Tres frentes de batalla tiene abiertos esa antigua guerrilla: contra el Estado, ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Pelusos’. En medio de las disputas armadas, están cayendo líderes sociales. Las comunidades claman por una atención integral del gobierno nacional, más allá de la militarización. Alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo no son atendidas.

Las ambiciones de la guerrilla del Eln por dominar los 421 kilómetros de línea fronteriza que tiene el departamento de Norte de Santander con la vecina República Bolivariana de Venezuela están generando un ambiente de zozobra que ya siente en Cúcuta, la ciudad capital. Nada parece detener a este grupo subversivo.

A sangre y fuego, comandos armados del Eln libran tres confrontaciones: la primera de ellas, que en apariencia les da su carácter de insurgente, es contra el Estado. Constantes ataques a la Fuerza Pública, acudiendo incluso a la instalación de campos minados, marcan esta línea de fuego.

La segunda, y la que más se ha recrudecido en las últimas semanas, es contra la organización criminal conocida como ‘Los Rastrojos’, un remanente de narcotraficantes del norte de Valle del Cauca, que se posicionó en la zona fronteriza poco después de que concluyera, en agosto de 2006, la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) acordada con el gobierno nacional.

Y la tercera confrontación, que viene desde hace por lo menos dos años, es contra una disidencia de la antigua guerrilla del Epl, conocida como ‘Frente Libardo Mora Toro’, llamada por las autoridades como ‘Los Pelusos’, que se asentó en el Catatumbo desde hace por lo menos 29 años, luego de que un puñado de insurgentes se marginara del acuerdo de desmovilización y desarme suscrito con el gobierno nacional y oficializado el 2 de marzo de 1991. (Leer más en: La nueva guerra que se desató en el Catatumbo)

Además, según fuentes consultadas por este portal, el Eln también enfiló sus fusiles contra lo que llama “la base social y política” del Epl y los liderazgos del Movimiento de la Constituyente Popular (MCP), que tiene una activa influencia política en buena parte del Catatumbo desde dos décadas.

El propósito de ese grupo subversivo, que intentó sostener de manera infructuosa conversaciones de paz para buscar una salida negociada con el anterior gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), es convertirse en la fuerza hegemónica en el área limítrofe y consolidar una fuerza guerrillera que abarcaría los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander y Arauca. (Leer más en: Se reanuda formalmente la guerra contra el Eln)

“La decisión del Eln es quedarse, ellos solos, con la frontera venezolana”, ratificó una fuente consultada por este portal, quien pidió la reserva de su nombre. Además de una intensa actividad de contrabando entre los dos países, el año pasado en la región se registraron 41.749 hectáreas sembradas con hoja de coca que alimentan la producción de clorhidrato de cocaína. “Eso le daña el corazón, la cabeza y la ideología a cualquiera”, precisó este conocedor de la región.

Ese proyecto subversivo, que va más allá de una simple disputa por el negocio del narcotráfico en la región, posiblemente está ligado al propósito de tener un amplio corredor de movilidad que iría desde la frontera con Venezuela hasta el departamento de Chocó, consolidando salidas a los océanos Atlántico y Pacífico. Esos planes quedaron consignados en la Alerta Temprana N. 027-19, fechada el 21 de junio del año pasado. (Leer más en: De Chocó a Venezuela, la peligrosa expansión del Eln)

Para fortalecer sus objetivos de control hegemónico en Norte de Santander, según estableció este portal, el Eln ha trasladado de varias regiones del país hombres y armas. “El dominio de esta línea fronteriza le daría fortaleza en temas financieros, logísticos y de retaguardia, lo que permitiría que esta guerrilla dé un salto en su concepción de la guerra en el país”, precisó, bajo el anonimato, un experto en el tema.

Escenario de atrocidades

Refugio humanitario en el sitio conocido como Ambato, en la carretera que va de Tibú hacia Cúcuta. Foto: cortesía Ascamcat.

Pese a que, con la firma del Acuerdo de Paz entre la antigua guerrilla de Farc y el Estado colombiano, en noviembre de 2016 en Bogotá, se desmovilizó el Frente 33, una poderosa estructura que operó en el Catatumbo por varias décadas, el conflicto armado no ha rebajado en intensidad y actores criminales en Norte de Santander. Las comunidades viven en permanente zozobra. (Leer más en: Dramático diagnóstico deja sesión de la Mesa por la Protección a la Vida sobre Catatumbo)

Si bien las referencias en años pasados estaban centradas en lo que venía ocurriendo en los municipios que conforman la región del Catatumbo (Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata), las dinámicas de confrontación armada están tocando las goteras de Cúcuta y su área metropolitana.

Diversas fuentes consultadas advierten que la guerra desatada entre el Eln y ‘Los Rastrojos’ afecta a los pobladores del área rural de la capital nortesantandereana y los municipios vecinos de Puerto Santander, El Zulia y Tibú. “En estas zonas se ha recrudecido esa guerra”, reitera un conocedor de la región, que pidió la reserva de su nombre.

Dos masacres perpetradas recientemente dan cuenta de la crueldad de esa confrontación. La primera de ellas ocurrió el 4 de julio en el sector conocido como Pacolandia, a 40 minutos de Cúcuta, en la vía que conduce al corregimiento Banco de Arena, y donde ‘Los Rastrojos’ instalaron un retén ilegal hace por lo menos seis meses.

En ese sitio fueron retenidos los jóvenes Jorge Sánchez Pacheco y su hermano Juan Andrés, así como David Lindarte Rodríguez y Yadira Heredia. De acuerdo con la Fundación Progresar, una reconocida organización defensora de derechos humanos de Norte de Santander, estas cuatro personas fueron asesinadas, desmembradas y luego sus partes arrojadas a las aguas del río Zulia.

“Por las labores de búsqueda de los familiares acompañados por la comunidad, fueron encontrados dos cuerpos de dos de los jóvenes, desmembrados en dos costales”, detalló en un comunicado la Fundación Progresar y agregó que “este grupo paramilitar (refiriéndose a ‘Los Rastrojos’) ha prohibido a la comunidad continuar la búsqueda de los otros cuerpos, so pena de asesinar a quien incumpla dicha orden”.

La segunda masacre se registró el 18 de julio entre las veredas Vigilancia y Totumito, del corregimiento Palmarito, en zona rural limítrofe entre los municipios de Cúcuta y Tibú. En esa incursión, atribuida también a ‘Los Rastrojos’, fueron asesinadas ocho hombres, entre ellos el líder comunitario Ernesto Aguilar, afiliado a la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

Elizabeth Pabón, presidenta de Ascamcat, detalló lo ocurrido en la finca donde fueron acribillados seis de las ocho víctimas y aseveró que la situación pudo ser más macabra por cuanto “ellos (refiriéndose a ‘Los Rastrojos’) sacaron una motosierra y no les quiso prender. Menos mal, porque lo que iban a hacer era a picarlos”.

Pero la cifra es mucho más trágica: en lo que va corrido de este año se han cometido otras dos masacres en zona rural de Cúcuta. La primera de ellas se registró en el corregimiento Palmarito el 9 de marzo. En esa ocasión fueron asesinadas ocho personas. La segunda ocurrió el 2 de julio en la vereda Puerto León, donde murieron cuatro personas.

En total, son cuatro asesinatos colectivos en poco más de cuatro meses este año que han dejado 20 personas muertas. A juicio de Pabón, el drama es más profundo: “Asesinatos selectivos se están dando todo el tiempo y se quedan ahí, como en silencio, nadie se ha pronunciado frente a esto. Y nosotros como asociación campesina teníamos miedo de pronunciarnos, porque uno que está en terreno sabe lo que uno se arriesga denunciando estos grupos. Ya decidimos romper ese silencio y denunciar”.

Según la Presidenta de Ascamcat, se cree que la confrontación es por cultivos de coca y las rutas del narcotráfico, pero ella tiene un análisis distinto: “Aquí hay muchos intereses por las riquezas de los recursos naturales para su explotación. Por eso se están dando todos estos asesinatos, estas masacres. Esa es la estrategia que ellos tienen para estar ahí acordonando la frontera. Por eso es que esta línea fronteriza es tan complicada y violenta”.

Autoridades no previenen

Encuentro realizado en junio del año pasado por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en Ocaña, por los hechos de violencia que azotaban en ese entonces al Catatumbo.

El avance de la guerrilla del Eln y las disputas con ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Pelusos’, en desarrollo de sus pretensiones de dominar la línea fronteriza de Norte de Santander con Venezuela, ha sido alertada desde el año pasado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.

En la Alerta Temprana Nº 037-19 de Inminencia, fechada el 12 de septiembre del año pasado y dirigida al Ministerio del Interior, esta entidad del Ministerio Público aseveró que la guerrilla del Eln buscaba “posicionarse en el área metropolitana de Cúcuta”, y respaldó su afirmación en un panfleto difundido al parecer por ese grupo subversivo mediante el cual “anuncia una supuesta alianza” con una disidencia del Frente 33 de las antiguas Farc que no se acogieron al Acuerdo de Paz, para llevar a cabo “acciones conjuntas en Puerto Santander y los corregimientos de la zona rural de Cúcuta: Aguaclara y Guaramito, así como las veredas La Jarra, Puerto Lleras, La Esperanza, Patillales, Campo Alegre y sus alrededores”.

La Alerta Temprana fue clara al advertir que las acciones criminales que se estaban registrando para finales de 2019 evidenciaban “la capacidad de daño de los actores armados en confrontación [y] son elementos que materializan un riesgo inminente de mayor gravedad que se avecina y que es necesario mitigar y/o prevenir mediante la acción urgente de la institucionalidad departamental frente a una actuación débil de los entes en el nivel municipal, que han demostrado incapacidad para reaccionar frente a los eventos ocurridos y por ocurrir”.

Ese llamado urgente del SAT de la Defensoría del Pueblo fue renovado el 13 de marzo de este año a través de la Alerta Temprana Nº 011-2020 de Inminencia. De nuevo, esta agencia estatal le notificó al Ministerio del Interior lo que venía ocurriendo en la zona rural de Cúcuta y lo que podría pasar si no se adelantaban acciones eficaces.

“Se encuentra en grave riesgo la población civil por posibles enfrentamientos entre miembros del ELN y el grupo armado ilegal Los Rastrojos, así como de estos grupos con el Ejército, con interposición de personas y bienes protegidos por el DIH (Derecho Internacional Humanitario)”, indicó el SAT.

Además, insistió en que el Eln “seguirá avanzando en la frontera con el objetivo de ejercer pleno dominio sobre el área rural de Cúcuta—línea de frontera—, desplazando a la estructura de ‘Los Rastrojos’”.

De acuerdo con los análisis del SAT, este grupo insurgente viene ganando terreno desde territorio venezolano por lo que llamó la atención sobre posibles enfrentamientos en áreas fronterizas del lado colombiano, especialmente en zona rural de Cúcuta: “Se evidencia la existencia de un cerco sobre el grupo armado ‘Los Rastrojos’ que se cierra sobre zonas en las que la población civil se encuentra en grave riesgo de quedar en medio de la confrontación armada”.

En esta nueva Alerta Temprana no sólo se advirtió lo que vendría después -masacres, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas-, sino que se puso en evidencia la ineficacia de la autoridades militares y de policía: “A pesar de la alta militarización que vive el departamento, no hay control de la Fuerza Pública y teniendo en cuenta que el territorio colombo-venezolano está separado por el río Guaramito o Guarumito, los pasos sobre esta frontera hídrica están completamente bajo el de estos dos grupos armados, cuentan con canoas para su fácil tránsito y en las zonas bajas caminan entre los dos países sin ninguna restricción”.

Pese al llamado urgente de la Defensoría del Pueblo a las autoridades nacionales, departamentales y municipales dirigido “a implementar las medidas de prevención y protección frente a vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al DIH en los corregimientos y veredas de la zona rural de Cúcuta”, las medias son insuficientes.

Y es que las acciones de las autoridades parecen no tener la capacidad de contrarrestar ni contener la confrontación armada en esta compleja región y mucho menos prevenir los ataques contra las comunidades. “La pregunta de fondo es ¿por qué se da en una zona tan militarizada?”, cuestiona una investigadora de la organización de derechos humanos Minga, que conoce de primera mano lo que viene ocurriendo en Norte de Santander.

“¿Cómo pueden suceder estas cosas sin que los militares se den cuenta, sobre todo en una vía que conecta el puente fronterizo y la capital del departamento? ¿Por qué ocurren estos hechos sin una respuesta concreta por parte de la Fuerza Pública? Son muchos interrogantes”, le expresó a este portal la investigadora, quien, por razones de seguridad, pidió que se omitiera su nombre.

Buena parte de la zona limítrofe con Venezuela está altamente militarizada desde 2012, cuando se activó la Fuerza de Tarea Vulcano y se instaló su puesto de mando en el municipio de Tibú, dependiendo de la Segunda División del Ejército y sumando cerca de 7 mil soldados, provenientes de tres brigadas móviles, un pelotón de comunicaciones y dos secciones de los batallones de Movilidad de Maniobra y Aviación, adscritas a la Brigada 30.

A ellos se sumaron otros 5.600 uniformados el 28 de octubre de 2018, cuando el presidente Iván Duque visitó el municipio de Ocaña y activó la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) N° 3. En esa ocasión, el mandatario justificó la presencia de más tropas tras considerar esa estrategia como “un mecanismo importantísimo para garantizar la seguridad en esta zona, para desarticular las redes de crimen organizado, enfrentar los grupos armados organizados, para romper esa cadena criminal que muchas de esas organizaciones han querido tener con los carteles en Venezuela”.

Sin embargo, esa promesa del presidente Duque ha caído en el vacío. Casi de manera inmediata surgieron tensiones con las comunidades ante la alta militarización de la región y la falta de acciones integrales en salud, educación, empleo e infraestructura. (Leer más en: Tensiones en el Catatumbo tras ingreso de la Fuerza de Despliegue Rápido)

Dos años después, el panorama continúa en estado crítico. Así lo han dejado claro las comunidades rurales y urbanas, la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH son el pan de cada día.

Una escena descrita por un grupo de organizaciones sociales mediante un comunicado divulgado el pasado viernes pone en duda la poca operatividad de la Fuerza Pública. Al hacer referencia a la masacre perpetrada hace poco más de una semana, se detalla que “hasta el día 19 de julio a las 11 am, llegó al lugar de la masacre la Defensoría del Pueblo, luego a las 5 pm llegó una comisión de la alcaldía de Tibú y no se encontró en el área la presencia de la Fuerza Pública, lo que reafirma que hay omisión por parte del Ejercito y de la Policía de su obligación constitucional lo que resulta muy grave e indica que las bandas paramilitares operan deliberadamente y con total impunidad”. (Leer comunicado completo)

La situación de riesgo para las comunidades tiende a agravarse por cuenta de la presencia de dos estructuras disidentes de las antiguas Farc: la ya referida del Frente 33, con la cual el Eln supuestamente tendría alianzas, y la llamada ‘Segunda Marquetalia’, liderada desde hace poco más de un año por alias ‘Iván Márquez’, el líder negociador de la extinta guerrilla que se marginó del Acuerdo de Paz.

“Son dos estructuras muy fuertes, que están creciendo bastante, recuperando sus territorios y llegando a nuevos. El temor es que también se puede estar gestando una guerra entre ambas disidencias”, detalló uno de los expertos consultados.

Eln contra bases sociales

El Frente de Guerra Nororiental del Eln se está fortaleciendo con guerrilleros traídos de otros sitios del país en su propósito de dominar la frontera con Venezuela. Foto: archivo particular.

De acuerdo con fuentes consultadas por este portal, hay mucho silencio alrededor de la persecución que desató la guerrilla del Eln contra los liderazgos del Movimiento de la Constituyente Popular (MCP), afincado en el territorio nortesantandereano hace casi tres décadas.

Uno de los casos sobre los cuales se ha guardado especial reserva es el del secuestro de Juan de Jesús Peinado Mora, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Isidro, en el municipio de Convención, ocurrido el pasado 24 de junio a las 11 y 40 de la mañana.

De acuerdo con la denuncia pública hecha por MCP, “sujetos fuertemente armados” retuvieron a Peinado Mora “cuando se disponía a tomar turno en el punto de control preventivo para el Covid-19 establecido por la comunidad”. Desde esa fecha no sabe nada del líder campesino, integrante de MCP.

Dos años atrás fue asesinado Alirio Arenas, presidente del Concejo del municipio de Convención. El ataque en su contra se presentó el 2 de septiembre de 2018 en la ciudad de Ocaña, a donde llegó desplazado de la vereda San Isidro, tras recibir amenazas. (Ver denuncia)

“De los siete líderes asesinados en el Catatumbo, si no estoy mal tres o cuatro todo indica que fue el Eln, pero nadie habla de eso en el territorio”, insistió una fuente consultada y agregó que la decisión de ese grupo subversivo es “eliminar, extinguir del territorio todo lo que ellos consideran es base social y política del Epl. Y están en toda una ofensiva contra líderes, organizaciones y comunidades”.

De hecho, detalló que guerrilleros del Eln han cercado veredas enteras tras acusar a sus pobladores de apoyar al Epl, confinándolos durante varios días. “Es una situación humanitaria bastante difícil”, advirtió la fuente consultada. (Leer más en: Pobladores del Catatumbo, ante la zozobra de dos paros armados)

Los ataques contra los liderazgos de MCP son una extensión de la guerra que libran ambos grupos armados ilegales, antiguamente aliados en la lucha insurgente. Un experto en el tema explicó que la justificación que da el Eln para atacar al Epl es que es “una organización paramilitar y narcotraficante. Nada distinto a lo que ellos mismos hacen, o a lo que en pasado hicieron las Farc, y es cobrar gramaje por la producción de cocaína, prestar seguridad y vender al que compre, al mejor postor, al que pague más. Ese es un argumento bastante flojo”.

Las explicaciones, sugirió este experto, habría que buscarlas en el momento armado y político que venía experimentando el Epl hace tres años, en pleno crecimiento y expansión gracias al negocio del narcotráfico. Para las pretensiones hegemónicas del Eln, esa situación lo convertía en un enemigo muy fuerte.

“El negocio de la droga lo tenía el Epl y a los carteles mexicanos les encantaba negociar con ellos porque decían que eran muy prácticos, y no tan enredados como los del Eln. De ahí la decisión de atacar la estructura armada, que la han ido diezmando, no la han exterminado aún, y no creo que logren exterminarla. No lo logró el Ejército en 29 años, el Eln no lo hará en dos años”, afirmó la fuente consultada, lo que evidenciaría la continuidad de una de las guerras que se libra en la línea fronteriza.

Esa confrontación también tocó, desde hace dos años, las puertas de MCP. Una organización que, según el experto consultado, está integrado por “gente que quiere estar en un movimiento que impulse reformas, reivindicaciones, cambios”. Pero ahora son el blanco de la guerrilla del Eln: no sólo para inmovilizarlos e impedirles sus procesos de fortalecimiento y crecimiento, sino, incluso, para asesinarlos”.

Defensores de derechos humanos consultados en Norte de Santander, quienes hablaron a cambio de su anonimato, coincidieron en plantear la importancia de denunciar en el escenario internacional la persecución del Eln contra el liderazgo social y campesino del MCP.

“La gente del MCP tiene el deber de ejercer su labor como movimiento campesino, reivindicativo, popular, de lucha política en el Catatumbo, como lo tiene cualquier movimiento campesino en Colombia”, aseguró uno de los consultados.

En la mira de la Fuerza Pública

Uno de los más graves problemas en las zonas alteradas de Norte de Santander es la falta de confianza en la Fuerza Pública por hechos criminales cometidos por sus hombres. Foto: archivo Minga.

“No es un conflicto que se pueda entender solamente entre actores armados ilegales, como se quiere mostrar. Aquí se configurando una disputa territorial que pasa por los cultivos ilícitos, pero que no se reduce a eso, y está afectando a la población civil y a los líderes”, precisó la investigadora de Minga.

De acuerdo con esta experta, el último asesinato cometido por tropas del Ejército ocurrió a las 10 de la mañana el pasado 27 de junio en un sitio conocido como Caño Totumo, entre las veredas Filo Guamo y La Tiradera, en el municipio de Teorama. Allí perdió la vida el joven campesino Salvador Durán, de 22 años de edad, quien fue presentado por las autoridades como un “guerrillero del Eln”, versión que fue desmentida por las comunidades.

“Hay una reproducción de la mirada de las Fuerza Militares basadas en el señalamiento. Distintas organizaciones sociales han emitido comunicados expresando ese temor”, advirtió la investigadora social.

Al respecto, Pabón, la presidenta de Ascamcat, fue más allá: “Los riesgos que estamos corriendo nosotros es que por denunciar estos casos que han estado pasando nos hemos visto amenazados. Hemos perdido muchos de nuestros líderes. Este año van asesinados cuatro líderes de Ascamcat”.

Esta lideresa también hizo referencia a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano contra civiles en hechos que son expuestos a la opinión pública como “confusos”. Por ello la mujer reiteró el riesgo que corren: “Nosotros en este momento sí tenemos preocupación porque nos estamos viendo nuevamente amenazados por denunciar estos actores. Las cosas se nos pueden complicar”.

Por su parte la investigadora de Minga recordó que desde que comenzó la presidencia de Iván Duque, el 7 de agosto de 2018, la región del Catatumbo ha recibido un interés especial por parte del gobierno nacional, sin embargo, no ha traído cambios significativos en la protección de las comunidades.

La razón, según ella es que “la respuesta que se entrega es aumentar pie de fuerza militar y eso, necesariamente, trae más consecuencias basadas en la violencia armada. La población civil siempre va a quedar en la mitad de una confrontación entre actores armados legales e ilegales que dejará vulneraciones a los derechos humanos. No hay ningún cambio”.

Reflejo de ello, advirtió la Presidenta de Ascamcat es el incumplimiento del gobierno nacional en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), pactado en el Acuerdo de Paz con las extintas Farc.

“El gobierno ha sido ajeno a cumplir es punto”, aseveró Pabón. “Aquí se hizo un piloto con cuatro veredas que llaman el núcleo Caño Indio, los campesinos firmaron el acuerdo de cómo sustituir la coca, pero el gobierno no ha cumplido. De todo lo pactado, habrá cumplido un 20 por ciento”.

Tras la masacre perpetrada el pasado 18 de julio, por lo menos 400 campesinos salieron de las veredas y se refugiaron en distintos lugares, entre ellos en el corregimiento de Banco de Arena, zona rural de Cúcuta. Decenas de ellos habrían retornado, sin mayores garantías de seguridad, a sus fincas.

Pero otros tantos conformaron este fin de semana un refugio humanitario en el sitio conocido como Ambato, en la carretera que va de Tibú hacia Cúcuta. “Desde ese refugio humanitario se va a hacer resistencia y a visibilizar la problemática que tenemos, sin abandonar nuestro territorio. Pero nos preocupan son las familias que piensan retornar, porque nosotros creemos que esto no ha terminado, hasta ahora empieza”, afirmó la Presidenta de Ascamcat.

Esa lideresa aseguró, además, que la situación de riesgo que viven las comunidades del Catatumbo y, en general, de la zona fronteriza de Norte de Santander con el vecino país de Venezuela la están denunciando desde hace dos años y, a su juicio, las autoridades no han respondido con la eficacia necesaria para proteger a las comunidades.

“Fueron oídos sordos porque nadie ha hecho caso a esto. Y mire en lo que se ha desatado, una ola de asesinatos, porque aparecen uno o dos muertos y así, y eso no ha parado. Parece que los campesinos del Catatumbo no valiéramos nada”, se lamentó la lideresa.