El fallo condenatorio del Consejo de Estado sobre la desaparición de ocho habitantes de San Roque (Antioquia) vuelve a poner en evidencia el apoyo de algunos funcionarios y las Convivir a la expansión paramilitar durante los años 90 en Antioquia.
Varias sentencias han señalado la relación entre las Convivir y la expansión del paramilitarismo. Foto: Semana.La financiación, el apoyo logístico y las armas que obtuvieron los paramilitares a través de las cooperativas de vigilancia y seguridad, conocidas como Convivir, les permitió fortalecerse y les facilitó cometer crímenes contra las poblaciones de Antioquia y de las regiones de Urabá, el Caribe y los Llanos Orientales. Este respaldo clave de las Convivir a las autodefensas ilegales ha quedado demostrado en fallos detribunales y en las confesiones de los mismos paramilitares durante el proceso de Justicia y Paz.
La semana pasada otra decisión judicial vuelve a traer a colación esta relación. Se trata del fallo proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado por la desaparición de ocho habitantes (entre ellos un menor) de San Roque Antioquia, el 14 de agosto de 1996. Ese día cinco de las víctimas habían viajado desde ese municipio a la XIV Brigada del Ejército en Puerto Berrío para renovar los salvoconductos de unas armas. Cuando los cinco comerciantes iban de regreso a San Roque en una camioneta, acompañados de otras tres personas, unos paramilitares que resultaron ser miembros de una Convivir los abordaron en medio del trayecto. El paradero de los ocupantes del vehículo hasta hoy es incierto. (Descargue el fallo aquí)
Ahora, 17 años después, el Consejo de Estado acaba de condenar al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional a pagar más de 2 mil millones de pesos a los familiares de los desaparecidos. En la sentencia se citan informes de la Defensoría Regional del Pueblo y de la Fiscalía que señalan, basándose en testimonios de familiares de las víctimas y de otros testigos, “que estos ciudadanos fueron masacrados, mutilados y tirados al río Magdalena”. Otros relatos apuntaban a “que los captores de las ocho personas hacían parte de un grupo de vigilancia privada denominada Convivir Guacamayas, que también actuaban como grupo paramilitar y de “limpieza social” en varios municipios del Departamento de Antioquia; en especial en los de Puerto Berrío y San Roque, al cual se les responsabiliza de la desaparición y muerte de otros habitantes del sector”.
Sobre el crimen, los magistrados argumentaron que hubo omisión por parte del Ejército al no evitar la desaparición de las víctimas y agregaron que “en estos eventos la responsabilidad del Estado se ve comprometida de forma especial y particular, toda vez que, precisamente, la administración pública –y especialmente el departamento de Antioquia– fomentó la creación y constitución de grupos armados denominados “Convivir” cuya finalidad era dotar de aparente legalidad y legitimidad a un fenómeno de paramilitarismo cuyo objetivo era exterminar los grupos subversivos”.
Entre las pruebas citadas, un testigo que presentó la Fiscalía aseguró que Guillermo Arias, alias ‘Tatareto’, quien pertenecía a la Cooperativa Convivir – Asociación Las Guacamayas, se le acercó mientras conversaba con las víctimas y le preguntó quiénes eran. A lo que él había respondido que eran oriundas de San Roque y se encontraban tramitando un salvoconducto.
Otra evidencia fue el vehículo en el que se movilizaban los criminales: un campero Nissan, con placas LWH 407, color anaranjado. El carro aparecía registrado en un informe de los automotores que pertenecían a la Convivir el 27 de agosto de 1996. Un testimonio entregado a la Fiscalía aseguraba que la Convivir lo había cambiado con los paramilitares de Puerto Boyacá, por dos fusiles.
Como prueba documental el fallo cita una resolución del 19 de diciembre de 1995 donde se reconoce la personería a la Asociación Convivir Guacamayas y se aprueban sus estatutos. Fue la gobernación de Antioquia la que autorizó la personería jurídica de esta Convivir, cuando era gobernador, Álvaro Uribe Vélez.
Además de la vinculación del Estado a través de las Convivir, la Sala también se refirió a la responsabilidad que le cabía por los vínculos directos que tuvieron los miembros del Ejército con los autores de la desaparición. La sentencia subraya que era “evidente que las fuerzas militares eran conocedoras de la presencia paramilitar en la zona”. Algunos allegados de las víctimas indicaron que días después de la desaparición fueronhasta un campamento paramilitar del corregimiento Cristales de San Roque, acompañados de un capitán que estaba al mando de las tropas en esa zona.
En esa reunión un jefe paramilitar les había leído el nombre de sus familiares y de las demás víctimas en un cuaderno y les había dicho que “la ley y el lema de nosotros es no dejar testigos” y que estaban muertos por ser colaboradores de la guerrilla, insistiéndoles que no buscaran más y que no acudieran a ninguna autoridad”.
A ese encuentro habían llegado por medio del alcalde de San Roque, Gerardo Montoya, quien en otra ocasión se había reunido con los paramilitares en compañía del mismo oficial.
Sobre estos hechos el fallo del Consejo de Estado señaló que hubo “complacencia del Estado Colombiano con los grupos paramilitares y la inacción que sumen las autoridades ante su presencia palpable y criminal”. Añade que las fuerzas militares “tenían certeza del sitio del campamento paramilitar”. Y que “los paramilitares sabían quién era el oficial encargado de la zona, repárese que es el mismo oficial quien manifiesta que va vestido de civil y los paramilitares lo reconocen y es por ello, precisamente que permiten el acceso a las familias”.
Otros fallos sobre las Convivir
Para demostrar la relación entre las cooperativas de vigilancia y el grupo ilegal, el Consejo de Estado citó un informe del 27 de agosto de 1996, elaborado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), sobre la presencia de los paramilitares en Puerto Berrío.
El reporte señala que para enero de ese año, después de una inactividad por parte de grupos armados ilegales identificados como ‘Masetos’ o ‘Grupos’, la violencia empezaba a reactivarse en la zona con desapariciones y asesinatos. Además se refería a las versiones de pobladores sobre el apoyo que estaban recibiendo esos grupos por parte de una Convivir. Uno de ellos relató que Óscar Restrepo, “gerente de la reciente creada cooperativa de vigilancia rural Convivir”, tenía en sus predios un campamento para albergar a 60 paramilitares. El nombre de Restrepo aparece en otra parte del documento como jefe de los paramilitares junto con su hijo Alejandro Restrepo. Al final el CTI concluye que la cooperativa era financiada principalmente por “Feliz Gaitán, reconocido como narcotraficante de la región”.
El CTI pudo identificar también que miembros de la XIV Brigada del Ejército y de la estación de Policía eran “colaboradores” de los paramilitares. Allí aparecen mencionados el coronel Lara, el cabo Pinto, y los empleados de una Convivir identificados con los alias de ‘Piraña’, ‘Guerrillo’, ‘Familia’ y Algiro Tamayo.
“En un Estado que se dice Social de Derecho el manejo de las armas y de la defensa de la soberanía sólo está a cargo de las Fuerza Pública; fue precisamente ese comportamiento permisivo de la administración pública lo que permitió que se cometieran y perpetuaran actos execrables que atentaron contra los bienes e intereses jurídicos más esenciales de la población, en una punible y reprochable connivencia entre las autoridades públicas y los grupos armados ilegales”, sentencia el Consejo de Estado, que dedica un aparte del fallo a mostrar los vínculos entre funcionarios, miembros de las Convivir y paramilitares.
A esa misma conclusión llegaron los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá hace un mes al proferir la sentencia contra Hébert Veloza García, alias HH, por el genocidio político del movimiento de la Unión Patriótica y el exterminio del movimiento sindical en el Urabá antioqueño.
Los magistrados señalaron que bajo la fachada de las Convivir, “los grupos paramilitares consolidaron y expandieron sus redes criminales y sus nexos con sectores económicos, políticos y estatales”.
Al igual que la decisión del Consejo de Estado, la condena de octubre pasado sostiene que el Estado fue un actor principal en el desarrollo de las Convivir. “Desafiando el pasado desafortunado de la década de 1980, y desconociendo sus propias decisiones y la de la Corte Suprema de Justicia de 1989, (el Estado) decidió darle vía y amparo legal a la formación de estructuras armadas que usaban informantes con el permiso del uso de armas de uso privativo de las fuerzas armadas con el objetivo de establecer el orden público turbado en algunas zonas del país, expidiendo el decreto 356 de 1994”.
Durante la vigencia de la norma se crearon por lo menos 529 cooperativas rurales de seguridad en 24 departamentos del país para las que trabajaron por lo menos 15.300 personas. En el Urabá antioqueño los sitios de operación de las Convivir coinciden con las poblaciones en las que delinquieron los paramilitares.
En ese proceso contra ‘H.H’, la magistratura indicó que de las 414 Convivir creadas hasta diciembre 31 de 1997, “muchas fueron organizadas y representadas legalmente por comandantes de grupos paramilitares” y citando al ex jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, citó varios casos, entre ellas las Convivir Horizonte y Guaimara, que dirigió Salvatore Mancuso; Abibe, a la cual perteneció Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’; Nuevo Amanecer, dela cual fueron integrantes Rodrigo Pelufo, alias ‘Cadena’, y Francisco Javier Piedrahíta (un caballista antioqueño cercano a los narcotraficantes Ochoa Vásquez); Arrayanes, en la que estuvo registrado Juan Francisco Prada, alias ‘Juancho Prada’; y Deyavan, de la que fue miembro Rodrigo Pérez Alzate y cuya personería jurídica fue otorgada por la Gobernación de Antioquia, en tiempos del gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, y cuya autorización para portar armas fue dada por el gobierno nacional en cabeza de la Supertintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
La sentencia asegura que las Convivir fueron creadas “por particulares especialmente entre 1995 y 1998 con el auspicio o con el visto de bueno de gobiernos departamentales, Fuerza Pública, organismos de inteligencia y las correspondientes autorizaciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Se convirtieron en pieza clave para la expansión de los grupos paramilitares”.
El Tribunal puso en duda el papel que jugó el Estado durante la década del noventa al no realizar dispositivos de control y vigilancia. Según el Tribunal, esta falta de regulación permitió que durante tres años las Convivir fortalecieran las autodefensas de los hermanos Castaño Gil en aspectos como dotación y logística, financiación, operatividad en terreno articuladas con la Fuerza Pública, acceso a dependencias estatales de carácter local, regional y nacional, así como suplantación del Estado en algunas regiones del país.
Como lo resalta el Consejo de Estado en su último fallo, el Tribunal de Bogotá también expuso que la Gobernación de Antioquia expidió varias resoluciones que le daban la personería jurídica a las Convivir, “aprobando directores, representantes legales, tesoreros y revisores fiscales”. El Tribunal reveló en la sentencia los registros para la constitución de estas organizaciones, los nombres de los directivos (algunos de ellos paramilitares) y los nombres de los funcionarios que las aprobaron.
La conformación de grupos paramilitares a través de las Convivir también se ha demostrado con las confesiones de los postulados a Justicia y Paz, además de los testimonios de habitantes de la zona recolectados por VerdadAbierta.com. Uno de los casos es el de la presencia del grupo ilegal en la región de los Montes de María entre Sucre y Bolívar. (Ver artículo Cómo se fraguó la tragedia de los Montes de María)
Las primeras Convivir de esta región comenzaron a registrarse en 1996 y años después estuvieron vinculadas con violaciones a los derechos humanos. Entre sus directivos y miembros aparecían ganaderos vinculados a las autodefensas, narcotraficantes, testaferros, sanguinarios paramilitares y personas que hasta hoy son investigadas penalmente.
Entre las primeras Convivir aparece la conformada por Javier Piedrahita, que contrató al desaparecido jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, en su cooperativa de vigilancia Nuevo Amanecer. Al mismo tiempo fue creada Esperanza Futura a nombre de Álvaro Botero Maya, un hacendado de Magangué, que se asoció en esta organización con Héctor Julio Alfonso Pastrana, el marido de Enilce López, conocida como ‘La Gata’.
Otra Convivir que operó en los Montes de María fue Caser, en la que sus integrantes aparecen relacionados con el fallecido zar de las esmeralda Víctor Carranza.
Como en otras regiones, en los Montes de María, los paramilitares desataron su violencia al tener armas de uso privativo de la fuerza pública bendecidas por el Estado y sus sicarios, como lo han confesado muchos de ellos en las versiones libres, salvoconductos para matar y huir, amparados por los carnets de las Convivir.
Años atrás ya existía un proceso en el que algunos ganaderos del Golfo de Morrosquillo, que conocían bien los andares de los hermanos Castaño en Córdoba empezaron a pasarse la voz de la necesidad de invitarlos a combatir a la guerrilla en los Montes de María. Algunos de esos grandes finqueros eran también narcotraficantes y tenían negocios comunes con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Sólo faltaba impulsar la maquina paramilitar sin dificultades, haciendo una jugada ante el Estado y ocultándola en una figura legal, las Convivir fueron la respuesta.
 vuelve a poner en evidencia el apoyo de algunos funcionarios y las Convivir a la expansión paramilitar durante los años 90 en Antioquia.){kind=link}