miembro importante de la tribu traducía y los mamos, el gobernador cabildo y los exgobernadores asentían con murmullos y exclamaciones. La reunión se desarrolló alrededor del fuego sagrado. Una vez terminada la presentación, la fiscal, en nombre de la nación y de la sociedad, pidió a los dirigentes de Gonawindúa que perdonaran por los daños que les pudieran haber causado.
Terminadas las presentaciones, se acercaron las primeras familias a denunciar dos hechos en los que terminaron muertos cinco miembros de una familia y otra persona.
Los indígenas hicieron muy pocas preguntas, cómo qué significa la expresión ‘reparación integral’. La fiscal explicó que reparación integral es intentar arreglar lo que se dañó, restableciendo el buen nombre de personas a la que acusaban de pertenecer a la guerrilla, apoyando a las familias con asistencia sicológica, y además la reparación es económica y moral, y aunque nunca será completa trata de cualificar la pérdida.
La segunda parte, muy importante para la comunidad, consistió en la proyección de las audiencias donde Hernán Giraldo Serna, excomandante del Bloque Resistencia Tayrona, reconoció que las autodefensas asesinaron a Pedro Pinto Sarabata, un importante líder indígena desaparecido y cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado, señaló como autores del hecho a los alias ‘Ramiro’ y a ‘Noventa’, que hicieron parte del Frente Contrainsurgencia Wayuu del Bloque Norte, comandado por Jorge 40. La tarea de Pinto consistía en comprar tierras para ampliar los territorios indígenas. Escuchar esta explicación dio alivio a la comunidad, porque desde mayo de 2005, la desaparición de Pinto Sarabata había dividido a la comunidad y creado malestares internos.
El excabildo Arregocés Conchacala, intervino para manifestar que al escuchar a Giraldo se aclaraba, pues cuando ellos fueron a preguntarle a Hernán Giraldo, había negado tener algo que ver con su muerte y desaparición. Entonces conocer la verdad de el exjefe paramilitar ‘tranquiliza a al pueblo y a la familia, eso es un adelanto. Hay que agradecer la luz y la claridad para que no haya confusiones entre nosotros. Y no es porque lo diga la fiscalía, lo dice el video’.
Arregocés Conchacala agregó que ha quedado claro para ellos que el homicidio fue ordenado por Jorge 40 y que lo ejecutó alias ‘Ramiro’, el exjefe del Resistencia Wuayuu, muerto el año pasado. Dijo que cuando eso ocurrió se robaron un ganado en la vereda de San Salvador. Y aunque hasta ahí todo va bien, todavía no hay una confesión de Jorge 40 y eso despeja el enredo que tenía la comunidad sobre estas muertes, pues también coincide con la fecha.
Se proyectaron también las versiones de Eduardo Vengoechea, alias ‘el flaco’, extraditado también, quien se encargaba de dar las órdenes de homicidio y desaparición al grupo de sicarios, que confesó el asesinato de Gentil Cruz Patiño, quien compraba tierras en nombre de una ONG francesa para ampliar los territorios indígenas y que la orden provino de Hernan Giraldo, que para esa época, se decía comandante político del Bloque Norte de las autodefensas que estaban al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, que también deberá responder por este delito.
Finalmente intervino el Cabildo Gobernador, José de los Santos Sauna Linaco, quien manifestó su interés en seguir avanzando y realizar nuevas reuniones, porque dijo, fueron muchos años difíciles, en que esas reuniones no eran posible, pero ahora el proceso lo permite. Dijo que para ellos es muy doloroso haber perdido a un líder como Pedro Pinto Sarabata, porque no sólo se pierde una vida, “se pierde conocimiento de la naturaleza, su linaje, su pensamiento, su herencia, su materia física y espiritual”.
Es, dijo, un tema muy complicado y difícil,”pues nos tocó refugiarnos arriba para evitar estos crímenes y desapariciones”. Finalmente agradeció a la Fiscalía, y a todos los que asistieron a la reunión, e insistió en que era necesario que se realizaran nuevas reuniones, para definir la reparación desde el punto de vista de los pueblos indígenas, y cómo afectará a la comunidad territorial, cultural y en su autonomía de gobierno, porque ‘El compromiso no solo es de la Fiscalía, sino de todo el pueblo, del gobierno, de la comunidad’.
