Luis Fernando Suárez Vélez, hombre curtido en la administración pública, será el responsable de sacar adelante la política de seguridad y convivencia en Antioquia. Recibe el departamento con varias “zonas rojas” y con el reto de implementar acciones contundentes para enfrentar los principales flagelos que aquejan al departamento: cultivos ilícitos, minería ilegal, microtráfico, reducción de homicidios.
“Recibimos el departamento con una situación compleja en materia de seguridad, con afectaciones graves al orden público y la seguridad ciudadana. Las situaciones más críticas las tenemos en Bajo Cauca, en parte de los municipios del Nordeste y algunos del Norte de Antioquia, especialmente Ituango, Briceño, Valdivia”, reconoció Luis Fernando Suárez Vélez, secretario de Gobierno de Antioquia, encargado de garantizarle la seguridad y la convivencia a los antioqueños.
Las pocas semanas que lleva en uno de los cargos más importantes de la administración departamental han sido suficientes para tener un diagnóstico claro sobre lo que está pasando en materia de seguridad en Antioquia, particularmente en las subregiones mencionadas. “Allí, claramente hay un corredor geoestratégico donde estructuras criminales, grupos armados organizados (GAO), y grupos armados residuales (disidencias) están teniendo una pugna, una confrontación por el control territorial y todo ello con el fin de controlar las rentas ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, la extorsión y la minería ilícita”.
Para Suárez Vélez, un factor indicativo de la delicada situación de orden público que vive Antioquia lo constituyen la emisión de 23 Alertas Tempranas por parte del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo durante los últimos cuatro años, de las cuales, unas seis corresponden sólo a la región del Bajo Cauca antioqueño.
“La última la recibimos la semana pasada, la 004 de 2020, que aborda las problemáticas que viven ahora las comunidades de Ituango y Briceño. Estamos atendiendo estas Alertas Tempranas y es un tema de trabajo permanente con la Fiscalía, con la Policía y el Ejército. Este jueves vamos a estar revisando nuevamente esas Alertas con el Ministerio del Interior en Medellín”, aseveró el secretario de Gobierno. (Leer más en: Disidencias de las Farc y ‘gaitanistas’: la nueva guerra que se cocina en Ituango)
Atendiendo el lema de la actual administración departamental de “primero la vida”, el Secretario de Gobierno propuso como meta una reducción de los homicidios en un cinco por ciento durante los primeros cien días de gobierno, cantidad que por ahora se logró en enero, cuando la disminución alcanzó el 7,8 por ciento, aunque, para el funcionario, es “una cifra agridulce porque tenemos reducciones en cuatro subregiones, pero aumentos de homicidios en otras cinco”.
Al respecto, el funcionario señaló que enero de 2019 se contabilizaron 216 homicidios, mientras que en el mismo mes de este año la cifra se ubicó en 199. Sin embargo, si bien el Urabá antioqueño, el Valle de Aburrá, donde se encuentra la capital departamental, Medellín; así como las regiones de Occidente y Oriente registraron disminuciones en los homicidios durante los primeros 31 días de 2020, en los demás territorios antioqueños se registraron incrementos, algunos de los cuales despiertan serias preocupaciones.
Así, el aumento más sensible se registró en el Nordeste antioqueño, donde hubo 19 homicidios, seis casos más a los reportados en enero de 2019 (13 homicidios). El Suroeste del departamento también pasó de contabilizar 31 homicidios en enero del año pasado a un total de 36 en el mismo mes de 2020. Los asesinatos tampoco cedieron en Bajo Cauca, pues en el primer mes de este año se reportaron 39 casos mientras que el año pasado, en el mismo periodo, se cometieron 28. En el norte de Antioquia se presentaron dos homicidios más a los perpetrados el año pasado, mientras que el Magdalena Medio antioqueño se presentó un caso más con respecto a 2019.
Por ello, para alcanzar la meta propuesta por la administración departamental, el funcionario señaló que en las próximas semanas comenzará la formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento, la hoja de ruta para enfrentar todas las manifestaciones de violencia que aquejan a los antioqueños.
“Queremos apostarle a una gran agenda por la defensa de la vida en Antioquia. En esa ruta, nos proponemos trabajar muy de la mano con la Fiscalía, la Policía, el Ejército”, declaró Suárez Vélez, quien agregó que “queremos fortalecer capacidades de investigación, la Unidad de Vida de la Fiscalía y capturar homicidas. Un objetivo de este gobierno es reducir la impunidad en el delito del homicidio. Es cierto que hay avances, pero claramente, las cifras no nos satisfacen”.
VerdadAbierta.com dialogó con Luis Fernando Suárez Vélez, secretario de Gobierno Departamental, para conocer detalles de la estrategia que llevará a cabo la administración departamental para enfrentar flagelos como los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la expansión del microtráfico.
La apuesta es por sustitución
VerdadAbierta.com (VA): ¿Cuál será la estrategia que adoptará la Gobernación de Antioquia para combatir la presencia de cultivos ilícitos en Antioquia?
Luis Fernando Suárez Vélez (LFSV): Con respecto al tema de cultivos ilícitos, debo decir que es materia de preocupación, pero de prioridad para el gobierno departamental. Vemos con preocupación que el PNIS (Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos), que es el programa liderado por el gobierno nacional, viene incumpliéndole a las personas beneficiarias. Esto es muy grave porque si el gobierno nacional, que viene liderando esa estrategia de erradicación y sustitución les incumple a las personas, eso destruye confianza y dificulta que los procesos sean sostenibles en el tiempo.
VA: ¿Eso quiere decir que la actual Gobernación de Antioquia ve con buenos ojos el PNIS?
LFSV: Lo primero: nosotros hemos conversado con las directivas del PNIS, queremos aportar y apostarle. Estamos convencidos que hay dos o tres elementos que son fundamentales en el programa de sustitución. Lo primero es, la legalización de la tierra. Si una persona está hoy con plantaciones de cultivos ilícitos en terrenos baldíos, vemos que ahí no hay un incentivo para que haya una erradicación, pero de la mano con la legalización de la tierra tiene que haber proyectos productivos sostenibles, con asistencia técnica, con acompañamiento, pero asegurándole a la persona que se le compran los productos que cultive. O sea, la integración completa para que estas personas que se someten voluntariamente a erradicar, se les acompañe con asistencia técnica pero también se les asegure la compra de sus cultivos.
VA: ¿Qué pasará con el programa Antioquia Libre de Coca, la estrategia adoptada por la anterior administración departamental?
LFSV: Existe la ordenanza en el departamento que se llama Antioquia Libre de Coca, pero más que la ordenanza y las líneas de trabajo de la ordenanza, queremos hacer un trabajo muy integral en el territorio, en esa ruta de sustitución, pero con proyectos productivos.
VA: ¿El gobierno departamental estaría a favor de regresar a las aspersiones aéreas con el herbicida Glifosato?
LFSV: Bueno, el gobierno nacional viene trabajando un proyecto de decreto para reglamentar el tema. Nosotros seremos respetuosos de la directiva que establezca el gobierno nacional. Este es un tema muy complejo. Antioquia tiene hoy 14 mil 500 hectáreas de hoja de coca sembradas, se sustituyeron 21 mil, pero hay 14 mil 500 sembradas. Eso quiere decir que lo que se está haciendo no es suficiente y no es sostenible en el tiempo. Aquí yo tengo que usar una aseveración de tipo práctico: ‘ni nunca ni siempre’. Siempre aspersión aérea: no. Pero habrá sectores del país que por la extensión de los sembrados de hoja de coca sea necesario la aspersión en el marco del decreto que muy posiblemente el gobierno nacional va expedir. Pero nosotros vamos a apostarle muy fuerte a la sustitución de cultivos con proyectos productivos sostenibles.
VA: Otro problema que viene aquejando al departamento es la expansión del microtráfico, incluso, en zonas rurales…
LFSV: Un tema muy complejo. Ese es un tema de muchísima preocupación. Si hay estructuras criminales que están haciendo presencia en los municipios y están confrontándose por el control del microtráfico es porque el tamaño de la renta es muy grande. Lo que quiere decir que el tamaño de consumidores es muy grande. Yo creo que no estamos haciendo lo suficiente en materia de prevención de las adicciones entre nuestros jóvenes y estamos ahí frente a un problema de salud pública muy complejo.
VA: El otro problema que aqueja al departamento es la minería ilegal, pero, ¿esta Gobernación qué estrategia adoptará? ¿Persecución o formalización?
LFSV: Ahí tiene que haber toda una gama de estrategias y de proyectos. La Secretaría de Minas tiene que ser protagonista de primer orden, pero también la Secretaria de Gobierno porque, con total decisión hay que confrontar y atacar las estructuras criminales que tienen esa renta ilícita de la minera ilegal. Creemos que hay que trabajar con los mineros ancestrales, con los pequeños mineros, avanzar en su formalización y legalización.
VA: Una de las observaciones hechas por los funcionarios de la actual administración departamental es que hay gran debilidad en materia de cifras e información sobre seguridad y convivencia en el departamento. ¿Qué tanto puede afectar las acciones de una secretaria como la de Gobierno?
LFSV: No, de ninguna manera. Eso lo que genera para nosotros es un gran reto en conformar y fortalecer un sistema de información confiable que genere información válida y oportuna para tomar decisiones, pero queremos más. Queremos crear un observatorio de derechos humanos en Antioquia que nos de información útil para tomar mejores decisiones.
