En 15.669 compulsas de copias repartidas por todo el país quedaron pendientes las investigaciones a empresarios, militares y políticos que, según la versión de los desmovilizados, patrocinaron a los grupos armados. Por eso el fiscal general, Eduardo Montealegre, ha llamado a la Ley de Justicia y Paz como una “sinfonía inconclusa”.
De derecha a izquierda. General (r) Mario Montoya (señalado por su presunta participación en la Operación Orión), el fallecido Víctor Carranza (según los postulados, fue uno de los fundadores de las Auc), general (r) Alejandro Navas (se ha pedido que se investigue su relación con la masacre de la Horqueta) y Santiago Uribe (acusado de ser uno de los fundadores de ‘Los doce apóstoles’. Fotos: archivo Semana.Negligencia, fuerzas oscuras que frenan investigaciones, pero sobre todo una absoluta desconexión al interior de la Fiscalía han impedido que se conozca quiénes fueron los que desde la legalidad apoyaron y actuaron en conjunto con las Autodefensas Unidas de Colombia. Aún no hay certeza de cómo se va a desatascar ese enredo que hace años se venía anunciando.
Desde 2005, cuando se planteó la Ley de Justicia y Paz, nunca se pensó que una misma jurisdicción podía investigar a los excombatientes y a los civiles, tampoco se calculó la cantidad de terceros involucrados con la guerra. La idea original era simple: a los desmovilizados que entregaron las armas los postulaban a la justicia transicional y le daban una penaalternativa de no más de ocho años; pero los políticos, militares y empresarios que salieran salpicados en las versiones libres los investigaría la justicia ordinaria.
Las versiones libres empezaron en 2006 y poco a poco algunos nombres salieron a la luz: miembros de la fuerza pública como Rito Alejo del Rio (Ejército) y Mauricio Santoyo (Policía); el esmeraldero Víctor Carranza, el empresario William Vélez y el ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe. También empresas como Chiquita Brands, Postobón, Ecopetrol y la Federación Nacional de Ganaderos; decenas de senadores y cientos de alcaldes locales también fueron salpicados.
“Justicia y Paz sin duda le dejó a la Fiscalía una forma distinta de entender el delito. Es a partir de entonces que se empieza a pensar que para entender la criminalidad hay que entender el proyecto paramilitar. Este proyecto no incluye solo a los armados, sino los civiles, los políticos, la fuerza pública”, dijo Gina Cabarcas, subdirectora de Políticas Públicas en la Fiscalía.
La Fiscalía fue mostrando como un logro el aumento en el número de compulsas de copias. Actualmente son 15.669, de las cuales 1.307 involucran a políticos y 1.212 a miembros de la fuerza pública. Entre los restantes hay empresarios, paramilitares que no entregaron las armas, desmovilizados que no están postulados a Justicia y Paz y funcionarios públicos.
Una justicia ordinaria que no dio la talla
Exparamilitares han salpicado al empresario y su nombre aparece en memorandos del Bloque Norte relacionados con el negocio de las basuras.Foto: archivo Semana.El procedimiento ha sido el mismo desde entonces, cada vez que un postulado mencionaba a un colaborador del grupo armado y había indicios suficientes para iniciar una investigación, se hacía una compulsa de copias. Eso quiere decir que esa información se enviaba a la justicia ordinaria y, de acuerdo con el reparto, podía caer en manos de cualquier fiscal del país, incluso en quienes no conocían lo que estaba pasando en la Ley de Justicia y Paz.
“Son muy diferentes los perfiles de los fiscales. El de la ordinaria está hecho para pelear, preparado para la controversia y la evidencia. El de justicia transicional es más conciliador”, aseguró Luis González, quien fue el primer director de Justicia y Paz e introdujo de ceros el término justicia transicional en la Fiscalía. González, hoy Director Nacional de Seguridad Ciudadana, recuerda que hubo un problema de comunicación entre las direcciones: “el paramilitar confesaba algo y al día siguiente aparecía un fiscal de otra dirección para pedirnos que se lo entregramos que ‘porque ya confesó’ y quería condenarlo a 40 años. No entendían”.
Aunque hubo capacitaciones y talleres para que se entendiera la importancia de dichas compulsas en la justicia permanente, los resultados fueron pocos. “Se está reclamando reconciliación en el país, pero en este proceso, que propende por la paz, no hubo una reconciliación entre las jurisdicciones. Sienten que la información que sale de Justicia y Paz no vale la pena”, opinó Alexandra Valencia, magistrada de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá.
Luis González planteó, desde el comienzo, la creación de un grupo de fiscales de la justicia ordinaria que se dedicara exclusivamente a la investigación de estos terceros de la mano de los fiscales de Justicia y Paz que conocían todo el contexto, pero esa idea no caló al interior de la Fiscalía.
Los crímenes que de un lado se denunciaban no se entendían en contexto por un fiscal que lleva cientos de delitos de otro tipo. Sucedió en Tibú, como en decenas de municipios donde se perpetraron masacres, donde miembros del Ejército, enterados de la llegada de los paramilitares, levantaron los retenes habituales y se ubicaron en otra parte de pueblo. Muchos de estos procesos fueron archivados por los fiscales, argumentando que mover una tropa no era un delito.
Se abrieron investigaciones contra algunas de las personas mencionadas, pero al tiempo se iniciaron nuevos procesos contra los mismos exparamilitares. Así, por ejemplo, si un postulado confesaba que se había aliado con militares y policías para traficar droga, la denuncia llegaba a manos de un fiscal que abría un nuevo proceso por tráfico de estupefaciente contra el exparamilitar, delito que ya estaba siendo juzgado.
Esto duplicó cientos de procesos, desgastó al ente investigador y aún hoy es difícil calcular las dimensiones de ese error de comunicación. “No hacen un cruce, ni un análisis de lo que está en la justicia ordinaria y en la transicional. En el proceso contra Salvatore Mancuso hubo un fenómeno caótico, de las versiones libres se compulsaron copias y resultaron casi 400 sentencias condenatorias contra el mismo Mancuso”, dijo la magistrada Valencia.
¿Hay condenados?
Álvaro García Romero, antiguo cacique político de Sucre, fue condenado a 40 años de prisión por su responsabilidad en la masacre de Macayepo y por sus nexos con paramilitares. Foto: archivo Semana.Los procesos contra los políticos fueron los que más avanzaron. La Corte Suprema se dio cuenta pronto de la dimensión del problema y en 2006 creó una unidad especial en cabeza del magistrado auxiliar Iván Velásquez. Se logró la condena de 60 congresistas. Antes de la salida del magistrado en 2012, la Corte ordenó la investigación de algunos senadores, empresarios y alcaldes de la Costa, sin que hasta ahora se conozcan resultados. Ocho gobernadores y más de 50 alcaldes fueron condenados por jueces especializados.
Para investigar la parapolítica local hubo pocos esfuerzos grupales: la unidad antiterrorismo investigó a todos los políticos de Magdalena que firmaron junto a ‘Jorge 40’ el pacto de Pivijay y en 2014 capturaron a 25 líderes que apoyaron el movimiento ‘Por una Urabá Grande, Unida y en Paz’, creado por ‘El Alemán’, aunque la mayoría hoy están en libertad.
Corte Suprema ordena investigar a media clase política de la Costa
Pero en las audiencias de Justicia y Paz, las víctimas de diferentes regiones del país insisten en que la estructura parapolítica local sigue intacta, que esos mismos alcaldes, concejales y personeros conservan su poder.
“Este es uno de los puntos débiles de Justicia y Paz y desdice mucho de la verdad que acá se está conociendo. Sucede que estas personas siguen activas en la política y estos procesos resultan en manos de fiscales y jueces de las mismas regiones. Eso desestimula la confianza”, aseguró Uldi Teresa Jiménez, magistrada de Justicia y Paz.
Contra miembros de la fuerza pública los resultados son mínimos. A pesar de varios señalamientos de los postulados en contra del general (r) Mario Montoya sobre supuestos vínculos con paramilitares y su presunta relación con la Operación Orión, la justicia permanente no se ha pronunciado. Igual sucede con la compulsa de copias contra el general (r) Alejandro Navas, hoy embajador en Argentina, ordenada por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín por su relación con la masacre de la Horqueta en Tocaima, Cundinamarca.
En relación con los empresarios se resalta la investigación contra el Fondo Ganadero de Córdoba y el despojo de tierras que avanzó a manos de la Dirección de Análisis y Contexto en 2014, logrando la captura de varios de sus directivos principales. Pero este caso es la excepción y son varios los nombres que han sonado una y otra vez en versiones libres dejando en el aire preguntas que aún no se han resuelto ¿el esmeraldero Víctor Carranza dio origen al grupo paramilitar que en Meta y Vichada se conocía como ‘Los Carranceros’? ¿Santiago Uribe fue uno de los creadores de ‘Los Doce Apostoles’?, ¿el fallecido empresario Guillermo Gaviria Echeverri financió grupos paramilitares en Antioquia?
Para el magistrado Rubén Darío Pinilla la responsable de este silencio es la Fiscalía: “ha sido omisiva en la investigación y acusación de las estructuras y redes que promovieron, auspiciaron, financiaron y apoyaron los grupos paramilitares. La mayoría de las investigaciones contra los altos oficiales de las Fuerzas Militares y los empresarios privados de los distintos sectores y niveles permanecen en investigación previa o estancadas, cuando no es que se adelantan dejando transcurrir el moho de los años, como lo ha constatado la Sala”, dijo en una de sus sentencias.
Juzgarlos a todos en un mismo paquete
El general Mauricio Santoyo aceptó en EE.UU sus nexos con paramilitares. En Colombia no se sabe que pasará con las investigaciones en su contra por ‘chuzadas’ que terminaron con la desaparición y asesinatos de varios defensores de DD.HH y policías en Medellín. Foto: Semana.Todas las fuentes consultadas por VerdadAbierta.com coinciden en que el problema es estuctural y empezó desde que se separaró la investigación de los colaboradores de quienes llevaban los procesos en Justicia Paz. “Los combatientes son solo una faceta más del proyecto paramilitar. La verdad también la construyen quienes lo auspiciaron y sus versiones también tienen que ser escuchadas en la justicia transicional. Fue un error haber separado las investigaciones y esto deja un balance negativo, que además propició una división insana en la Fiscalía”, aseguró Héctor Eduardo Moreno, quien hasta hace poco fue coordinador de la dirección de justicia transicional y hoy trabaja desde la Dirección de Articulación.
En lo que hasta ahora se conoce de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pactada por el Gobierno y las Farc en La Habana, esta parece ser una lección aprendida, pues se plantea que bajo el mismo resorte sean juzgados los guerrilleros, los militares, los políticos y los empresarios.
En la Fiscalía hay un plan para priorizar algunas de las compulsas más representativas y el fiscal Montealegre no descarta que puedan ser resueltos por la Jurisdicción Especial, “estoy de acuerdo en que esos casos entren a la nueva JEP porque comparto la tesis del expresidente César Gaviria, esto tiene que tener un cierre definitivo de seguridad jurídica no sólo para la guerrilla y la fuerza pública sino para el paramilitarismo, su entorno y todos los actores del conflicto”, respondió en una rueda de prensa a VerdadAbierta.com.
Las compulsas emblemáticas |
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Álvaro Uribe Vélez Desde 2013 el magistrado ponente, Rubén Darío Pinilla, pidió investigar al hoy senador por su responsabilidad en algunos de los episodios más dolorosos para los antioqueños: la Operación Orión, la masacre de El Aro y el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle. Pinilla pide que se indague sobre el respaldo que el entonces Gobernador de Antioquia dio a grupos de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir) que dieron pie a la creación de grupos paramilitares en el departamento. La encargada de esta investigación, por tratarse de un expresidente, es la la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero hasta ahora no hay resultados a la vista. |
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Las bananeras Aunque varios exparamilitares han dicho que las empresas bananeras tenían que pagar 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada, la investigación más importante tuvo lugar en Estados Unidos en contra de Chiquita Brands. En Colombia se han precluido investigaciones contra esta compañía, contra Banaldex y Banacol. Historias similares ocurren con algunos ingenios azucareros del Valle del Cauca y acusaciones puntuales contra algunos funcionario de Ecopetrol. |
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Los generales renombrados Además de los ya mencionados Mario Montoya y Alejandro Navas hay algunos nombres que se repiten en las versiones de los paramilitares, sin que se inicie un proceso formal de investigación. Sucede así con el general (r) Iván Ramírez Quintero, quien según Mancuso se reunió con Carlos Castaño para planear la expansión paramilitar, el mismo que es investigado por los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia; y el general retirado de la Policía, Rosso José Serrano, quien según testimonios de los excombatientes, ordenó la libertad de ‘Jorge 40’ y Mancuso cuando los detuvieron en La Guajira en 1997 |
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Santiago Uribe Varios excombatientes han referido que este ganadero antioqueño, hermano del expresidente Álvaro Uribe, tuvo nexos con un grupo paramilitar que nació en la década de los 90 conocido ‘Los Doce Apóstoles’ en Yarumal, Antioquia. Sin embargo, el único proceso que ha avanzado en la justicia permanente ha sido el que se abrió por la declaraciones del mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses y el exparamilitar del frente Cacique Pipintá, Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, quien no se desmovilizó colectivamente ni está postulado a la Ley de Justicia y Paz. |
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Luis Camilo Osorio En la sentencia contra Salvatore Mancuso de octubre de 2013 se pidió abrir una investigación contra el exfiscal general por lo sucedido en la seccional de Cúcuta, donde después del asesinato de varios de sus mejores fiscales, Osorio posesionó a Ana María Flórez, una amiga personal que se alió abiertamente con los paramilitares. Los testimonios coinciden en que Osorio frenó investigaciones importantes en contra de las Auc al interior del ente investigador. A pesar de eso, la Fiscalía ha permanecido silenciosa y aún no se conoce ninguna indagación. |
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Luis Carlos Restrepo Quien fue el Alto Comisionado para la Paz durante el gobierno de Álvaro Uribe está prófugo de la justicia en el proceso que se sigue por la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc. Sin embargo, no hay procesos en curso por las acusaciones hechas por los exparamilitares en Justicia y Paz. Los magistrados de esta jurisdicción han pedido que se investigue si fue cierto que Restrepo dio la orden de sacar a los menores de edad de las listas de desmovilizados de las AUC para evitar problemas con los tribunales internacionales, además del detrimento patrimonial en el que se incurrió al crear proyectos productivos para los excombatientes que fueron desmontados a mitad de camino. |
