La autorreparación (Semana)

      

Un mensaje de ‘Jorge 40’ a sus comandantes confirmaría que el propósito de este comandante de entregar fincas para la reparación busca realmente que queden en manos de sus hombres. ¿Qué tan fácil es que suceda esto?

 
Jorge 40. Foto Semana

El pasado 9 de febrero, llegó un mensaje de urgencia a los correos electrónicos de 11 de los jefes del Bloque Norte de los paramilitares. El remitente era el máximo jefe de este grupo, alias ‘Jorge 40’. El motivo de tal apremio era el siguiente: “Les reitero la urgencia y necesidad de que cada uno de ustedes elabore el listado de todas las fincas o tierras que se encuentran desocupadas en cada una de sus áreas de responsabilidad, esto es fundamental, pues al devolverlas causarían dos efectos, uno reparación, y el otro, podrían ser adjudicadas por el Incoder según conversación que realice con el gobierno nacional para los proyectos productivos beneficiando nuestros hombres…”.

Son pocos los mensajes que quedaron en el llamado computador de ’40’ incautado por las autoridades que muestran esa inminencia. Sólo es comparable con otros, de la misma época, en los que da instrucciones para que recluten gente, la entrenen y la hagan pasar por desmovilizados. ¿Estaba el jefe paramilitar fraguando un truco?

Para esa época ya se conocía el decreto reglamentario de la Ley de Justicia y Paz. En él se incluyó un parágrafo que ha sido considerado uno de los grandes ‘micos’ de la ley. Según ese aparte, los paramilitares pueden hacer reparación colectiva entregando tierras con proyectos productivos que beneficien, además de comunidades afectadas, desplazados y campesinos, también a reinsertados de escasos recursos.

En estricto sentido, el mensaje de ‘Jorge 40’ no estaba proponiendo nada clandestino. Así quedó la ley. Pero el hecho de ponerles a sus comandantes la zanahoria de que esas tierras volverían a manos de sus hombres, sí pone en evidencia que para el jefe paramilitar poco peso tienen las víctimas de su barbarie a la hora de la reparación, cuando es obvio que ellas deberían ser las principales beneficiadas. El asunto podría parecer una mera especulación, de no ser por información adicional en el mismo computador y por la forma como se han dado los hechos.

En los chats encontrados hay uno de octubre de 2005 en el que alias ‘Antonio’, el segundo hombre del Bloque Norte, le da instrucciones a alias ‘Gonzalo’, el jefe de finanzas de ese grupo, para que se reúna con un funcionario del Incoder. Se trata del polémico Ómar Quessep, que en ese momento era el subgerente de Ordenamiento Social de la Propiedad de esa entidad y que está siendo investigado por una grabación en la que, al parecer, ofrece entregar fincas a cambio de dinero. En el intercambio de mensajes, los paramilitares se refieren a conversaciones previas que han tenido con él y a la preocupación porque saquen a Quessep de la entidad y no “salga adelante el tema de los predios”. El temor de la salida de este funcionario podría estar relacionado con los cambios que por esos días se dieron en la gerencia del Incoder.

El otro mensaje que menciona a este funcionario se envió dos días después de que el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, lo retiró del Incoder. “Ese marica del Ministro lo buscó hasta encontrarle la caída. Esa vaina toda lavida se ha hecho en el Incoder, pero como el Ministro se la tiene adentro a Ómar, se la hizo, y lo sacó. Eso me lo comentó ayer Javier Cáceres”, le dice ‘Gonzalo’ a ‘Antonio’. El congresista Cáceres dijo a SEMANA que no conoce a estos personajes y que él habló con mucha gente sobre el tema del Incoder.

Llama la atención que en la grabación que llevó al retiro de Quessep y que está siendo evaluada por las autoridades, éste comenta que la entidad fue entregada al movimiento político Colombia Viva, donde hay varios congresistas cuestionados por supuestas relaciones con los paras. También dice que él es cuota del senador Jairo Merlano, quien se entregó a la justicia tras una orden de la Corte Suprema de Justicia por posibles nexos con este grupo armado ilegal. SEMANA confirmó en Sucre que la cercanía de Quessep con Merlano era conocida, pues el primero fue secretario de Hacienda en uno de los períodos en que Merlano estuvo en la Alcaldía. También confirmaron que había una estrecha relación entre Quessep y Muriel Benito Revollo, ex congresista detenida también por su posible cercanía con los paramilitares. SEMANA contactó a Quessep, quien dijo que nunca ha tenido contacto con paramilitares y que cualquier declaración debía consultarla primero con su abogado.

¿Es acaso todo el episodio de Quessep pura coincidencia con lo que tenía en mente ‘Jorge 40’ cuando les pidió a sus hombres la lista de fincas, con miras a utilizarla para proyectos productivos de su propio grupo? ¿Se sentía seguro deque podía presentar esas tierras como reparación y volverían a sus manos? ¿Qué tanto han estado infiltradas las entidades del gobierno relacionadas con el reparto de tierras?

Los proyectos productivos con reinsertados despiertan tal inquietud, que incluso la Procuraduría General de la Nación ha alertado que de no tenerse suficientes controles, estos se podrían convertir en una gigantesca operación de lavado de activos. Por eso, ese órgano de control está revisando con lupa uno a uno de los beneficiarios de las tierras entregadas en estos proyectos.

La experiencia de estos proyectos es muy reciente, pero ya hay unos hechos que preocupan. Para proyectos productivos con reinsertados, el Incoder está destinando los predios que le entregó la Dirección Nacional de Estupefacientes y que pertenecían al narcotráfico. SEMANA, en un reciente informe (edición #1.276), mostraba cómo esta política ha fracasado en gran medida por los líos jurídicos que traen estos bienes encima. También allí se cuenta cómo algunos de estos predios han terminado en manos de paramilitares no desmovilizados, como una parcela en el Meta, o de familias auspiciadas por este grupo, como es una gigantesca finca en el Golfo de Morrosquillo en un área dominio de ‘Jorge 40’

Estas entregas de tierras para que los reinsertados desarrollen proyectos productivos se han dado este año. El mayor volumen está en Magdalena, con 1.120 hectáreas, y otras 1.000 repartidas en Quindío, Santander y Valle del Cauca. Los proyectos son acompañados por la oficina de Proyectos Productivos por la Paz, adscrita a la del Alto Comisionado por la Paz. Esta dependencia tiene a su vez proyectos desarrollados en fincas de particulares en Valencia y Tierralta, en Córdoba, y en Turbo, Antioquia. Es de notar que para nuevos proyectos ya están aceptadas fincas como la célebre Las Tangas, que fue de Fidel y Carlos Castaño, gestores de las autodefensas.

Otra entidad que maneja proyectos similares está adscrita a Acción Social. Hoy tiene un proyecto piloto sólo con reinsertados del grupo Élmer Cárdenas, bajo el mando de alías ‘El Alemán’. Este comandante es conocido por proyectos productivos que desarrolla desde hace un par de años en tierras y con recursos de dudoso origen.

Todos los funcionarios entrevistados para esta nota son categóricos en decir que tras los proyectos productivos no existe acuerdo alguno con los paramilitares, diferente a lo que conoce el país. Victoria Restrepo, quien tiene a su cargo el proyecto con reinsertados de ‘El Alemán’, dice que no se han usado las tierras ni los proyectos de ese ex jefe paramilitar. El Ministro de Agricultura afirma que la situación del Incoder se corrigió, desde cuando se nombró a su nuevo gerente, Rodolfo José Campo Soto. En Valledupar, su tierra natal, es considerado un político conservador de trayectoria cercana a la casa Cuello Baute. Por su parte, Juan B. Pérez, quien lidera los proyectos en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, acepta que han tenido dificultades. Reconoce que incluso una de las primeras empresas en ofrecerse para estos proyectos fue Urapalma, una empresa cuestionada por supuestamente tener sus cultivos en tierras usurpadas por los paras en Chocó. “Luego de que esto trascendió a la opinión pública se cancelaron los acercamientos con un señor Pretelt que nos buscó”, dice. Insiste en que pese a éstas, se están sacando adelante proyectos que ya involucran 6.704 reinsertados.

En este caso no se puede decir que hecha la ley, hecha la trampa. De por sí la ley quedó con un resquicio que permite a los paramilitares entregar tierras para sus reinsertados y que esto les cuente como reparación. Pero si sólo las entregan con ese fin, deja en evidencia que más que buscar una reconciliación verdadera reparando a las víctimas, lo que está primando es la filosofía del “cómo vamos yo y mi gente”. La clave está en hasta dónde el gobierno se los permita.

Publicado en Semana 11/18/06 Edición 1281