Una reciente sentencia de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá controvierte la tesis de que las Autodefensas eran una organización federalizada y con un mando único, como las idealizaba Carlos Castaño.
Carlos Castaño Gil, vocero y jefe político de las Auc. Foto: archivo Semana.
Casi como una verdad judicial se ha instalado, sentencia tras sentencia, la idea de que las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) fueron el resultado de un proyecto nacional contrainsurgente y que funcionaron como una confederación de grupos paramilitares que siguieron las directrices de una cúpula central, conocida como “Estado Mayor Conjunto”, al mando de los hermanos Castaño. (Ver Sentencia)
Sin embargo, luego de revisar detalladamente las 44 sentencias proferidas por los tribunales de Justicia y Paz y otras pruebas documentales, el magistrado Eduardo Castellanos propuso una nueva hipótesis que quedó consignada en una sentencia contra el exparmilitar Indalecio José Sánchez Jaramillo, del Bloque Tolima.
Las Auc, de acuerdo con el magistrado, fueron “una alianza temporal e inestable de diferentes dueños de ejércitos privados regionales y narcotraficantes, que convergieron a inicios del siglo XXI, para aprovechar las oportunidades que se abrieron con un proceso de paz que, en principio, les ofreció un marco jurídico flexible para la desmovilización, entrega de armas y reincorporación a la vida civil”.
Esta reflexión surgió, en parte, como una respuesta a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de febrero de 2016 que indicaba que “por temas de verdad” el Bloque Tolima no debía ser reconocido como parte de las Auc, sino de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). (Ver: Las verdades del conflicto en Tolima)
El magistrado Castellanos, quien no está de acuerdo con esta definición, hizo un detallado resumen histórico de lo ocurrido en esta estructura paramilitar para mostrar que detrás de estos asuntos que parecen tecnicismos, hay una realidad mucho más compleja que se escapa de las etiquetas de uno u otro grupo.
En el caso concreto del Bloque Tolima hay que tener en cuenta varios aspectos: el pasado como un genuino grupo de autodefensas, las disputas internas por las que varios de sus comandantes fueron asesinados, la relación no siempre cordial que mantuvieron con la ‘Casa Castaño’ (sobre todo después de la muerte de Carlos Castaño) y la posterior venta de su ‘franquicia’ a los narcotraficantes Miguel Arroyave, conocido como ‘El Arcángel’, y Eduardo Restrepo Victoria, del Cartel del Norte del Valle.
Estos hechos demuestran que este grupo no funcionó como un simple apéndice de un proyecto nacional, sino que en varios periodos respondió a los intereses particulares del comandante de turno. Al final, el magistrado Castellanos resuelve entonces llamarlo “Bloque Tolima de las Autodefensas”.
Esta discusión sirvió también como excusa, y como ejemplo, para que el magistrado expusiera su tesis de las Auc como una alianza de ejercito privados, más que una confederación. “Las AUC concebidas como una organización paramilitar jerárquica, con un mando nacional unificado y responsable, fue tal vez una intención genuina y un proyecto idealizado por Carlos Castaño Gil que tuvo varios obstáculos para implementarse en terreno”, concluyó Castellanos.
Controvertir la idea de unas Auc como una organización jerárquica abre el debate en términos jurídicos sise tiene en cuenta que las imputaciones de la Ley de Justicia y Paz obedecen a esta idea de estructura que funciona de abajo hacia arriba, con jefes paramilitares que responden judicialmente como máximos responsables de la organización.
Judicialmente la estructura jerárquica de las Auc se ha entendido de manera similar a como la planteó Carlos Castaño en el libro “Colombia siglo XXI. Las autodefensas y la paz”. Los niveles inferiores comenzaban con la escuadra, seguido por el grupo, la compañía y el frente para terminar en lo que se conoció como los bloques.
En la sentencia hay también una crítica a la metodología de investigación bajo patrones de macro-criminalidad y la priorización de casos que implementó la Fiscalía para agilizar los procesos judiciales. Para el magistrado, cuando se unifican las dinámicas de violencia, las fuentes de financiación y las relaciones con agentes del Estado, se está “desperdiciando la oportunidad de esclarecer verdades”.
A continuación, VerdadAbierta.com resume los tres principales argumentos del fallo.
1. Peleas internas
Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, exjefe del Bloque Norte de las Auc. Foto: archivo Semana.
Cuando la Sala revisó las 44 sentencias hasta ahora proferidas en Justicia y Paz, encontró que entre 1993 y 2005 se presentaron 26 disputas violentas entre los diferentes grupos paramilitares que, supuestamente, pertenecían a la confederación de las Auc y trabajaban bajo un mismo propósito. La mayoría se dieron durante las negociaciones de paz.
Sin embargo, solo ocho de estas fueron una respuesta a algún tipo de insubordinación a la ‘Casa Castaño’. Así ocurrió, por ejemplo, con las autodefensas de Héctor Buitrago en Casanare, con los paramilitares de Hernán Giraldo en Magdalena o con el Bloque Metro de ‘Doble Cero’.
La mayoría de los enfrentamientos se presentaron, sin embargo, por disputas territoriales e interferencia en los negocios ilegales. Los ejemplos abundan: La pelea de las Autodefensas de Ramón Isaza y el Bloque Tolima por el norte del departamento; La pelea entre los ‘Bruitrageños’ y el Bloque Centauros del narcotraficante Miguel Arroyave para apropiarse de territorios claves en Casanare. Incluso, en las propias Accu se conoce de la pelea que ‘El Alemán’ tuvo con ‘HH’, porque este último le decomisó un camión y le demandaba el pago de una extorsión por transitar territorio de su organización.
Entre los enfrentamientos por el control de las rentas ilegales se recuerda, por ejemplo, la ocasión en que ‘Jorge 40’ tildó de “ladrón” y amenazó de muerte a Raúl Emilio Hasbún, jefe del Bloque Bananero, por haber acaparado, supuestamente, las rentas provenientes de los empresarios del banano.
“Lo que deduce la Sala es que cada comandante en su zona, hizo lo que quiso hacer con absoluta autonomía, y declaró guerras de manera unilateral cuando quería expandirse territorialmente, a pesar de los intentos (fallidos) de confederación por parte de la ‘casa Castaño’”, concluyó el magistrado.
2. Insubordinaciones y franquicias
Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, exjefe del Bloque Central Bolívar. Foto: archivo Semana.
Fueron también varios los jefes paramilitares que se declararon en abierta rebeldía contra la autoridad de los Castaño lo que, para el magistrado, hace dudar de la idea de un mando unificado.
En junio de 2002, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, dijo en un comunicado, que el Bloque Central Bolívar “se retiraba definitivamente de las Auc”, por lo que a partir de ese momento, no seguían las órdenes de Carlos Castaño Gil. Ese mismo año ‘Rafa Putumayo’, que había creado un grupo a nombre de las Auc en ese departamento, se rehusó a seguirle mandando dinero a Carlos Castaño y se independizó. Lo mismo que ocurrió en 2003 con ‘Jorge 40’, entre otros ejemplos.
Este mando unificado también se pone en duda con la idea de “franquicias”, como se conoció la venta de estructuras paramilitares (compuesta de hombre armados entrenados militarmente) a narcotraficantes para que ellos las manejaran de manera autónoma en su territorio. Ejemplos de ello son el Bloque Vencedores de Arauca que fue comprado por los hermanos Mejía Múnera o el Bloque Centauros, cuando quedó en manos de Arroyave.
“Muchos narcotraficantes terminaron beneficiándose jurídicamente del acuerdo de paz que devino en la promulgación de la Ley 975 de 2005. En ese contexto, se puede entender que las Auc puedan ser caracterizadas de mejor manera, como una alianza coyuntural de señores de la guerra y narcotraficantes, que por separado terminaron negociando con el Comisionado de Paz, Luis Camilo Restrepo, su tránsito a la legalidad”, indica el fallo.
Para el magistrado es claro que había diferentes tipos de dirigentes en las filas paramilitares: campesinos de clase media-baja (como Ramón Isaza, Arnubio Triana, Luis Eduardo Cifuentes); narcotraficantes (Diego Murillo Bejarano, Carlos Mario Jiménez, Guillermo Pérez Alzate, Miguel Ángel Mejía Múnera, Ramiro Vanoy Murillo); oficiales retirados del Ejército (Carlos Mauricio Fernández, Edgar Ignacio Fierro Flórez); élites rurales (Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, Raúl Emilio Hasbún); y políticos (Ernesto Báez, Álvaro García Romero, Hernando Molina Araujo)
3. Proceso de paz fraccionado y comandantes asesinados
La desmovilización de la mayoría de las estructuras de las Auc tomó más de cuatro años. Foto: archivo Semana.
De acuerdo con la sentencia, el proceso de paz con las Auc fue el más largo e irregular en la historia de Colombia. En este proceso se instalaron ocho mesas paralelas de discusión, donde por lo menos siete jefes paramilitares pactaron de manera diferenciada las condiciones de dejación de armas que tardó 32 meses. Es decir, que no se trató de una negociación con un mando unificado.
Al mismo tiempo que negociaban, fueron muertos y desparecidos forzadamente varios miembros del Estado Mayor de las Auc. El ejemplo más conocido fue la muerte de Carlos Castaño, quien después de haber hecho los acercamientos con el gobierno, fue asesinado por su hermano Vicente Castaño, ‘Mono Leche’ y ‘HH’.
Los mismo que hizo ‘Jorge 40’, cuando le ordenó a alias ‘Don Antonio’ que asesinara al jefe del Bloque de los Montes de María, Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’. Lo mató porque se negó a entregarle los contactos políticos y recursos de las administraciones públicas en el departamento de Sucre, con el propósito de crear un “Frente Social por la Paz”. Proyecto que no se concretó.
De acuerdo con el fallo, “la larga duración de las desmovilizaciones colectivas, la conformación de varias mesas paralelas para negociar la dejación de armas, y el asesinato de los principales jefes del paramilitarismo en pleno trance de los acuerdos; son acervos que podrían dar cuenta de la inexistencia material de un mando nacional responsable en las Auc”.
