Los narcotraficantes ‘El Alacrán’, ‘Don Diego’, un mayor (r) del Ejército, Diego Rodríguez y Carlos Garcés tendrán que responder por las masacres cometidas por paramilitares en complicidad con miembros del Ejército y narcotraficantes.
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La Corte Suprema de Justicia ordenó revisar los fallos de 1991 que absolvieron a los narcotraficantes Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’, Diego Montoya, alias ‘Don Diego’, el mayor del Ejército (r) Alirio Ureña y a Diego Rodríguez (ver la decisión completa de la Corte).
Esta serie de masacres ocurrieron en Trujillo, Riofrío y Bolívar, municipios del Valle del Cauca, donde fueron asesinadas entre 245 y 342 personas entre 1986 y 1994.
Los crímenes alcanzaron su punto más álgido entre marzo y abril de 1990,después de un combate en La Sonora, localidad de Trujillo, donde siete militares fueron asesinados por el ELN.
Después de la emboscada la violencia se intensificó, con las desapariciones de cinco ebanistas, y el asesinato del padre y líder comunitario Tiberio Fernández, quien fue mutilado de pies y manos, castrado, decapitado y lanzado al río Cauca por denunciar la barbarie que se había tomado Trujillo.
Para cometer la masacre, narcotraficantes, miembros de la Policía y del Ejército y paramilitares se aliaron. Justificaron los crímenes como reacción a los abusos del Eln, pero en realidad desaparecieron testigos, desplazaron y despojaron campesinos y asesinaron a presuntos ladrones y drogadictos.
La Corte se apoyó en las conclusiones de la Comisión Especial de Investigación de los Sucesos de Trujillo creada por la Presidencia en 1994 y por el informe del grupo memoria histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Trujillo: una tragedia que no cesa, publicado en 2008. La investigación de la CNRR establece que numerosas pruebas no fueron tenidas en cuenta en el proceso judicial.
Uno de estos es el testimonio de Daniel Arcila Cardona, informante del Ejército en Trujillo y uno de los principales testigos. Arcila fue desacreditado, y a pesar de las pruebas, su versión no fue tenida en cuenta. En 1991, un año después de dar su testimonio a la justicia, Arcila desapareció.
Trujillo: una tragedia que no cesa, también demostró que en el proceso se destruyeron y alteraron pruebas y peritajes, intimidaron a familiares de las víctimas, señalaron a los muertos como colaboradores de la guerrilla. El informe concluye que ““en suma, en el proceso seguido hay una puesta en acción de eventos criminales y también de recursos sociales y legales encaminados, no a esclarecer, sino a encubrir”.
Además, la Corte Suprema de Justicia calificó la masacre de Trujillo como delito de lesa humanidad, por lo cual, a pesar de que han pasado más de 20 años desde los asesinatos y las desapariciones, el crimen no prescribe.
En 1995, el Estado colombiano fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que obligó al entonces presidente Ernesto Samper a pedir excusas públicas, pero las decisiones judiciales no habían seguido la sentencia.
La decisión de la Corte trata de acabar con la impunidad por esta masacre, por la que sólo ha sido condenado Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’ a 30 años en 2009, el mayor Aliro Urueña Jaramillo fue llamado a juicio en 2008 y Diego Montoya, alias ‘Don Diego’ fue extraditado a Estados Unidos.
Las víctimas todavía están a la espera de condenas a antiguos miembros del Batallón Palacé de Buga, de ex oficiales de la Policía de Tuluá y Trujillo y de narcotraficantes del Valle.
