De los 1.661 casos de desaparición reportados en el departamento, solo 56 familias, no más del tres por ciento, han recibido los restos de sus seres queridos. Pero el nuevo modelo que se puso a prueba en Caquetá, que integra la antropología forense y la investigación social con los procesos judiciales, brinda una nueva esperanza para las víctimas de este flagelo.
El 21 de mayo las familias de las víctimas fueron hasta la inspección de Puerto Torres en el municipio de Belén de los Andaquíes en Caquetá
Andrés Muñoz nunca se imaginó que iba a volver a la inspección de Puerto Torres en Belén de los Andaquíes, a casi tres horas de camino desde Florencia. Aunque solo tenía ocho años cuando en 2001 conoció este pueblo tomado por los paramilitares, recuerda con claridad la trocha que recorrió en chiva junto a su abuela y a su hermana buscando a su mamá, Marisela Muñoz Ruiz, los retenes de los ‘paras’ en el camino, los hombres armados trotando alrededor de la cancha del pueblo, pero sobre todo, recuerda haber visto la ropa de su mamá colgando en elalambre de púas que rodeaba la escuela, mientras un paramilitar conocido con el alias de ‘John’ le insistía a su abuela que Marisela no estaba en el caserío. Tampoco olvida que el día siguiente, a las 3 de la mañana, el mismo hombre amenazó con matarlos si no salían del pueblo.
En octubre de 2002 funcionarios de la Fiscalía encontraron los restos de Marisela y de otras 35 víctimas en fosas individuales, gracias a la información entregada por un exparamilitar. Los restos fueron exhumados y enterrados nuevamente en el cementerio de Belén de los Andaquíes sin ser identificados. Era la primera vez que se hacía una exhumación de esas proporciones, por eso se conformó una comisión con profesionales de las principales ciudades del país, entre ellos Helka Quevedo, una antropóloga forense que nunca olvidó Puerto Torres y revivió esta historia junto al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en el informe Textos corporales de la crueldad: memoria histórica y antropología forense (ver: Puerto Torres, el pueblo que los ‘paras’ convirtieron en escuela de terror)
Después de la desmovilización de los paramilitares y de las versiones que entregaron ante el proceso de Justicia y Paz, se pudieron identificar nueve de los cuerpos. El más reciente fue el de Marisela, que este año se lo entregaron a su familia. “Yo sabía que era mi hija y acepté ir a Neiva a recibir sus restos, porque desde el primer día que se la llevaron no había parado de buscarla. Hice de todo, incluso soporté las humillaciones de los paramilitares”, dijo Ana Elisa Ruiz, mamá de Marisela.
Trece años después, Andrés volvió a Puerto Torres, de nuevo con su abuela y su hermana, pero está vez también los acompañaron investigadores del Centro de Memoria Histórica y las familias de otros cuatro desaparecidos. No solo recibió los restos de su mamá, sino que gracias a la detallada investigación del CNMH, supo cómo la mataron y qué sucedía en ese pueblo aterrador que recorrió cuando era solo un niño. Conoció el patio de la escuela donde torturaban a las víctimas y el árbol donde las colgaban; visitó otra vez la cancha donde los paramilitares entrenaban; y entró a la iglesia que los ‘paras’ se tomaron y que hoy utilizan las no más de 25 familias que viven en Puerto Torres para reunirse. (Ver: La incursión paramilitar al Caquetá)
Al regresar, pudo despejar sus dudas con los habitantes de Puerto Torres: “¿por qué los mataban a todos en ese caserío? ¿Escuchaban ellos los gritos de las víctimas? ¿Cavaban ellos mismos sus tumbas?”. Sus preguntas las respondió pacientemente un hombre de más de ochenta años que durante décadas fue el sepulturero del pueblo. Le explicó que en el 2000 todo cambió cuando llegaron los paramilitares y se fueron tomando una a una las casas del pueblo; le contó que la mayoría de las víctimas venían de Florencia y otros municipios al sur del Caquetá -como en el caso de Marisela que fue retenida en Albania-; dijo que allí mismo les enseñaban a los paramilitares más jóvenes a torturar y que muchas de las víctimas eran usada para practicar. Los habitantes fueron testigos de esa tragedia, muchos se fueron amenazados y otros tantos porque no soportaron ver su pueblo convertido en una escuela de muerte.
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Los familiares que llegaron hasta Puerto Torres encendieron 36 velas en el patio del colegio y en una ceremonia religiosa les dijeron adiós a las personas que allí fueron torturadas. A la entrada del caserío se sembraron 36 árboles, los 27 que representaban a las víctimas que aún no han sido identificadas fueron adoptados por habitantes del pueblo, funcionarios locales y familiares de otras víctimas. El compromiso es no olvidarlos y, el día que se conozca su identidad, entregar la planta a su verdadera familia.
Nadie podrá regresar con vida el cuerpo de Marisela, pero gracias a un trabajo en conjunto del Centro de Memoria, funcionarios de la Fiscalía y de Medicina Legal y la colaboración de un jefe paramilitar que está postulado a la Ley de Justicia y Paz, se logró dar una respuesta más completa a los familiares. Este trabajo articulado es lastimosamente una excepción que espera replicarse en otros municipios del Caquetá.
¿Qué cuentan los cuerpos?
La escuela está actualente abandonada. Foto: VerdadAbierta.com.
Los cadáveres de las víctimas fueron la primera fuente para conocer la barbarie que estaba ocurriendo en Puerto Torres. A partir del análisis de los cuerpos se descubrió quelos ‘paras’ no solo utilizaban armas de fuego para matar a sus víctimas, sino que también usaban hachas, cuchillos y machetes. Los forenses encontraron que entre las formas de tortura se incluían extracción de dientes, choques eléctricos, punzadas con agujas en los ojos y quemaduras en la cara.
En este caso, como ocurre en la mayoría de las investigaciones de desapariciones forzadas, la información que arrojaban los cuerpos no fue tenida en cuenta dentro del proceso judicial que concluyó en la justicia ordinaria. “No puede perderse de vista en ningún momento que las ciencias forenses son un complemento fundamental de los procesos judiciales, razón por la cual deben estar coordinados, con el propósito de que la verdad que se construya en los escenarios judiciales sea cada vez más completa y atienda a todas las voces”, dice el informe del CNMH.
La antropóloga Quevedo, quien ya no trabaja como funcionaria de la Fiscalía, ha hecho un esfuerzo desde el Centro de Memoria para que todas las instituciones se conecten y desde diferentes voces reconstruyan la historia: ha hablado con los victimarios en las cárceles, se reunió con las autoridades locales, buscó a las familias de las víctimas, acompañó a los funcionarios de la Fiscalía a las exhumaciones e involucró a la comunidad de Puerto Torres.
“Esperamos que este informe desencadene procesos asociativos fuertes de colaboración y mayor eficacia entre la antropología forense, el aparato judicial y la memoria histórica. La información estaba, pero no se movía. Cuando uno ve el resultado, parece increíble que no se hubiera hecho antes en Colombia”, aseveró Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Según la investigadora Helka Quevedo, este informe es solo el principio de un trabajo que continúa y que tendrá como epicentro el departamento de Caquetá. De acuerdo con las versiones de los exparamilitares, el Centro de Memoria calcula que hay 743 fosas en los municipios del sur del Caquetá donde hizo presencia el frente paramilitar Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar. Tan solo en la inspección de Puerto Torres se cree que aún hay 200 fosas más.
El trabajo no ha sido fácil hasta ahora, pero los investigadores están seguros que en gran medida los resultados dependen de la voluntad que tengan todos los involucrados. “El informe es también un grito a los funcionarios. Es decirles ‘usted no puede dormir con unos expedientes arrinconados en su oficina, porque es secuestrar el dolor de una víctima’”, sostuvo Gonzalo Sánchez.
Un camino de dolorosas lecciones
En Caquetá se han encontrado 238 personas en fosas individuales clandestinas y en cementerios oficiales del departamento. Foto: VerdadAbierta.com
Los muertos de Caquetá fueron los primeros que le contaron al país las proporciones de la barbarie paramilitar. En octubre de 2001, un año antes de que se exhumaran los 36 cadáveres de Puerto Torres, un equipo de investigadores en el que también estaba la antropóloga Quevedo, desenterró los cuerpos de 14 víctimas en el municipio de Albania. En la Fiscalía solo había tres antropólogos forenses y hasta entonces el país no había hecho una exhumación de ese tamaño. Los habían matado dos meses antes y aún eran visibles las expresiones de dolor en sus rostros.
Quienes participaron en esa diligencia recuerdan con dolor que a la única mujer de este grupo de víctimas le habían cercenado uno de sus senos antes de matarla. “Para nosotros fue ver directamente la intensión de otro de maltratar un cuerpo. En ese momento no me di cuenta y seguí trabajando porque sabía que si paraba a pensar no iba a hacer capaz de hacerlo. Años después supe que quedé con una agresión en mi alma”, contó Helka Quevedo.
Albania solo fue el comienzo, luego fueron los 36 cuerpos de Puerto Torres y las exhumaciones no pararon en todo el país. Diligencia tras diligencia, y sin mucho tiempo para pensar, los funcionarios aprendieron a encontrar cuerpos en medio del conflicto. “La guerra exacerbó nuestra capacidad personal y profesional en esa época. Semana tras semana teníamos que salir corriendo a donde nos mandaron sin importar las condiciones de seguridad. Yo enterré a 20 compañeros míos que fueron torturados”.
Sin embargo, el mayor reto fue la Ley 975 de 2005, conocida como ley de Justicia y Paz, que le ofrecía a los paramilitares una pena no mayor a ocho años a cambio de que dejaran las armas, repararan a las víctimas y contaran la verdad. Cómo y dónde desaparecieron a las personas es parte de esa verdad. Se creó un grupo especial de profesionales para buscar a los desaparecidos, los protocolos internacionales fueron adaptados a las condiciones del país y los exparamiltares comenzaron a hablar. Entre 2006 y 2011 se encontraron 4.431 restos, más 700 cada año.
Las versiones “frescas” de los paramilitares fueron el principal insumo, pero las exhumaciones requieren de una sinergia entre instituciones que no es fácil de lograr. El Inpec debe trasladar a los victimarios, el Ejército tiene que dar el visto bueno en seguridad y los 40 antropólogos forenses que actualmente hacen parte de la Fiscalía no son exclusivos, sino que deben acudir a las diligencias que programen todas las direcciones del Ente Investigador.
En los últimos años el número de cuerpos encontrados ha disminuido, tanto que en 2014 se redujo a 339. Expertos en el tema aseguran que la mayoría de los exparamilitares y algunos exguerrilleros ya entregaron la información que conocían con certeza y las coordenadas que entregan nueve años después de que se pusiera en marcha la ley de Justicia y Paz ya no es tan fiable.
En todo el país el grupo de exhumaciones de Justicia y Paz ha encontrado 5.909 cadáveres, pero la mitad no han sido identificados y solo 2.079 han regresado a manos de sus familiares. “El balance no puede ser mirado en términos de cifras. Definitivamente ya sabemos exhumar en medio del conflicto, pero tenemos que entender que no se trata solo de correr a exhumar porque nos estamos quedando con miles de cuerpos que no tenemos la más remota idea de quiénes son”, explicó Álvaro León Polo, coordinador de grupo de exhumaciones de Justicia y Paz.
De acuerdo con el funcionario el poco personal que trabaja en los tres laboratorios calificados que existen en el país y la falta de herramientas tecnológicas conduce a que el cruce entre el ADN de los familiares y de la víctima se demore en ocasiones hasta tres años. A veces no hay ningún indicio de quién pueda ser la víctima, como ocurre con la mayoría de las 10.756 personas sin identificar enterradas en cementerios.
Caquetá es un reflejo de esta problemática, de los 238 cuerpos encontrados, solo 56 han sido plenamente identificados y entregados a sus familias. Expertos consultados por VerdadAbierta.com coinciden en que una mayor articulación de las entidades, el fortalecimiento en la investigación y un mayor contacto con las víctimas, la comunidad y los desmovilizados – no solo quienes están postulados en Justicia y Paz, sino también los que están libres – pueden brindar soluciones más efectivas para las víctimas. Por eso, lo que está pasando en Caquetá puede sentar un precedente para futuras investigaciones.
