Supuestas relaciones con grupos paramilitares e intereses familiares en megaobra portuaria sobre tierras reclamadas en restitución por comunidades afro implican al mandatario electo, Aníbal Gaviria Correa, quien se posesionará el próximo 1 de enero y regirá los destinos del departamento por cuatro años.
En el Urabá antioqueño la familia Gaviria Correa ha tenido, desde hace varias décadas, fuerte intereses económicos. Liderados por su patriarca Guillermo Gaviria Echeverri, fallecido el 2 de septiembre de 2014, sus inversiones fortalecieron la industria del banano y, además, promovieron esa actividad agroindustrial a través de la gestión gremial.
Pero esa misma región también ha sido su principal fuente generadora de cuestionamientos: de un lado, por cuenta de las confesiones de exparamilitares desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) quienes comparecieron a los tribunales de Justicia y Paz, creados con la Ley 975 de 2005, para contar su versión de la guerra y, de paso, abrir una caja de Pandora: detallar sus presuntos nexos con empresarios, inversionistas, funcionarios y políticos.
De otro lado, por cuenta de sus inversiones en el desarrollo del gran proyecto de la dirigencia antioqueña: la construcción del terminal marítimo conocido como Puerto Antioquia. Una megaobra de origen privado que tendrá un costo estimado de 700 millones de dólares y en la cual los Gaviria Correa tienen inversiones. ¿Cuál es el problema? Que una buena parte de las tierras donde se proyectó construir ha sido reclamada en restitución por comunidades afro que fueron afectadas por grupos paramilitares.
Bajo ese escenario llega Aníbal Gaviria a liderar la Gobernación de Antioquia, un cargo que ya ocupó en el periodo 2004-2007, cuando ganó las elecciones regionales con el respaldo del Partido Liberal, tras obtener 513.000 votos. Esta vez triunfó de nuevo con el apoyo de su partido, firmas ciudadanas y una coalición conformada por el Partido Alianza Verde, Cambio Radical y el Partido de la U, que le permitió ganar con holgura, sacando 834.558 sufragios en las elecciones del pasado 27 de octubre.
VerdadAbierta.com tuvo acceso al informe “Financiadores, colaboradores y socios del paramilitarismo en Antioquia, Córdoba y Chocó”, compuesto por tres tomos, elaborado por la Fiscalía General de la Nación (FGN) y fechado en octubre de 2017.
Se trata de un extenso documento, de 610 páginas, cuya finalidad, se lee en su introducción, fue “exponer el estado de los procesos judiciales que ha impulsado, por mandato constitucional, la Fiscalía General de la Nación, respecto a la relación que existió entre los grupos paramilitares que operaron en los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba con personas denominadas terceros y la presunta responsabilidad de estos por haberse beneficiado y haber patrocinado, financiado, apoyado o auspiciado el accionar de aquellos grupos ilegales”.
Los contenidos de este informe se basan, fundamentalmente, en las sentencias proferidas por tribuales de Justicia y Paz, que tuvieron su origen tras la promulgación de la Ley 975 de 2005, mediante la cual se juzgó a decenas de exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que dejaron sus armas de manera colectiva, bajo los acuerdos con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), y fueron postulados a los beneficios de esta norma, entre ellos, cumplir con una pena carcelaria de ocho años, a cambio de contar la verdad de lo sucedido en la guerra y ofrecer datos precisos sobre quiénes los apoyaron económicamente y las relaciones que tuvieron con políticos locales y regionales.
Buena parte de la información que nutrió las sentencias fue aportada, en su momento, por investigadores y fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, que luego se transformó en la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de Justicia Transicional.
¿Qué se dice de Gaviria Correa?
En ese contexto surge el nombre del actual gobernador electo, Aníbal Gaviria Correa, quien asumirá las riendas del departamento el próximo 1 de enero y por los próximos cuatro años. De este político antiqueño se hace referencia en el segundo tomo del informe, titulado “La parapolítica y las relaciones de los paramilitares con funcionarios públicos en Antioquia, Córdoba y Chocó”.
Este tomo reseña el estado de los procesos judiciales para octubre de 2017 de varias personas señaladas por los exparamilitares de haberlos beneficiado con su poder armado en procesos electorales de comienzos del siglo XXI.
De acuerdo con las versiones entregadas por los exmiembros del Bloque Elmer Cárdenas (Bec), que operó en buena parte del Urabá antioqueño y chocoano, en su campaña a la Gobernación de Antioquia para el periodo 2004-2007, que a la postre ganó, Gaviria Correa se habría beneficiado del apoyo recibido por el movimiento Urabá Grande, Unida y en Paz, creado por esta estructura paramilitar para incidir en la política regional y nacional.
Las explicaciones dadas por los exparamilitares permitieron establecer que el movimiento Urabá Grande, Unida y en Paz, financiado hasta en un 70 por ciento por esa estructura armada ilegal, integró los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes, donde tenían su caudal electoral, apalancado en organizaciones comunitarias, que les funcionó en sus zonas de influencia pues en las elecciones de octubre de 2003, para el periodo 2004-2007, se eligieron concejales y alcaldes afines al Bloque Elmer Cárdenas.
Además, con su poder armado y económico, el Bec, comandado por Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, consiguió llevar al Congreso de la República a por lo menos a tres senadores aliados de su movimiento político, así como a los “cuatrillizos”, quienes se alternaron cada año, entre 2002 y 2006, una curul en la Cámara de Representantes. (Leer más en: Cómo se tejió la filigrana del poder ‘para’ en Urabá)
Rendón Herrera y sus hombres se desmovilizaron en agosto de 2006 en el norte de Urabá como parte de los acuerdos con el gobierno nacional. Fue la última estructura en dejar sus armas y acogerse a las normas de la Ley 975, razón por la cual varios de sus integrantes fueron postulados a sus beneficios y comenzaron a rendir versión libre ante los tribunales de Justicia y Paz.
En el documento de la FGN se reseñan varias comparecencias de exmiembros del Bec, entre ellas las de su jefe, alias ‘El Alemán’, quienes hicieron alusión a la campaña de Aníbal Gaviria Correa. En la primera de ellas, realizada el 11 de junio de 2010, “Rendón Herrera, afirmó que el proyecto político ‘Urabá Grande, Unido y en Paz’ apoyó al candidato Aníbal Gaviria y se refirió a unas presuntas grabaciones que probarían la afirmación”.
Lo afirmado por el excomandante del Bec fue ratificado por Jorge Isaac Mosquera Caicedo, exalcalde del municipio de Riosucio, Chocó, procesado por sus nexos con esa estructura paramilitar, quien explicó en una versión rendida el 14 de septiembre de 2011 “un video en el que se evidencia cómo Aníbal Gaviria obtuvo la victoria gracias al apoyo del movimiento político paramilitar de Urabá”.
Sobre esa misma versión aportaron sus testimonios Manuel Morales Peña el 13 de septiembre de 2011; un día después lo hicieron Lucelly Orjuela y Lucy Cardozo Alvarado. Los tres, según la Fiscalía, “sustentan la supuesta asociación de Aníbal Gaviria con el BEC”.
Adicional a esas declaraciones, la Fiscalía registra que la Dirección Nacional Contra el Terrorismo “aportó mediante informe de policía judicial un comunicado de 13 de diciembre de 2003 enviado por el proyecto ‘Por una Urabá, Unida, Grande y en Paz’ y dirigido a Aníbal Gaviria Correa, donde ratifican su interés de apoyarlo y el interés de contribuir en la ejecución del programa de gobierno”.
Por esos testimonios, Gaviria Correa, de acuerdo con el informe conocido por este portal, “tiene una investigación en curso en la FGN por haber recibido apoyo del brazo político del Bloque Elmer Cárdenas en Urabá, ‘Por un Urabá Grande Unido y en Paz’, durante su campaña”, motivo por el cual “la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de Justicia Transicional (DNFEJT) realizó una compulsa de copias el 18 de junio de 2010 para que se investigara al funcionario por presuntas relaciones con el mencionado bloque”.
Ante esos señalamientos, y según lo registró este portal el 14 de febrero de 2013, el Gobernador electo, siendo para aquella época Alcalde de Medellín (2012-2015), se presentó ante la fiscal delegada ante la Corte Suprema de la Corte de Justicia, Marta Lucía Zamora, para rendir su versión sobre los hechos.
En esa ocasión, y a través de un comunicado de prensa difundido por la Alcaldía de Medellín, el mandatario local rechazó las acusaciones, “hizo todas las aclaraciones del caso y aportó las pruebas que soportan sus manifestaciones. Esta diligencia se realizó a petición del propio doctor Aníbal Gaviria Correa, quien, desde un inicio, cuando se le hicieron los señalamientos, pidió ser escuchado ante la Fiscalía para aclarar cualquier inquietud sobre los mismos”. (Leer más en: Aníbal Gaviria rindió versión libre ante la Fiscalía)
Para octubre de 2017, fecha en la cual se presenta la FGN su informe, el proceso contra Gaviria Correa, bajo el Radicado 11425, “se encuentra activo, en estado de instrucción, y lo adelanta la Fiscalía 8 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia”.
Una de las conclusiones de este documento, siguiendo las sentencias de las Corte Suprema de Justicia y los registros de la FGN, es que “la mayoría de los casos de la parapolítica, en todos los niveles, fueron llevados a cabo a través los partidos tradicionales. Así pues, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido Liberal, fueron los que tuvieron más casos de asociación con paramilitares en Antioquia, Córdoba y Chocó”.
Además, los analistas que elaboraron el informe citado plantearon que “la mayor parte de las investigaciones de la FGN se adelantan por el delito de concierto para delinquir y las sentencias que han emitido los distintos jueces y tribunales, así como las condenas de la Corte Suprema, han sido por el mismo delito y como delito secundario el constreñimiento al elector”.
A su juicio, ese procedimiento “debe generar inquietud, en tanto que la FGN no puede seguir fundamentado sus investigaciones únicamente en las declaraciones de los postulados, sino que debe investigar también desde la voz de las víctimas y encontrar la responsabilidad, si es el caso, al menos como determinadores, de los políticos sobre los que se tienen serios indicios de haber cometido delitos contra la vida, la integridad personal o contra el erario público”.
Una vez conocido el documento, este portal se comunicó con la oficina de prensa de la FGN para establecer en qué estado se encontraba el proceso bajo el Radicado 11425. El primer contacto se estableció el pasado 1 de noviembre, y hasta el cierre de este artículo, y pese a reiteradas solicitudes, no fue posible obtener una respuesta.
La misma pregunta se le envió al gobernador electo, quien respondió a través de su abogado, Luis Alfonso Bravo. El jurista hizo dos precisiones: “Lo primero que se debe aclarar es que la investigación es apoyo dado por el movimiento político Urabá Grande, Unido y en Paz, en un hecho público que se dio en el teatro de Apartadó durante la campaña a la gobernación de Aníbal Gaviria en el año 2003”.
Adicional a ello indicó que “lo segundo que debe aclararse es que este proceso no se encuentra en etapa de instrucción, y después de más de 16 años de sucedido el hecho en materia de investigación se mantiene en etapa de investigación preliminar”.
Y finalmente indicó que “después de la práctica de pruebas, la defensa del doctor Aníbal solicitó el archivo de la investigación preliminar con fundamento en las mismas. Dicha solicitud está en estudio por parte de la Fiscalía”.
A las versiones en su contra se sumaron, en su momento, las hechas contra su padre, a quien señalaron de ser uno de los financiadores de las Auc en el Urabá antioqueño. Uno de los exparamilitares que presentó pruebas al respecto fue Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, quien presentó listados de empresarios bananeros y ganaderos en los que revelaba supuestos aportes económicos a la causa paramilitar. Lo confesado por Hasbún llevó a la FGN a presentar cargos contra el papá del gobernador electo, pero su caso no prosperó y terminó con la preclusión de la investigación en septiembre de 2013, un año antes de que falleciera. (Leer más en: Fiscalía acusó a Guillermo Gaviria de financiar grupos paramilitares)
¿Habrá Gobernador Ad Hoc?
Otro de los cuestionamientos que afronta Gaviria Correa tiene que ver con el desarrollo del proyecto portuario que se piensa construir en el municipio de Turbo, Urabá antioqueño, conocido como Puerto Antioquia, una megaobra en la que se estima una inversión de 700 millones de dólares.
¿Y por qué se le cuestiona? Porque su familia tiene intereses privados allí. La obra es de carácter privado y en ella están asociados Puertos, Inversiones y Obras S.A.S (PIO S.A.S), la naviera francesa CMA CGM S.A., Agrícola Santamaría S.A.S., Agrícola El Retiro S.A.S., la Sociedad de Comercialización Internacional Banafrut S.A., C.I. Tropical S.A., C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A. (Uniban) y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).
Los Gaviria Correa han sido directivos de Uniban por varios años. De acuerdo con el certificado de existencia y representación de la firma, expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, su hermana Irene es una de las representantes legales, así como Juan Esteban Álvarez, un hombre de la entera confianza de la familia, quien ha manejado sus intereses en la región del Urabá antioqueño por varias décadas y señalado por el exparamilitar Raúl Hasbún, como el presunto enlace con los paramilitares, versión que no ha sido comprobada por las autoridades judiciales. (Ver certificado)
El problema con este proyecto es que pese a todos los esfuerzos que hicieron los inversionistas privados y el gobernador saliente, Luis Pérez, las obras de construcción se encuentran suspendidas por cuenta de un litigio jurídico instaurado por el consejo comunitario de comunidades negras de Puerto Girón, que reclaman la restitución colectiva de 11.269 hectáreas que consideran ancestral y que abarca áreas de los corregimientos Puerto Girón (Apartadó), Nueva Colonia (Turbo) y Zungo (Carepa), de las cuales 80 hectáreas cuando menos están en zona de influencia de las obras portuarias.
En relación con ese proceso, cuya demanda fue instaurada por la Unidad de Restitución de Tierras en representación de las comunidades afectadas, el 10 de mayo de 2018 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Tierras de Apartadó dictó medidas cautelares sobre 70 predios privados dentro del territorio colectivo solicitado por el Consejo Comunitario. Entre ellos se encuentran varias fincas que figuran a nombre de Agrícola Santamaría, de propiedad de la familia Henríquez Gallo, reconocidos empresarios bananeros, socios de Puerto Antioquia y de los Gaviria Correa en Uniban.
Tal como lo estableció una investigación de este portal sobre ese proyecto, entre las comunidades negras de Puerto Girón hay un profundo escepticismo. Y no es para menos. Desde que emprendieron su lucha por la tenencia de la tierra, hace poco más de 20 años, han sufrido innumerables agresiones por parte de todos los actores armados y han tenido que enfrentarse a la desidia burocrática de las entidades estatales que parecen no reconocer su existencia. (Leer más en: Puerto Antioquia, ¿irregularidades de gran calado?)
En ese contexto de intereses cruzados, una decisión estatal profundizó los temores de los pobladores de Puerto Girón sobre el futuro de su caso: el nombramiento como directora de la URT regional Apartadó de Dayra Reina Hernández a través de la Resolución 835 del 23 de noviembre de 2018. Dos meses antes de su elección, esta abogada representó los intereses de Agrícola Santamaría en el litigio de las tierras de Puerto Girón. Así lo constató VerdadAbierta.com en otra de sus investigaciones. (Leer más en: Abogada de opositores ahora dirige oficina de Restitución en Urabá)
Una de las grandes frustraciones del gobernador saliente es no haber podido “poner la primera piedra”, acto que fue programado para el pasado 30 de noviembre. Meses atrás, el mandatario Pérez había calificado de “problema inverosímil” la reclamación de las comunidades afro de Puerto Girón.
También desde el pasado 1 de noviembre este portal buscó de manera insistente a Andrés Castro, director nacional de la URT, para plantearle varias preguntas sobre esta reclamación, pero desde su oficina de prensa se dijo que el funcionario no hablaría sobre el tema. VerdadAbierta.com pudo establecer, además, que hay un acuerdo entre esta entidad y los empresarios que lideran el proyecto de Puerto Antioquia para no referirse al tema.
Para el nuevo Gobernador de Antioquia, el proceso no es fácil. De un lado, su familia tiene inversiones en el proyecto; de otro lado, la administración departamental es socia del proyecto a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, entidad que preside el mandatario local; y, además, en teoría, debería velar por el bienestar de las comunidades, entre ellas las más vulnerables, como las de Puerto Girón.
Al ser consultado sobre el tema, su abogado respondió: “Frente al proyecto del Puerto de Urabá, la posición del gobernador Aníbal Gaviria, es que una vez posesionado tramitará ante la Procuraduría General de la Nación una consulta sobre un posible conflicto de intereses que deberá dirimir esta entidad; y dado el caso de que el conflicto sea acogido, se nombrará un Gobernador Ad Hoc para este asunto”.
Foto de portada tomada de la cuenta de Twitter @Clanarvi
