La transición hacia el posconflicto y la construcción de paz en las regiones más alejadas del país ha traído consigo una ola de violencia focalizada hacia quienes abanderan la implementación del Acuerdo Final y defienden otras causas como el medioambiente. En ese panorama se encuentra la resistencia de valerosas mujeres que le piden al Estado que tome cartas en el asunto para revertir esa tragedia.
“Reiteramos nuestra postura en el sentido de que la mejor manera de tener seguridad es que se respeten los territorios; que se implemente la legislación encaminada a la protección de los de derechos étnicos y culturales. También sentimos mucho que la implementación de los acuerdos de paz, que para las comunidades rurales son fundamentales, tenga tantos tropiezos. Tenemos unos derechos, entre esos a la paz”.
Esas palabras son de Claudia*, una curtida lideresa del norte de Cauca, que el pasado 4 de mayo sobrevivió a un atentado con granadas que sufrieron 16 autoridades del pueblo afro mientras preparaban una reunión con el gobierno nacional, para analizar el cumplimiento de acuerdos adquiridos tras la suspensión de la reciente minga comunitaria que durante 27 días bloqueó la vía Panamericana. (Leer más en: Ser líder social en el suroccidente, una labor de riesgo extremo)
Y prosigue: “Si se reconocen esos derechos, los líderes no vamos a tener que estar arriesgándonos por la defensa de los mismos, porque sencillamente habrá una relación de convivencia pacífica. Lamentablemente, se utilizan unas prácticas para la extracción de los minerales y de los recursos que hay en nuestros territorios desconociendo que estamos allí, hombres y mujeres, que hemos preservado esos territorios por años y que necesitamos esos espacios para ser y para desarrollarnos como colectivo”.
Por buscar esa convivencia pacífica y armónica con los territorios, cientos de defensores de derechos humanos se han convertido en piedras en el camino para quienes ostentan poderes locales y buscan explotar recursos económicos. Esa situación ha derivado en una racha de violencia que se recrudeció con las negociaciones de paz que adelantó el presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) con la extinta guerrilla de las Farc y la consecuente implementación del Acuerdo de Paz que le puso fin a 53 años de confrontación armada.
En eso coinciden múltiples informes que periódicamente producen organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), sobre asesinatos de líderes sociales. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)
Y, en medio de ese panorama, llama la atención que también ha aumentado la violencia contra las mujeres que desempeñan roles de liderazgo. De acuerdo con los registros del Programa Somos Defensores, que desde 2002 documenta toda clase de agresiones contra líderes sociales, en el último quinquenio los asesinatos de lideresas han aumentado constantemente. En 2014 ocurrieron seis y el año pasado 16, mientras que en los tres primeros meses de 2019 fueron perpetrados cinco más.
Esos registros coinciden con el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre violencia de género y construcción de paz, publicado el 28 de mayo, que plantea que en la fase de transición y durante la implementación del Acuerdo de Paz, las violencias de género y el impacto humanitario se han incrementado en varias regiones, activadas por el control y disputa de los grupos armados ilegales.
“Si bien el proceso de paz causó una disminución notable de la violencia vinculada a la confrontación armada, estos dividendos se han visto comprometidos por amenazas y riesgos que persisten y afectan a las mujeres y la población LGBTI”, concluye la investigación. (Descargue aquí el informe)
Patricia Fernández Pacheco, representante adjunta para ONU Mujeres en Colombia, señala que esa agencia que trabaja por igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, considera que dicha ola de violencia está asociada con causas estructurales ligadas a las agendas que están defendiendo las lideresas, las cuales están muy vinculadas a la implementación de los acuerdos de paz.
“Luego hay unos temas estructurales hacia las mujeres y de lo que se espera del rol de ellas en la sociedad, en términos de estereotipos y normas sociales que coartan también su libertad y muchas de estas lideresas los rompen en doble sentido: por un lado, por la transgresión de esos estereotipos y normas culturales, y por otro lado por estar defendiendo esas agendas. Hay formas de violencia específicas contra ellas: violencia sexual, amenazas contra sus familias y luego las de patrones en general”, concluye. (Leer más en: Los alarmantes patrones que rodean el asesinato de líderes sociales)
En las regiones
Leonor Salabata, comisionada de Derechos Humanos de pueblo Arahuaco en la Confederación Indígena Tayrona, que ha dedicado casi toda su vida a la defensa de la Sierra Nevada de Santa Marta, advierte que actualmente viven con mucha preocupación por el retroceso en materia de garantías de seguridad.
“Tenemos lugares supremamente sensibles a la violencia: panfletos, amenazas a líderes sociales y organizaciones, crímenes en pueblos aledaños… También vemos con mucha preocupación esa situación y otras como la estigmatización de la movilización indígena en Cauca, Chocó y Putumayo. La lucha en este momento es por mantener la posibilidad de construir esa paz que necesitamos”, plantea. (Leer más en: Defensoría del Pueblo vuelve a alertar sobre riegos en Magdalena)
Sobre el rol de las indígenas arahuacas en materia de construcción de paz y protección medioambiental, dado que enfrentan el otorgamiento de licencias ambientales para minería en la Sierra Nevada, señala que han sido muy dinámicas: “El trabajo social y de unidad, de activismo, se le debe a muchas mujeres, que son las que mantienen las reuniones y las asambleas. Siempre hemos estado al frente de la tierra, porque en la medida que perdamos el territorio perdemos la vida, porque la cultura es la vida. Hemos estado inmersos en esa actividad de manera colectiva”.
Claudia y las comunidades negras del norte de Cauca también le hacen frente a la minería, no sólo a la legal que recibe permisos de agencias estatales, sino también a la ilegal, que contamina con mercurio sus aguas y deja estéril sus tierras ancestrales. Por esa razón, promueven la noción de desarrollo propio enmarcado en la conservación ambiental.
Para defender los ríos y sus consejos comunitarios, los líderes y las lideresas han acudido a diversas estrategias como el litigio estratégico; exigir el cumplimiento del requiso de consulta previa, libre e informada para adelantar proyectos en sus tierras; realizan capacitaciones sobre sus derechos; y hacen incidencia ante organizaciones de derechos humanos y medioambientales.
Con dolor, habla del daño que la minería ilegal ha causado en los municipios de Buenos Aires, Santander de Quilichao y Suárez: “Esas retroexcavadoras en los ríos Cauca y Ovejas han hecho cráteres que representan gran riesgo para las actividades agrícolas e impiden nuestro pancoger. Por eso seguimos capacitando a las mujeres sobre sus derechos y el marco étnico”. (Leer más en: En Buenos Aires se pararon en la raya)
La actividad más reciente la realizaron el pasado 24 de mayo, cuando convocaron a alrededor de 250 mujeres de diferentes municipios del norte de Cauca en el foro Las Mujeres Construimos Paz y Defendemos el Territorio. Allí reflexionaron sobre la situación de sus territorios, las afectaciones que producen la contaminación ambiental y construyeron propuestas para fortalecer su mandato.
Otra comunidad que busca construir paz y a la par debe defender su territorio de la contaminación por la explotación aurífera ilegal es la Zenú ubicada en el municipio antioqueño de Zaragoza. Clara*, quien pide reservar su identidad “porque con el nombre uno se va marcando”, señala que las luchas más recientes iniciaron en el año 2000 cuando empezaron a tramitar la constitución de su resguardo, el cual fue reconocido 13 años después.
Y las más antiguas se basan en el cuidado del patrimonio de la Madre Tierra: “No permitimos dañar las aguas ni tumbamos el monte. Sembramos con cuidado nuestros alimentos y promovemos la minería artesanal para no contaminar con químicos las aguas que salen al río Nechí”. Para ello, han desarrollado como estrategia de tener certificados de oro legal, que garanticen que el mineral no fue extraído con mercurio para no dañar aguas y tierras.
Sin embargo, sí han sufrido mucho con la minería ilegal. “Cuando no queremos dejarnos nos echan la ley mala: nos amenazan y nos piden ‘vacunas’ que no tenemos para darles y tenemos que dejarlos. A veces trabajan escondidos y cuando uno se da cuenta ya están con las máquinas. El territorio es grande y cuando les decimos, tenemos problemas y amenazas; se quedan hasta que terminan la tierra y se van para otro lado”, cuenta Clara. A esa situación se suman el accionar del Eln y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Garantías de seguridad
Leonor, Claudia y Clara, junto con 24 lideresas de 12 departamentos, más otras más del extranjero, se dieron cita el pasado 21 de mayo en el Encuentro de Defensoras Ambientales: Mujeres, Recursos Naturales y Construcción de Paz, en el que además de compartir experiencias y saberes, analizaron cuáles son las herramientas que necesitan para desempeñar sus labores sin riesgos.
El encuentro fue organizado por las agencias de Mujeres y Ambiente de la ONU y por la Fundación Natura, para reflexionar sobre el liderazgo de las lideresas en la gobernanza ambiental y la importancia de su participación en espacios de toma de decisión.
Al respecto, Patricia Fernández, de ONU Mujeres, señala que además der ser las protectoras y las mediadoras en conflictos ambientales, las lideresas tienen potencial como constructoras de paz y como las que pueden sostener los acuerdos. Por esa razón, intentan resaltar la importancia su protección: “No sólo lo reactivo sino también lo preventivo, porque como sabemos, esa lucha está asociada a unos riesgos de seguridad altísimos”.
De ese modo, aclara, la noción de protección no sólo puede ser externalizada y militarizada, “con mecanismo tradicionales de lo que entendemos por protección en temas de seguridad, sino que también pasa por el autocuidado, la protección colectiva por los mecanismos comunitarios y no dejar solas a las defensoras en su rol”. Por ello, insiste en que se debe tener en cuenta una visión desde la colectividad y desde lo que representan sus organizaciones.
En ese punto coincide Clara, pues la Unidad Nacional de Protección le suministró un chaleco antibalas y un celular, pero en su resguardo no hay señal y no puede usarlo. “Yo soy amenazada y eso no es lo que necesito porque quién me cuida la cabeza; no tengo seguridad del gobierno ni en qué movilizarme. Voy en moto y si me toca morirme, me morí”, cuenta con resignación.
Por eso pide que para que su esquema de seguridad sea acorde con su situación, por lo menos instalen una antena que provea de señal telefónica la vereda donde está ubicada el resguardo; también que le asignen un vehículo para movilizarse con la Guardia Indígena.
Para Leonor, las garantías parten de un punto básico: “Necesitamos que se respete la vida a todos los colombianos, necesitamos que la violencia no sea la forma de dirimir los problemas: que no se asesine a nadie”. Y le hace un llamado puntual al mandatario Iván Duque: “Necesitamos que el Presidente de la República tome en sus manos la defensa de la vida de todos los colombianos, es el responsable de proteger la vida, honra y bines de todos nosotros. Necesitamos que se ponga enfrente para la defensa de la vida”.
En cambio, Claudia reitera que lo que necesitan ella, los demás líderes del norte de Cauca y sus comunidades, es que se reconozcan y se respeten sus derechos. “Sólo con eso, tendremos seguridad y la comunidad estará tranquila. Eso es lo que los encargados de implementar la ley no entienden y sabemos que hay muchos intereses de por medio, por eso cada día somos más vulnerables. Los intereses hacen que estas regiones no sean tenidas en cuenta para implementar acciones que permitan un desarrollo desde las aspiraciones de la gente, sino que se les imponen los intereses de otros”.
* Nombre modificado por razones de seguridad
