El magistrado de Medellín Álvaro Cerón no le aceptó a la Fiscalía una imputación de cargos en contra de Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, por considerar que la ley impide la ruptura de la unidad procesal. La decisión tendrá que dirimirse en la Corte Suprema de Justicia.
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| Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán. Foto Semana |
El magistrado, con funciones de juez de garantías dentro del proceso de aplicación de la ley de Justicia y Paz, Álvaro Cerón rechazó de nuevo las pretensiones de la Fiscalía de imputar de forma parcial cargos a uno de los desmovilizados jefes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
La fiscal 48 de la Unidad de Justicia y Paz, María Gladis Martínez Idárraga, le iba a imputar siete cargos relacionados con homicidio múltiple, homicidio en persona protegida, tortura y secuestro a Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, el desmovilizado comandante del Bloque Elmer Cárdenas (Bec), recluido en el pabellón de máxima seguridad de la Cárcel de Itagüí y uno de los pocos jefes que no fue extraditado a Estados Unidos el pasado 13 de mayo.
Antes de que leyera los cargos, la representante del Ministerio Público en la audiencia le pidió al magistrado que rechazara las pretensiones de la Fiscalía, por considerar inconveniente la ruptura de la unidad procesal en el caso de Rendón Herrera.
Basado en esa misma posición y en que la ley de Justicia y Paz solo permite la ruptura cuando la Fiscalía no haya recopilado todos los elementos probatorios indispensables para la imputación o cuando el postulado acepte que omitió algunos datos y detalles de los hechos investigados, “que no es el caso”, el magistrado Cerón levantó la audiencia.
Antes de concluir, dio traslado a las partes para que se manifestaran sobre la decisión tomada y tanto la Fiscalía como la defensa anunciaron apelación ante la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que el mismo alto tribunal en una sentencia reciente ya había permitido situaciones similares.
En ese mismo sentido se pronunció larepresentante de las víctimas, la abogada de la Defensoría del Pueblo, Gloria Inés Ramírez Osorio, al explicar que la sentencia permite el rompimiento de la unidad procesal en aras de garantizar una reparación integral para las víctimas.
Antonio García, abogado de Rendón Herrera, sostuvo que en el ámbito procesal para nada benefician la ruptura ni las imputaciones parciales pero sí satisface la ilusión de muchas víctimas, pues se les va dando respuestas en situaciones concretas como homicidios, desparecidos y amenazas.
La decisión de Cerón genera una evidente contradicción con algunos de sus colegas, pues hace poco el magistrado Olimpo Castaño Quintero aceptó imputaciones parciales para varios miembros desmovilizados de las Auc, entre ellos los ex comandantes Ever Veloza García, alias HH, e Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez de la Serna.
Para el caso de HH, por ejemplo, el magistrado Castaño Quintero no solo aceptó los cargos sino que le dictó medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, por 98 hechos, en los que había 172 homicidios, algunos múltiples y muy recordados como las masacres de El Aracatazo y El Golazo, en Urabá, y el Alto Naya, entre Cauca y Valle del Cauca.
El argumento
El magistrado Cerón explicó que la unidad procesal es vital para llegar al esclarecimiento de los hechos y que la verdad es única, de modo que, a su juicio, no se puede dar de forma fragmentada, pero el abogado García precisó que es una historia muy larga que, en su opinión, debe contarse por partes, “para favorecer a las víctimas”.
El abogado se refirió a que el Bec hizo presencia en varias regiones de Antioquia, Chocó, Córdoba, Santander, Boyacáy Cundinamarca, entre 1995 y el 15 de agosto de 2006, cuando se desmovilizó luego de que el Gobierno Nacional aceptara negociar por fuera de la mesa de Santa Fe de Ralito con Rendón Herrera, quien se había separado de las directrices de los jefes de las Auc.
La posición de Cerón no es nueva, pues hizo lo mismo en noviembre de 2008 cuando la Fiscalía le quiso hacer imputaciones parciales al desmovilizado Parmenio Usme García, uno de los jefes militares del extinto bloque Héroes de Granada, que hizo presencia en el Oriente antioqueño y algunos barrios periféricos y populares de Medellín.
En esa ocasión la Fiscalía también apeló la decisión, pero hasta ahora la Corte Suprema no se ha pronunciado, así que los delitos que se le iban a imputar a Rendón Herrera quedarán en el limbo mientras el alto tribunal no resuelva esta colisión de posiciones.
Confusión
En la sala de audiencia, la determinación de Cerón generó desconcierto, sobre todo entre las víctimas, pues muchas esperaban que algunos crímenes se aclararan con la confesión del ex jefe paramilitar y los elementos probatorios de la Fiscalía.
Es el caso de Teresita Gaviria Urrego, directora de la Asociación Caminos de Esperanza, Madre de la Candelaria, quien tenía en su poder una lista con los nombres de 35 personas desparecidas durante el accionar del Elmer Cárdenas en Urabá.
Gaviria dijo que 700 madres que en Antioquia buscan una pista de sus familiares desaparecidos, producto del conflicto armado colombiano, solo cinco han tenido el alivio de hallar los restos de sus seres queridos.
Reconoció que, en parte, ha sido por las confesiones de los desmovilizados jefes paramilitares, “que nos han entregado algunas coordenadas” y, por eso, en su opinión, posiciones como las del magistrado Álvaro Cerón entorpecen este proceso.
“No podemos permitir que nos sigan manipulando y que manipulen el dolor de las víctimas”, agregó Gaviria Urrego, al revelar la lista de 35 desaparecidos que le entregará a Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, y a los jefes de los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia que hicieron presencia en el Urabá, durante una reunión quesostendrán en la Cárcel de Itagüí
“Queremos saber dónde están y que nos sigan ayudando con la ubicación de las fosas, porque ustedes tuvieron mucho qué ver”, le dijo Gaviria al Rendón Herrera después de terminada la audiencia.
El ex comandante de autodefensas le propuso que se reunieran en la cárcel de Itagüí junto a otros ex jefes paramilitares detenidos allí, “para que trabajemos en eso y veamos cómo le podemos ayudar”.
En la cancelada audiencia, la Fiscalía le iba a imputar a Rendón Herrera el delito de concierto para delinquir agravado, por su calidad de jefe del Élmer Cárdenas en las zonas donde hizo presencia.
También le imputaría la toma al municipio de Riosucio (Chocó), ocurrida el 20 de diciembre de 1996, cuando un grupo de hombres armados con fusil y uniformados con trajes de fatiga incursionó en la población y amenazó con matar a quienes tuvieran vínculos con la guerrilla. Al final se llevó a seis habitantes, entre ellos al alcalde.
Tres de ellos volvieron después por sus propios medios, pero a otros tres los mataron en zona boscosa, entre ellos al mandatario local Benjamín Arboleda Chaverra, veterano dirigente de la Unión Patriótica, con un vasto trabajo en la región del Medio Atrato.
Otro cargo está relacionado con la masacre de 15 personas (13 hombres y dos mujeres), sucedida en zona rural de Tocaima (Cundinamarca), el 21 de noviembre de 1997, cuando un grupo de autodefensas mató a varios habitantes de una vereda a quienes sindicó de auxiliadores de la subversión.
La toma a Dabeiba del 21 de diciembre de 2001 estaba en la lista de imputaciones y hacía alusión a una incursión paramilitar que duró diez días al casco urbano de esa población del Occidente antioqueño, tiempo durante el cual tanto autodefensas como guerrilleros se enfrentaron a bala utilizando como trincheras las calles y algunas casas de esa población.
Por este hecho, la Fiscalía también le imputaría la tortura y posterior muerte de los dirigentes indígenas Luz Mery Cobaleda y Miguel Barrientos Domicó, quienes habían defendido el proceso de posesión de tierra de los embera en esa región de Antioquia.
Delitos de Lesa humanidad
Por la Operación Génesis, ejecutada por el Ejército cuando estaba al mando de la XVII Brigada en Urabá el polémico general (r), Rito Alejo del Río, y en la que se presume hubo colaboración activa de las autodefensas, la Fiscalía también le iba a imputar un cargo a El Alemán.
Génesis fue una de las operaciones más controvertidas realizadas por el Ejército el 24 de febrero de 1997
contra campamentos guerrilleros en la zona del Urabá, al punto que provocó uno de los mayores desplazamientos campesinos, pues casi 5.000 de ellos se refugiaron en Bocas de Atrato y Turbo, por temor a los bombardeos del Ejército y la Fuerza Aérea.
Se trata del homicidio del líder campesino Marino López Mena, ocurrido entre febrero y marzo de 1997 y sobre el cual pesa una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, contra el Estado colombiano, pues habitantes del sector dijeron que luego de matarlo, las autodefensas jugaron fútbol con la cabeza de la víctima.
El último cargo era el homicidio en persona protegida del entonces alcalde de Unguía (Chocó), Rigoberto de Jesús Castro Mora, baleado en esa población el 27 de noviembre de 2000.
