Los habitantes de dos pequeños pueblos del Casanare profundo decidieron buscar a sus muertos por cuenta propia. Los más optimistas hablan de 100 cuerpos desaparecidos.
A pesar de que se trata de pueblos pequeños donde no viven más de 4 mil personas, el terreno montañoso ha dificultado la búsqueda de desaparecidos. Foto: Equitas
En noviembre de 2002, luego de varios intentos fallidos, los paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare, lograron entrar ados municipios a tres horas de Yopal: Recetor y Chámeza. Los ‘Buitragueños’, como conocían en la región a este grupo paramilitar en alusión a la familia que lo creó, quería “ganarse” un territorio donde años atrás había hecho presencia las Farc, luego de que la fuerza pública saliera.
Los ‘paras’ reunieron a la gente y en medio de comilonas prometieron que no les harían daño, pero al mismo tiempo se tomaron las dos únicas escuelas que había en los pueblos, sacaron a los alumnos y a los profesores y las convirtieron en centros de tortura. Los habitantes fueron citados en las nuevas bases paramilitares, pero solo algunos regresaron. Los hombres al mando de Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, estuvieron cuatro meses en los pueblos y se calcula que en ese tiempo desaparecieron a por lo menos 100 personas.
En ese entonces, las familias denunciaron las muertes en las fiscalías locales pero nunca hubo avances reales en las indagaciones. En febrero de 2003, Geiner Munive Rodríguez, un joven médico de Valledupar, que luego de hacer su rural decidió quedarse en Chámeza, convocó un consejo de seguridad con las autoridades locales, entre ellos el exgobernador William Pérez (condenado por parapolítica) para denunciar las torturas, homicidios y desplazamientos que estaban causando las Autodefensas del Casanare. Días después fue citado en una de las escuelas paramilitares y lo asesinaron junto a Nayro Chaparro, el conductor de la ambulancia.
Según han contado algunos exparamilitares, ‘Los Buitragueños’ salieron de estos pueblos en marzo de 2003 porque organismos internacionales y miembros de la fuerza pública insistieron en la búsqueda de los restos de médico. Alexander Urbina, alias ‘Careloco’, quien estaba al mando de los ‘paras’ en estos municipios, ordenó desenterrar el cuerpo y arrojarlo a un río para que no lo encontraran nunca.
En el resto del país, los paramilitares desmovilizados y postulados a la ley de Justicia y Paz señalaron coordenadas exactas de la ubicación de fosas en sus versiones libres y el número de exhumaciones creció aceleradamente a partir de 2007. Pero esto no ocurrió para la mayoría de los pueblos del Casanare, pues ‘Los Buitragueños’ no se desmovilizaron colectivamente con las Autodefensas Unidas de Colombia, entre otras razones, porque no hacían parte de esa confederación delictiva.
Por eso, la comunidad se apersonó de la búsqueda y de la identificación de sus muertos. Así ocurrió con los restos de uno de los primeros desaparecidos, Adonai Romero, un joven a quien los paramilitares retuvieron cuando se adentraron en las montañas de Chámeza el 16 de octubre de 2002. Cansados de esperar una respuesta de la Fiscalía, a finales del año pasado sus familiares se entrevistaron con testigos, visitaron la escuela donde lo mataron e identificaron el lugar exacto de la fosa, ellos mismos sacaron picas y palas hasta que dieron con los huesos de Adonai. “Ya nos resignamos a encontrarlos muertos, pero somos nosotros los que estamos haciendo el trabajo de investigación, no la Fiscalía”, dijo Marcela Granados, prima de la víctima.
En este trabajo ha sido clave el acompañamiento de Familiares Colombia, una organización que ayuda a las víctimas de desaparición forzada y que las representa judicialmente, y de Equitas, una organización no gubernamental experta en temas forenses. Los investigadores se concentraron en la información que las familias y los testigos de la misma comunidad pudieran entregar, “nos dimos cuenta que es importante llegar hasta las casas, generar confianza y no entrevistar solo a uno de los familiares. Hicimos junto a ellos el recorrido que hicieron sus familiares antes de que los mataran”, aseguró Ana Carolina Guatame, investigadora forense de Equitas.
Los pocos perpetradores que hay en la cárcel y las víctimas coinciden en que son más de cien los desaparecidos, pero solo hay registro de 49 personas, seis de ellas son mujeres.Hasta el momento se han encontrado 30 cuerpos, 14 de ellos han sido identificados y entregados a sus familias, gracias a la información recolectada.
“Los casos de Recetor y Chámeza nos enseñan que no podemos conformarnos con la versión de los perpetradores, las comunidades también tienen una versión que debe que ser recuperada y valorada. Es una forma de mostrarle a la Fiscalía que hay distintas formas de hacer investigación”, dijo Diana Arango, directora ejecutiva de Equitas.
La escasa verdad de la justicia
No se sabe el total de desaparecidos, pero se calcula que son más de 100. Foto: Revista Semana.
‘Martín Llanos’ y su papá, Héctor Buitrago, alias ‘Tripas’, decidieron no desmovilizar a su grupo y fueron capturados años después. Esa decisión enterró gran parte de la verdad, porque padre e hijo se han negado a hablar de sus crímenes. Los pocos subalternos que fueron capturados han entregado verdades parciales a la justicia ordinaria y los dos desmovilizados que hacen parte de la justicia transicional aseguran que no delinquieron en el occidente de Casanare. Hasta ahora ha sido imposible que confiesen los delitos sexuales que cometieron contra las mujeres desaparecidas.
“El aporte a la verdad ha sido precario y la justicia generosa. Calcularon que lo poco que dijeron les sirviera para rebajar su pena y ya. Además, dentro de la justicia ordinaria hay menos vocación para encontrar los desaparecidos. Algunos fiscales son buenos, pero en general ha sido un trabajo muy fuerte lograr que las exhumaciones pasen a un primer plano”, dijo Ulianov Franco, director de Familiares Colombia.
La mayoría de las exhumaciones se hicieron entre 2007 y 2009, después de que se creó una comisión de fiscales para agrupar las investigaciones y no tratarlas caso a caso. Allí fue importante el testimonio de Nelson Florentino Vargas, alias ‘Azulejo’, un paramilitar que hacía parte de las fuerzas especiales, un subgrupo encargado de torturar y desaparecer a las víctimas. Sin embargo, ‘Azulejo’ no ha asumido responsabilidad por esas muertes, porque según él, solo estaba encargado de enterrarlas. (Ver: ‘Paras’ que no están en Justicia y Paz ayudan a esclarecer crímenes en el Casanare)
Ante esa falta de colaboración de los excombatientes, la Fiscalía ha detenido las exhumaciones y desde hace tres años no ha programado ninguna diligencia en Recetor y Chámeza. “Si no tienen al paramilitar que les diga dónde está el cuerpo no lo buscan. Mi mamá de 73 años que no sabe ni leer ni escribir ha sido la que ha recolectado todos los testimonios y se los ha entregado a la Fiscalía”, dijo Marcela Granados que sigue buscando los restos de su papá, José Roselino Granados, desaparecido el 11 de marzo de 2003. La familia entregó las coordenadas, pero la diligencia que tenían planeada para el pasado mes de marzo fue aplazada casi un año.
Sin información, ¿qué queda?
Los investigadores de Equitas son conscientes de que las fuentes de información comenzaron a agotarse, que los paramilitares no van a hablar más y que las comunidades han hecho su mayor esfuerzo, pero no por ello la búsqueda debe parar. “Si bien se han encontrado algunos cuerpos, sabemos que los que hacen falta no los podemos buscar por los mismos medios, es necesario aplicar la investigación académica forense”, señaló Guatame.
La fundación le ha propuesto a la Fiscalía que se implemente una metodología más científica que incluya modelos matemáticos y la delimitación de las zonas cercanas a las escuelas, que es donde más se han encontrado fosas comunes. Aseguran que hasta el momento en Colombia no se ha hecho ningún ejercicio sistemático y científico sobre una zona delimitada.
“Es un ejercicio que se ha hecho en otros países y que en Colombia no se ha aplicado, esta puede ser la ‘prueba piloto’ para encontrar los cuerpos de los que no se tienen información testimonial”, dijo la investigadora.
