La encrucijada de los pequeños palmeros del Catatumbo

Motivadas por el gobierno, más de 1.500 familias sembraron palma de aceite en Tibú. Hoy se enfrentan a un mercado controlado por una sola empresa y a la sombra de grandes palmicultores que al parecer se apropiaron ilegalmente de la tierra.

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“Cuando nos tachan de paramilitares solo porque tenemos palma están mintiendo y dañando nuestra imagen. Somos simplemente campesinos que nos la jugamos por una propuesta del gobierno”, aseguró Parmenio Tinoco, representante de la asociación de palmeros Asopacat, en el Encuentro Regional de Paz de Tibú, realizado hace varias semanas y al que asistieron voceros de varias organizaciones de la región. (Ver: En Catatumbo reclaman mesa con todas las guerrillas)

Como Asopacat, existen otras 17 organizaciones que representan los intereses de los palmeros que siembran a baja escala en Tibú. Su mensaje es claro: quieren participar en las discusiones sobre el desarrollo rural del Catatumbo, sobre todo en posibles escenarios de posconflicto, pero no hablan en nombre de los grandes y medianos productores de palma.

El grupo de pequeños palmicultores no es homogéneo, entre ellos hay campesinos que optaron por la palma para sustituir sus cultivos de hoja de coca para uso ilícito, víctimas de la violencia, pequeños ganaderos e, incluso, desmovilizados de grupos paramilitares. Unos y otros coinciden en que no se sienten identificados con las propuestas de las organizaciones de campesinas más fuertes de la región, como la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) que reclama que exista una Zona de Reserva Campesina ni tampoco con el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) que propone la creación de zonas agroalimentarias. Estas organizaciones pertenecen a la mesa de dialogo que el gobierno creó después del paro agrario de 2013.

Pequeños palmicultores consultados por VerdadAbierta.com en la región coincidieron en afirmar que durante el paroagrario de aquel año se atizaron algunos señalamientos en su contra que, según ellos, los estigmatiza de manera injusta y agregaron que algunos dirigentes de izquierda dijeron públicamente que los paramilitares del Catatumbo eran los verdaderos dueños de toda la palma en la región.

José*, un campesino nacido en La Gabarra que tuvo que abandonar el corregimiento después de que paramilitares del Bloque Catatumbo perpetraron dos masacres en 1999, cree que estos señalamientos generan confusiones y polarizan el ambiente, ya de por sí tenso que se vive en Tibú de tiempo atrás. En 2005 decidió unirse a un programa promovido por la Presidencia de la República para desarrollar cultivos de palma, pues quería recuperar lo que la guerra le arrebató. “Hoy no puedo creer cuando escucho que todos los palmeros del Catatumbo somos paramilitares, si fueron ellos los que a mí me sacaron de mi tierra. La mayoría de los pequeños palmeros somos campesinos de acá”, aseguró.

Palma y paramilitarismo en Catatumbo

Sin embargo, los señalamientos que vinculan el crecimiento de los cultivos de palma con la presencia del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), entre 1999 y 2006, no son infundados. Así lo evidencian recientes decisiones judiciales tomadas en los tribunales de Justicia y Paz.

En la primera sentencia proferida en octubre de 2014 contra Salvatore Mancuso, exjefe del Bloque Catatumbo, la magistrada Alexandra Valencia aseguró que este grupo tenía tres objetivos: erradicar los grupos guerrilleros, eliminar toda forma de sociedad política populista, representada entre otros por sindicatos y líderes comunales, y “la modificación del sector industrial, cuyo concepto estuvo dirigido a su fortalecimiento, con la instalación a gran escala de monocultivos de palma de aceite y otros proyectos de producción que llevaron a la transformación de la tradición agrícola”.

Dentro de este mismo proceso judicial, la Procuraduría presentó un informe sobre el daño colectivo que causó este grupo paramilitar en el Catatumbo, en el que asegura que “se aprovechó para impulsar el negocio de la palma de aceite, en grandes extensiones de tierras abandonadas o mal compradas a precios irrisorios a campesinos que habían abandonado sus parcelas, por parte de empresarios financiados y condecorados por el gobierno de Álvaro Uribe, tal es el caso emblemático del empresario cesarence Carlos Murgas, quien se ufanaba de ser amigo personal de Rodrigo Tovar Pupo, pero no de ‘Jorge 40’”. (Ver: ¿Cómo reparar el brutal daño al Catatumbo?)

Según un estudio del Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada en Norte de Santander, entre 2005 a 2009 Tibú tuvo el mayor número de compraventas autorizadas sobre predios protegidos, es decir, predios que fueron abandonados por causa del desplazamiento forzado con ocasión del conflicto armado. El periodo, según ese informe, coincide con la llegada de inversionistas de la industria de agrocombustibles interesados en comprar tierras.

Los Comités Municipales para la Atención Integral a la Población Desplazada, encargados de coordinar los predios con medidas de protección para evitar su comercialización bajo condiciones sospechosas, hicieron caso omiso de esas disposiciones y autorizaron las ventas, de igual forma que notarios y registradores desconocieron los requisitos y legalizaron las escrituras.

En mayo de 2013 una juez de restitución de tierras concluyó en un fallo que “las personas naturales y jurídicas, legales, grises e ilegales, que celebraron negocios jurídicos con quienes hoy en día solicitan la restitución de sus predios abandonados o despojados, o con susparientes, se aprovecharon de la insuperable coacción proveniente de los agentes enfrentados en el conflicto armado que generó temor fundado a los habitantes de las veredas en las que hubo presencia constante y permanente de grupos al margen de la ley (paramilitares y guerrilla)”.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) demandó a tres empresas palmeras: Bioagroindustrial de Colombia, Ecopalma e Inversiones Palma de Oriente. La entidad estatal argumenta que estas empresas acumularon ilegalmente Unidades Agrícolas Familiares (UAF), la porción de tierra que el gobierno considera suficiente -según la productividad de los suelos- para que una familia se sostenga por medio de su trabajo y salga adelante. En Catatumbo esa unidad está entre las 33 y las 44 hectáreas.

A diferencia de otros despojos impulsados por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, líderes de las Auc, en el Catatumbo no se ha demostrado la participación directa de paramilitares en la apropiación de la tierras que fue despojada. Sin embargo, como lo dice la investigadora Yamile Salinas en su libro ‘Tierras, y territorios en las versiones de los paramilitares’, hay por lo menos tres patrones comunes: 1) La toma militar y el desplazamiento a sangre y fuego con la colaboración de miembros de la Fuerza Pública, 2) la apropiación a la fuerza y la compra a menos precio de grandes extensiones de tierras y 3) la implementación de proyectos económicos de gran escala en asocio con agentes privados legales e ilegales, y públicos. (Ver: La empresa criminal para despojar tierras)

El negocio de Carlos Murgas

“La clave está en no generalizar y entender que una cosa son los grandes empresarios de la palma y otra, muy diferente, los pequeños palmicultores que, en su mayoría, son campesinos de la región”, dijo a VerdadAbierta una persona del Catatumbo que conoce de primera mano la situación y pidió la reserva de su nombre.

Desde 2002 el gobierno comenzó a pensar en la palma como un cultivo que reemplazaría la hoja de coca para uso ilícito en el Catatumbo. En 2005 en el corregimiento Campo Dos, el Programa presidencial de sustitución de cultivos ilícitos inició el proyecto piloto con 143 familias en mil hectáreas financiado por Usaid, para lo cual recibieron créditos no reembolsables. La idea era que estas familias cambiaran sus cultivos de uso ilícito por palma. Sin embargo, según los propios palmeros, no todos eran grandes cultivadores de hoja de coca, algunos incluso tenían cultivos de maíz y otros, ganado.

Este grupo de campesinos hizo parte del programa de alianzas productivas en Norte de Santander, promovidas por el Ministerio de Agricultura. El modelo funciona así: para empezar, el campesino debe hacer parte de una de las 18 asociaciones de pequeños y medianos palmicultores del Catatumbo. Los productores deben aportar la tierra y el Banco Agrario le hace un crédito a la asociación, los montos varían entre los 4 mil y 5 mil millones de pesos. Las agrupaciones de palmeros tienen un plazo de 12 años para pagar el crédito.

La mayoría de las plantaciones están en la vía que conduce de Cúcuta a Tibú, sobre todo cerca de las vías terciaras que las comunican con las zona petroleras; también hay algunos cultivos en Sardinata y Palmarito. En La Gabarra, corregimiento con la mayor cantidad de cultivos de hoja de coca, no hay asociaciones de palmeros.

Para hacer parte del programa, las asociaciones deben tener un aliado comercial, que en este caso es la Promotora Hacienda las Flores, de propiedad de Carlos Murgas, exministro de agricultura del gobierno de Andrés Pastrana, quien también tiene negocios de palma en el Magdalena Medio,Cesar y Montes de María. La entidad no solo les suministra las semillas y los fertilizantes, sino que los productores están obligados a venderle el fruto de la palma durante 25 años.

Según dicen los pequeños palmeros, el socio comercial les fue impuesto unilateralmente. “Yo fui uno de los pocos que se opuso, porque de los siete contratos que nos hicieron firmar era notorio que todos beneficiaban más al comercializador, pero me dijeron que si no estaba de acuerdo bien podía no firmar”, dijo un palmero que pidió la reserva de su nombre.

Ninguno se queja de los buenos resultados que ha dado la palma que, por las condiciones favorables de la tierra y el clima, creció en un menor tiempo de lo esperado. Sus tierras se valorizaron y la mayoría de los productores han podido comprar más hectáreas de tierra, explicó Celiar García, representante de Asogpagdos, una asociación de palmicultores de Campo Dos. Antes de la desmovilización de los paramilitares, una hectárea podía costar no más de 200 mil pesos, hoy cuesta entre cuatro y cinco millones.

Lo que no comparten la mayoría es el poder que una sola empresa maneja sobre su negocio y la obligación que tienen de venderle a la Hacienda las Flores por 25 años. “Normalmente en cualquier negocio usted queda condicionado mientras paga el crédito que en nuestro caso serían 12 años y terminaríamos en 2016, pero no a más del doble del tiempo”, aseguró un palmicultor y agregó que en este momento les están pagando un 17 por ciento por el producto entregado y las negociaciones sobre el precio no han sido nada fáciles, “si usted tiene el monopolio de la comercialización, usted impone el precio y punto”, dijo.

El contrato obligaba a la empresa del exministro Murgas a construir una planta de biodisel en Tibú en 2005, un 51 por ciento pertenecería a la empresa y otro 49 a las asociaciones de palmicultores. Aunque los palmeros han pedido una y otra vez que esa parte del contrato se cumpla, hasta el momento no se ha construido la planta. “Nos han rotulado por estar al lado de este gran empresario que puede tener negocios cuestionados, pero nosotros estamos ahí solo porque era una condición para entrar al proyecto. Eso no quiere decir que yo me sienta identificado con los negocios de Murgas”, aseguró un palmero.

VerdadAbierta.com intentó comunicarse con la filial de la Hacienda Las Flores en Norte de Santander, pero la única vocera del proyecto estaba fuera del país.

A este panorama se suma las recientes extorsiones que vienen realizando las guerrillas, especialmente las Farc, según denuncias de los palmeros. “Empezaron pidieron 250 mil pesos por hectárea y fueron bajando la tarifa y nos pedían que desdela asociación la recogiéramos la plata. Nosotros nos negamos, pero sabemos que hay palmicultores en las zonas más alejadas que la están pagando”, aseguró el director de una de las asociaciones, lo que enrarece aún más el panorama de los pequeños cultivadores de palma en el Catatumbo.