En el Urabá, militares, policías y alcaldes sellaron un macabro pacto con esta facción paramilitar, que terminó convirtiéndose en el poder político y militar de la región.
El Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) no hubiera alcanzado el control militar ni la influencia política y social que logró en el Urabá antioqueño y chocoano si no hubiera contado con la complicidad, apoyo y protección de policías, militares, alcaldes y funcionarios de administraciones locales.
Así lo demuestran las confesiones entregadas por el máximo comandante de esta facción paramilitar, Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, y varios de sus subalternos a fiscales de Justicia y Paz y que fueron reveladas recientemente ante los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.
En ellas, los postulados han señalado cómo militares y agentes de Policía se abstuvieron de perseguir a miembros del Elmer Cárdenas pues, según palabras de Rendón Herrera, “había un acuerdo de no agresión. Primero, porque el enemigo era la guerrilla y nosotros los estábamos combatiendo y así la guerrilla no iba a atacar a la Policía. Entonces, ellos no nos iban a atacar tampoco”.
A los apoyos de sectores de la Fuerza Pública se le sumaron los de mandatarios locales y empleados de las alcaldías de municipios del área de influencia de este bloque paramilitar, que cobijó regiones del norte de los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba. Subalternos de alias ‘El Alemán’ describieron cómo por lo menos un alcalde les pagaba víveres para el sostenimiento de las unidades paramilitares.
Policías y militares
Según las versiones del ‘Alemán’, él personalmente se encargó de contactar a cada comandante de estación de Policía o de brigada del Ejército que llegó a estar en la zona, a fin de asegurar el libre tránsito y accionar de sus hombres.
“A mí me llegaron a interceptar las (lanchas) pirañas del Ejército, cuando iba por el Golfo (de Urabá) con hombres armados. Me preguntaban que quién era yo y les decía: soy el comandante Fredy Rendón, entonces me saludaban y me decían: ‘siga, no hay problema’. Igual, llegamos a viajar cuatro, cinco camionetas, llenas de hombres vestidos de civil con fusiles, desde Necoclí hasta Mutatá y cuándo pasábamos por los retenes de la Policía, nos saludaban, nos decían: ‘adelante’”, narró el jefe paramilitar.
En este caso, como en muchos otros que tuvieron lugar a lo largo de la geografía nacional, sectores de las fuerzas de seguridad del Estado sellaron una alianza macabra con los paramilitares con el supuesto fin de combatir a un enemigo en común: la guerrilla. En la zona de influencia del Elmer Cárdenas, el Frente 5 de las Farc mantenía una presión tan fuerte sobre los municipios chocoanos de Unguía, Riosucio, Acandí y los antioqueños de Murindó y Vigía, que la balanza de la guerra parecía inclinarse a favor del grupo insurgente.
Para cortarle los corredores de movilidad a esta facción de las Farc, Ejército, Policía y paramilitares lucharon hombro a hombro como un comando unificado.
“Donde nosotros tuvimos presencia siempre mantuvimos una relación permanente con la fuerza pública, llámese Policía, Ejército o quien estuviera (…) éramos un soldado más, un policía más. Combatíamos juntos. Si necesitaban munición, les dábamos; si nosotros necesitábamos munición, ellos nos daban. Incluso, a veces les regalábamos víveres y objetos de intendencia a las tropas asentadas en las zonas rurales”, relató ‘El Alemán’ ante un fiscal de Justicia y Paz.
Articulados de esa manera repelieron ataques guerrilleros contra poblaciones chocoanas, como el lanzando el 18 de enero de 1998 contra la localidad de Riosucio, Chocó, que fue contrarrestado por efectivos del comando de Policía Chocó, soldados del Ejército Nacional y miembros del Élmer Cárdenas. Tal estrategia fue eficaz para pelearle territorio a los insurgentes en zona rural de Acandí, Chocó, a nombre de las Fuerzas Militares.
“Cuando nosotros ingresamos a Acandí, el comandante de Policía nos dijo: yo no peleo con la guerrilla (…) nosotros comenzamos a hacer lo que las Fuerzas Militares no hacían o no podían hacer”, agregó ‘El Alemán’. Y fue de esta forma como la Fuerza Pública comenzó a mostrar resultados operacionales. “Hubo un año en que la Fuerza Pública informó sobre 25 bajas de guerrilleros. De esas, solo una fue en combate entre guerrilla y Ejército. Las otras las entregamos las ‘Autodefensas”, explicó Rendón Herrera.
A juicio de la Fiscalía 48 delegada ante Justicia y Paz, encargada de documentar los crímenes de este bloque, fueron estos pactos celebrados con los representantes del Estado los que explican el por qué los hombres del bloque Elmer Cárdenas cometieron toda clase de excesos y vejámenes contra la población civil en el más completo manto de impunidad.
Autoridades civiles
Las alianzas fueron más allá de la Fuerza Pública. En su estrategia de avanzar contra la guerrilla de las Farc, este bloque paramilitar controló varias alcaldías, personerías, juntas de acción comunal y hasta entidades financieras estatales con presencia en la zona.
La injerencia del Elmer Cárdenas en la vida social de los municipios de su área de influencia llegó a tal punto que fueron sus integrantes y no las alcaldías locales, quienes lideraron campañas de salud sexual y reproductiva, jornadas de vacunación y de promoción de hábitos de vida saludables.
El reconocimiento a la autoridad paramilitar también alcanzó para que la Caja Agraria (hoy Banco Agrario) le otorgara un préstamo a campesinos del municipio de Necoclí teniendo como fiador a alias ‘El Alemán’.
“Fue un préstamo de mil millones de pesos para sembrar maíz. Yo serví de fiador de palabra y como la mayoría de las tierras no tienen escritura pública, entonces la Caja Agraria desembolsó de buena fe. Y yo me la pasaba encima de los campesinos diciéndoles que no podíamos quedar mal porque no nos volvían a prestar. Yo hablé personalmente con el gerente de la Caja Agraria y con los visitadores que se paseaban por las tierras de Necoclí”, explicó el jefe paramilitar.
Otro postulado de este bloque, llamado Miguel Enrique Vergara Salgado, alias ‘Cepillo’, quien fuera comandante del grupo de ‘urbanos’ en el Atrato Medio, explicó cómo hubo alcaldes que colaboraron voluntariamente con la causa paramilitar pagando, por ejemplo, víveres para el sostenimiento de pequeñas unidades del Elmer Cárdenas.
“Una vez me desplacé a Quibdó y estando hospedado allí, me llaman para que recogiera unos víveres: arroz, azúcar, galleta, todo lo que necesita una tropa. Era una remesa por ahí de cuatro millones de pesos, que nos había mandado el alcalde de Vigía (del Fuerte), un señor Damián”, declaró alias ‘Cepillo’.
El alcalde al que hizo referencia este paramilitar es Pastor Damián Perea, quien fue elegido para el periodo 1998-2000, pero no alcanzó a terminar su gestión porque fue asesinado por la guerrilla de las Farc durante una cruenta incursión perpetrada el 24 de abril de 2000 a esa localidad del Atrato medio antioqueño en la que perecieron 20 personas, entre civiles, policías y militares.
Pero de acuerdo con las versiones de los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas, no sería el único mandatario local que les prestó apoyo, en ese grupo también estarían comprometidos mandatarios locales de poblaciones del Urabá chocoano y antioqueño. De hecho, ya se han adelantado más de 25 capturas contra dirigentes políticos de la región.
Durante una audiencia de legalización de ex miembros de esta facción paramilitar realizada en Medellín, el Fiscal 48 indicó que desde el 28 de septiembre de 2011 había compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigara a exalcaldes y otros funcionarios nombrados por el postulado Vergara Salgado, sin embargo, a la fecha el proceso sólo está en etapa previa, asunto que inquietó a los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.
“La compulsa de copias debió hacerse desde el 24 ó 25 de abril de 2009”, precisó el magistrado Juan Guillermo Cárdenas Gómez, pues la información en contra de esos funcionarios se conocía desde el día 23 de ese mes y año, fecha en la cual alias ‘Cepillo’ los involucró. “La Fiscalía debió hacerlo en esos días y no dejarlo para dos años después”.
Cárdenas Gómez también se mostró inquieto porque luego de 14 meses de haberse compulsado las copias la investigación esté en etapa previa: “queremos saber qué ha pasado con esas investigaciones. Yo espero que no duerman el sueño eterno en los anaqueles del Ente acusador”.
Las investigaciones referidas están bajo responsabilidad de la Fiscalía 22 Especializada de la Unidad Antiterrorismo, con sede en Bogotá, bajo el radicado número 346. El expediente involucra a los exalcaldes Cayetano Tapias Romero (Unguía, 1995-1997); Cecilio Moreno Arroyo (Riosucio 2000-2003); Faustino Martínez (Riosucio, 1995-1997); Hernando de la Rosa (San Juan de Urabá 2008-2011); Narciso Sossa Martínez (Acandí, 1995 – 1997); Emiliano Perea Córdoba (Vigía del Fuerte, 2002-2005); Servando Córdoba Córdoba (Vigía del Fuerte, 2001-2003); José Phiidalgo Banguero Zapata (Apartadó, 2004-2007); Oswaldo Cuadrado Simanca (Apartadó, 2008-2011) y a Pastor Damián Perea (Vigía del Fuerte, 1998-2000, ya fallecido).
Además, el Fiscal 48 Delegado ante Justicia y Paz también compulsó copias sobre estos exfuncionarios a la Procuraduría General de la Nación para que asuma las investigaciones disciplinarias respectivas.
La magistratura de Justicia y Paz quedó a la espera de un nuevo informe de la Fiscalía 48 que dé cuenta de los procesos que se adelantan contra estos exalcaldes, así como de cerca de 200 compulsas más contra miembros de la Fuerza Pública, quienes, por una razón u otra, acabaron apoyando y protegiendo al Bloque Elmer Cárdenas, la más poderosa fuerza militar y política del Urabá chocoano y antioqueño durante buena parte de las décadas del noventa y principios de 2000.
