Una carta de la Procuraduría Ambiental y Agraria le advierte a la Corte Constitucional sobre los riesgos que implica que la nueva Agencia Nacional de Tierras no haya comenzado a funcionar. La situación de los campesinos e indígenas de El Porvenir, en Puerto Gaitán, es un ejemplo de ello.
En El Porvenir, en Puerto Gaitán, Meta, conviven campesinos e indígenas que reclaman 27 mil hectáreas acumuladas por el fallecido esmeraldero Víctor Carranza. El Incoder reconoció la irregularidad pero el proceso de recuperación de baldíos sigue detenido desde 2014. Foto: suministrada Corporación Claretiana NPB.Preocupados, amenazados y sin tierras propias, así viven campesinos e indígenas de la inspección de El Porvenir, en Puerto Gaitán, Meta. Todos ellos esperan que el Estado actúe con celeridad. Desde el 30 de julio de 2014 el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) determinó que en esta zona hay 27 mil hectáreas de predios baldíos que fueron acumuladas de forma irregular por el esmeraldero Víctor Carranza, por medio de testaferros, y que pronto comenzaría un proceso de recuperación para titularlas a las comunidades necesitadas de tierras.
Así lo advierte un informe de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, una organización social que acompaña a las dos comunidades desde 2013, haciendo un recuento del riesgo al que están expuestos los campesinos e indígenas Cubeos y Sikuanis.
El líder de los campesinos, Miguel Briceño, ha recibido amenazas desde hace cuatro años y a los líderes indígenas Mauro Chipiaje Gaitán y Luis Fernando Chipiaje los han llamado varias veces al teléfono advirtiéndoles que su vida corre riesgo si no negocian las tierras. En las denuncias ante las autoridades se señalan como presuntos responsables a ganaderos, familiares de Carranza y la banda criminal conocida como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.
Si el Incoder hubiera actuado a tiempo esto no estaría ocurriendo advirtió la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales Agrarios en un oficio fechado el pasado 6 de julio y enviado al magistrado Jorge Iván Palacio, de la Corte Constitucional. En el documento, el Ministerio Público explica los argumentos de por qué no ha podido cumplir con los informes exigidos por el Alto Tribunal, pues como explican “hay una parálisis en la institucionalidad agraria” dado que la “Agencia Nacional de Tierras (ANT) no ha comenzado a funcionar, el Incoder en liquidación no ha culminado el empalme y toda la documentación se encuentra archivada”. (Lea el documento aquí)
Para la Procuraduría Agraria, existe un alto riesgo de que se repitan los errores del pasado, afirmando “que la ANT se muestra como un organismo que ha nacido debilitado, sin gran capacidad operativa”, sin que esta el momento esté al tanto y haya puesto en marcha el Plan de clarificación y recuperación de tierras agrarias que ordenó Corte en la sentencia T-488 de 2014. VerdadAbierta explica tres puntos que cuestionan la promesa de Desarrollo agrario integral de los Acuerdos de La Habana, y de la creación de un Fondo que permita el acceso a tierras a comunidades que históricamente las han reclamado.
Cero y van tres
La Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y Ambientales le advierte a la Corte Constitucional que hay una parálisis en la institucionalidad agraria del país y que la nueva Agencia Nacional de Tierras corre el riesgo de repetir los errores de su antecesor, el Incoder. Foto: suministrada Corporación Claretiana NPB.La idea de hacer una distribución equitativa de la propiedad rural surgió en la década del sesenta, cuando, después de treinta años de luchas campesinas, los colonos que sostenían la economía del país con matas de café, sembradas en tierras por las que pagaban arriendo, lograron que el Estado les entregara una porción para cultivar. Fue en 1961 que nació el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), bajo la pretensión de desarrollar el campo de la mano de otras instituciones como el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (Inat), el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Inpa), y el Programa de Desarrollo Integrado (DRI).
Como lo ha documentado VerdadAbierta.com en varios especiales sobre la radiografía de la tierra en Colombia, el Incora no hizo bien la tarea en muchas regiones porque repartió fincas a personas que no eran sujetas de reforma agraria. Así ocurrió en Magdalena y las regiones de los Montes de María, Urabá y los Llanos Orientales, donde además fueron legalizadas la apropiación de ciénagas y zonas de reserva forestal que en teoría estaban protegidas por la Ley 2 de 1959.
El primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) consideró que la solución era liquidar el Incora y crear en una nueva llamada Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y lo hizo en 2003, pero como lo advierte el informe de la Procuraduría la ‘cura’ fue peor que la ‘enfermedad’: “La nueva institución nació entonces sobrecargada de funciones, sin personal suficiente y muchos de sus funcionarios delinquieron asociados con el paramilitarismo hasta 2010 para consolidar el proceso de usurpación de tierras mediante la legalización de despojo de estas a particulares, como la apropiación de baldíos de la Nación”.
El organismo del Ministerio Público indica que los errores fueron varios: primero, el Incoder recibió en 2003 por lo menos 50 mil expedientes de distintos procesos agrarios engavetados dos años hasta que la Procuraduría exigió la puesta en marcha de un plan de choque. Para poner acelerador a los procesos de clarificación de la propiedad, nació la Unidad Nacional de Tierras Rurales (Unat), que también fue un intento fallido tras funcionar solo dos años, entre 2007 y 2009.
El Incoder volvió a asumir toda la responsabilidad y con decretos el gobierno buscó descentralizar más las funciones de la institución, que solo contaba con nueve direcciones territoriales, ampliando su presencia en cada uno de los 32 departamentos delpaís. Ese esfuerzo también fue insuficiente, pues había oficinas, pero no personal. Las unidades locales carecieron de abogados y topógrafos de planta para realizar su labor. En 2014, de las más de un millón de hectáreas que estaban bajo la lupa en distintos procesos agrarios, la mayoría de clarificación y recuperación, solo hubo avances en 74 mil hectáreas. “Los procesos agrarios fueron una de las áreas con menor gestión del Incoder”, asegura el documento.
Fue así como la Corte Constitucional se pronunció en 2014 a través de la sentencia T-488 [léala aquí] ordenando la implementación de un Plan Nacional de Clarificación y Recuperación de Tierras Rurales, reconociendo que había una acumulación irregular de baldíos.
Adicionalmente, un informe de la Contraloría Agraria de 2012 advirtió que más de 200 mil hectáreas de baldíos habían acumuladas en la región de la Altillanura por particulares, empresas nacionales y multinacionales, y que el Estado estaba en mora de actuar. El caso de El Porvenir hace parte esa lista.
Recuperación de baldíos: un año en blanco
Pero el Plan quedó congelado. En diciembre de 2015, el gobierno decidió liquidar el Incoder. La misma Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios había sugerido su supresión al argumentar “que no tenía ni la capacidad ni la legitimidad” para cumplir que con sus objetivos, tarea en la cual fracasó (Lea: Procuraduría Agraria, a la ‘yugular’ del Incoder). En su reemplazo, el 7 de diciembre de 2015 nació la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con el reto de asumir el Plan Nacional de Clarificación y Recuperación de Tierras Rurales, pero a juicio de la Procuraduría ésta corre el riesgo de repetir los errores de su antecesor.
¿Vuelve y juega?
Sin la puesta en marcha de un Plan Nacional de Clarificación y Recuperación de Tierras Rurales, que a su vez debe basarse en la implementación de un catastro multipropósito, no habrá opciones de crear un Fondo de Tierras para la Paz. Foto: suministrada Corporación Claretiana NPB.En teoría, la nueva Agencia comenzaría a funcionar el 7 de febrero de 2016, pero como lo señala el informe de la Procuraduría Delegada, a la fecha ésta no ha abierto sus puertas al público. El 26 de mayo de 2016 fue nombrado Miguel Samper como su director y un mes después contrató al secretario general y a 42 de los 85 funcionarios de planta, que corresponden a exfuncionarios del Incoder.
Eso explica, en parte, por qué el Plan de Recuperación sigue en el papel: “el Plan fue elaborado por una entidad que fue suprimida, y que no ha hecho empalme con la nueva entidad”, asegura la Procuraduría.
Desde noviembre de 2015 reposan en cajas los expedientes de por lo menos 26 mil predios que, según la Superintendencia de Notariado y Registro, corresponden a un millón 202 mil hectáreas de baldíos apropiados irregularmente.
Además de que la ANT no está funcionando y que los expedientes siguen archivados con el riesgo de que la documentación se extravíe como ocurrió durante la transición Incora-Unat-Unat-Incora-Incora-Incoder, a la Procuraduría le preocupa que la nueva agencia no cuente con el personal suficiente y caiga en el vicio de llenar los cargos con contratistas externos “sin dedicación exclusiva, poca productividad, altamente remunerados y seleccionados más por un favor político” como ocurrió en varios casos con el Incoder.
También que no haya voluntad para comenzar con el prometido inventario de baldíos, que depende del catastro multipropósito ordenado desde el 9 de junio de 2015 por el Plan de Desarrollo Nacional. Mientras todo sigue paralizado, varios jueces siguen emitiendo fallos que legalizan la apropiación de los baldíos haciendo interpretaciones erradas de la sentencia T-488, basándose en la sentencia T-1776 de la Corte Suprema de Justicia [lea la sentencia aquí], advierte el informe.
El difícil horizonte del Fondo de Tierras para la Paz
Para la Procuraduría, en la actualidad “hay un estado de cosas inconstitucional en el sector agrario”, pues la institucionalidad pública está incumpliendo con los derechos de la población rural, como ocurre con los campesinos e indígenas de El Porvenir, y de paso está lejos de lograr el prometido Fondo de Tierras para la Paz, anunciado en los Acuerdos de La Habana.
¿Por-venir?
El desarrollo agrario integral prometido en los acuerdos de La Habana parte de la urgencia de hacer una mejor distribución de la propiedad rural. Pero si no hay pronto una recuperación de los baldíos apropiados irregularmente, esta tarea será imposible. Foto: suministrada Corporación Claretiana NPB.El nombre de esta inspección que está a dos horas por agua y a cuatro por tierra desde Puerto Gaitán, Meta, parece una premonición. “Está todo por-venir”, dice Miguel Briceño, líder campesino que representa a la comunidad de colonos que desde hace medio siglo sobreviven en estas tierras con la cría de ganado.
Según lo documentó VerdadAbierta.com, a esa región también llegó Víctor Machado, un empresario dedicado a la exploración petrolera que sumó unas 27 mil hectáreas para bautizarlas como Hato Cabiona. En 1979 Machado murió y la viuda le vendió las mejoras de las tierras al esmeraldero Víctor Carranza, pues no tenía títulos de la extensa hacienda.
La tranquilidad se perdió una década más tarde cuando llegaron las autodefensas venidas de Puerto Boyacá, mataron a varios líderes campesinos y comenzaron a amedrentar a los colonos. En 1992 Carranza legalizó las tierras a nombres de terceros, logrando que el Incora expidiera 25 resoluciones de títulos por igual número de parcelas para personas que no conocían en la región. Suscédulas provenían de la zona de las esmeraldas.
Entre 1992 y 2004 en el territorio hicieron presencia las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (Acmv), de manera que los campesinos vivieron en zozobra por más de una década.
En 2007, las 27 mil hectáreas fueron englobadas en cinco predios llamados Mi Llanura, El Pedregal, El Rincón, Campohermoso y Las Corocoras, que quedaron a nombre de personas también allegadas a la familia Carranza y en las que hubo firmas adulteradas. A estas irregularidades se le sumó la acumulación, pues cada predio sumaba 5.500 hectáreas, un área desbordada para la Unidad Agrícola Familiar de 1.100 hectáreas aprobada por la Ley 160 de 1994.
El oscuro pasado de El Porvenir
Las tierras comenzaron a ser explotadas por la Ganadería La Cristalina, que según los registros de Cámara de Comercio estaba a nombre de Holman Carranza y María Blanca Carranza, hijo y esposa del esmeraldero. La tensión volvió porque la Ganadería les impedía a los colonos que sus reses pastaran en el lugar, una situación que se volvió cada vez más insostenible para los campesinos que dependían económicamente del ganado.
Tras una denuncia presentada por el senador Iván Cepeda en mayo de 2012, la Superintendencia le puso lupa a El Porvenir y se encontró con un caso de acumulación de baldíos llamando la atención al Incoder para que actuara pronto. Un año después, cuatro de los cinco titulares de los predios del antiguo Hato Cabiona aceptaron que acumularon tierras. El quinto dueño que no apareció para entregar la tierra, Pedro Libardo Ortegón Ortegón, expiloto de ‘El Mexicano’, fue asesinado en el centro de Bogotá en julio de 2013. Más tarde, en noviembre, sucedió lo mismo en con Jairo Alfonso Gutiérrez, el entonces registrador que ayudó a englobar las tierras.
El 30 de julio de 2014 el Incoder revocó los títulos anunciando que comenzaría un proceso de recuperación. Pero, como advirtió la Procuraduría en su informe, el proceso se quedó ahí exponiendo a las comunidades reclamantes. Desde 2012 Miguel Briceño, el líder de los campesinos, comenzó a recibir amenazas a tal punto que la Unidad Nacional de Protección tuvo que otorgarle un esquema de protección que la comunidad califica de “insuficiente”.
Según lo documentó la Corporación Claretiana, entre 2014 y 2015 los campesinos de El Porvenir han sido víctimas del robo de varias de sus reses, de presiones por parte de trabajadores de la ganadería La Cristalina y de múltiples llamadas en las que les indican que deben ir a una reunión a Villavicencio a negociar las tierras. Los indígenas del pueblo Cubeo y Sikuani llegaron al territorio en noviembre de 2015 para apoyar a los campesinos, evitando incluso la puesta de cercas por parte de foráneos que siguen llegando al territorio.
Las dos comunidades además están expuestas al conflicto que persiste en la región. La Defensoría del Pueblo emitió el 31 de mayo de 2016 un informe de riesgo en el que advierte que Puerto Gaitán y Puerto López hacen presencia el Bloque Libertadores del Vichada y el Bloque Meta, grupos que se rearmaron tras la desmovilización paramilitar. El Ministerio Público cree que tras el debilitamiento del primer grupo, el segundo ha pactado una alianza con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, más conocidas como ‘Urabeños’, siendo los responsables de desplazamientos, asesinatos, extorsiones, abusos sexuales y reclutamiento en la región.
La comunidad denunció que el miércoles 13 de abril dos hombres ingresaron a las instalaciones del colegio de El Porvenir intentando abusar de las niñas que esa noche descansaban en el dormitorio de la institución. “Una joven de 16 años fue herida en el pecho. Es indígena y su comunidad la retiró a los niños y niñas del pueblo Cubeo”, indica el informe de la organización social.
La Corporación Claretiana está a la expectativa de una reunión que lograron coordinar para el próximo lunes 18 de julio con Miguel Samper, el director de la Agencia Nacional de Tierras. Campesinos e indígenas exigirán a la Agencia que recupere y les titule las tierras, pues se han resistido a desplazarse pese a las múltiples amenazas. Ambas comunidades están dispuestas a compartir el territorio para vivir en paz.
Lo que no están dispuestos a ceder es que después de casi un siglo de lucha por la tierra que han trabajado con las uñas se convierta en una Zona de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidre), pues a su juicio esto legalizaría la acumulación de baldíos de los últimos 50 años y estarían a expensas de lo que determinen los empresarios que lleguen a desarrollar allí un cultivo extensivo. Les preocupa porque ya el 29 de enero de 2016 una comitiva presidencial llegó a Orocué, Casanare, que está a una hora de El Porvenir, a anunciar el modelo Zidre (Lea: Nuevo reto para la Corte Constitucional en el tema agrario y Las potenciales regiones para crear Zidres).
Los funcionarios le anunciaron a la comunidad que planean desarrollar un proyecto sobre 29 mil hectáreas, de manera que cada familia tendrá una parcela de 5 hectáreas para cultivar pero debe estar asociado a un empresario que desarrolle una inversión en la zona. Para las comunidades es una contradicción del Estado que corra a proponerles un modelo económico cuando en años no ha resuelto sus reclamaciones ni los ha protegido. Ese sigue siendo el reto de la “paz territorial” prometida en los acuerdos de La Habana.
