La Procuraduría expuso las múltiples heridas físicas y sociales que dejaron los paramilitares en esta región del nororiente del país y propuso acciones enérgicas para resarcir a las víctimas.
El informe que presentó la Procuraduría, ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá sobre cuáles fueron los perjuicios sufridos por los nortesantandereanos en Tibú, La Gabarra y otras poblaciones vecinas, bajo el período del terror paramilitar, conmovió a los presentes en la audiencia.
En la exposición, que se realizó durante la conclusión de la Audiencia de Incidente de las Afectaciones causadas a las víctimas dentro del proceso contra los ex integrantes del Bloque Catatumbo: Salvatore Mancuso Gómez; José Bernardo Lozada Artúz, alias Mauro; Isaías Montes Hernández, Mauricio; Jimmy Viloria Velásquez, ‘Jairo Sicario’; Juan Ramón de las Aguas Ospino, Rumichaca; Jorge Iván Laverde Zapata, ‘El Iguano’; y Lenin Palma Bermúdez, ‘Alex’, la Procuraduría hizo un largo recuento de los daños morales, sociales, materiales y políticos a las comunidades de esa región.
Según ha podido constatar la Procuraduría a lo largo de este proceso, los paramilitares no sólo mataron, desaparecieron y desplazaron forzadamente a miles de personas, sino que además humillaron a los sobrevivientes, abusaron de las mujeres, persiguieron a los homosexuales, trastornaron la psiquis individual y colectiva para siempre con actos barbáricos, contaminaron los ríos con cadáveres y con miedo, robaron las arcas municipales impidiendo que los Alcaldes y Juntas Comunales repararan caminos e hicieran obra pública, literalmente cortaron cabezas de líderes sociales y cremaron ilegalmente cuerpos, cooptaron la política para ponerla a su servicio, y allanaron el camino para que empresarios de la palma compraran tierras baratas.
El Ministerio Público, además, presentó recomendaciones de cómo reparar a las víctimas que dejaron los paramilitares durante su ofensiva y consolidación en esta zona fronteriza entre los años 1999 y 2004.
Ese informe será uno de los insumos que utilicen los magistrados para dictar sentencia contra Mancuso y sus hombres a finales de este año. La Fiscalía tiene un registro de 5.702 homicidios, 199 masacres, 1.117 desapariciones, 2.442 desplazamientos y 322 despojos atribuidos al Bloque Catatumbo.
Samuel Serrano Galvis, Procurador Judicial de Apoyo a Víctimas, explicó que por la situación de violencia que aún vive la región, esta entidad no pudo tener contacto directo con la mayoría de las víctimas. El informe está basado, además de la información recabada en el proceso de Justicia y Paz, en las investigaciones en terreno de la Fiscalía y en los informes de la Defensoría del Pueblo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la agencia de cooperación alemana GIZ.
VerdadAbierta.com presenta un resumen de las principales afectaciones que listó la Procuraduría y sus recomendaciones para reparar a las víctimas:
Llegaron masacrando…
Como en otras regiones del país, el delito que marcó la llegada de los paramilitares del bloque Catatumbo a Norte de Santander fueron las masacres. Entre el 23 y 29 de mayo de 1999, 270 paramilitares procedentes del Sur del Cesar y con la complicidad de militares y policías, entraron en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, realizaron varias masacres y asesinatos selectivos que originaron el desplazamiento de 2.500 personas.
La indolencia de la autoridades frente a la tragedia de sus habitantes se refleja en este ejemplo que presentó la Procuraduría: “El 1 de julio de 1999, tres días después de la masacre, el general Alberto Bravo Silva, Comandante General de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en respuesta a los reclamos que se hacían por parte de entidades estatales –entre ellas la Procuraduría General de la Nación- y entidades no gubernamentales, nacionales e internacionales, manifestó en referencia a las protestas campesinas de la época, que se trataba de ‘cajas de resonancia de la subversión armada, enemigos del sistema democrático, voceros de turno formados en ideologías comunistas’”.
Los asesinatos colectivos y masacres se extendieron por la región hasta agosto, marcando al mismo tiempo la expansión y consolidación a sangre y fuego de las autodefensas en la zona. Entre las masacres se tiene referencia las cometidas el 17 de julio de 1999, en el casco urbano de Tibú; el 21 de agosto, en el corregimiento de La Gabarra y, días más tarde en el Filo El Gringo, del municipio de El Tarra. Entre mayo y agosto los paramilitares asesinaron a cerca de 100 personas.
Consolidaron el miedo
El grupo ilegal impuso un nuevo orden descrito así por la Procuraduría:
*Nuevas normas y castigos:
-Los paramilitares establecieron nuevos “códigos de conducta” para mantener el control social. “Como única autoridad ilegal dela zona, las personas empezaron a recurrir a la organización criminal para la solución de sus conflictos, ante la ausencia por años del Estado”.
-Intervinieron en asuntos domésticos y de pareja.
-Controlaron las formas de vestir y de actuar en los jóvenes. No se les permitían usar aretes o llevar el pelo largo, a estos últimos les cortaban el pelo con navajas.
-Infringían “castigos”, incluso físicos, con tablas, en especial a las mujeres que eran acusadas de “chismosas” o que “no se les veía haciendo nada”.
-No permitían a los jóvenes ir a lugares de diversión.
-El informe señala que, en la actualidad, la imagen del estado es negativa: “La única acción que se asocia con el Estado, es la presencia de las Fuerzas Militares y de Policía, a quienes son vistos más como una forma de control y represión a sus justas reivindicaciones, que como cuerpos de seguridad del Estado dispuestos para la defensa de sus derechos”.
*Asesinatos selectivos (limpieza social):
-Persiguieron a los homosexuales en Puerto Santander y Tibú. Hasta el momento la Fiscalía ha legalizado 104 de estos hechos.
-En la comunidad del Zulia, los adictos a las drogas eran golpeados, maltratados, asesinados o desaparecidos. Al mismo tiempo, los paramilitares se lucraban al cobrar comisiones a los expendios de droga.
-Asesinaban a quienes señalaban de formar parte de otras organizaciones delincuenciales. También los despojaban de sus pertenencias y sus familiares eran desplazados.
*Violencia contra las mujeres:
-Desnudaban a las mujeres y las hacían caminar por la calle a manera de “castigo”, eran esclavizadas para que les cocinaran y les lavaran la ropa a los miembros del grupo ilegal.
-Entre los relatos de los pobladores hay casos sin confirmar de mujeres a las que se las llevaban, las abusaban, las asesinaban y las desaparecían.
-Muchas mujeres han callado los abusos por las amenazas de ser asesinadas. La Procuraduría cita una versión libre de Salvatore Mancuso Gómez, en la que una mujer desplazada contó que fue violada por alias ‘El Lobo’ y que no denunció los hechos, “porque las mujeres que así lo hacían eran asesinadas, es decir, eran ellas las que tenían que cargar con la culpa de haber sido abusadas”.
-Las empleadas de un bar en La Gabarra eran obligadas a tener relaciones sexuales con los paramilitares, en algunos eventos sin protección, por lo que luego fueron acusadas de transmitir enfermedades venéreas y asesinadas.
-La comunidad ha manifestado en varias ocasiones que varias niñas de la zona fueron abusadas, algunas veces obligadas a prostituirse o a ser la pareja permanente de los paramilitares.
*Violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario:
-Los pobladores han ubicado varios “cementerios improvisados” donde fueron enterradas en fosas comunes y desaparecidas algunas personas asesinadas. Entre los sitios se encuentran Matecoco en la Gabarra; la Cacaotera, en Campo Tres; vereda Cambulos, de Puerto Santander; Remolinos; Veta Central (vía La Gabarra); Las tres cuevas de la vereda El 60, en La Gabarra.
-Según la Procuraduría, “lo llamativo en estos casos es que no todos los puntos señalados por las personas, coinciden con los señalados por los paramilitares”.
-Las personas asesinadas también fueron arrojadas a ríos y caños. Muchos cuerpos fueron rescatados en Venezuela, por lo que los restos permanecen como NN en cementerios de ese país. En otras ocasiones, afirma el informe, “pasaban la frontera para cometer sus asesinatos en territorio venezolano, para que fuera allí en donde se registrara el hecho y se sepultara a la víctima”.
–Los paramilitares construyeron hornos crematorios. Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, confesó que fue él quien ordenó la construcción de los hornos para desaparecer a quienes habían sido enterrados en las fosas comunes. Sus restos eran incinerados y sus cenizas lanzadas a los ríos. “Manifestó con cierto desdén, que esos restos no serían encontrados”, señaló la Procuraduría.
*Recorridos restringidos y sitios prohibidos:
-Los paramilitares hicieron retenes y arrojaron a sus víctimas a los ríos.
-La Procuraduría encontró que los habitantes de las poblaciones ribereñas al río Catatumbo dejaron de consumir pescado y de bañarse en sus aguas. Los pobladores indicaron que los cuerpos en descomposición contaminaron el afluente y le atribuyeron brotes de alergias en la piel y otras enfermedades.
-Las autodefensas declararon la “pena de muerte” a las personas que salieran de sus casas en las noches en la región, por lo que no podían frecuentar sitios públicos nocturnos. Esta amenaza se extendió a algunos barrios de Cúcuta.
-Prohibieron el uso de pólvora o las celebraciones en las fechas representativas para la sociedad en general.
*La cooptación política a la fuerza:
-Líderes de las juntas de Acción Comunal fueron asesinados para posicionar en su reemplazo personas afines a la ideología paramilitar; de paso, se desarticularon, su buena reputación se perdió y los proyectos para el arreglo de vías terminaron después de que la maquinaria fuera hurtada.
-La comunidad de Vetas del Oriente (municipio de Tibú) relató que a un miembro de la junta de Acción Comunal lo degollaron y su cabeza fue utilizada para jugar fútbol y que un mujer fue empalada por haberse negado a darles el dinero recaudado para el arreglo de la carretera. Estos hechos no ha sido probados por la Fiscalía.
-Los líderes comunales fueron declarados como enemigos y esta figura política y comunitaria fue señalada como guerrilleros o auxiliadores.
-Con las amenazas de muerte el derecho a la protesta quedó prohibido.
– En las elecciones del orden nacional los paramilitares dieron la orden de votar por Álvaro Uribe Vélez. ‘El Iguano’ coincide con las víctimas, al confesar que mandó a hacer “camisetas para la campaña presidencial del año 2002, a favor del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, con el apoyo de Ricardo Ariel Elcure Chacón (ex senador) y Elías Galvis Rodríguez (ex jefe paramilitar asesinado), encargado de llevar a cabo estas gestiones”.
-Los paramilitares desviaron recursos públicos locales para financiar sus acciones bélicas, lo que ocasionó que la inversión en el desarrollo local disminuyera (construcción de vías, proyectos productivos, mejoramiento de los servicios públicos).
-La Procuraduría resalta la impunidad en la ‘parapolítica’ de la región, el organismo sostiene que los nexos entre autodefensas y políticos no han sido revelados en su totalidad.
*Siembran coca, despojan y compran barato:
-En su plan de consolidación, los paramilitares aumentaron las masacres en 2001. La intención del grupo ilegal era “establecer una franja del territorio que dividiera el norte del centro del país, que les permitiera controlar los lugares de producción de coca ubicados entre el Urabá, Bajo Cauca, Sur de Bolívar y el Catatumbo”.
-Los cultivos incrementaron con la llegada de los paramilitares. “En el año 1998, en el Municipio de Tibú, se calculó que los cultivos de coca eran de 2.580 hectáreas, cifra que se incrementó de manera progresiva hasta situarse en 12.390 para el año 2004 (año de desmovilización del Bloque Catataumbo)”.
-Los paramilitares asesinaron a pobladores que promovían la sustitución de los cultivos ilícitos por lícitos. También atacaron a fiscales que investigaban el narcotráfico en la región.
-La mano de obra se encareció por el cultivo de la coca. Los campesinos no cosechaban sus propios alimentos si no que los compraban ya procesados.
-Los paramilitares desplazaron a los campesinos que se negaron a sembrar la coca.
-Los paramilitares despojaron a los propietarios de pequeñas parcelas para conformar grandes terrenos y destinarlos a actividades ilícitas.
-La Procuraduría indica que “se aprovechó para impulsar el negocio de la palma de aceite, en grandes extensiones de tierras abandonadas o mal compradas a precios irrisorios a campesinos que habían abandonado sus parcelas, por parte de empresarios financiados y condecorados por el gobierno de Álvaro Uribe, tal es el caso emblemático del empresario cesarence Carlos Murgas, quien se ufanaba de ser amigo personal de Rodrigo Tovar Pupo, pero no de ‘Jorge 40’”.
-Al día de hoy el Ministerio Público encontró que “los medios de subsistencia en la zona se redujeron al negocio de la coca; no hay proyectos productivos y los que hay se basan en la producción de palma africana”.
¿Cómo repara al Catatumbo?
La siguientes son las solicitudes que planteó la Procuraduría para reparar a las víctimas del Catatumbo y que serán tenidas en cuenta en la sentencia que dicte el Tribunal de Justicia y Paz contra Mancuso y los hombres bajo su mando.
*Más Estado
-El Ministerio Público sostiene que el punto de partida para subsanar los daños causados por los paramilitares en el Catatumbo es la presencia del Estado a través de sus instituciones (Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría).
*Develar más parapolítica
– Los postulados podrían contribuir a visibilizar las relaciones entre los paramilitares y los funcionarios en la región. También “con gente de la misma comunidad que facilitó su ingreso y permanencia, con la empresa privada y con todos aquellos que se identificaron con sus planteamientos, así como sus vínculos con el narcotráfico y el despojo de tierras en las que hoy se levantan proyectos productivos”.
*Resacir la psiquis y la dignidad
– Creación, implementación y promoción de un Programa de Atención Psicosocial Comunitario para la dignificación de las víctimas de la violencia en cada uno de los municipios afectados.
-Priorizar la zona para la ubicación de fosas en donde pueda haber restos de víctimas inhumadas por los paramilitares. Para esta labor, dada la escasa colaboración de los desmovilizados, se debe recurrir a al conocimiento que tenga la comunidad.
-Previa consulta a la comunidad y con su anuencia, se lleven a cabo celebraciones simbólicas de resarcimiento, tendiente a la purificación de las cuencas hidrográficas y los lugares en donde se construyeron los hornos crematorios. La efectividad de esta medida, debe ir acompañada de la mención de cada una de las víctimas cuyos restos se tenga la certeza fue arrojada al río y/o incinerada previa la consulta con los familiares y la comunidad.
*No repetición, arrepentimiento y justicia
– Que exista una restricción voluntaria de la presencia de los postulados en el Catatumbo “como garantía de no repetición, en todos los municipios en los que operó el bloque”.
– Crear e implementar un programa para recuperar el tejido social específicamente para las víctimas de La Gabarra y Tibú, que cuente con la participación del SENA y el Ministerio de Educación, para la implementación de programas que vinculen a la comunidad al desarrollo de proyectos productivos que permitan la sustitución de cultivos ilícitos.
-Solicitud pública de perdón por parte de los postulados, a los habitantes de la zona de Catatumbo. “Para esta medida habrá de tenerse en cuenta a la comunidad, su deseo de conceder el perdón y la voluntad real de los postulados, bajo el entendido que el perdón es un acto voluntario tanto de quien lo ofrece, como de quien lo recibe”.
-Que los postulados aclaren a toda la sociedad de los municipios afectados, que no es legítimo asesinar a cualquier ciudadano por sus posiciones políticas, sus actividades sindicales, reivindicación de los derechos humanos, modo de vidau orientaciones sexuales.
-Que el postulado reconozca el daño colectivo que generó en estas comunidades con el fin de comprometerse a que no se repetirá. Que el acto público sea ampliamente difundido a nivel local, tanto en medios impresos como por radio y televisión regional.
-Capturar a Armando Alberto Pérez Betancourt, alias Camilo, ex jefe paramilitar del Bloque Catatumbo y “a quien se le señala de haber sido el promotor de varios de los delitos más atroces en la zona”.
*Enterrar a los muertos y desenterrar verdades ocultas
– Exhumar los cadáveres que se encuentran sepultados en la región fronteriza y en las poblaciones ribereñas del río Catatumbo en el territorio venezolano.
-Ahondar en la problemática histórica del Catatumbo. “Realizar una investigación de memoria histórica que concluya con un libro, que evidencie el histórico abandono estatal de la región y la dinámica de incidencia de los grupos armados ilegales y sus acciones delictivas contra la población civil que habita esta región”.
