Las investigaciones por parapolítica siguen vigentes tanto en la Corte Suprema como en la Fiscalía General. La captura de los congresistas Zulema Jattin del partido de la U y Jairo Alberto Llano del liberalismo por sus presuntos vínculos con paramilitares demuestra que la parapolítica sigue viva y aun faltan políticos por procesar.
La Corte Suprema de Justicia parece haber iniciado en el último mes una nueva fase de procesos por ‘parapolítica’ . Durante las últimas cuatro semanas, nueve congresistas (Zulema Jattin, Jairo Llanos, Juan Carlos Martínez, Julio Manzur, Mauricio Lizcano, Antonio Valencia, Salomón Nader, Édgar Ulises Torres y Odín Sánchez) han sido judicializados o han asistido a diligencias por investigaciones previas ante la Corte Suprema por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares, con lo que el número de senadores y representantes investigados o en juicio llegó a 77.
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| Actualmente, 77 de los 247 congresistas elegidos para el periodo 2006-2010 tienen procesos judiciales por sus vínculos con grupos paramilitares. Foto: Semana |
Esta semana, la Corte ordenó la captura de la congresista por el partido de la U, Zulema Jattin, y del representante a la Cámara de Caldas, Jairo Alberto Llano. Jattin, senadora electa por Córdoba en 2006, fue vinculada por la Corte luego de que en versión libre Salvatore Mancuso asegurara que se había reunido con ella y otros políticos de Córdoba con quienes había hecho acuerdos electorales.
Una vez fue capturada, Jattin renunció a su curul para ser investigada por la Fiscalía, señalando que su encarcelamiento había sido un “secuestro” por parte de la Corte Suprema. La renuncia de Jattin se suma a la del conservador Julio Manzur, quien empezó a rendir indagatoria ante la Corte, con lo que deja a Córdoba prácticamente sin representación en el Senado, ya que solamente queda el liberal Salomón Nader, quien también tiene una investigación previa por parapolítica.
El político cordobés también fue mencionado por Fredy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’ en una entrevista que le concedió a Semana y Verdad Abierta.com, en la que señaló que Carlos Castaño y Mancuso le recriminaron que le prohibiera hacer proselitismo a los senadores amigos de la organización en la zona del Urabá antioqueño y cordobés.(Ver entrevista)
“Yo les dije que no, que me había reunido con el gobernador de Córdoba, con Juancho López, Reginaldo Montes, Mario Salomón Nader, con todos, para esa campaña. Y se creó allí por parte nuestra y de los líderes de la zona, un movimiento que se llamó Marisco”, aseguró ‘El Alemán’.
Manzur, quien había sido presidente del directorio Nacional Conservador, renunció a su curul de manera silenciosa el martes pasado, cuando el Senado adelantaba un debate contra los hijos del presidente Álvaro Uribe. En declaraciones a El Meridiano de Córdoba dijo que Salvatore Mancuso no lo había señalado en sus versiones y que esperará conoce qué dice en su próxima comparecencia ante Justicia y paz programada para el 25 de mayo.
Caldas bajo investigación
Mientras que con la captura del representante Jairo Llanos ya son cuatro los congresistas caldenses procesados por posibles nexos con la paramilitares.
Los investigados son Adriana Gutiérrez del Partido de la U, cuya vinculación permanece desde el 2007 en etapa preliminar. Ella renunció a su fuero como congresista. Por este partido también investigan a Mauricio Lizcano, quien actualmente es representante a la Cámara. (Ver artículo)
El Partido Liberal, por su parte, tiene ya condenado al ex representante Enrique Emilio Ángel Barco, a 45 meses de prisión, mientras que Dixon Ferney Tapasco estará en juicio ante un juez penal especializado de Bogotá, luego de renunciar a su fuero.
El representante por Caldas, Mauricio Lizcano, fue interrogado en las últimas semanas por la Corte Suprema de Justicia en relación con sus presuntos vínculos con paramilitares.(Ver artículo)
El alcalde de La Dorada, Justo Capera Caicedo, está detenido por supuestos nexos con el ex jefe paramilitar Ramón Isaza. Del puerto caldense también capturaron a ex alcalde de La Dorada Jaime Gutiérrez Ángel, del Partido de la U. En esta lista también estuvo el senador Víctor Renán Barco, quien falleció.
En el caso de Llanos, la Corte inició su investigación después que la ex paramilitar conocida como ‘Comandante Diana’ señalara que el bloque Cacique Pipintá había recibido una ‘constante’ colaboración del congresista.
En abril de este año, la Revista Cambio reveló que testigos habían acusado al político de estar detrás del asesinato de once personas en el municipio de Villamaría, Caldas, quienes estarían testificando en su contra y podrían tener pruebas sobre los nexos del representante con los ‘paras’.
Ahora que la Corte halló méritos para dictar medida de aseguramiento contra Jairo Alberto Llano, su escaño lo deberá asumir el abogado Juan Pablo Sánchez, quien cuando entró en esta lista lo hizo como estudiante en una reunión sostenida en la vereda El Tambor de la Merced, a la que asistieron el ex jefe paramilitar Ernesto Báez y el presidente del Directorio Liberal en Caldas, Ferney Tapasco González.
Sánchez ha reconocido que su llegada a la política por este movimiento fue una coincidencia, pero que no existe cordón umbilical que lo ate al proyecto del liberalismo caldense, de hecho trabajó en la campaña a la Alcaldía de Juan Manuel Llano con el grupo de juventudes y se ha mostrado admirador del asesor presidencial José Obdulio Gaviria.
Dos congresistas más por ‘parapolítica’
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra los congresistas Jorge Visbal Martelo y Marco Alirio Cortes Torres, ambos del Partido de la U, por presuntos vínculos con grupos armados al margen de la ley. Visbal es el ex presidente ejecutivo de Fedegán.
Marco Alirio Cortes Torres, quien remplazó a la senadora Gina Parody hace algunos meses, aseguró que no renunciará a su fuero como congresita como han hecho gran parte de sus colegas investigados por la parapolìtica porque “cree en la justicia de Colombia”.
Al mismo tiempo, la Sala definió la situación jurídica del congresista Jesús Antonio Bernal Amorocho, como presunto responsable del delito de abuso de confianza calificada y agravada, y le impuso la implantación del llamado “brazalete electrónico” y prohibición de salir del país. Este último es congresista del Polo Democrático Alternativo y estaba pendiente que el Alto Tribunal definiera su situación.
Los dos congresistas fueron vinculados a la investigación porque algunos desmovilizados entregaron información durante sus versiones libres, que los señala de haber recibido apoyo de las AUC.
Otros casos
El 23 de abril, Juan Carlos Martínez, senador del Valle por Convergencia Ciudadana, fue detenido por orden de la Corte Suprema,en una investigación que lo vincula con narcotraficantes del Cartel del Pacifico y con el exjefe paramilitar conocido con el alias de HH, quien aseguró que lo había apoyado para las elecciones al Congreso de 2006. (Ver artículo)
De igual forma, Antonio Valencia, reemplazo de Álvaro Araújo en el congreso, renunció a su curul a finales de abril, para ser investigado por la Fiscalía por el presunto apoyo que el Bloque Bananero de las AUC le brindó en las elecciones a Congreso.
A mediados de abril, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra el senador Salomón Nader y los representantes a la Cámara por el departamento de Choco, Édgar Ulises Torres y Odín Sánchez, por sus vínculos con el bloque ‘Elmer Cárdenas’ de las Auc comandado por el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’.
La lista de congresistas procesados por la Corte Suprema podría aumentar en las próximas semanas. Según el último informe publicado en abril por Corporación Nuevo Arco Iris, existen investigaciones previas contra 18 congresistas, entre quienes se encuentran nombres como Dilian Francisca Toro, Antonio Guerra de la Espriella, David Char, Armando Benedetti y Adriana Gutiérrez.
Parapolítica en lo que va de 2009
En lo corrido del año, las investigaciones por ‘parapolítica’ contra políticos reconocidos han entrado en fases definitivas. En las últimas semanas, los juicios contra los ex senadores Álvaro García y Álvaro Araújo, padre e hijo (ver artículo), y contra el ex gobernador de Sucre, Salvador Arana (ver artículo), culminaron con la petición de condena por parte de la Fiscalía y la Procuraduría (excepto en el caso de Araújo Castro donde la Procuraduría pidió su absolución). Las decisiones de los jueces deberán conocerse el próximo mes.
También empezaron los juicios contra siete políticos de Córdoba (Jorge Arturo Ospina, Sigifredo Senior Sotomayor, Jorge Feris Chadid, Víctor Guerra de la Espriella, Edwin Mussi, Jesús María López y Jesús María Imbeth) por la firma del ‘Pacto de Ralito’ y contra el ex senador Ciro Ramírez, quien fue acusado por la Fiscalía por sus presuntos vínculos con Henry López Londoño, narcotraficante y paramilitar que se desmovilizó con el Bloque Central Bolívar de las AUC y que era conocido con el alias de ‘Mi Sangre’. (Ver artículo)
De igual forma, la Fiscalía llamó a juicio al ex senador Jorge Castro Pacheco, por sus presuntos vínculos con paramilitares del Magdalena. (Ver artículo)
La Corte Suprema también inició investigaciones contra el ex senador tolimense del partido de la U, Carlos García Orjuela, y también fueron capturados a finales de enero los congresistas Rodrigo Roncallo y Miguel Ángel Rangel. (Ver artículo)
Algunos gobernadores y ex gobernadores han sido detenidos también por sus vínculos con grupos paramilitares; tal es el caso del actual gobernador de Guaviare, Oscar López, el ex gobernador de Casanare, William Pérez, y Jesús María López Gómez, ex gobernador de Córdoba. De igual forma, la Fiscalía emitió orden de captura a principios de marzo contra diez políticos del departamento de Magdalena por la supuesta firma de los pactos de Pivijay y Chívolo con las Auc. (Ver artículo)
Algunos senadores activos han decidido renunciar a su curul tras el inicio de investigaciones para que sus casos sean llevados por la Fiscalía General ya que con la Corte Suprema solo tienen una instancia de juicio, como la senadora Adriana Gutiérrez.
En este año algunos políticos han sido absueltos como el ex congresista Miguel Durán Gelvis y el ex senador antioqueño Guillermo Gaviria.
Palos en la rueda
Si bien los procesos contra los parapolíticos han avanzado, según el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Julio Socha Salamanca, el principal obstáculo que enfrenta la justicia colombiana para aclarar la incidencia de los paramilitares en la política ha sido la extradición de los ex jefes paramilitares a Estados Unidos.
El mejor ejemplo de esta afirmación ha sido el caso contra la representante por el Magdalena Karely Lara, a quien le fue concedida la libertad condicional tras cumplirse un año de iniciado el juicio y no haberse tomado ninguna decisión judicial. Algunos de los problemas de éste proceso se relacionaron con las dificultades para recibir las declaraciones del ex jefe del Bloque Norte, ‘Jorge 40’.
Por vencimiento de términos, seis ex alcaldes de municipios de Casanare fueron liberados a principios de marzo, mientras que, por cumplimiento de las tres quintas partes de su condena, el ex congresista Alfonso Campo Escobar recobró su libertad de la misma forma en que lo hicieron Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella. (Ver artículo)
Otras dificultades de los procesos han estado relacionadas con las posibles amenazas de las que han sido víctimas algunos testigos claves. En casos como el del ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, y el del ex gobernador de Cesar, Hernando Molina Araújo, testigos han sido presuntamente amenazados y han cambiado sus versiones varias veces, dilatando aún más la dinámica de los procesos judiciales.
Parapolítica en cifras
Según el último informe presentado por Corporación Nuevo Arco Iris, actualmente existen 179 políticos que están siendo investigados por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
Este número se divide entre los diferentes cargos de elección popular así: 77 congresistas elegidos para el periodo 2006-2010, es decir, casi la tercera parte del total de congresistas elegidos para este periodo legislativo son investigados por sus vínculos con paramilitares (31,1% aprox.); un gobernador (Guaviare), tres alcaldes (Aguazul, San Onofre y La Dorada) y seis concejales, elegidos todos para el periodo 2007-2011 se encuentran también bajo investigación adelantada por la Corte Suprema y la Fiscalía.
Entre quienes ya no ejercen sus cargos 14 ex gobernadores, 7 ex diputados, 35 ex alcaldes y 9 ex concejales tienen actualmente investigaciones o están en juicios por ‘parapolítica’.
Por regiones, la Costa Caribe tiene más de la mitad de políticos investigados, en total, 94 políticos (52,2%). Por departamento, los números están repartidos en este orden: Sucre (32), Magdalena (21), Antioquia (17), Córdoba (17), Tolima (14), Santander (11), Casanare (11), Bolívar (9), Atlántico, Caldas y Cesar (7), Norte de Santander (5), Valle del Cauca (4), Meta (3), Nariño y Cauca (2), Guaviare, Amazonas, Boyacá, Arauca, Cundinamarca, Caquetá, Guaínia, Putumayo, Risaralda y La Guajira (1).
Los únicos departamentos que no tienen políticos investigados por ‘parapolítica’ son Chocó, Vichada, Vaupés, Quindío y Huila. La poca presencia de grupos paramilitares, la baja actividad electoral y la baja densidad poblacional, pueden ser consideradas -junto a motivaciones individuales- como los razones por las cuales este fenómeno no se desarrolló en estas zonas.
En el caso de los 77 congresistas actualmente investigados, 17 ya han sido llamados a juicio y es posible que en los próximos meses se inicien sus juicios. Otros 21 procesos se encuentran en investigaciones preliminares, 13 en etapa de instrucción, y 9 ya han sido evacuados vía sentencia.
De estos 77 congresistas, solo 47 fueron o están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia, mientras que 30, por pérdida o renuncia a su investidura, han pasado a manos dela Fiscalía.
Las estadísticas en cuanto a partidos políticos reflejan varios rasgos: el Partido Liberal es quien más número de políticos tiene bajo investigación (56), mientras que los partidos prouribistas (Cambio Radical (22), Partido Conservador (22), Convergencia Ciudadana (10), Alas Equipo Colombia (5), Colombia Viva (8), Partido de la U (11), Colombia Democrática (11), son los que dominan el espectro de políticos investigados con un total de 96, es decir, el 53,6% del total.
La agenda de la parapolítica parece estar inundada con todos los procesos que se están llevando actualmente. Dependerá de la justicia colombiana asegurar el debido trámite de los procesos ya existentes y garantizar las condiciones necesarias para el inicio de nuevas investigaciones.
Por ahora, las expectativas frente al fenómeno están centradas en quelos procesos no se vean afectados ni por la extradición de los jefes paramilitares, ni por las presuntas amenazas sobre testigos claves de diferentes casos.
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