El informe semestral del Programa Somos Defensores advierte que en distintas regiones del país las llamadas bandas criminales (bacrim) son responsables de varios asesinatos y de agresiones contra líderes sociales.
Las amenazas, seguidas por los asesinatos y atentados, son las principales agresiones contra defensores de derechos humanos en todo el país.En regiones como la Alta Guajira o el Sur de Bolívar, las bandas criminales han amenazado, confinado y puesto en riesgo de desplazamiento a decenas de familias en medio de su afán de controlar el negocio del narcotráfico, circunstancias que coinciden con el más reciente informe semestral del programa no gubernamental de protección a defensores de derechos humanos Somos Defensores, que advierte que estos grupos armados ilegales son, además, los presuntos responsables de varios asesinatos y múltiples agresiones contra líderes comunales y defensores de derechos humanos en todo el país (Descargue el informe aquí).
Según los datos consignados en este documento, de las 194 agresiones documentadas entre enero y junio de 2014, por lo menos 97 casos fueron cometidas, al parecer, por ‘paramilitares’. En zonas rurales, las organizaciones sociales se refieren así a las ‘Águilas Negras’, ‘Autodefensas Gaitanistas’ (también conocidos como ‘Urabeños’) y ‘Rastrojos’, que surgieron tras concluir en agosto de 2006 la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) bajo los acuerdos con el gobierno nacional.
La investigación para el Programa Somos Defensores fue coordinada por la Asociación Minga y estuvo a cargo de Gustavo Adolfo Ulcué, Betty Puerto, Leonardo Díaz, Audrey Baute y Carlos A. Guevara.
Si bien el programa Somos Defensores expresó su optimismo por la apuesta política por la paz que existe en el país, consideró que es necesario seguir dando cuenta de la realidad que significa la situación de líderes sociales y defensores de derechos humanos en las diferentes regiones, “donde se cruzan diversos aspectos que no favorecen el ambiente para el ejercicio del liderazgo social y la labor de defensa de los derechos humanos”.
En ese sentido, el Programa destacó aspectos como los escenarios de protección, a los cuales calificó de “inestables” y “débiles”; la falta de claridad de las autoridades locales sobre la política existente al respecto; además de la fuerte centralización en Bogotá para manejar este tipo de situaciones.
Algunos registros
El informe consignó casos como el ocurrido el 1 de enero de 2014 contra los hermanos Jhon Braulio y Berlain Saigama, quienes fueron torturados y asesinados. Durante las festividades de fin de año, varios habitantes del municipio de El Dovio, en el Valle del Cauca, habían advertido sobre la presencia de una banda criminal que buscaba a los líderes de la comunidad indígena del pueblo Emberá Chamí. Los Saigama se habían pronunciado en contra del reclutamiento de menores realizado por estos grupos armados.
Veinte días después Carlos Ruiz Escárraga fue asesinado en el barrio Sierra Morena, en Bogotá, después de que en la localidad de Ciudad Bolívar circulara un panfleto firmado por un grupo que se hizo llamar ‘bacrim-opción paramilitarismo’. El grupo ilegal amenazó a los habitantes con hacer una ‘limpieza social’ contra quienes anduvieran en la calle hasta tarde. Ruiz, quien era un estudiante y líder de una organización cultural, recibió varios impactos de bala cuando caminaba hacia su casa. Las autoridades han atribuido la ola de violencia en la localidad a la presencia de la banda criminal de ‘Los Urabeños’.
El 11 de marzo Evelio Obando Ocampo recibió varios disparos cuando caminaba por la vereda El Placer en el municipio de El Tambo, en Cauca. El hombre, de 60 años, pertenecía a la Junta de Acción Comunal, era miembro del Partido Liberal y según los testimonios de sus vecinos, gestionaba ante los organismos oficiales obras para el desarrollo de su pueblo. Según el informe, Obando había recibido varias amenazas por ser líder comunitario y pese a ello, no recibió medidas de protección. Fue asesinado después de que ‘Los Urabeños’ circularon un panfleto que con intimidaciones contras os líderes comunales de la zona y a integrantes del partido Liberal.
En Barbacoas, Nariño, fue asesinado el 12 de mayo Wilson Hernando Guanga, líder del resguardo Ñambí Piedra Verde de la comunidad de El Cerro. Guanga, de 24 años, murió después de que varios hombres vestidos de civil llegaran hasta su casa y la propinaran varios disparos. El joven era conocido por acompañar a las familias desplazadas de la comunidad Awá, un pueblo indígena que según el Consejo de Estado está a punto de desaparecer por causa del conflicto armado (Ver: Nariño convulsiona).
Estos crímenes fueron atribuidos a grupos que las comunidades continúan llamando ‘paramilitares’. En estas zonas, la población advierte que las viejas estructuras de las Auc permanecen y continúan generando zozobra. El informe señala que en regiones como el sur de Córdoba, el Bajo Cauca antioqueño, Medellín, el Valle de Aburá, el norte de Urabá, el Magdalena Medio, el Valle del Cauca y Cesar hay una presencia de ‘rearme’ y las comunidades temen que aumente la violencia por culpa de las bandas criminales.
En los casos de reclamantes de tierras asesinados, los victimarios son “desconocidos”. Por miedo y porque tienen la esperanza en un proceso de restitución, las comunidades pocas veces se atreven a denunciar quiénes pudieron haber silenciado a sus líderes.
El documento de Somos Defensores reseña el asesinato de Juan Alberto Causado, de 55 años, ocurrida el 1 de marzo de 2014 a las afueras de Barranquilla. Causado tenía medidas de seguridad coordinadas por la Unidad Nacional de Protección después de las amenazas que había recibido por liderar un proceso en el que 16 familias reclaman un lote en el asentamiento Pinar del Río, en Barranquilla. Según el informe, el terreno les fue entregado en 2001 por la Alcaldía por ser víctimas de desplazamiento, pero en la actualidad el predio está siendo reclamado por un particular, lo que ha generado zozobra entre la comunidad.
El 9 de abril, justo cuando se conmemoraba el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, fue asesinado Jesús Adán Quinto, desplazado de la comunidad del Cacarica y vocero de un sector del campesinado afro en el municipio de Riosucio, en Chocó. Dos sicarios le dispararon cuando caminaba por una calle en el municipio de Turbo, Antioquia. Quinto tenía medidas de protección otorgadas por el gobierno, luchaba por la reclamación de tierras de su comunidad y asesoraba a 45 familias desplazadas de Turbo (Ver: Riosucio intenta sanar heridas viejas bajo nuevos fuegos).
Además de los casos de Causado y Quinto, en otros 58 casos que incluyen amenazas, asesinatos y atentados, nadie se atrevió a dar pistas de los presuntos responsables. Sin embargo, las regiones donde más se han registrado casos de agresiones contra defensores de derechos humanos son el Valle del Cauca, Santander y Caquetá, donde hay presencia de guerrilla y bandas criminales. La mayor cantidad de crímenes contra líderes se ha registrado en Atlántico, Valle y Cauca.
Cifras positivas, pero…
Mientras los asesinatos contra líderes se redujeron en 7 casos, pasando de 37 en 2013 a 30 en 2014, las amenazas, por el contario, se incrementaron: durante los primeros seis meses del año pasado los defensores recibieron 86 amenazas mientras este año los registros sumaron 185 casos.
La disminución de los homicidios fue considerado por el Programa Somos Defensores como “un buen indicador”, no obstante, estimó que los futuros acuerdos entre el gobierno nacional y la guerrilla “generan incertidumbre de los impactos que puedan tener en los territorios”, a lo que le suma la salida de las cárceles de varios exjefe paramilitares por pena cumplida, situación que, a su juicio, “ha disparado las alarmas por las posibles retaliaciones frente a sus víctimas, e incluso, entre ellos mismos, o la potencial realidad de que vuelvan a sus actividades criminales y delincuenciales, favorecidos además por la debilidad institucional en las regiones”.
Pese a esas adversidades, el informe semestral de Somos Defensores destacó que el liderazgo social y el movimiento de derechos humanos, tiene mucho por aportar en la generación de “condiciones para la superación del conflicto armado y posteriormente, seguir construyendo la ruta para un país en paz”.
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