La crisis por las que atraviesan varias regiones del país por la falta de compra de hoja de coca es una oportunidad para que el gobierno nacional plantee propuestas a los cultivadores y dejen los sembradíos ilícitos. El cumplimiento del PNIS y la revisión de la situación de familias que viven en zonas protegidas son de urgente revisión. Entrevista a Pedro Arenas, de Viso Mutop.
Desde la mitad del segundo semestre del año pasado, los cultivadores de hoja de coca se empezaron a ver en aprietos. Los precios de la cosecha se desplomaron y los labriegos se quedaron con los cultivos en sus parcelas, regándolas con pesticidas para que la plaga no las arruine, fiando el producto a centrales de acopio u optando por cambiarse a otras actividades económicas, como la minería.
La situación más crítica la viven las comunidades del sur del país. Los campesinos cocaleros de los departamentos de Putumayo, Guaviare, Caquetá y Meta se quejan de que no hay plata porque nadie les compra. Sin embargo, el mercado mundial sigue demandando cocaína y, según analistas, lo que está ocurriendo es que los intermediarios han guardado el producto: tenían un sobrestock de clorhidrato de cocaína, por lo que no necesitaban buscar a los cultivadores para comprarles su producto.
Las razones que dan los expertos varían. Algunos consideran que desde la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, el 23 de octubre de 2021, los narcotraficantes se encuentran en zozobra sobre la información que el antiguo líder paramilitar haya entregado a las autoridades. También se le atribuye al éxito de la Fuerza Pública en la destrucción de laboratorios, pistas clandestinas de aviación y captura de jefes de estructuras delincuenciales que hacen parte de la cadena ilegal.
Más del 60 por ciento de los cultivos de hoja de coca se concentra en Nariño, Norte de Santander y Putumayo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La situación se agrava en territorios étnicos y áreas de manejo especial ambiental. Los sembradíos ilícitos son botines de guerra de grupos armados ilegales, lo que genera expresiones de violencia que afectan a las comunidades rurales.
En los últimos seis años el país ha doblado los registros de superficie cultivada con hoja de coca. Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), en 2016 se registraron 96.084 hectáreas y en 2021 se alcanzaron las 204.257 hectáreas. Sólo en el último año el aumento fue de 43 por ciento. “La producción potencial de clorhidrato de cocaína también alcanzó su máximo histórico con 1.400 toneladas, manteniendo la tendencia al incremento que viene consolidándose desde 2014”, precisa la UNODC en su Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos (2021).
Fruto del Acuerdo de Paz, en el punto 4, Solución al problema de las drogas ilícitas, se estableció la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) para brindar oportunidades a los campesinos que voluntariamente abandonaran las plantaciones de coca. Un programa que debía dialogar con el desarrollo del campo, contemplado en el punto 1, sobre la Reforma Rural Integral.
Sin embargo, el diagnóstico que este portal recogió durante los últimos años en relación al cumplimiento del programa es más que lamentable: cientos de familias a las que no se les cumplió con la inversión de los 36 millones del programa, imposibilidad de ejecutarlo en Áreas de Especial Interés Ambiental y falta de atención integral a las necesidades de primera necesidad. (Leer más en PNIS, un programa ejecutado a cuentagotas y Programa de sustitución de hoja de coca se frena en parques nacionales naturales)
VerdadAbierta.com habló con Pedro Arenas, cofundador de la Corporación Viso Mutop, una organización que monitorea el programa de sustitución y de erradicación de cultivos ilícitos, y contribuye a la participación de las comunidades en el impacto en derechos humanos de las políticas de drogas.
Arenas compartió detalles sobre la crisis económica que atraviesan distintos territorios del sur del país por cuenta de las dificultades en la comercialización de la hoja de coca y la pasta base, así como la situación del PNIS y las estrategias del gobierno nacional para brindar opciones a las familias que dependen de esta actividad ilícita.
Crisis económica
VerdadAbierta.com (VA): En el último mes se ha hablado de una disminución en la compra de hoja de coca en Caquetá y Putumayo, y por esa razón los campesinos están atravesando una situación económica aguda, ¿qué sabe de esto? ¿Por qué no están comprando?
Pedro Arenas (PA): Nosotros tenemos reporte de las visitas que hemos hecho a varias zonas, no de los últimos meses ya de hace más de un año, de una disminución de precios en varias zonas: en el Catatumbo, Nariño, sur de Cauca. Disminución de precios que afecta al campesino.
Luego, ha sido más fuerte la aversión, por ejemplo la del río Guayabero, donde ya se dice abiertamente que no hay compra. O sea, no están entrando compradores, el producto no sale.
VA: ¿Qué están haciendo los campesinos?
PA: ¿Qué técnica se ha empleado en el pasado? Los cultivadores siguen cultivando y, como lo que sacan es un producto no perecedero que es la pasta base, la llevan a los establecimientos comerciales y la intercambian por los productos de primera necesidad que ellos requieren, desde ropa, pasando por víveres, hasta bienes y abarrotes para sus fincas.
Entonces el comerciante o el dueño de la bodega de caseríos chiquitos termina siendo una especie de centro de acopio y, finalmente, a él se la quiere el comprador de esa mercancía. Funciona como funcionan algunas otras zonas donde en el pasado se pagó con tabaco o con café o con cacao o con otros productos distintos. También ha sucedido en zonas de minería.
La cuestión es que en varias zonas que conocemos, los comerciantes que estaban acostumbrados al uso de la pasta base como moneda de cambio también están encartados con ese producto y tampoco lo quieren recibir, porque ha caído el precio o porque no tienen garantizado una compra rápida que les permita un flujo de efectivo para poder mantener a su vez abastecidas sus tiendas.
Otra vez, las más afectadas son las zonas de población dispersa, donde hay pequeñas producciones y donde, de alguna manera, se le hace más dispendioso al comprador ir de caserío en caserío, de predio en predio.
En su defecto, pareciera que se están privilegiando las “zonas de enclave productivo”, como las ha llamado la UNODC o “clusters” como las han llamado otros, donde hay todo en un mismo lugar: desde cultivos amplios hasta el procesamiento de pasta base, pasando por los laboratorios de transformación en cristal o clorhidrato. Ahí están dadas todas las condiciones para que un intermediario, comprador de grandes cantidades, adquiera sin tantos riesgos y tantos desplazamientos.
VA: ¿Quién dio la orden? ¿La orden de no comprar es temporal, mientras se negocia con el gobierno bajo la Paz Total?
PA: Si alguien dio la orden como tal de porqué no están comprando, no tenemos ese dato. Sin embargo, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, ha dicho públicamente que el gobierno le pidió desde septiembre del año pasado a los grupos armados con los cuales estaba explorando conversaciones de paz dar muestras de buena voluntad previo a la instalación de cualquier posible mesa de interlocución.
Dentro de esas muestras de buena voluntad estaba, por ejemplo, en las zonas de Meta, Caquetá y Guaviare desincentivar la deforestación y desincentivar los cultivos de hoja de coca y la compra de pasta base.
VA: ¿Qué pasa cuando nadie compra?
PA: Esas crisis de precios o de disminuciones de la compra no es la primera vez que se viven en Colombia. Por ejemplo, después del asesinato de Rodrigo Lara en 1984, hubo una contracción de ese mercado y dejó de fluir el efectivo a las zonas productoras. Meta, Caquetá y Guaviare lo vivieron con fuerza, en esa época un kilogramo de pasta base valía un millón de pesos y cayó a 80 mil pesos.
Hace poco un campesino me recordaba en Mocoa cómo a finales de los años noventa, iniciándose el Plan Colombia, cayó el flujo de efectivo y la gente dejó los cultivos de hoja de coca y lo que hizo fue migrar a las zonas altas para trasladarse al cultivo de la amapola. También en el año 2002, lugares como Cartagena del Chairá o Miraflores, ante una ofensiva del Estado colombiano, a través de las Fuerzas Militares, que tomaron el control de las pistas de aterrizaje por donde entraba el dinero, se dio una contracción económica, dejó de fluir el efectivo.
Son crisis que, con el tiempo, se superan. A veces duran más tiempo en unas zonas que en otras, pero, por ejemplo, se habló con mucha fuerza hace un par de meses de que la crisis que se estaba viviendo en Cauca era muy fuerte, pero ya hoy, lo que escuchamos, es que se ha liberado y están comprando, está saliendo el producto. Lo mismo que sucedía en zonas del Catatumbo, había una restricción muy fuerte en diciembre pasado, pero el producto está saliendo.
La gente, en últimas, busca cómo sortear la situación, pero acabo de ver en Putumayo que esto no quiere decir que la gente abandone definitivamente las matas de coca. Muchos las dejan quietas, es posible que ni siquiera las cosechen, ni siquiera las raspan, pero las matas están ahí. Si el precio mejora, posiblemente esos cultivos se retomen.
VA: ¿Qué está haciendo el gobierno nacional en las zonas donde no se está comprando?
PA: Por ahora lo único que hemos visto en concreto es que este gobierno ha cambiado su lenguaje en comparación con otros gobiernos para referirse a estas familias y a estas comunidades. Ha dejado atrás la estigmatización, el señalamiento. Quiere evitar la confrontación con estrategias como la erradicación forzada y concentrarse en los eslabones que más se enriquecen, aumentando las tareas de la interdicción y las capturas de ‘peces gordos’, y la incautación de bienes.
También ha abierto un diálogo con las comunidades, eso se ve, por ejemplo, en la posición del presidente Petro frente al campesino. Se reunió en El Tarra con las comunidades y se anunció otra en mayo próximo en Sanquianga, Nariño; se suman las asambleas que está haciendo el Ministerio de Justicia para la construcción de la política de drogas en los territorios.
Hay una especie de ventana de oportunidad por la crisis que se vive, pero aunque ha habido mayores visitas de ministros y de altos funcionarios a algunos territorios, el flujo de recursos y de inversión hacia esas zonas todavía no se materializa y este es un asunto que el presidente Petro debería revisar.
VA: ¿Es cierto que en algunas regiones, ante la sobreproducción de coca, grupos armados ilegales están forzando a comunidades a participar en otras actividades ilícitas, como la deforestación?
PA: En Guaviare es claro que la deforestación creció de manera notoria entre el 2016 y el 2022. ¿Qué tanto esto ha sido forzado por grupos armados? No hay una evidencia concreta de ello. Lo que ha salido a flote, y así lo ha manifestado la ministra de Ambiente, es que en un territorio como ese la deforestación parece más un proyecto liderado por élites políticas del orden departamental que tienen una concepción de que ese territorio puede ser praderizado, la tierra acaparada por unos pocos e implementado allí un modelo de ganadería extensiva.
Incluso, recursos públicos han sido destinados a la construcción de infraestructura que favorece ese modelo. Desde la construcción y apertura de vías carreteables, pasando por otro tipo de proyectos de infraestructura, y ahí se ha mencionado el papel que cumplió, por ejemplo, la apertura de la carretera entre La Macarena y San José del Guaviare o el papel de la carretera entre Calamar y Miraflores.
Sin embargo, en una reciente actividad que se hizo en Cerro Azul, San José del Guaviare, a la que asistieron la Ministra de Ambiente y el Alto Comisionado de Paz, señalaban que hay una reducción de la deforestación al cierre del 2022 y los primeros dos meses del 2023, y esto en gran medida, así lo daban a entender, se debe a un compromiso del Estado Mayor Central de las disidencias de Farc para ponerle freno a la deforestación. Es un asunto que lo comenta todo el campesinado, hay una orden de no deforestar y de no quemar esos bosques.
Hay otras zonas como el sur de Córdoba o el Bajo Cauca antioqueño. Como se denota en el último paro minero de ese territorio ha habido una migración de recursos, de mano de obra y de maquinaria hacia la minería ilegal, presionada en gran medida, así lo ha dicho el Ministerio de Defensa, por el Clan del Golfo (Agc), y tiene que ver también con el comportamiento de precios entre la actividad cocalera para pasta base y el comportamiento de los precios de minerales como el oro.
Otro caso es el Catatumbo, el traslado de la coca hacia el carbón también derivado de un mejor comportamiento de los precios del mineral.
VA: ¿Cómo alguien que está en la ilegalidad se pasa a la explotación de carbón, que exige prácticas técnicas especiales?
PA: El procesamiento de pasta base también exige prácticas técnicas especiales. Nuestro campesinado sabe sacar queso, bocadillo, harinas de maíz y arroz, hacer muchas preparaciones de alimentos. Igualmente, en el trabajo rural se adquieren prácticas y se adaptan. Pasar a buscar oro o convertirse en minero de socavón es algo que también puede hacerse.
Hacia la paz
VA: ¿Cuáles son las principales regiones productoras de coca y cuáles son los actores que tiene el poder de las rentas ilegales en dichas zonas?
PA: En Putumayo es clara la presencia de Comandos de la Frontera Ejército Bolivariano, adscritos a la Segunda Marquetalia, que están principalmente en la zona de frontera entre los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, una parte de Puerto Caicedo y Puerto Guzmán. También es clara la presencia del Frente Carolina Ramírez que está más alineado con el Frente 1 o Estado Mayor Central de las Farc, que están asentados sobre el río Caquetá, en el sur de Caquetá.
En el departamento de Nariño hay muchos grupos. Está el ELN, están las disidencias alineadas con el Bloque Occidental del Estado Mayor Central, que tiene varias estructuras. Está también la Segunda Marquetalia con varias estructuras. Se conoce del Clan del Golfo (Agc) y de otros grupos más pequeños, de una connotación más departamental.
En el Catatumbo, en el costado oriental es más fuerte la presencia de estructuras alineadas con el Estado Mayor Central, como el Frente 30. Al lado Occidental es históricamente más fuerte la presencia del Eln. Llegando incluso ahora a haber producción cerca del Zulia y del propio Cúcuta, en esas inmediaciones casi limítrofes con lo urbano, las denuncias de organizaciones de derechos humanos de Norte de Santander dan cuenta de la presencia de las Agc.
En el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba la presencia de las Agc es la más preponderante, lo que no quiere decir que no haya presencia de otras organizaciones.
Esa situación de disputa también está muy presente en el Chocó.
En el norte de Cauca, en la zona de producción de marihuana, la presencia de la Columna Dagoberto Ramos del Bloque Occidental del Comando Coordinador de Occidente del Estado Mayor de la Farc. Al sur también hay presencia de estructuras de ese mismo Estado Mayor Central. En el departamento también hay presencia del Eln.
En Guaviare y sur de Meta hay una presencia mayoritaria del Estado Mayor Central de las Farc, lo mismo que ocurre en el Caquetá. Lo que no quiere decir que en Guaviare y Caquetá en los últimos meses no hayan salido declaraciones de la aparición de grupos alineados con la Segunda Marquetalia, se conoce en Guaviare sobre una fracción disidente que se ha alineado con la Segunda Marquetalia y en Caquetá recientemente también.
VA: Las medidas de erradicación de cultivos de uso ilícito que ha ordenado el gobierno Petro no han llenado las expectativas del gobierno de EEUU, ¿qué opina de esto?
PA: El gobierno de los Estados Unidos debe cambiar los indicadores de progreso de las políticas de drogas en Colombia.
Nosotros hemos encontrado que, por ejemplo, la cooperación fuerte en el período del Plan Colombia se vendió con la justificación de que era para perseguir el narcotráfico, pero en la práctica, se destinó a proteger la infraestructura petrolera. Tal es el caso de Arauca y el Putumayo.
En otros años sirvió de pretexto para que Estados Unidos se involucrara directamente en el conflicto armado interno, más que una guerra contra el narcotráfico, en una guerra contrainsurgente, como lo revelan los informes de la Comisión de la Verdad.
Si fuera cierto que esto es una lucha contra el narco, la medida de eliminación o erradicación de superficie cultivada con hoja de coca es, por lo menos, insuficiente. Ha llevado a que nuestro Estado gaste durante 21 años consecutivos dinero en fumigaciones aéreas inocuas desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la reducción de superficie cultivada, pero con un enorme daño socioambiental para las comunidades y el país.
Estados Unidos habla de que ahora tiene una estrategia más holística para hacer presencia en los territorios y acercarse a los territorios proveyendo condiciones de desarrollo. Si esto es cierto, entonces no debe fijarse en comparar siempre las hectáreas de un año con otro, sino que debiera fijarse, en qué tanto grado de desarrollo, en efecto, se provee en esos territorios.
En este sentido, concordamos con los llamados que ha hecho el presidente Petro de que la guerra contra las drogas, o por lo menos la erradicación de cultivos por la vida forzosa, ha sido ineficaz.
Mientras tanto, y esto es otra cosa que debieran revisar Colombia y los Estados Unidos, el mercado mundial de cocaína sigue boyante. Esas exigencias del gobierno de los Estados Unidos no las compartimos y más bien insistimos en la necesidad de que Colombia defina un camino propio, incluso debería contemplar la posibilidad de la regulación del mercado de la coca, incluso el mercado de la coca para cocaína.
VA: ¿Qué acciones debe tomar el gobierno del presidente Petro para que los campesinos dejen los cultivos de coca?
PA: Lo primero es que el Presidente logre recuperar la confianza de los inscritos en el PNIS, destinando las partidas de dinero suficientes para atender de manera rápida esos compromisos que están ahí en suspenso. Eso lo que requiere es plata y en segundo lugar requiere mucha agilidad de la administración.
Entendemos que hay una plata en el Fondo Colombia en Paz y esa plata es muy demorada para la contratación. Pueden demorar meses y meses en un proceso de contratación y el gobierno debe definir unos mecanismos de contratación y una institucionalidad que sea ágil especialmente para atender esta problemática socioeconómica de estas familias campesinas, indígenas o afros.
Cualquier programa de esta naturaleza preferiblemente debe involucrar a las gobernaciones y a las alcaldías y a la misma cooperación internacional que está presente en los territorios, para que todos al unísono concurran en bolsas comunes que permitan hacer desembolso rápido y que permitan actuar en un clima de confianza con las familias.
Esa confianza parte de que en los lugares donde se establezcan estos acuerdos no haya erradicación forzada porque el mantenimiento de estrategias de erradicación forzada con las políticas de sustitución pacífica pues son contradictorias y lo que hacen es exacerbar las conflictividades sociales.
PNIS, en cuidados intensivos
VA: ¿Cómo entregó el gobierno del presidente Iván Duque el PNIS?
PA: El consejero del gobierno anterior para la Estabilización (Emilio Archila) hizo un informe antes de culminar ese periodo y señaló que ellos habían dejado apropiados los recursos, a través de la contratación con operadores, para la entrega del primer proyecto productivo, que consiste en nueve millones de pesos del paquete del Plan de Atención Inmediata, a 82 mil familias de las más de 99 mil que suscribieron los acuerdos de sustitución en el año 2017.
Es decir que la administración Petro se encontró con que ya estaban contratados esos operadores que tenían a cargo distintas zonas del país y con ese paquete de recursos la meta era atender cerca de un 82 por ciento del total de las familias involucradas en ese programa.
Sin embargo, la dirección de sustitución de cultivos actual ha informado que del total de las familias inscritas, durante la administración Santos y la administración Duque, tan sólo 386 se beneficiaron del total de los componentes del PNIS.
Esto pone presente que el gobierno Petro tiene que buscar los recursos para atender al resto de familias que faltan para completarles el primer proyecto productivo, los 9 millones de pesos, y adicional conseguir la plata para atender a las casi 100 mil familias con el proyecto de los 10 millones de pesos.
Esto varía según los territorios porque, por ejemplo, en Briceño, donde se inició con un esfuerzo conjunto de sustitución entre el gobierno y las Farc, de 2.700 familias que arrancaron la totalidad de la coca que había en ese municipio en mayo del 2017, a la fecha, un poco más del 50 por ciento han accedido a la totalidad de los recursos. Pero hay otras zonas donde hay un atraso protuberante porque apenas se ha cumplido con el pago del millón de pesos o apenas con la huerta, pero no han llegado los demás componentes.
Lo segundo que yo quisiera destacar sobre cómo entregó el PNIS: en el gobierno Duque pasaron esos cuatro años y ninguna familia nueva se incorporó al programa.
VA: ¿Qué pasó con los enfoques diferenciales en la implementación?
PA: Pasados Santos y Duque no se avanzó en el enfoque étnico diferencial. Aunque actualmente hay en el programa PNIS unas 12 mil familias que residen en territorialidades afrodescendientes, no fueron inscritas colectivamente como parte de un consejo comunitario. Y aunque haya un poco más de 4 mil familias indígenas inscritas en el país, tampoco hubo unos acuerdos de sustitución en el marco de ese programa con autoridades tradicionales indígenas en territorialidades indígenas.
Otro elemento que nosotros encontramos también como problemáticos sobre cómo se recibe el PNIS es que no se avanzó con el enfoque ambiental que estaba contemplado en el punto 4 del Acuerdo y que señalaba que había que brindar un tratamiento especial a las familias habitantes de áreas protegidas inscritas en el programa.
VA: ¿Cuál es la situación de las familias cultivadoras de hoja de coca hoy en Colombia?
PA: La situación de las familias cultivadoras en Colombia hoy sigue siendo igual de lamentable a como era antes del Acuerdo de Paz. Primero, en el programa PNIS en 2017-2018 se inscribieron cerca de 100 mil familias, pero quedaron por fuera aproximadamente unas 130 mil.
El programa no llegó con fuerza, por ejemplo, al Bajo Cauca antioqueño, al occidente del Catatumbo, a la zona andina del departamento de Nariño o en el sur del departamento de Cauca. Hubo amplias zonas de la geografía nacional donde la oferta del programa no llegó, aunque muchas comunidades hubiesen levantado la mano para inscribirse.
Lo otro que habría que decir es que según los reportes del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas, lo que se encuentra en los reportes de los últimos 10 años es que la coca está ubicada en los mismos lugares de siempre: Nariño, Putumayo, Catatumbo, Bajo Cauca, sur de Córdoba, Caquetá, Guaviare y Meta.
La dependencia de las familias cultivadoras de hoja de coca hoy en varias zonas es extremadamente alta, a tal punto que una caída de precios de la hoja de coca lleva una crisis económica total de territorios completos porque en muchas partes del país las familias campesinas dejaron incluso de sembrar comida para dedicarse por entero, exclusivamente, a la dependencia de la hoja de coca para pasta base.
Esto se debe en gran medida a que las políticas de apertura económica, incluso los efectos de los tratados de libre comercio, han conllevado una caída de precios de la agricultura de alimentos y a muchas familias no se les hace atractivo dejar atrás la coca para ponerse a sembrar comida, entre otras porque también están ubicados en territorios donde no hay condiciones de infraestructura para acceder a mercados
VA: El PNIS, tal y como se pactó en el Acuerdo de Paz de 2016 en el Teatro Colón, ¿realmente tiene futuro?
PA: Aunque tuvo cambios entre el momento de la firma en Cartagena y después del plebiscito, el programa partía en su concepción de considerar que el punto 4, por lo menos en lo que a cultivo se refiere, era una especie de capítulo especial del punto 1 de la Reforma Rural Integral.
Es decir, no podían darse estrategias de sustitución sin que esto estuviera atado a los compromisos de la Reforma Rural Integral, tales como acceso a la tierra, construcción de infraestructuras básicas, vías carreteables, organización de la producción por medio de la asociatividad y el cooperativismo, acceso a mercados, planes básicos de acceso a infraestructuras eléctricas a plantas de producción; en últimas no podría haber un programa PNIS sin el desarrollo de la Reforma Rural Integral.
Mientras aproximadamente 100 mil familias se vincularon al PNIS y erradicar unas 46 mil hectáreas sembradas con coca ellas mismas, el precio de la hoja de coca y de la pasta base entre los años 2018, 2019 y 2020 subió en la mayoría de zonas de Colombia. Al mismo tiempo no se protegía o no se brindaron mejores condiciones en la agricultura de alimentos para las cosas que el campesinado sabe hacer.
Aunque el programa tiene una buena concepción, desde ese punto de vista del desarrollo rural integral, choca con esa realidad del mercado mundial de la cocaína que ante la salida de esas 46 mil hectáreas, llevó a aumentar el precio porque el mercado mundial sigue jalonando esa actividad.
El último informe global de las Naciones Unidas sobre el mercado de cocaína, lo que muestra es que hay nuevos países vinculados al consumo de cocaína también muestra que hay más consumidores en el mundo, que hay nuevas rutas de transporte y hay más organizaciones internacionales dedicadas a esta actividad. Además nos muestra que el diferencial de precios entre el narcomenudeo con la etapa de la producción es realmente muy alto, sobre todo en los países de Oceanía.
En la práctica, el hecho de tener 100 mil familias vinculadas al PNIS, que arrancaron 46 mil hectáreas, pues no le hace cosquillas al volumen total de producción de hoja de coca, de pasta base y de rendimiento en cocaína que actualmente se tiene en Colombia.
Esa es la realidad con la que se enfrenta el gobierno actual a la hora de revisar y ajustar el programa PNIS, pero el programa bien enfocado en el desarrollo rural, muy articulado con los PDET, muy articulado con alcaldías y gobernaciones, en un escenario de protección de la agricultura y de facilitación del acceso a la tierra para muchas comunidades que no lo tienen, puede tener futuro.
VA: Ante los incumplimientos del PNIS, ¿cuál es la situación de líderes y lideresas comunitarios que promovieron su suscripción en zonas cocaleras? ¿Se generaron escenarios de riesgo para ellos por las promesas estatales incumplidas?
PA: Hicimos un informe con el Programa Somos Defensores llamado La sustitución voluntaria siembra paz, sobre las agresiones a líderes y lideresas involucradas en la promoción de estrategias de sustitución de cultivos y ahí damos cuenta, por lo menos hasta esa fecha, de cuál era el escenario de riesgo para todos estos liderazgos.
Conocemos casos en el departamento del Cauca, en Putumayo, Guaviare, Meta, Córdoba o Nariño donde varios líderes fueron asesinados, otros les tocó irse durante algún periodo de tiempo de su vereda o algunos irse definitivamente, por los riesgos ante el incumplimiento gubernamental.
En algunas zonas ese riesgo pudo haber aumentado según el activismo del líder o la lideresa. A muchos se les vio en algunos territorios muy comprometidos con una agenda de paz atada al Acuerdo firmado con las antiguas Farc y resulta que quien ahora controla el territorio son organizaciones que se habían quedado por fuera o se oponían a las antiguas Farc. Entonces los líderes podían ser señalados de estar muy influenciados o de ser parte de esa apuesta política.
En otros casos los comentarios dentro de las propias comunidades también conllevaron a que muchos liderazgos se vieran en riesgo, como por ejemplo los comentarios de que “por culpa de fulano o fulana que era el presidente de la Junta yo dejé atrás toda mi economía y por su culpa ahora no tengo nada, estoy en una grave crisis” y ese chisme lo llevaba inmediatamente un señalamiento ante el grupo armado.
Lamentablemente desde Bogotá no se valoraron dos cosas. Una es que decía el punto 4 que donde se implementara el PNIS, el gobierno debía garantizar la seguridad del territorio, eso no sucedió, ni siquiera en Briceño donde se implementó el esfuerzo conjunto de sustitución. La seguridad no fue garantizada por el Estado entonces el espacio fue ocupado por otros grupos armados. Lo segundo es que el grado de demoras, de tramitología, de suspensiones y exclusiones de familias inscritas en el programa, pues conllevaba riesgos para líderes y líderesas envueltos en el PNIS.
Protección ambiental
VA: Las familias que viven en Zona de Reserva Forestal y parques Nacionales han atravesado por dificultades para la implementación de programas de sustitución, ¿en la nueva administración observa avances para la situación de estas familias?
PA: El componente ambiental que debiera tener el PNIS, que debiera tener también los PDET para las familias que habitan en Zonas de Reserva Forestal o en las zonas de traslape con Parques Nacionales o incluso con territorialidades étnicas, es un asunto que sigue en veremos.
La instancia especial de alto nivel de pueblos étnicos lo ha reclamado, también hay entidades como la Fundación Ideas para la Paz, nosotros mismos hemos hecho en el pasado recomendaciones respecto de la implementación del programa en estas áreas de manejo especial. Por ahora no se conocen anuncios del nuevo gobierno para implementar ese enfoque especial, ni avances para atender a esas familias.
VA: ¿Las familias que viven en zonas de especial interés ambiental y que sostienen su economía de la coca deberían ser reubicadas?
PA: El presidente en campaña, más que hablar de sustitución de cultivos, se refería a sustitución de tierras. En la práctica, implica ofrecerle a las familias que están en las zonas más distantes del país, a donde le cuestan mucho al Estado, tanto en plata como en tiempo, llegar a atender sus necesidades básicas insatisfechas, ofrecerle mejores condiciones en otro lado.
Ese es un asunto que él alcanzó a exponer en su primera visita al Catatumbo y allí surgieron voces de inconformidad en los campesinos porque para el campesino dejar un lugar donde ha estado asentado durante los últimos 30 o 40 años, entre otras porque hay comunidades que están metidas en esos confines porque fueron obligadas por circunstancias económicas o por la propia violencia y terminaron por allá haciéndose a un pedazo de tierra y en ese lugar, aunque no tengan título de propiedad o reconocimiento de su posición, construyeron un tejido social, hicieron familia, tienen amigos, tienen redes de soporte.
En la zona Amazónica, el Ministerio de Ambiente ha hablado en los últimos meses, y así se contempla en el Plan Nacional de Desarrollo, de concesiones forestales a 30 años para lograr que las familias que están en esos rincones puedan acceder a alguna especie de reconocimiento de su ocupación por la vida de concesión, que pudiera ser transmitida a la generación siguiente, sobre la base de que se dediquen a la economía ambiental.
En contravía, hay organizaciones que reclaman que no les sirven las concesiones, que lo que les sirve es la sustracción de áreas de Ley 2 y la titulación tradicional porque esto le permitiría al gobierno saber quiénes son los que están habitando allí, establecer unas condiciones de permanencia y si las familias no las cumplen, pues aplicar a algún mecanismo de extinción de dominio.
VA: Un caso puntual de comunidades que habitan en parques está en la región del río Guayabero
PA: El caso de Nueva Colombia, al sur del Parque La Macarena, es paradigmático. Lo que nos dicen los colegas de El Cuarto Mosquetero, que visitaron esa zona recientemente, es que a pesar de que, por ejemplo, a la gobernación del Meta y a la alcaldía de Vista Hermosa le recomendaron desde Bogotá realizar una reuniones especiales para atender la emergencia económica que se registra en un lugar como ese, pues estas entidades todavía no han hecho esa reuniones.
Tampoco a pesar de las manifestaciones del propio presidente y de varios funcionarios del orden nacional, ninguna entidad se ha hecho presente en esas zonas, pero la situación de esas familias también está por ejemplo en la zona del Catatumbo en el entrecruce con el parque, también está en el sur de Córdoba en el entrecruce con el Paramillo, está en el sur del Caquetá o está también en el departamento del Putumayo.
Dentro de las primeras cien mil familias, varias de las inscritas están en estas zonas de manejo especial. Conocemos un caso de casi 500 familias inscritas en el país que están en un traslape con el resguardo indígena Nukak y mantienen a la fecha de hoy, la misma problemática y es que como no tienen la garantía de la titularidad sobre la tierra, precisamente por estar en controversia con el resguardo, pues en el pasado gobierno en el período de Duque no fueron objeto del giro de recursos para el adelanto del Programa, entonces quedaron en suspenso. Esa situación de suspenso se mantiene hasta la fecha de hoy.
VA: ¿Y sobre comunidades de Zona de Reserva Forestal qué conoce?
PA: En el sur de Guaviare, en el municipio de Miraflores, hay más de mil familias inscritas. El mismo municipio todo está en Ley 2, por lo tanto su campesinado está en Zona de Reserva Forestal, pero fue inscrito en el Programa.
Esas familias han acudido a la acción de tutela, apoyados por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otra serie de organizaciones, para buscar que sea la justicia la que le ordene al gobierno atender definitivamente los compromisos que se hicieron con las familias participantes del programa, escritas en el 2017.
