“Les pedían el cuerpo, cuerpo con uniforme y con arma”: Magistrada de la JEP

El acto de reconocimiento de ejecuciones extrajudiciales reunió a decenas de víctimas que tomaron la palabra para representar a las regiones más afectadas por este crímen atroz a manos de miembros de la Fuerza Pública. Integrantes del sistema de justicia transicional compartieron algunos de los hallazgos a los que han llegado sobre este capítulo del conflicto.

“Muchos nos lo han dicho con todas sus letras: les pedían el cuerpo, cuerpo con uniforme y con arma.

Y ese reporte era el que valía para demostrar que la unidad era efectiva, que la unidad era exitosa, en algún sentido que se estaba ganando la guerra”, dijo, con firmeza, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Catalina Díaz, durante un acto de reconocimiento a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales realizado el pasado martes en Cali. Ese acto fue convocado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y tuvo como antesala un proceso de trabajo realizado durante los últimos meses por 14 organizaciones sociales y de víctimas que se reunieron en cinco encuentros territoriales en diferentes regiones del país: Caribe, Centro Oriente, Antioquia y Eje Cafetero, Llanos Orientales y la Orinoquía, y Surandina.  En esa etapa previa, por lo menos 200 víctimas de los llamados ‘falsos positivos’ elaboraron contextos, determinaron los impactos de este crimen atroz, identificaron los mecanismos de impunidad que abriga a los responsables y detallaron las prácticas de resistencias asumidas tras padecer en sus familias esta acción de agentes del Estado. El sacerdote jesuita Francisco de Roux, presidente de la CEV, exaltó la importancia de hacer visibles a las víctimas: “Gracias por haber venido de tantos lugares, con tantos sacrificios, para que estemos aquí con sus víctimas, que son realmente quienes nos han convocado; los esposos, los hijos, las hijas, las mujeres, que luchando por la paz y los derechos humanos fueron asesinadas y asesinados por miembros del Estado colombiano”. Las ejecuciones extrajudiciales fueron una práctica de sectores de la Fuerza Pública, en ocasiones articulada a grupos paramilitares, que fracturó a miles de familias en todo el país. (Leer más en: ‘Falsos positivos’: una herida que sigue abierta) La conclusión sobre la que ya hay consenso es que al privilegiar operativamente las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar se propiciaron graves violaciones a los derechos humanos a través de un sistema de estímulos legales y extralegales impulsados desde el Ministerio de Defensa con el aval de los gobiernos de turno. Como ya lo había establecido la JEP, la CEV volvió a señalar que esta práctica ha ocurrido, por lo menos, desde los años ochenta, pero experimentó su mayor auge entre el 2002 y el 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Sobre las víctimas también se ha podido determinar que fueron calificadas arbitrariamente como “guerrilleros” y, en algunos casos, como “la base social de las guerrillas”. (Leer más en: ‘Falsos positivos’: macabra estrategia para mostrar que se estaba ganando la guerra) Según el comisionado Alejandro Valencia, la CEV ha realizado 1.402 entrevistas de víctimas vinculadas con ejecuciones extrajudiciales, de ellas a 178 comparecientes a la JEP, y ha escuchado a 402 testigos y otros actores vinculados a estos hechos.

Además, ha revisado 320 informes de organizaciones de la sociedad civil y 91 casos individuales que los ha acercado a identificar los patrones de esta práctica. Valencia aseveró que durante años se malversaron y usaron inadecuadamente dineros públicos para estimular esta estrategia de guerra: “También se suministraron bienes como armamento, municiones o equipamiento a grupos paramilitares usados como moneda de cambio para fortalecer el vínculo con estas estructuras armadas ilegales y planificar bajas bajo la asimilación de combates”. Catalina Díaz Gómez, magistrada de la JEP, agradeció la confianza de las víctimas en la labor del tribunal de justicia transicional y recordó que durante varios meses un equipo de esta entidad se ocupó de contrastar diferentes bases de datos e información de entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y organizaciones de la sociedad civil para determinar la preliminar cifra de 6.402 ejecuciones extrajudiciales justo en el periodo 2002-2008. (Leer más en: Estos eran los oficiales del Ejército en las zonas con más ‘falsos positivos’) Díaz aseguró que en esa jurisdicción han escuchado a 436 militares y otros tantos civiles.

También resaltó que por más de que ciertos sectores políticos pretendan deslegitimar el trabajo de la JEP y de la CEV, los hechos son innegables. En julio de 2021, la JEP expidió dos autos de determinación de hechos y conductas sobre los hechos ocurridos en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, así como en Cesar y La Guajira, en los que se advierte que por lo menos en esos tres departamentos, los ‘falsos positivos’ se cometieron de manera masiva y sistemática. “Ni siquiera se trataba de, en realidad, ganar la guerra.

Se trataba de mostrar hacia afuera las estadísticas engrosadas criminalmente”, reiteró la magistrada Díaz. La JEP también adelanta investigaciones en Antioquia, Casanare, Huila y Meta buscando aquellos patrones y el máximo nivel de responsabilidad de quienes tendrán que ser llamados a reconocer públicamente su responsabilidad en estos crímenes. La comisionada Alejandra Miller precisó que la mayoría de las víctimas directas eran hombres.

Asimismo, buena parte de las que hoy reclaman justicia y verdad, son mujeres: “Madres, hijas, hermanas, abuelas; todas ellas en la soledad fueron quienes, guiadas por el amor, levantaron las primeras voces, pusieron en lo político ese sentimiento que sólo las madres pueden sentir con el querer de que otras no padecieran el mismo dolor”. Ante esos hechos, varias familias afectadas por la ejecución extrajudicial de alguno de sus familiares se desplazaron de sus lugares habituales de residencia; otras optaron por silenciarse; unas más convirtieron sus vidas una constante búsqueda de verdad y justicia; y otras buscaron mecanismos de resiliencia, como aquella víctima que entre arpas y maracas compuso ese tan sentido verso que abriga un sentimiento esperanzador: “Como fantasmas desaparecieron a mis hijos, aún espero una respuesta de los sucedido, pues anhelo que vuelvan a mis brazos, así terminará mi eterno vacío”. La petición de las familias víctimas de las ejecuciones extrajudiciales es que las tengan en cuenta en el informe final que está elaborando la CEV y que se establezca, por encima de casos individuales, responsabilidades colectivas e institucionales. (Leer más en: Lágrimas de Santos no conmovieron a víctimas de ‘falsos positivos’) Luego de este acto de reconocimiento, VerdadAbierta.com recogió el sentir de las intervenciones de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de las organizaciones sociales que acompañan algunos de sus procesos con el fin de visibilizar su dolor, su perdón, sus reclamos y sus expectativas en esta etapa de búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición estimulada por la implementación del Acuerdo de Paz. Movice

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) abrió las intervenciones de las víctimas con unas palabras enérgicas, las cuales fueron respondidas por los asistentes con consignas y aplausos.

Con algunos de sus miembros sosteniendo un cartel que rezaba ‘¿Quién dio la orden?’. “Enfatizamos que las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad, que hacen parte de una política sistemática de Estado que se ha sostenido a lo largo de los años.

El reconocimiento de la responsabilidad colectiva del Estado permite avanzar en la superación de la impunidad estructural”, leyó Luz Marina Bernal, integrante del Movice y fundadora del colectivo Madres de Soacha.  María Margarita Flórez

“Estoy en representación, también, de mi hijo, quien sin haber nacido ya se convertía en víctima del conflicto armado”, sostuvo María Margarita Flórez, quien acudió al evento como vocera de las víctimas de este crimen en la región Caribe.

A pesar de las amenazas, levanta su voz por las familias que continúan en la búsqueda de sus familiares y resalta que las ejecuciones extrajudiciales demuestran que el Ejército se vio permeado por estructuras criminales.  “Estas ejecuciones extrajudiciales en Sucre no sólo dejaron pueblos sumidos en el dolor, sino, también, el quiebre de sus familias, familias enteras.

Nos llenamos de zozobra, fuimos familias que durante mucho tiempo tuvimos miedo y desconfianza en las instituciones”, comentó, y envió envió un mensaje de aliento y esperanza a los familiares de las víctimas y resaltó la capacidad de resistencia que han mantenido durante su pugna por esclarecer la verdad y la búsqueda de la justicia.   Eliécer Arias

“No son falsos, ni positivos, son crímenes de Estado”, expresó, con gran convicción, Eliécer Arias, en representación del pueblo Kankuamo.

Desde 1985, por lo menos dos mil familias de esta comunidad indígena fueron desplazadas a causa de la violencia.

Asimismo, se presentaron 401 asesinatos, 61 desaparecidos y 16 casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por militares del Batallón La Popa, Cesar, en conjunto con comandos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Recordó, con voz entrecortada, a Carlos Arturo Cáceres Montero, quien fue retenido por militares, asesinado y reportado como supuesto jefe del Frente 49 de las antiguas Farc bajo el alias de ‘El Culebro’, caso que involucra al coronel retirado del  Ejército, Publio Hernán Mejía, quien aspira a la Presidencia de la República, mientras recibe sentencia de la JEP.  Finalmente resaltó que “los pueblos indígenas somos todos una familia, al igual que los hermanos afro, por lo que el perdón no puede ser a unos familiares, sino a todo el pueblo.

El perdón debe ser general ya que las víctimas se cuentan por todas las regiones del país, todos con sueños por cumplir en esta sociedad.” Pedro Loperena

Pedro Loperana, comisionado de derechos humanos del pueblo Wiwa, resumió, en breves palabras, la situación de violencia que afrontaron hace casi dos décadas.

La comunidad indígena Wiwa de El Limón, de zona rural de Riohacha, fue víctima de una masacre perpetrada por paramilitares de las Auc en 2002, hecho en el cual murieron 16 personas.  Loperana, señaló a los batallones de La Popa, Rondón, Cartagena, Santa Bárbara y Gustavo Matamoros, de realizar acciones violentas, que terminaron a sangre y fuego, dejando como víctimas a los indígenas Wiwa.  Haciendo énfasis en el Acuerdo de Paz, recomendó a la comunidad internacional velar por su total implementación: “Entre víctimas nos toca secarnos las lágrimas, abrazarnos y consolarnos porque el gobierno no lo ha hecho y no lo hará”.  Sildana Hernández

“Hoy me despojo de mi calzado en señal y acompañamiento a todas las víctimas en Colombia, en especial, a mi hermano, a quien sacaron descalzo de su casa, sin darle la opción, ni siquiera, de unas chanclas”, expresó, descalza, Sildana Hernández, representante de víctimas de Santander y Norte de Santander. “También, por aquellas personas que han sido enterradas tan inhumanamente, que tal vez no sólo fueron descalzos quizás, también, creo que hasta desnudos, porque no tuvieron el acompañamiento de sus familiares”. Hernández recordó a su hermano, Juan de Dios Hernández Escobar, cuñado de Adrián Lara Villamizar, ambos asesinados el 12 de septiembre de 2006 en San Andrés, Santander.

A su vez, sostuvo que en este departamento existieron participaciones de terceros civiles, que, en alianza con el Ejército, cometieron este crimen de lesa humanidad por intereses sobre tierras, económicos, políticos y familiares: “Nuestros padres y madres fueron sumergidos en la tristeza, en la enfermedad física y psicológica, el llanto, la depresión, y las mil preguntas sin respuesta”.  Gloria Peláez

Gloria Peláez, integrante del colectivo Madres de Falsos Positivos (MAFAPO), expuso detalles de la desaparición de su hijo, Daniel Martínez, quien salió de su casa el 8 de febrero de 2008 tentado por una oferta laboral que le ofreció Pedro Antonio Gámez Díaz, hoy condenado a 39 años de cárcel por el reclutamiento y posterior entrega al Ejército de algunos jóvenes del municipio de Soacha.  Peláez, con una impetuosa firmeza, narró cómo desde su intuición de madre percibió que algo malo sucedía desde el momento en el que a su hijo le ofrecieron dicho trabajo: “Me dijo que me quería mucho y que por eso quería conseguir ese trabajo.

Se arrodilló y me dijo que le diera la bendición.

Sin embargo, siguiendo mi instinto de mamá yo decía: ¿por qué me está diciendo todo esto? ¿Por qué se tiene que ir tan temprano? Yo le di la bendición sin pensar que era el último abrazo”. El cuerpo de Daniel Martínez fue encontrado el 2 de octubre de 2008 en la vereda Las Liscas, municipio de Ocaña. en Norte de Santander.

En su intervención, Gloria alentó a las madres a  no desfallecer en la búsqueda de la verdad y la justicia, consignando una frase para la memoria de todos: “Nuestros hijos no hablan, pero nosotras sí”.  Alfamir Castillo

“¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar la verdad y la justicia?”, se preguntó Alfamir Castillo, representante de víctimas del Eje Cafetero.

En su intervención, mencionó haber perdido a su hijo y reiteró que su presencia era, también, por todas las víctimas de esta región del centro del país.  Según la Justicia Penal Militar y reportes de las Naciones Unidas, en el Eje Cafetero se dieron 245 casos de ejecuciones extrajudiciales, de los cuales, 138 han sido reconocidos por la JEP.

El periodo más crítico de esta situación se dio entre 2006 y 2008, con un total de 132 casos, aseguró Castillo respaldada en las investigaciones preliminares de la justicia transicional.  Ella señaló a las divisiones Tercera y Octava del Ejército, así como a los batallones Ayacucho y el 57 Mártires de Puerres, como los responsables de cometer ejecuciones extrajudiciales en esa región. “Exigimos que estos crímenes no queden impunes y que no seamos perseguidos y perseguidas por limpiar el nombre de nuestros familiares”, expresó Afamir.  Ricaurte García

“Seguimos luchando por la verdad, que no se quede ahí, hay que reflejarla ante el mundo”, expresó Ricaurte García, miembro de La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) y representante de las víctimas de esta región de Antioquia.

En su intervención se refirió a la difícil situación de los campesinos mineros que han sido víctimas de masacres: “Han sido muertos por las armas de un Estado que deben ser usadas para la protección de sus ciudadanos”.  Camila Úsuga 

Camila Úsuga Vásquez, quien se identifica como una sobreviviente al conflicto armado, expuso las falencias que la Unidad para las Víctimas ha presentado en el departamento de Antioquia.

Molesta, la representante de víctimas de este departamento denunció que los procesos de esta entidad han sido lentos y las respuestas precarias, puesto que, en algunos casos, las víctimas son ignoradas por sus discapacidades o su orientación sexual. “Yo le pido a la CEV más garantías, más acompañamientos y hacer una interventoría, una veeduría o un seguimiento a la Unidad para las Víctimas”, afirmó.  También, la gestora comunitaria, como prefiere ser llamada, contó detalles sobre los asesinatos, reclutamientos y desapariciones de sus familiares en el municipio de Dabeiba a finales de los noventa e inicios de los dos mil.   Por otra parte, en medio del llanto, hizo un llamado a la CEV y la JEP para que las personas de la comunidad LGBT sean tenidas en cuenta para contar sus testimonios y visibilizar los casos de los cuales fueron víctimas.  “Los LGBT no somos una mercancía, ‘nuestras cuerpas’ también merecen respeto.

Nosotros no pedimos participar en un conflicto armado, pero sí pedimos que por favor nos acepten, porque ha sido duro para mí, que he tenido la oportunidad de asistir a Bogotá a las audiencias de la JEP, con los comparecientes de las Farc y de los militares y escucharlos que lo niegan, niegan los hechos y las atrocidades que nosotros los LGBT vivimos en ese conflicto armado”. Fredy de Jesús Martínez

“Fui militar, pero nunca fui un asesino”, aseguró Fredy de Jesús Martínez, representante de víctimas de Antioquia e integrante del colectivo Tejiendo Memorias.  Martínez narró la historia de cómo perdió a su hermano en un falso combate del Ejército en 2002  y, debido a eso, ingresó a las Fuerzas Militares para conocer a los autores de ese asesinato.  Trastabillando, recordó cómo a su hermano le fue puesto un fusil y un uniforme camuflado con el que aparentaba pertenecer a la guerrilla y precisó cómo un miembro del Ejército le contó la historia en la que murió su hermano, sin percatarse que al frente tenía al hombre que aún lloraba su partida.  “Así como yo, muchos niños creían en el Ejército y en la Policía, y hoy en día están dejando de creer por todo lo que se está viendo.

Yo salí del Ejército porque en la contraguerrilla que yo estaba iban a hacer un ‘falso positivo’ y como no quise participar, me dieron la baja.

Fui soldado profesional durante 5 años”, recordó.  Carlos Beristain

Carlos Martín Beristain, comisionado de la Verdad, leyó una carta de un exjuez exiliado por investigar casos de ejecuciones extrajudiciales.

Hoy este exfuncionario rehúye del rencor y del silencio.

Sintiéndose apátrida, hizo fuertes críticas al sistema judicial que ha servido para “ocultar” y “revictimizar” a las víctimas de este capítulo de la guerra. “Para ustedes, víctimas, que denunciaron estos hechos y no les creyeron y han sufrido también persecuciones, todo mi respeto.

Para mí, para mi familia, han sido años de dolor, de partir de cero de nuevo, de recomenzar y reconstruir una vida, pero también han sido de tristeza y de amargura, pues cuando estamos en nuestro país no valoramos nuestra tierra, nuestra cultura, nuestro folklore, nuestros ancestros… ni siquiera nuestras raíces”, leyó el comisionado. Astrid Sanabria Vega

“Es un plan criminal del Estado en contra de los campesinos y los jóvenes”, dijo, en representación de Casanare, Astrid Sanabria Vega.

Esta víctima reclama cómo la riqueza en biodiversidad e hidrocarburos de la región contrasta con el abandono estatal y el interés desaforado sobre esos territorios. “¿Qué culpa tenemos de haber nacido en el Llano?”, se preguntó.  Sanabria reconoció que la justicia transicional ha avanzado en varios casos del departamento, pero criticó los aportes de exmiembros de la Fuerza Pública por considerar que se quedan a medias. “Entre los años 2005 y 2008, la Brigada XVI, al mando de Henry Torres Escalante, y los batallones como el Nonato Pérez; grupos Gaulas, grupos deltas, grupos especiales, todos pertenecientes a esta brigada; para ellos solo eran números, vacaciones y premios, pero para nosotros eran todo lo contrario: eran personas con proyectos de vida, con amor por sus hijos, por sus hogares y con ganas de luchar y salir adelante con sus familias”, expresó Sanabria. Raquel Benavides 

Ella es Raquel Benavides, madre de José Fabio Rodríguez Benavides, soldado asesinado el 24 de marzo de 2007 por miembros de la Brigada Móvil 12 mientras se encontraba en la casa de su madre, en Granada, Meta, cumpliendo una incapacidad por una cirugía de rodilla que le habían hecho.

Ella lo encontró tres días después como NN en el cementerio municipal. La madre demandó verdad en nombre de las “394 víctimas de ejecuciones extrajudiciales del Meta y de las 44 del Guaviare cometidas por miembros del Estado” y le pidió a los comisionados de la CEV que “cuenten la verdad y se respete la memoria de nuestros familiares y se reconozca la dignidad y el buen nombre.

Eran jóvenes inocentes”. Gilma Carvajal

“Invitarlos a que tengamos amor.

Con el amor podemos perdonar”, dijo, en su intervención, Gilma Carvajal, quien señaló a tropas del Batallón Juanambú como artífices del asesinato de su hermano, Luis Eduardo Carvajal, ultimado junto a otras dos personas en el departamento de Caquetá 15 años atrás. “Todos hemos cometido errores… con amor todo podemos perdonar”, afirmó con convicción después de ser víctima de las antiguas Farc, cuando la secuestraron en 2002 y mataron a uno de sus hermanos en 2012; de los paramilitares, cuando secuestraron a su esposo y desplazaron a su familia en 2003; del Ejército, cuando mataron a su hermano en 2007; y lo más reciente, el 23 de noviembre de 2020, cuando las disidencias de las Farc secuestraron a su hijo. Carvajal, en representación del departamento de Caquetá, pidió resultado en las investigaciones de quienes dieron la orden de asesinar a 345 víctimas a manos del Ejército entre 2002 y 2008, y reprocha que el avance en esas diligencias no arroja resultados. “Será que podemos responder a un hijo que hoy me pregunta: ‘Tía, ¿por qué el Ejército es malo? ¿Por qué mataron a mi papá? Espero que ustedes, comisionados, agilicen estos procesos.

En las manos de ustedes está todo”, concluyó Gilma. Emiro Goyeneche

Emiro Goyeneche, como representante de 116 víctimas registradas en el departamento de Arauca, pidió que pare la estigmatización contra los líderes y las comunidades organizadas de esa región del país, y criticó la poca rigurosidad en la justicia cuando se trata de procesar a exmilitares como el general en retiro Mario Montoya y al expresidente y exsenador Álvaro Uribe, pues, según considera, ambos tienen gran responsabilidad en la ocurrencia de las ejecuciones extrajudiciales. “Pedir justicia, no es buscar venganza, padre”, dijo, dirigiéndose a Francisco De Roux, presidente de la CEV. Raúl Antonio Carvajal

El soldado Raúl Antonio Carvajal ingresó al Ejército aspirando alcanzar una buena oportunidad para su familia.

Un día le contó a su padre sobre las prácticas de ‘falsos positivos’ en las que tenía que colaborar.

El 8 de octubre de 2006, el militar fue reportado como baja en combate en Norte de Santander.

Desde ese día, empezó la incansable lucha de Raúl Carvajal padre por esclarecer lo ocurrido. Después de que varios funcionarios públicos de la justicia ordinaria desestimaran sus denuncias, este hecho ingresó en el Caso 03 de la JEP en 2019, que investiga este tipo de crímenes.

Lamentablemente el pasado 11 de junio, Raúl Carvajal murió tras contraer el virus Covid-19. “Durante la política de Seguridad Democrática muchas personas en condición de vulnerabilidad fueron reclutadas con la finalidad de hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate”, precisó la CEV en el videohomenaje que le hizo a Carvajal. Aladino Ríos

Aladino Ríos, un sobreviviente del departamento de Huila de un intento de ejecución extrajudicial, recordó que las víctimas de este delito atroz eran hombres jóvenes que trabajaban en el campo.

Algunos lideraban procesos sociales y significaban mucho para comunidades enteras. “Como parte de la estrategia del Ejército, en una acción cobarde, muchas de las víctimas fueron torturadas momentos previos a ser ejecutadas”, indicó Ríos y para ilustrar esa afirmación expuso su caso, quizás uno de los pocos que puede conocerse de un sobreviviente, ocurrido el 14 de agosto de 2007. Ríos y su compañero se desplazaban a una finca en zona rural de Pitalito, cuando fueron detenidos por tropas del Ejército. “Fui amarrado por los pies, luego de que un cabo le diera la orden a un soldado de amarrarme allí.

Me tuvieron junto a Albeiro Hernández Cerón por casi cuatro horas y media sentados sobre un barranco, amarrados”.  “Posteriormente -agregó- a la media noche uno de esos soldados me desamarra, me levanta por el cinturón y me lleva al borde de la carretera donde comienza a dispararme”, recordó.

Y apelando a su instinto de sobrevivencia logró escaparse, no así su  amigo, que fue acribillado por los soldados.  Ríos lucha por la justa reparación económica y que se conozcan los hechos tal y como ocurrieron, pues asegura que el aparato judicial ha mantenido la versión de los militares sobre la de las víctimas. Martha Giraldo 

“Que no se olvide, que no se repita”, expresó como un mantra Martha Giraldo, integrante del Movice, del departamento del Valle del Cauca, en donde por lo menos 166 personas fueron asesinadas de manera extrajudicial en ese departamento. Giraldo precisó que 34 de esas víctimas eran campesinas; 16 fueron desaparecidas forzadamente; 59 habitaban, en su mayoría, en barrios marginales de la capital de Valle del Cauca y llevadas a otras regiones para ser ejecutadas.

Finalmente le pidió a la CEV que en el informe final referencie los patrones con lo que actuó la Fuerza Pública en este capítulo de la guerra. “Solicitamos y exigimos la depuración, transformación de las fuerzas militares e instituciones y prácticas institucionales del Estado.

Las lógicas del desprecio a la vida, el desgaste mental de sus integrantes, las doctrinas que impulsan y consolidan la deshumanización de los militares son la piedra angular para la continuidad de este crimen en toda la historia de Colombia”, denunció. Bertina Badillo 

Bertina Badillo Herazo, desde el sur de Bolívar, es víctima a raíz de la ejecución de uno de sus sobrinos por paramilitares.

Levanta su voz a pesar del miedo que siente su comunidad por su fuerte denuncia que involucra con nombre propio a altos mandos del Ejército y la política.  “Le digo a la senadora María Fernanda Cabal o ‘descabal’, más bien, y a la nación de Colombia que las 6.402 muertes extrajudiciales no son una mentira. (…) me atrevo a decirle en nombre de mi familia que no soy de la izquierda y no soy de la derecha.

No soy goda y no soy cachiporra, no pertenezco a ningún partido político, aquí estamos porque somos madres que tenemos vientre que derramó sangre en esta nación y nos duele”, expresó.  Alexander Castro 

Antioquia repunta en la lista con el número más alto de ejecuciones extrajudiciales en el periodo 2002 a 2008, con más del 25 por ciento del total nacional.  Alexander Castro, víctima representante en ese departamento a partir de la pérdida de su hermano y tío el 23 de octubre de 2006, coincidió en que el relato que contará la CEV debe dejar en el centro a las víctimas.  “No podemos seguir permitiendo que seres como Mario Montoya, Óscar Enrique González Peña, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos sigan pisoteando la dignidad de las víctimas y nuestros seres queridos. 6.402 no son cifras de la izquierda, son memorias de nuestros familiares, ejecutados y masacrados por una política estatal y un Estado genocida”, dijo.  Luz Marina Bernal 

“Tengo que reconocer que duré 48 años viviendo en una burbuja ignorando totalmente en qué clase de país vivía.

Ahora que ya mi hijo no está y empiezo a recorrer territorios y empiezo a recorrer la verdadera historia de mi país, me duele”, expresó Luz Marina Bernal.  La lideresa es integrante fundadora del colectivo Madres de Soacha e hizo especial énfasis en el daño que a su juicio hizo la directiva ministerial 029 de 2005 con la que el Ministerio de Defensa estableció criterios para el pago de estímulos por capturas y abatimientos de cabecillas de organizaciones armadas al margen de la Ley. “En el caso Soacha llevaron dos años los militares estudiando las necesidades que tenía los jóvenes y después empezaron a llevárselos poco a poco, no son 19 casos de Soacha, son más de 100 casos de Soacha sino que cuando empezaron a amenazarnos muchas de las madres y de los familiares les dio miedo reclamar a sus hijos”, sostuvo Bernal y resaltó que varios casos de militares que habían sido condenados en la justicia ordinaria, hoy están en libertad tras someterse a la justicia transicional y, por eso, madres como ella se sienten en peligro.