Esta comunidad étnica, a punto de desaparecer, espera que un juez dicte órdenes que le permita vivir con tranquilidad y recuperar su territorio en San José del Guaviare, que les fue arrebatado a punta de violencia y decisiones jurídicas.
Para los indígenas Jiw el territorio no es una porción de tierra sino la esencia de su existencia y cultura. Foto: suministrada por Rafael Antonio Pacheco, Unidad de Restitución Meta.Si alguien conociera en detalle la historia de los indígenas Jiw se preguntaría cómo han hecho para sobrevivir. Según el censo realizado por la misma comunidad, en la actualidad se componen de 19 familias Jiw y 42 familias de los diez pueblos Tukano Oriental (Tukano, Desano, Barasano, Cubeo, Karpana, Piratapuyo, Guanano, Bará, Tariano y Tatuyo), que no suman más de 328 personas. En el año 2012 la Corte Constitucional declaró que estaban en riesgo de exterminio, pero pese a que ordenó al Gobierno desarrollar un Plan de Salvaguarda han sido casi nulos los esfuerzos por evitar su desaparición.
Es por eso que los Jiw confían en que una sentencia de restitución resuelva de raíz su situación. Durante meses trabajaron en conjunto con la Unidad de Restitución de Tierras de la Territorial Meta para elaborar una demanda de restitución, que radicaron al finalizar noviembre ante el Juzgado Promiscuo de San José del Guaviare.
Los Jiw reclaman que el Estado les reconozca 4 mil 680 hectáreas que siguen por fuera de los títulos de su resguardo; que se respete la autonomía sobre su territorio de 8 mil 360 hectáreas, pues continúan las tensiones con varios de los colonos que desarrollan ganadería y pesca indiscriminada, además de que persiste la presencia de actores armados. Que se les consulte de forma previa cuando los gobiernos locales quieran desarrollar un proyecto de infraestructura y que se pare de lleno la deforestación y la contaminación de ríos, lagunas y caños, que tienen diezmados sus sitios sagrados y prácticas culturales.
Por cuenta de decisiones que tomó el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) y el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), y el conflicto armado perpetrado por las Farc, paramilitares y bandas criminales, los Jiw están confinados y cada vez pueden elaborar menos la fariña, torta de casabe y chicha (todos a partir de la yuca), así como los caldos de pescado, de tereca (tortuga pequeña) o de Pusuy (semilla de palma) y la colada de plátano maduro. Menos realizar sus ceremonias de Dabukury y Yuruparí, y que se respete el mantenimiento del ciclo de vida asociado a su mito de origen, el de la Anaconda. Esto último porque el Caño la Fuga ha sido contaminado y con ello, han afectado las “casas de los animales” y el “alma de los ancestros” que viven allí.
El confinamiento, además, ha reducido las funciones del payé, una figura muy importante para el pueblo Jiw porque corresponde al guardián de las tradiciones y protege a la comunidad de cualquier enfermedad y maleficio. El pinjué, como le dicen los Jiw en su lengua, tiene cada vez menos acceso a plantas para curar y prevenir las enfermedades, y para realizar las invocaciones y rezos que le permiten comunicarse con los espíritus.
La comunidad está además afectada por el miedo. Los actores armados ilegales les impusieron límites a la movilidadad, se tomaron parte de su territorio para cultivar coca, y producir y comercializar cocaína; acamparon en el molino de caña y obligaron a la población a cocinarles o lavarles la ropa. Esto hizo que rápidamente fueran estigmatizados, señalados de pertenecer a uno u otro bando, y quedaran en el medio del ‘sánduche’ del conflicto.
La tensión contra colonos también ha debilitado a la comunidad. El hecho más reciente fue el asesinato de Alonso González, ocurrido el 25 de abril de 2013. González había sido elegido durante cinco años como Consejo Mayor del Resguardo La Fuga y era el representante de su comunidad en la Mesa de Concertación, Diálogo y Seguimiento al Auto 173 de 2012 de la Corte Constitucional, que ordenó el Plan de Salvaguarda.
Según fue documentado por la Fiscalía 36 Seccional del Guaviare, González fue asesinado en un terreno del resguardo, pero ocupado por colonos, donde se disponía sembrar yuca como una forma de garantizar el sustento de la comunidad pero también para hacerle frente a la coca que los colonos venían sembrando. El Consejo Mayor recibió un disparo de escopeta. Por este crimen, su agresor fue juzgado y condenado a 18 años y 4 meses de prisión.
La reserva y el resguardo
Las mujeres Jiw son quienes conservan las recetas autóctonas de la comunidad, usando la yuca brava y dulce como base de su dieta alimentación con la elaboración de fariña y casabe. Foto: suministrada por Rafael Antonio Pacheco, Unidad de Restitución Meta.Los pueblos Tukano, Desano, Barasano, Cubeo, Karapana, Piratapuyo, Guanano, Bará, Tariano y Tatuyo, que se sumaron al pueblo Jiw, son originarios del Vaupés, y llegaron a San José del Guaviare en 1950 con la ‘colonización’ arrasadora de la industria del caucho en ese departamento. Continuando con el modelo de esclavitud impuesto por los españoles y atendiendo la demanda de caucho de Europa, los colonos de esta región esclavizaron a los indígenas para rayar los árboles y extraer el látex con que se fabrican llantas.
Desplazados por la industria cauchera, los pueblos Tukano Oriental encontraron asiento en el pueblo Jiw, conocidos antes Guayaberos, en el Guaviare. En 1959, el Gobierno aprobó la Ley 2 que declaró varias regiones del país como Zonas de Reserva Forestal para proteger los bosques y garantizar la biodiversidad de fauna y flora del país. La Amazonía hace parte de esos territorios. Reconociendo que los indígenas carecían de territorio y que son estas comunidades las que en realidad están en sintonía con la naturaleza, el entonces Instituto Nacional de los Recuersos Naturales Renovables y del Medio Ambiente (Inderena) sustrajo 13 mil 250 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonía para constituir la Reserva Indígena de la Fuga, el territorio colectivo de los Jiw.
Aunque el Inderena fue explícito en advertir que las 13 mil hectáreas debían ser adjudicadas exclusivamente a los indígenas Guayaberos, el Incora tardó ocho años en tomar una decisión, que además fue a medias. Sólo hasta 1979 decidió que 8 mil 360 hectáreas constituirán la Reserva Indígena de La Fuga, del pueblo Jiw. Lo que la comunidad étnica advierte en su demanda de restitución es que esa demora de casi una década ha favorecido la entrada de colonos, de actores armados y de los cultivos ilícitos de marihuana y cocaína.
Pese a que existía la figura de Reserva Indígena, las autoridades locales y nacionales no hicieron nada por impedir que el territorio terminara en manos de foráneos. La Constitución Política de 1991 reconoció los derechos territoriales de los indígenas, entre ellos, la constitución de resguardos como territorios colectivos en los que impera la autonomía de la comunidad. Pensando en obtener este reconocimiento, los Jiw solicitaron al Incora el título como resguardo. Sin embargo, el Instituto tardó esta vez otro seis años para tomar la decisión y en lugar de titulares las 8 mil 360 hectáreas que componen la Reserva Indígena, decidió sólo otorgarles 3 mil 680 hectáreas como área colectiva.
Cuando los Jiw fueron a preguntar el porqué de la decisión, el argumento del Incora fue que en el territorio existían colonos, desconociendo la figura de la Reserva y aún más, la advertencia que había hecho el Inderena en los años 70. En 2003 el Incora fue liquidado y reemplazado por el Incoder, cuyas decisiones no fueron distintas a las de su antecesor: demoradas y equivocadas frente a la realidad de lo que sucedía en los territorios.
En 2009, por ejemplo, desconociendo el territorio de los Jiw, el Incoder creó la parcelación Santa Lucía dentro de la Reserva Indígena, adjudicando tierras a 62 familias desplazadas por el conflicto armado. En 2012, el Instituto reconoció el error y les revocó los títulos, generando una incertidumbre para estos campesinos, también víctimas de la violencia, de las cuales 20 todavía están el territorio a falta de otro lugar para vivir.
Todos los actores juntos
Los Jiw siguen una cultura ecológica que respeta el ciclo vital de la naturaleza. Saben administrar los recursos para la agricultura, pesca, recolección de frutos y medicina tradicional. Foto: suministrada por Rafael Antonio Pacheco, Unidad de Restitución Meta.Mientras el Incora y el Incoder tardaban en reaccionar, el territorio de los Jiw era disputado por distintos actores armados e intereses. En los años 70, la marihuana llegó a San José del Guaviare, cuando los comerciantes que impulsaron la bonanza marimbera en la Sierra Nevada de Santa Marta llevaron semillas a la Serranía de La Macarena y los ríos Guayabero y Guaviare. La bonanza tardó poco y rápido fue reemplazada por la producción de cocaína. La espesa selva del Guaviare fue aprovechada rápidamente por narcotraficantes para desarrollar ‘laboratorios’ y trazar rutas de tráfico por ríos y caños para comercializarla.
Las Farc fueron los primeros ‘escoltas’ de esos laboratorios. En 1991, justo cuando los Jiw solicitaban el reconocimiento del resguardo, el Ejército llegó a su territorio y les impuso el famoso ‘toque de queda’ que fue propio de pueblos y ciudades en los años más duros del conflicto. Para los indígenas era impensable que les prohibieran transitar, más si son nómadas, moviéndose de un lado a otro de su territorio para cazar, pescar y cultivar en las chagras, una especie de huertas comunitarias muy cerca de sus viviendas.
Los paramilitares entrenados en la región del Urabá en cabeza de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quisieron arrebatarles el ‘negocio’ a las Farc. Su llegada al sur del Meta fue el 15 de julio de 1997, cometiendo una masacre en el municipio de Mapiripán que se prolongó durante seis días, provocando desplazamientos y varios desaparecidos. El Bloque Centauros de las Auc cambió de ‘dueño’ en 2002 cuando Vicente Castaño le vendió la ‘franquicia’ de este grupo paramilitar al narcotraficante Miguel Arroye alias ‘El Arcángel’ o ‘El Señor de las Aguas’ (en alusión a los químicos empleados para el procesamiento de cocaína).
En Justicia y Paz, Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’ le confesó a la Fiscalía que Vicente Castaño lo llamó para que fuera el segundo de ‘El Arcángel’ en el Bloque Centauros. Para esa época Rendón le cuidaba las ‘cocinas’ de cocanía a los Castaño en el Guaviare. La guerra desatada entre 2002 y 2004 fue brutal, pues estos narcotraficantes -con el rótulo de las Auc- buscaron quedarse con toda la estructura y rentas de la cocaína, que había prosperado hacía dos décadas en la región. Las Farc y las Auc se paseban a sus anchas por el territorio Jiw, exigiéndoles ‘colaboraciones’ a los indígenas e intentando reclutar a sus niños para la guerra.
Según lo documentó la comunidad Jiw en la demanda de restitución, esta fue una época de constantes combates entre ambos bandos, en los que los obligaron a construir un puente que servía de movilidad a los grupos armados, a lavarles ropa e incluso a transportarles sus muertos. Pese a que fueron forzados, paramilitares y guerrilleros los tildaron de ‘colaborar’ con uno y otro, asesinando y desapareciendo a varios Jiw y Tukano Oriental.
En septiembre de 2004, ‘El Arcángel’ fue asesinado por sus propios subalternos y lejos de que en el territorio hubiera algo de calma después de la desmovilización en 2006, los ex paramilitares del Bloque Centauros se rearmaron bajo las órdenes de Pedro Oliveiro Guerrero alias ‘Cuchillo’. Su grupo, inicialmente llamado ‘los Cuchillos’, se transformó en el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac), heredando esa guerra del narcotráfico que confinó al pueblo Jiw. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, 85 por ciento de la comunidad étnica fue expulsada en 2008 de su territorio.
En diciembre de 2010 alias ‘Cuchillo’ fue muerto en un operativo militar y gran parte de su grupo terminó entregándose a las autoridades en 2011. Pero eso tampoco mermó el conflicto. Un informe de la Defensoría del Pueblo advirtió que San José estaba entre los diez municipios del país con mayor cantidad de coca sembrada, que para ese año sumaba 1.622 hectáreas. El organismo del Ministerio Público advirtió que el conflicto recrudecía con los Frentes 7, 39, 44 y 56 de las Farc y grupos pos-desmovilización llamados Los Pijas, Autodefensas Campesinas del Oriente y Los Rudos, que sometían a las comunidades y restringían su libre tránsito.
Además de la presencia de estos diversos grupos armados, para los Jiw fue una pesadilla las aspersiones con glifosato, que fueron constantes entre 2004 y 2013. Las fumigaciones contaminaron el caño La Fuga y las tierras, impidiendo la caza, la pesca y la agricultura. Al problema ambiental se le sumó otro: la pesca indiscriminada en las Lagunas Cámbulos y El Limón y la deforestación masiva de bosques para ampliar la ganadería, por parte de colonos. Como si fuera poco, tampoco les consultaron para que dentro de su territorio construyeran una “gravillera” (para la extracción de minerales), adelantaran obras de interconexión eléctrica y se promoviera un proyecto de caucho.
En el acto público en que la Unidad de Tierras del Meta presentó la demanda ante el Juez Especializado en Restitución, los payés Jiw realizaron el Ebijui. Con este ritual espiritual, basado en la sabiduría y la limpieza, los indígenas esperan que su demanda prospere y que por fin puedan disfrutar del territorio en el que han tratado de resistir por años.
