En lo que va del año, tres líderes sociales han sido asesinados en esta región del país, dos de ellos en el municipio de Cantagallo y uno en Yondó, Antioquia. Eran conocidos por su trabajo comunitario en la defensa de las ciénagas y sustitución de cultivos de uso ilícito.
La prensa local registró el asesinato de tres campesinos durante los primeros cinco meses del año en el Magdalena Medio, sin que hasta ahora las autoridades hayan avanzado en las investigaciones. Ellos hacen parte de la lista de los 322 líderes sociales asesinados desde enero de 2016 hasta el pasado 10 de julio, según el registro de la Defensoría del Pueblo. En el sur de Bolívar, donde no hay confrontación armada como en otras regionesl del país, las amenazas y el riesgo persisten contra quienes lideran procesos por la defensa del territorio. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: una crisis humanitaria)
El 17 de enero fue asesinado Víctor Manuel Morato, miembro de la Mesa por la Vida Digna y la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento San Miguel del Tigre, del municipio de Yondó. Quince días después fue asesinado Nixxon Mutis, integrante de la JAC de la vereda Chaparral, de Cantagallo, y delegado por la comunidad ante la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), quien había denunciado amenazas contra su vida. En ese mismo municipio, cuatro meses después, fue asesinado Félix Castañeda, miembro de la JAC de Chaparral, y también delegado por la comunidad ante Cocaam.
Aunque los crímenes ocurrieron en dos departamentos, Bolívar (Cantagallo) y Antioquia (Yondó) hacen parte de dos subregiones donde el conflicto armado es de alta intensidad, dada la disputa por el control de las economías ilegales. Mientras en Santa Rosa del Sur, San Pablo y Cantagallo, en el sur de Bolívar, hay cultivos de coca; en Remedios, Segovia y Yondó, en el nordeste antioqueño, hay minería de oro, mucha de ella ilegal, (Lea: La paz del sur de Bolívar, en la “cuerda floja”)
Para las organizaciones sociales y algunos funcionarios públicos, hacerles frente a las amenazas de los actores armados ilegales de la región, entre ellos la guerrilla del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), requiere de una política real de protección a líderes y defensores de derechos humanos. “No a un mar de normas que no se cumplen”, dice un funcionario que solicita la reserva de su identidad.
Haciendo un símil con el funcionamiento de la salud, un líder social explica que la protección a defensores, o su atención, ocurren cuando ya la persona está en riesgo de ser asesinada o la mataron. “Debe trabajarse en la prevención y en mecanismos de protección colectiva”, apunta el defensor, cuestionando la forma como actúa la Unidad Nacional de Protección (UNP) ante las solicitudes de las personas amenazadas.
La UNP estudia el caso y dependiendo del riesgo concede medidas de protección, como asignar escolta, un vehículo, equipo de comunicación y chaleco antibalas. En junio de 2017, la Procuraduría General de la Nación emitió la Directiva 002, haciendo un llamado a las autoridades competentes “para que se fortalezcan e investiguen oportunamente las denuncias y quejas por amenazas contra la población objeto de la presente Directiva”, es decir, defensores de derechos humanos, integrantes de movimientos sociales y políticos, los líderes y sus organizaciones. (Ver documento)
El Ministerio del Interior, en diciembre de 2017, firmó el Decreto 2252 que delega a los alcaldes y gobernadores como “primeros respondientes” en detectar de forma temprana las situaciones de riesgo de líderes socialeles y defensores de derechos humanos y en coordinar las estrategias para su prevención y atención, con el apoyo del gobierno central. “Establecerán un plan de fortalecimiento y articulación de las acciones tendientes a garantizar la presencia territorial de los programas de protección establecidos a través de la Ley”, indica el Ministerio. (Lea el Decreto)
Pese a estas directrices, durante 2017 en el Magdalena Medio fueron amenazados 32 líderes sociales, y en lo que va de este año 15 líderes más, según datos de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) y el Observatorio de Paz Integral (OPI), del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Pdpmm).
El hecho más reciente fue contra Jorge Eliécer Fernández Lascarro, presidente de la JAC de la vereda 16 de Julio y presidente de Asojuntas del corregimiento El Llanito, en Barrancabermeja, a quien el 8 de junio dos hombres lo abordaron desde una motocicleta y lo amenazaron de muerte.
Defender el agua y la tierra
Varias organizaciones sociales coinciden en que Víctor Manuel Morato, Nixxon Mutis y Félix Castaño comenzaron a hacerse visibles con la implementación del Acuerdo de Paz, en su defensa de la ciénaga de San Lorenzo, en Cantagallo, y su participación en Coccam, que busca la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito. Su liderazgo se convirtió en una “piedra en el zapato” para los intereses de los grupos armados ilegales que buscan controlar las rutas para la comercialización de clorhidrato de cocaína y oro.
Víctor Manuel Morato participaba de forma activa en la Mesa por la Vida Diga, un espacio permamente de las organizaciones campesinas, que se reúne cuatro veces al año para analizar y plantear soluciones de los comités de tierras, productores, cacaoteros, mineros y cocaleros. En este escenario participan delegados de los municipios de Segovia, Remedios y Yondó, de Antioquia, así como de Cantagallo, San Pablo y parte de Simití, Bolívar.
“Víctor hacía una defensa por la ciénaga, en el cruce entre Yondó y Cantagallo. Ese punto es usado por los ‘Acuamanes’ para traficar combustible hurtado y es también una ruta del narcotráfico”, dijo un habitante que conocía al líder.
Las organizaciones sociales relacionan a los ‘Acuamanes’ con grupos reciclados del paramilitarismo, con presencia en esta zona de riqueza hídrica. Yondó y Cantagallo precisamente están bañados por el río Cimitarra, que conecta con por lo menos nueve ciénagas, entre estas, San Lorenzo, Malagana, Sepúlveda, Los Coroncoros y Cantagallo, con salida al río Magdalena. “Tras la firma del Acuerdo, las muertes de líderes están relacionadas con quienes comienzan a denunciar sobre algo que no era tan visible: la protección ambiental”, comenta otro campesino de la región.
Aunque Nixxon Mutis no hacía parte de la Mesa por la Vida Digna, sí había participado en el Comité Coccam, que impulsa la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito. Coccam nació en enero de 2017, como una iniciativa de comunidades campesinas y étnicas para promover la solución al problema de drogas ilícitas, planteado en el punto 4 del Acuerdo de Paz; la idea de la sustitución lleva 20 años de discusión, desde el proceso de paz que adelantó a finales de la década del noventa el entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) con la guerrilla de las Farc en El Caguán.
Las comunidades advierten que en los territorios hay voluntad desde hace dos décadas, pero falta compromiso del gobierno nacional en ofrecer alternativas productivas a largo plazo que les permita progresar.
En el Magdalena Medio existen censos de cultivadores de coca en Santa Rosa, Simití, Montecristo, San Pablo, Cantagallo y parte de Yondó, por lo que les cayó como “un balde de agua fría” las declaraciones del Ministro de Justicia, Luis Carlos Villegas, el pasado 15 de junio. El funcionario anunció en la radio el “Documento blanco”, la estrategia antidrogas para los próximos cinco años que incluye despliegue militar en zonas con cultivos ilícitos y aspersión con drones.
En el sur de Bolívar recuerdan con tristeza los diez años de aspersiones con glifosato entre 2000 y 2009, que generaron desplazamientos, problemas de salud entre la comunidad y la judicialización de varios campesinos.
“Uno de los problemas de la política antidrogas fue el señalamiento al productor”, indica otro campesino de la zona. Por eso, la apuesta regional es articular las propuestas que se discuten en la Mesa por la Vida Digna, Coccam y la formulación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que integra al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
El asesinato de Félix Castañeda, en la misma vereda en el que ocurrió el de Nixxon Mutis, dejó también perpleja a la comunidad. Era miembro fundador de las familias en el corregimiento de San Lorenzo, representando la voz de los pobladores en los comités pesqueros y cocaleros. Asesinado en la vereda La Poza, su cuerpo fue arrojado a las aguas del río Cimitarra, pero los pobladores no se atrevieron a recuperar el cadáver por miedo a represalias. Fue tal el temor que solicitaron apoyo de la Segunda Misión de Naciones Unidas, como canal de interlocuión con las autoridades. “No hay confianza entre la comunidad y la institucionalidad porque los casos no avanzan”, asegura un habitante de la región.
Protección colectiva
Para las organizaciones sociales es claro que el riesgo está en defender el territorio, donde precisamente el Eln y las Agc pretenden hacer de las suyas y evitar la implementación del Acuerdo de Paz. Para los campesinos, la protección de los líderes sociales debe ser una política construida de forma colectiva entre la comunidad y el gobierno nacional, y no unas medidas asistencialistas que se otorgan después de un proceso burocrático. (Leer más en: Indígenas y afros, excluidos del nuevo programa de protección para comunidades)
“Habría que tomar la experiencia comunitaria del Magdalena Medio. Pese a lo fuerte que fue el conflicto armado aquí, la gente buscó estrategias para resistir en el territorio, como la implementación de los Comités de Derechos Humanos, de Verificación y de Refugio Comunitario”, dice un líder campesino. Y, además, fortalecer la experiencia del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena y del proceso organizativo de Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (Acvc), reconocida con el Premio Nacional de Paz en 2010 y que logró la constitución de una Zona de Reserva Campesina (ZRC).
Los campesinos señalan que las figuras de protección son fáciles de crear, pero el “cuello de botella” está en que sean reconocidas por la autoridad. “Le hemos dicho a la Fiscalía y al Ejército que nuestra función no es señalar a nadie; nosotros no estamos para eso sino para trabajar la tierra. Lo que estamos impulsado con la UNP y con el Ministerio del Interior es que la ruta de protección no sólo sea para dirigentes sociales o líderes reconocidos, sino que se construyan medidas diferenciales y colectivas para el territorio. No tenemos la verdad revelada, pero hay que mirar la gente. Si la gente logró resistir fue por algo”, apunta otro defensor de derechos humanos.
En su más reciente informe, la Procuraduría advierte que los líderes asesinados en el país pertenecían a organizaciones sociales que se oponen al modelo de desarrollo extractivista y a los daños ambientales causados a los ecosistemas producto de la expansión de la minería y la agroindustria. “Según el informe las organizaciones a las que pertenecían los líderes amenazados o asesinados denuncian el acaparamiento de tierras, privatización, ocupación o usurpación de bienes comunes y de territorios étnicos”, señala el organismo del Ministerio Público en Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia. (Lea el informe)
Con la instalación del nuevo Congreso el próximo 20 de julio y la llegada de Iván Duque el 7 de agosto a la Casa de Nariño, en el sur de Bolívar las comunidades esperan que los procesos avancen y que las autoridades locales garanticen el funcionamiento de los PDET como un plan regional para lograr que la paz realmente sí sea “estable y duradera” en el Magdalena Medio.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de
