Luego de conocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía reabrirá la investigación por la masacre cometida hace 18 años en La Rochela, Santander. Varios oficiales retirados tendrán que responder ante la justicia.
 El general retirado Faruk Yanine Díaz nunca pudo ser procesado por su participación en la masacre de La Rochela. Foto Semana |
En su fallo, la Corte Interamericana no sólo obliga al Estado colombiano a reparar a las víctimas, sino que insta a que se reabra la investigación para castigar a los autores materiales e intelectuales de la masacre. Este detalle pasó inadvertido para el común de la gente. No así para el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, quien le dijo a SEMANA que la mencionada sentencia “es demoledora contra el Estado colombiano, en el sentido positivo de la justicia”. Por eso ordenó el viernes pasado crear una comisión especial de tres fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos para que, en un tiempo prudencial, revisen los ‘monumentos’ a la impunidad que sobre la masacre de La Rochela ha proferido la justicia colombiana en los últimos 18 años. “La Corte Interamericana nos recordó que los crímenes que estén relacionados con delitos de lesa humanidad no prescriben. En eso se había equivocado la Fiscalía, incluida esta administración”, explicó Iguarán.
Y es que, como lo afirma el propio Fiscal General, las 94 páginas de la sentencia son un regaño al sistema judicial colombiano por no haber hecho lo que sabía que era su obligación. Así, por ejemplo, para la Corte Interamericana es inaudito que un coautor material de la masacre de La Rochela, Alonso de Jesús Baquero Agudelo (alias ‘Vladimir’), haya señalado como responsables del atroz hecho -por acción y por omisión- a varios oficiales de las Fuerzas Militares, y los encargados de administrar justicia no hubieran tomado medida alguna contra ellos.
Según la Corte Interamericana, ese es el caso de los generales retirados Farouk Yanine Díaz, Carlos Julio Gil Colorado -ya fallecido-, Manuel Murillo, Juan Salcedo Lora y José Alfonso Vacca Perilla, así como de un número considerable de coroneles y oficiales de menor rango. “Sólo en septiembre de 2005 se ordenó escuchar en versión libre al general Yanine”, advierte la Corte, para ejemplificar la impunidad que siempre ha cubierto este caso.
Sobre la situación de los mencionados militares, Iguarán se abstuvo de hacer comentarios, pero advirtió que en un tiempo prudencial el país conocerá los resultados de la nueva etapa del caso La Rochela. “Y, óigase bien: caiga quien caiga”, advirtió.
Aunque sea 18 años después, es una medida más que obvia si se tiene en cuenta lo brutal que fue el ataque de los paramilitares en ese corregimiento santandereano. “Durante más de cuatro horas los paramilitares nos tuvieron en un estado de total zozobra. Teníamos mucho miedo. Lo que más recuerdo fue la muerte de Mariela Morales. Ella, que estaba en embarazo, les imploró a los asesinos que no lo mataran. Pero no quisieron oírla. Otro compañero (Manuel Libardo Díaz) y yo fuimos los únicos que nos salvamos porque nos hicimos los muertos”, le relató a SEMANA, el viernes pasado, Wilson Mantilla, uno de los dos sobrevivientes de la masacre de La Rochela.
Pero, infortunadamente, el Estado también dejó solos a Mantilla y Díaz (hoy asilado en Canadá). Así lo advierte la sentencia de la Corte Interamericana. Aunque en estos 18 años no ha pasado un solo día sin que vengan a su memoria aquellos momentos azarosos de La Rochela, Wilson Mantilla cree que los últimos dos años han sido los más difíciles. “Desde cuando ‘Vlamidir’ quedó libre, él siempre ha dicho que nos va a matar a nosotros dos, así sea lo último que haga en su vida”, explicó Mantilla.
Aunque en su momento el Estado pidió perdón público por los hechos de La Rochela, en los alegatos finales ante la Corte, Colombia explicó que varios de los presuntos responsables de la masacre hacían parte de un proceso de paz entre el gobierno y los paramilitares. Ese es el caso de Iván Roberto Duque Gaviria (alias ‘Ernesto Báez’), Ramón Isaza Arango, José Anselmo Martínez Bernal y Ricardo Antonio Ríos Avendaño.
“Espero que las buenas intenciones del Fiscal General, de dar aplicación estricta al fallo de la Corte Interamericana, no se debiliten o se tornen ilusorias con un nuevo enfoque de la Ley de Justicia y Paz, o sean permeadas por las críticas de quienes desde diversos sectores han respaldado la simbiosis narco-paramilitar”, observó el ex fiscal Virgilio Hernández Castellanos, hijo de Virgilio Hernández Serrano, una de las víctimas de la masacre de La Rochela.
Publicado en semana.com 16/06/07
