Elmer Montaña, de la Comisión Nacional de Reparación en el Valle, dice que la Alcaldía de Cali no ha tomado conciencia de lo que es la reparación.
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| Élmer Montaña, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, da su concepto sobre el proceso de Justicia y Paz en el Valle del Cauca, y recomienda mayor agilidad. Foto: Cortesía El País. |
Tres años después de haberse iniciado el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares, Elmer Montaña, miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de víctimas, cree que al proceso le falta agilidad.
El ex fiscal de la Casa de Justicia de Aguablanca señala que la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, encargada de investigar a los paramilitares, se debe fortalecer, “porque las víctimas no se pueden quedar esperando cinco o diez años para que haya justicia”.
Montaña, quien se encarga de orientar a las víctimas de las masacres de los paramilitares en el Valle y Cauca, advirtió que el río Cauca fue la gran fosa en el que los violentos pretendieron ocultar a las personas que asesinaron.
El Bloque Calima se desmovilizó en noviembre del 2004, ¿cree que la ley de Justicia y Paz y la Comisión de Reparación llegaron tarde al Valle?
Sí, eso es indiscutible. Todo el proceso de Justicia y Paz llegó demorado al Valle por varias razones. Primero porque no se tenía claridad de lo había pasado en el Valle. El fenómeno del paramilitarismo, tanto acá como en el Cauca, tendió a ser muy silenciado, salvo los episodios de las masacres ocurridas en determinados lugares.
Llegamos a tener la idea de que el paramilitarismo ocurría en Antioquia, Magdalena Medio y en el norte del país. Pienso que esa lectura también se hizo de cierta manera en la Fiscalía y de ahí la demora en entrar a trabajar con toda la eficiencia y prontitud.
¿Qué dificultades ha tenido el proceso de reparación en la región?
La poca presencia de las alcaldías en casi todos los 42 municipios del Valle. Muchos alcaldes creen que el tema de la reparación es del Gobierno Nacional. Únicamente tratan de cumplir con entregar algunas ayudas humanitarias, cuando tienen mucho que aportar, diseñando programas para la reparación de las víctimas. Además hay un déficit enorme con laatención sicosocial, no hay un municipio que tenga personal capacitado para atender a las víctimas del conflicto. En el caso de Cali, es lamentable que no hemos podido lograr que la Alcaldía tome conciencia de lo que significa la reparación.
¿Cuántos restos de víctimas se han logrado recuperar?
Puede haber una gran cantidad de fosas, no sabemos cuántas, pero lo cierto es que la mayoría de las personas fueron lanzadas a los ríos. En el caso del Cauca y el Valle la gran fosa común es el río Cauca. Por eso no es tan traído de los cabellos el apodo que mucha gente le dio a este cauce cuando lo denominó el “río tumba”.
¿Entonces muchas personas se quedarán sin ser encontradas?
Sí, y en el caso de Buenaventura lo que hemos empezado a escuchar es que muchas personas fueron asesinadas y lanzadas al mar o llevadas a los manglares o a los esteros y eso hace que sea prácticamente imposible recuperar los restos.
En cuanto a Buenaventura, ¿qué tanto se ha avanzado en Justicia y Paz?
Hay un rezago muy preocupante, es inaceptable que en esa ciudad haya el mismo número de fiscales que había hace diez años. Lo anterior refleja un alto grado de impunidad y en una marcada desconfianza por parte de la comunidad hacia el sistema judicial. Allá es donde más trabajo ha tenido la Comisión Nacional de Reparación y casi siempre el reclamo que nos hace la comunidad es que “para qué nosotros vamos a aspirar a justicia si aquí se denuncian las desapariciones, las muertes y no pasa nada”.
En febrero se cumple el plazo que dio el Gobierno para la extradición de ‘HH’, pero él dijo que necesitaba más tiempo para entregar más información. ¿Qué piensa sobre esto?
La decisión final de extraditarlo depende exclusivamente del presidente Uribe, pero desde el punto de vista del derecho de las víctimas sería importante que el Gobierno reconsidere al menos la posibilidad de ampliar el plazo para efectuar la extradición.
Muchos desmovilizados del Bloque Calima que tienen información están en las cárceles y no hacen parte de Justicia y Paz. ¿Cree que por ello la verdad puede quedar a medias?
La justicia colombiana tiene que hacer lo que está a su alcance para garantizar que los paramilitares que están recluidos, como los mandos medios y los patrulleros que tienen algún tipo de información, la puedan dar. Hay que crear las condiciones legales para que eso se pueda lograr, pero también hay dificultades de orden operativo en el sentido de que ellos han expresado su intención de declarar siempre y cuando les garanticen seguridad. Ahí juega un papel importante el Ministerio del Interior y de Justicia, que puede tomar decisiones como destinar patios exclusivos en las cárceles para paramilitares. Estar en un mismo patio con delincuentes comunes, puede facilitar retaliaciones entre ellos.
¿Hasta dónde ha llegado la Comisión en el Valle del Cauca?
Nosotros cubrimos casi el 80% de los municipios, pero aún faltan zonas donde hay presencia de víctimas, especialmente la bota caucana. Llegamos hasta Bolívar e hicimos una jornada donde pudimos atender víctimas de La Vega e inclusive de municipios muy apartados del Valle.
Durante el 2008 recorrimos más de 26 municipios en Cauca y Valle, tuvimos relación con 5.140 víctimas.
De los casos conocidos por la Comisión, ¿cuáles les han impactado?
El abandono de los niños, la suerte de ellos. Conocemos de niños que perdieron el habla después de haber presenciado la muerte de su papá, de pequeños que tienen problemas de comportamiento por estar trasegando de un lugar a otro. ¿Qué vamos a hacer por ellos? Pero primero hay que pensar en cómo ayudar a sus madre.
Publicadoen El País de Cali.
