Aunque documentar los casos de las reclamaciones de restitución de indígenas y afrodescendientes tarda más tiempo de lo usual por lo extenso de sus territorios, son los intereses en terreno los que han dificultado que estas comunidades puedan vivir en tranquilidad.
En cinco años de aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, de las más de 2 millones de hectáreas solicitadas en restitución por indígenas y afrodescendientes, solo 123 mil cuentan con sentencia judicial. Foto: archivo Semana.Tras cinco años de la implementación de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 que favorecen la restitución étnica de comunidades indígenas, rom (gitanos) y afrodescendientes, los procesos no avanzan como sí “el despojo y su legalización, y la persecución a líderes”, advierte el más reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) luego de analizar las estadísticas oficiales de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras (URT) y de la Rama Judicial al 31 de agosto de 2016, que permite mostrar la dimensión de los procesos de restitución étnica en su fase administrativa y judicial.
Según la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en el proceso de restitución de víctimas del conflicto armado hay dos procesos. La fase administrativa recae sobre la URT, encargada de recibir las solicitudes, realizar el trabajo de campo y luego redactar las demandas para presentarlas ante un juez especializado; los jueces y magistrados, por su parte, se encargan de estudiar la demanda y tomar decisiones de fondo que se reflejan en una sentencia.
Datos oficiales, de las 61 solicitudes de restitución étnica presentadas, 37 corresponden a resguardos (territorios colectivos de los indígenas) y 24 a consejos comunitarios (territorios colectivos de los afrodescendientes). Sin embargo, del total solo cuatro hasta el momento han logrado una sentencia judicial. En hectáreas, de las más de 2 millones de reclamadas por comunidades étnicas, solo 123 mil han sido restituidas por la vía judicial, las restantes se encuentran en etapa de caracterización por parte de la URT y otras 250 mil hectáreas están en los despachos de los jueces a la espera de un fallo.
La sentencia de restitución es la que ordena a diversas instituciones del Estado a implementar medidas, no solo para que la comunidad retorne en tranquilidad sino para que existan garantías para su supervivencia y progreso, respetando su autonomía y satisfaciendo sus derechos a la salud, la educación, la alimentación y la vivienda.
De momento, las comunidades con sentencia favorable a sus pretensiones de restitución son los resguardos del Alto Andágueda, de la etnia Embera Katío, en el municipio de Bagadó, y la de la del resguardo Dóbida Dogibi del territorio ancestral Eyákera, de la etnia Emberá Dóbida, ambas en Chocó; también la comunidad indígena de Nuevo Espinal, de la etnia Wayuu, en el municipio de Barrancas, en La Guajira; y el Consejo Comunitario de Renacer Negro, en Timbiquí, Cauca. (Lea: Benefician a los Emberá-Katíos con primera sentencia de restitución étnica en el país; Los Embera recuperan el “aroma de la montaña”; Los Wayúu ganan una lucha de 30 años; Los Wayúu ganan una lucha de 30 años).
Aunque en la práctica es un avance que por lo menos cuatro comunidades étnicas cuenten con un fallo de restitución que los proteja, además de la Carta Política, los convenios internacionales y los múltiples autos proferidos por la Corte Constitucional, varios líderes aseguran que pese a las órdenes impartidas por los magistrados varias instituciones oficiales aún no les han cumplido, entre otras razones porque la implementación sigue en veremos o se enreda en los trámites.
Así sucede, por ejemplo, en el Alto Andágueda. Según uno de los líderes de la comunidad indígena del resguardo Tahamí*, “durante los dos años y tres meses desde que tenemos la sentencia son muy pocos los avances. Creo que no todas las instituciones tienen voluntad. La comunidad ha pedido carreteras y electrificación, pero los ministerios no nos han ‘parado bolas’. Nos dan un poco de semillas, pero no nos dicen cómo las vamos a comercializar, pues a hombro no podemos”. Y agrega que el tema de carreteras y electrificación no es un asunto menor, pues si un miembro de la comunidad se enferma tiene que resistir hasta tres días de camino en una camilla hasta llegar a un hospital de segundo nivel.
Este líder comenta que si bien hay algunos avances, aún no han entregado ninguno de los proyectos consignados en la sentencia, como la escuela, el centro médico y el plan de vivienda para las personas desplazadas. Frente a los proyectos productivos, les preocupa que no se consulte con las comunidades: “Nos traen semillas de afuera, sin consultarnos y la comunidad dice que solo quiere con las semillas que están allá”.
Mientras 24 casos siguen en estudio por parte de los despachos judiciales y otros 32 siguen siendo documentados por la URT, la justicia especializada en restitución ha proferido por lo menos 21 medidas cautelares, es decir, medidas de protección mientras son emitidas las sentencias. De las más de 2 millones de hectáreas solicitadas en restitución, por lo menos 451 mil han sido cobijadas con estas decisiones.
El informe de Indepaz advierte que la falta de celeridad en los procesos, pero también de la intervención de instituciones clave como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), sobre todo en los procesos de titulación, ampliación y saneamiento de los territorios colectivos, han facilitado “que existan segundos y terceros ocupantes tanto de buena fe exenta de culpa como de mala fe”.
El documento pone como ejemplos de esta situación los casos de las comunidades étnicas de La Fuga, Cuti, Arquía, Tanela, Barrancón, Ñambí Piedra Verde, Puerto Girón y Kanalitojo, afectadas por adjudicaciones irregulares y conflictos intraétnicos e interétnicos; por compraventas y ganadería, instalación de bases militares, ocupaciones de terceros y cultivos de uso ilícito, así como constantes procesos de desalojo policivo. Los procesos de formalización de sus territorios han tardado entre 11 años, en el mejor de los casos, y hasta 55 años, en el peor, como ocurre con La Fuga, en Guaviare. (Lea: La resistencia del pueblo Jiw y Los kuna atrapados, buscando salida)
Se roban la tierra
El estudio de Indepaz advierte que hay una incongruencia entre las políticas económicas y de derechos humanos, que impiden que se reviertan los derechos territoriales sobre los resguardos y consejos comunitarios del país. Foto: archivo Semana.Sobre el despojo, el documento advierte la persistencia de dos tipos: el primero de ellos por la vía legal, que evidencia contradicciones de la política pública. Al respecto, Indepaz advierte que “el despojo no es un fenómeno del pasado. El despojo y su legalización continúan a través de megaproyectos del modelo de desarrollo económico e intereses económicos legales por los territorios colectivos étnicos”.
El estudio destaca que hay una “incongruencia” entre las políticas económicas y derechos humanos, que en teoría deberían estar en sintonía, pero que en la realidad reflejan un “choque de trenes” que afecta a las comunidades. (Lea: Las contradicciones de Santos con la restitución)
Así lo sienten los líderes chocoanos del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular y Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca). “Si hacemos un balance, diríamos que la Ley de Restitución se ha cumplido en un 20 por ciento. No es fácil en un territorio donde hay empresarios colombianos e internacionales que pueden llegar a presionar a los jueces. Durante 2007 y 2009, cuando se entregaron 21 concesiones mineras, se fue la mayoría de la gente”, comenta uno de los líderes.
Ese abandono, motivado en parte por la violencia y también por la precariedad económica, fue constatado por la URT, que lo registró en uno de sus documentos: “Aunque el Consejo Comunitario de Cocomopoca representa a 43 consejos locales afro que se distribuyen en los municipios de Bagadó, Lloró, Atrato y Certegui, en la actualidad cerca de 13 de estos consejos están totalmente abandonados, y sus habitantes se encuentran en situación de desplazamiento al interior del consejo comunitario, en cabeceras municipales y en diferentes ciudades del país. Además, otros 15 consejos locales tienen muy reducida su población frente a la que existía para el año 1999”.
El problema han sido las vías “legales” usadas para apropiarse de los territorios: “La gente vende, dan una compraventa y lo elevan a escritura y después lo registran en la Oficina de Instrumentos Públicos. Nos toca salir a buscar abogado para demandar eso, porque no pueden vender un territorio colectivo. Además, los jueces civiles [ordinarios] de Quibdó estándespojando a nuestro territorio por medio de la prescripción adquisitiva. Aunque están en nuestro territorio desconocen los derechos de las tierras colectivas”.
El segundo tipo de despojo se viene dando por la vía ilegal, sobre todo en zonas donde predomina la minería ilegal y el narcotráfico. El documento de Indepaz recuerda que varios grupos armados ilegales se siguen disputando los territorios étnicos con el fin de tener el control de esas actividades ilegales; el problema es que las autoridades no han sido diligentes en contener estas confrontaciones y mucho menos en castigar a los responsables, así como a aquellos que, investidos de legalidad, son sus cómplices.
“No hay garantías de no repetición. Subsiste la altísima impunidad del delito de desplazamiento y del abandono forzado y despojo de territorios étnicos, y no se avanza en la investigación de las compulsas de copias sobre las personas naturales y jurídicas mencionadas en los procesos de la justicia transicional”, asegura Indepaz.
Al respecto, un líder del consejo comunitario advierte sobre las constantes amenazas a sus derechos territoriales: “la minería ilegal ha traído dificultades, detrás de esa minería están actores armados -legales e ilegales- y los grupos económicos. Eso ha traído consecuencias ambientales como vimos en el último invierno; culturales con las nuevas generaciones; pero sobre todo de seguridad”.
Con la dotación que entrega la Unidad Nacional de Protección, como chalecos antibalas y celulares que con dificultad alcanzan señal, estos líderes arriesgan sus vidas en unos territorios con altos intereses económicos por diferentes actores armados.
En ese sentido, el informe de Indepaz sugiere que para estos casos se aplique la Jurisdicción Especial para la Paz, plasmada en el Acuerdo Final logrado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, con el fin de sancionar a los responsables ilegales y legales que han atizado el conflicto armado colombiano y que impiden que avance a buen paso la restitución étnica y se superen las condiciones que hacen que este proceso camine a “paso de tortuga”.
(*) Los nombres de los líderes fueron omitidos por razones de seguridad
