En el municipio de San Diego, en Cesar, 30 familias solicitaron la restitución de tierras en esa antigua hacienda, de donde fueron desplazados por el conflicto armado. Su proceso lleva cinco años sin que tengan una respuesta de las entidades estatales.
Las casas de quienes poblaron y cultivaron alguna vez El Caimán son un pequeño reflejo de sus añoranzas. Aunque el patio trasero sea de unos pocos metros cuadrados y tengan allí pollos, perros y gatos, es una porción ínfima de las 24 hectáreas que les arrebataron con violencia y los dejaron sin tierra.
Pocos son los labriegos que hablan abiertamente de lo ocurrido en la vieja hacienda y mucho menos del proceso de reclamación de las tierras en el que se embarcaron hace algunos años. Sólo se refieren a su historia bajo reserva del nombre. “Uno escucha las noticias de todos los líderes que han matado y da miedo”, se justifica uno de los campesinos.
La preocupación de los parceleros tiene asidero. A finales de agosto de este año el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo alertó sobre el recrudecimiento de la violencia contra defensores de derechos humanos de la región de la Serranía del Perijá. Y San Diego hace parte de los 17 municipios del departamento Cesar que tienen jurisdicción en esta vasta zona montañosa. (Lea: Persisten altos niveles de riesgo contra líderes sociales en Cesar)
La historia de estas familias campesinas es similar a la de otras tantas en Cesar: trabajando las tierras que ocuparon pacíficamente y estando a la espera de que fueran beneficiados por una reforma agraria, padecieron las acciones violentas de varios frentes guerrilleros y de comandos paramilitares durante varios años, razón por la cual tuvieron que desplazarse de manera forzada, lo que truncó el sueño de que les titularan los predios.
No obstante, una ventana se abrió a mediados de 2011, cuando el Congreso de la República aprobó la Ley 1448, conocida como de Víctimas y Restitución de Tierras, una norma que les permitiría reclamar por las vías legales sus terruños. Pero lo que consideraron una oportunidad, se convirtió en su calvario: hace cinco años presentaron su solicitud de restitución ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y aún no se ha proferido la primera sentencia.
Origen del lío de El Caimán
En sus relatos, los reclamantes narran que, en 1987, campesinos sin tierra, motivados por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), se reunieron en un salón comunal en el municipio de Agustín Codazzi para identificar fincas abandonadas o embargadas por el Estado, y comenzar a cultivarlas con alimentos para luego solicitar su titulación.
Fue así como en ese proceso se encontraron con El Caimán. El 26 de marzo de 1992 por lo menos 42 familias ingresaron a este predio, que estaba embargado por Impuestos Nacionales y la Caja Agraria. Las tierras estaban ocupadas por el administrador de la finca, Miguel Zapata, y por Giovanni Leal, un arrendatario. (Ver carta de 1992)
Esta antigua hacienda, de 1.110 hectáreas, le perteneció a Jaime Olivella Celedón, un terrateniente conocido en Cesar por tener grandes fincas en los municipios de San Diego, Agustín Codazzi y Becerril, varias de ellas también en procesos de reclamación. Según el estudio de títulos realizado por la URT, Olivella Celedón le vendió el predio, en 1975, a Óscar Orlando Olivella Araújo, quien figuró como único dueño hasta 2002.
Durante varios años, los campesinos se instalaron en una zona del predio conocida como El Cerrito, pero la manera irregular de su ocupación ocasionó un pleito por la propiedad. A los 15 días fueron desalojados y varios terminaron presos en la estación de policía.
La comunidad persistió en su empeño, volvieron a la hacienda y levantaron un rancho al que nombraron Rancho Colombia e izaron una bandera blanca. En sus alrededores cultivaron maíz, plátano, yuca y berenjena, “pero siguieron los problemas con los Olivella. Nos dañaban la semilla con ACPM y nos quemaron el rancho”, recuerda una de las parceleras.
A comienzos de 1994 ingresaron a la casa principal de la hacienda y desde allí coordinaron la construcción de La Mayoría de El Caimán, un caserío de 44 casas, dos calles y un colegio de palma. “Para esa época nos fue a visitar un funcionario el Incora, nos dio un carné como aspirantes a las tierras. El hombre hizo un informe en el que se denunciaban los maltratos, pero al regreso se encontró con un Olivella que le hizo cambiar la versión”, asegura uno los campesinos.
A la falta de respuesta del Incora, los labriegos se tomaron ese año la sede la entidad en Valledupar, exigiendo la titulación. Como no había solución y su idea era cultivar alimentos, supieron que el Incora estaba próxima a comprarle a un particular la finca Barrito Blanco en el corregimiento Tocaimo, también en San Diego. Al menos 20 de los campesinos se fueron para allá durante 15 días, pero el Instituto les explicó que esas tierras eran para ampliar otra parcelación. “Ese año los Olivella propusieron la compra de una finca que tenían en el municipio de La Paz, pero eso era pura laja, pura piedra”, recuerdan.
La negociación fue frenada como consecuencia de la presencia de insurgentes del Frente 41 de las Farc quienes, en 1995, entraron a El Caimán y amenazaron a Roiser Barreras, presidente del Comité Veredal: “Que nos daban 24 horas para irnos y que si no, nos mataban”, recuerdan. Sin embargo, los campesinos no se fueron de las tierras.
Según un análisis de contexto realizado por la URT sobre la región, el Eln y las Farc se ensañaron contra varios terratenientes, extorsionándolos, secuestrándolos y asesinando a sus parceleros, como ocurrió en la hacienda La Concordia, también propiedad de Jaime Olivella Celedón. Allí, el 1 de mayo de 1995, guerrilleros del Frente Martínez Quiroz, del Eln, acribillaron a siete de sus trabajadores. (Leer contexto de sentencia)
En reacción a esos ataques, ganaderos de la región llamaron a los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes para esa época lideraban una estructura paramilitar conocida como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
Ese año Salvatore Mancuso, uno de los hombres de confianza de los Castaño y también ganadero, viajó a Valledupar, se reunió con varios terratenientes y bajo la fachada de la Sociedad Guaymaral Ltda. y La Salguero, dos cooperativas de vigilancia y seguridad privada, avaladas por el gobierno nacional de aquella época, y lideradas por Jorge Gnecco Cerchar y Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, respectivamente, desataron una fuerte ola de violencia. (Lea:¿De dónde salieron los ‘paras’ en Cesar?)
Al vecino municipio de Codazzi, las Accu llegaron en abril de 1996 y desaparecieron a cuatro jóvenes. En septiembre de ese año, hombres bajo el mando del paramilitar Hernando de Jesús Fontalvo, alias ‘Pájaro’, masacraron a 11 personas a quienes señalaron como auxiliadoras de las Farc. La violencia paramilitar contra campesinos, incluidos beneficiarios del proceso de reforma agraria, se fue extendiendo en todo el departamento. (Lea: El pueblo más victimizado del Cesar)
Los labriegos se empeñaron en luchar por esas tierras y se registraron como Junta de Acción Comunal (JAC) de El Caimán el 20 de diciembre de 1996, según consta en el documento registrado ante la Cámara de Comercio de Valledupar. Pero no tardaron en realizar dicho registro, cuando los paramilitares amenazaron a los miembros de la JAC. “Eso provocó que 17 de las 42 familias se desplazaran por miedo, por las amenazas y por la violencia que ya había en la zona”, cuenta un labriego.
Para 1997 en El Caimán resistían 25 familias de las originales que intentaban seguir cultivando las tierras. Sin JAC, porque los integrantes se desplazaron, la parcelera Margoth Garzón asumió al liderazgo e invitó a otras 17 familias sin tierra a que entraran a los predios a cultivar.
La familia Olivella presentó sendas solicitudes a las autoridades locales para desalojarlos. Entre la documentación acopiada por la URT está una querella de los hermanos Óscar y Pedro Olivella Araújo, y la fijación de fecha y hora de una inspección ocular para el 3 de agosto de 1998. En sus testimonios a la URT, los Olivella contaron que ese año un la guerrilla bombardeó la casa del administrador de la finca y les robó algunas reses.
En 1999, los paramilitares citaron a una reunión a Daniel José Polo Ospino, entonces presidente de la Junta de Acción Comunal de El Caimán, a quien le dijeron que tenía un día para salir. “Queremos que se abra de ahí. Esas son tierras ajenas. Vamos a hacer una limpieza porque ahí se esconden unas ratas”, le dijeron. Ese mismo año, Nelson y Giovanny Leal, quienes trabajaban los predios en arrendamiento, fueron asesinados. Pese a la violencia, las 25 familias originales y las 17 que dos años habían entrado se mantenían en las tierras.
“En abril de 2001 llegaron unos comisionistas a meternos miedo, que mejor vendiéramos las cosechas. Que fuéramos a San Diego, que nos daban una plata. Unos fueron y otros no. Al que más le dieron fue 2 millones de pesos. Quienes entregaban la plata eran el capitán David Hernández y Peter Olivella”, cuenta uno de los reclamantes de El Caimán. A Hernández lo conocen en Codazzi como ‘El Capitán’ porque fue piloto de avionetas usadas para la fumigación de cultivos de algodón.
Aunque las familias quisieron resistir, no fue posible. El 2 de mayo de 2001 los paramilitares asesinaron a Miguel García, uno de los 17 parceleros que entró en 1997, y a Francisco Palacios, un trabajador de Margoth Garzón, además de quemarles los ranchos. La comunidad, incluidos los que ingresaron a las tierras en 1992 y 1997, se desplazaron y desden entonces no han podido volver.
Proceso sin avances
En medio del desplazamiento, los campesinos supieron que los Olivella comenzaron a vender por partes la hacienda y que el Incora, ya en tránsito de ser liquidada para convertirse en Incoder, en el año 2003, no concretó ninguna negociación.
En declaraciones a la URT, los Olivella dijeron que vendieron “por la situación de angustia que estaban viviendo en ese momento por la presencia de grupos armados”, mientras los campesinos reiteran que el Estado no quiso ser diligente en la negociación y que los Olivella se negaron cuando vieron la productividad de las cosechas.
Según el estudio de títulos que hizo la URT, Óscar Orlando Olivella Araújo vendió mil hectáreas de El Caimán entre 2002 y 2004 así: 230 hectáreas a Aviones y Maquinarias (AMA) Ltda., que tiene como gerente al capitán Hernández; 222 hectáreas a Saúl Francisco Ávila Márquez, un vecino de la hacienda; 200 hectáreas a su hermano Juan Carlos Olivella Araújo; 331 hectáreas a Ildemaro Vega Zequeira y 17 hectáreas a Felipe Cid de Rivera Olivella. (Ver documento de la URT)
En relación con los campesinos, sus procesos de reclamación no avanzan como ellos quisieran. De las 59 familias que trabajaron las tierras de El Caimán, las primeras 42 que entraron en 1992 y las 17 que lo hicieron en 1997, treinta se decidieron a presentar solicitudes de restitución ante la URT para que les titularan los predios y pudieran volver a ellos. De ellas, 13 fueron aceptadas mediante resolución en septiembre de 2013, pero hasta ahora no han sentencia; y las otras 17 fueron rechazadas en mayo de 2014.
“Ha habido muchos problemas en el proceso. Qué las tierras tenían dos numeraciones. Antes cabíamos y ahora no. Que de 24 hectáreas pasamos a 16. Los 17 que fueron rechazados presentaron una tutela que está en proceso de revisión”, detalla uno de los reclamantes.
Han pasado 21 y 17 años del primer y segundo desplazamiento. Y en esa espera han muerto los parceleros Inelsa Flórez, Roquelina Flórez, Buenaventura Ramos, José Argemiro Quevedo, Tirsa Daza, Miguel Ángel García y Martín Segovia, a quien le dio un infarto al corazón después de que la URT le negó el registro.
Otras familias, por miedo, no han querido reclamar. Los campesinos desconocen qué pasó con las carpetas de su proceso agrario, porque cuando en 2003 fueron a preguntar al entonces nuevo Incoder, un funcionario les dijo que los papeles se habían extraviado.
Aunque una gran parte de los campesinos son de la tercera edad y su salud se ha deteriorado, confían en que la justicia resuelva su situación y que la añoranza de tener una tierra no se limite a un par de metros cuadrados de los patios donde han sobrellevado el desplazamiento y desde donde siguen luchando por El Caimán.
Este es el segundo de una serie de artículos sobre cómo se ha aplicado la Ley 1448 de 2011 en el departamento de Cesar
