Hace poco más de diez años, Adriana Arboleda, abogada en derechos humanos, fue de las pocas personas que le dio crédito a las denuncias de decenas de habitantes de la comuna 13 de Medellín sobre cómo desaparecían a sus familiares. El tiempo terminaría dándole la razón y hoy día, junto a varias de aquellas víctimas, acompaña los procesos de exhumación en La Escombrera.
Adriana Arboleda, abogada defensora de derechos humanos. Foto: Corporación Jurídica Libertad.
En un día de agosto de 2005, justo cuando las autoridades civiles y de Policía de Medellín, así como altos funcionarios del gobierno nacional calificaban a la comuna 13 como el nuevo laboratorio de paz del país, un puñado de personas denunció públicamente que allí, en ese conjunto de barrios mal apiñados que bordean las montañas del suroccidente de la ciudad, se estaba cometiendo la mayor violación de derechos humanos en medio de un vergonzoso manto de silencio e impunidad.
Dijeron que pocas semanas después de la Operación Orión, el operativo militar que permitió expulsar a las milicias de las Farc, Eln y Cap (Comandos Armados del Pueblo), los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara tomaron el control de la comuna e iniciaron una campaña de terror consistente en retener en las calles, bajar de los vehículos de transporte público o sacar de sus casas a hombres y mujeres sospechosos de tener vínculos con las milicias. Que nunca más se volvió a saber de ellos. Y hablaron de cifras que escandalizaron hasta los más escépticos.
Nadie les creyó. Sus denuncias fueron catalogadas de malintencionadas, sesgadas y poco fundamentadas. Los denunciantes recibieron todo tipo de calificativos, ninguno de ellos positivo. Entre ellos estaba la abogada Adriana Arboleda, consumada activista que llegó en 1998 a trabajar en la promoción y defensa de los derechos humanos en la comuna 13. Con su labor supo ganarse la confianza de una comunidad atemorizada por el régimen del miedo que impusieron las milicias.
Fue esa misma comunidad la que habló sobre la verdad que hoy, 10 años después, tratan de desenterrar en la Escombrera, un vasto lote utilizado como botadero de escombros donde se presume están enterradas las personas desaparecidas antes, durante y después de la Operación Orión. El miércoles 5 de agosto, Adriana y el grupo de víctimas, en su gran mayoría mujeres, estuvieron presentes en el inicio oficial de las excavaciones, las cuales se extenderán hasta lo que resta del año.
VerdadAbierta.com dialogó con ella para conocer sus impresiones sobre el más complejo plan de búsqueda de cadáveres en la historia reciente del conflicto colombiano.
“Un mito urbano” 
El proceso de excavación que se llevará a cabo en La Escombrera contará con la veeduría de la organización “Mujeres caminando por la vida”, de la cual Adriana Arboleda hace parte. Foto: Ricardo Cruz.
VA: Han pasado diez años desde que se formularon las primeras denuncias sobre personas desaparecidas en la comuna 13, ¿qué ha cambiado a la fecha?
AA: Lo primero que tuvimos que romper acá fue ese cerco de negación alrededor de este tema. La Operación Orión se presentó como el laboratorio de paz más exitoso de Colombia. Además, fue el inicio de la política de Seguridad Democrática. Entonces, cuando denunciamos que aquí había desaparecidos, nos respondían que era un mito urbano el que aquí se estuvieran desapareciendo personas. Ni el gobierno nacional, ni el gobierno local, ni los medios de comunicación nos creyeron en ese momento”.
VA: Pero ahora, que comenzaron formalmente las excavaciones, ¿se puede decir que el tiempo les dio la razón?
AA: “Esto es como una moneda con dos caras. Por un lado, esto es una vergüenza para el Estado colombiano, para una ciudad como Medellín que se precia de ser innovadora y otras cosas más. Pero, de otro lado, es un triunfo de las víctimas, de esa perseverancia, de esa capacidad de hacerse aún contra la corriente, para decir: aquí estamos”.
VA: En el plano personal, ¿cuál es la sensación?
AA: “Yo siento una sensación bastante contradictoria. Observar a estas mujeres pendientes de cómo remueven la tierra con la esperanza de que sus hijos aparezcan es duro. Pero a la vez me emociona su valentía, porque fueron ellas solas, a veces sin el respaldo de sus propias familias, las que lograron esto. Hoy todo el mundo dice que esto se debe a la Fiscalía, a la Alcaldía de Medellín o a la Unidad Nacional de Víctimas, pero creo que esto se debe a las mujeres que salieron, caminaron, denunciaron, contaron, pidieron, lloraron, exigieron”.
VA: La Corporación Jurídica Libertad, a la cual perteneces, ha sido, quizás, la más juiciosa documentando los casos de personas desaparecidas de la comuna 13, ¿de cuántos casos estamos hablando?
AA: “Nosotros tenemos 104 casos documentados. En algunos solo tenemos los nombres. De esos 104 tenemos reporte de 11 que ya fueron hallados en otras fosas de este sector. No sabemos si hay más o si hay menos, porque el problema es que no ha habido una labor de investigación seria para tratar de determinar cuántas víctimas de desaparición forzada hay. Al día de hoy no lo sabemos”.
VA: ¿A qué se debe ese desconocimiento?
AA: “Porque no se creyó. Y como no se creyó, no se recibieron denuncias, no se documentaron los casos de las personas que reportaban sus familiares como desaparecidos a Medicina Legal, eso no generó procesos penales. Como no ha habido labor de investigación, no se sabe exactamente cuántos son los desaparecidos. Pero además, yo creo que aquí hay poderes muy grandes. Hay señalamientos de que la Operación Orión se hizo entre la fuerza pública y el paramilitarismo y eso no es tan fácil reconocer. Súmele que muchas víctimas no denunciaron por miedo. Hasta el día de hoy seguimos recibiendo personas a contarnos casos de los cuales solo teníamos un nombre y hoy ya no están entregando información más completa”.
VA: Es decir que, por cuenta de este proceso de exhumación, ¿se podrían conocer más casos de personas desaparecidas?
AA: “Yo creo que sí. De hecho ya han comenzado a llegar. Nos han buscado personas para contarnos sobre sus casos de personas desaparecidas. Yo tengo la esperanza de que esto ayude también como proceso de esclarecimiento histórico y poder saber de cuántas víctimas estamos hablando”.
Desenterrando justicia
Se estima que el equipo forense de la Fiscalía deberá remover, en este primer polígono, 23 mil metros cúbicos de tierra compactada. Foto: Ricardo Cruz.
VA: Siendo honestos, los resultados de este proceso podrían ser infructuosos y estériles, por la misma complejidad del terreno, ¿están preparadas las víctimas para ellos?
AA: “Las mujeres tienen una frase y es que a los desaparecidos hay que buscarlos toda la vida así no se les encuentre. No será fácil. Nosotros estamos haciendo un proceso de acompañamiento psicosocial de apoyo, de prepararnos y sabemos que hay tantas probabilidades de encontrarlos como de no encontrar nada. Pero estamos en ese ejercicio de prepararnos todos. Y no será fácil, obviamente porque por más apoyo psicosocial, por más trabajo que se haga, un familiar siempre espera encontrar a su ser querido. Lo otro es que hemos presentado un plan de búsqueda integral, porque hemos dicho que si no encontramos aquí, hay que buscar en todos los rincones de La Escombrera”.
VA: Hallar restos de personas desaparecidas en La Escombrera, ¿podría ayudar a esclarecer lo que sucedió en la Operación Orión?
AA: “Nosotros tenemos un lema: escarbando la verdad, desenterrando la justicia. Creo que no tenemos que sacrificar ninguna de las dos. Tiene que haber verdad y tiene que haber justicia. Ahora, el problema es qué entendemos por justicia, si cárcel o procesos de esclarecimiento, de reconocimiento de responsabilidad y de compromisos y garantías de no repetición. Creo que ahí está el tema. Nosotros no estamos pidiendo cárcel, estamos pidiendo, sobretodo, esclarecimiento y justicia. Y obviamente eso pasa porque se reconozca que la Operación Orión fue realmente una estrategia para garantizar el control por parte de los grupos paramilitares y que esa operación la coordinaron altos mandos militares”.
VA: ¿Aún se siguen registrando víctimas de desaparición forzada en la comuna 13?
AA: “Existen denuncias que dicen que sí, pero no las conozco en detalle”.
VA: ¿Qué significa para una ciudad como Medellín este proceso?
AA: “Esto tiene que ser un aprendizaje de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Esto no es una diligencia judicial cualquiera. Esto amerita una participación muy fuerte de las víctimas, que no sea solo venir a ver. Implica hacer veeduría, poder tener claro lo que está pasando, tener claridad sobre el procedimiento, poder hacer acompañamiento con equipos independientes, no como vigilancia sino como un apoyo mutuo a la labor de la Fiscalía. En ese sentido, ha habido una buena disposición de la institucionalidad para sentarnos a discutir. En el inicio se pensó que la Fiscalía hiciera esta labor sola. Pero las víctimasy las organizaciones de derechos humanos hemos indicado un camino y se nos ha escuchado. El que hoy estemos acá, que haya participación de las víctimas, significa que se han tenido que reformar protocolos, incluso, para este proceso, los estamos construyendo. Entonces, ha sido una labor de aprendizaje que debe servir para otros procesos de búsqueda de desaparecidos en todo el país”.
